A-Infos (ca) Argentina, 0AC OAT FAR OASC: Posición 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora (de, en, it, pt, tr)[Traducción automática]

SI NOS QUIEREN POBRES Y OPRIMIDAS: EN LA CALLE, ORGANIZADAS Y 
COMBATIVAS! ---- Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, nos obliga a reflexionar sobre la situación que enfrentamos 
las de abajo y sobre las consecuencias de las políticas impulsadas por 
arriba. También nos desafía a identificar los espacios de acción que se 
abren en esta coyuntura. ---- A pesar de dichos provocadores y promesas 
electorales antifeministas, a casi un año y medio de asunción, el 
gobierno de Javier Milei no ha logrado derogar las leyes surgidas de las 
luchas feministas de la última década-por ahora.
Sin embargo, aquello que el gobierno no consigue derogando leyes 
concretas, se materializa en la realidad como efecto directo del ajuste. 
Tal como advirtieron las corrientes más clasistas dentro del movimiento 
de mujeres (incluso en el momento más álgido de las protestas), son las 
compañeras de abajo quienes están en primera línea de fuego.

Mientras la cuestión de clase permanezca en la periferia de la discusión 
feminista, la institucionalidad solo garantizará derechos para pocas-y 
hay que ver durante cuánto tiempo. Como venimos diciendo en posiciones 
anteriores, la unidad en la lucha es fundamental: debemos encontrarnos 
exigiendo el cumplimiento de lo conquistado codo a codo entre las de 
abajo, especialmente junto a los y las compañeras de la salud y la 
educación pública que son en definitiva quienes garantizan nuestros 
derechos.

Enfrentar el ajuste en la calle es indispensable, no sea que nos 
encontremos al final del gobierno turbocapitalista de Milei aún más 
vulnerables, pobres, oprimidas y desorganizadas-justo donde nos quieren.

No se pierde la ley pero sí el derecho:
De acuerdo a información suministrada por el Ministerio de Salud de la 
Nación a Amnistía Internacional en septiembre de 2024, el gobierno no 
entrega insumos a las provincias para garantizar el acceso a la 
interrupción voluntaria del embarazo desde su asunción en diciembre de 
2023. Esto, sumado a un debilitamiento de las redes de asistencia a la 
salud sexual, produce que el acceso al aborto sea completamente desigual 
y dependa de las posiciones ideológicas y políticas de las provincias, 
dejando a mujeres y niñas a merced de las trabas institucionales.

La situación más crítica posiblemente suceda en el norte y noroeste del 
país, con Tucumán a la cabeza. Desde diciembre de 2023, la provincia no 
solo no compra los medicamentos necesarios, sino que desabasteció de 
métodos anticonceptivos los efectores de salud. Y es que en esta región, 
desde antes del inicio del gobierno turbocapitalista, se criminaliza el 
aborto legal e incluso los casos de aborto espontáneo.

Por otro lado, gracias a que distintos efectores se niegan a garantizar 
la IVE, los circuitos de derivación generan demoras innecesarias, que 
junto al empobrecimiento de la población y la estigmatización, conducen 
a embarazos y partos forzados.

Otra política pública víctima del ajuste fue el Plan ENIA (Plan Nacional 
de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia) que, en 
2025, sufrió un ajuste del 78% en relación al presupuesto del 2023, a 
pesar de los obvios y documentados beneficios de evitar embarazos 
adolescentes no deseados.

De acuerdo a informes de ACIJ y ELA, los embarazos no intencionales en 
niñas y adolescentes entre 10 y 19 años tienen un efecto cascada: el 62% 
de las madres adolescentes no completan los estudios secundarios, lo que 
impacta directamente sobre el posterior acceso al mercado laboral que a 
su vez se traduce en menores ingresos produciendo condiciones de vida 
más precarias y vulnerables.

Pobreza feminizada:
Incluso cuando el ajuste no está directamente aplicado a políticas de 
género son las mujeres pobres quienes más lo sufren. Lejos de la falacia 
del Estado ausente, su presencia aplastante se expresó en forma de 
políticas que favorecieron a los sectores concentrados de la economía a 
costa de empobrecer aún más a los sectores populares, donde las mujeres 
son mayoría en Argentina.

Según el informe de Juventudes y Economía Popular en el ReNaTEP de abril 
de 2023, el gobierno detuvo el envío de alimentos a 44 mil comedores y 
merenderos populares a lo largo del país, donde el 62,52% de las 
trabajadoras son mujeres.

Además, el gobierno tomó la decisión de eliminar el programa Potenciar 
Trabajo, del cual eran beneficiarias 865.315 mujeres, sobre un total de 
1,4 millones de titulares (un 61,7%). Así, las políticas del gobierno no 
solo profundizan la brecha entre ricos y pobres, sino que además coloca 
a las mujeres en el centro de la pobreza estructural.

Sumada a las labores sociocomunitarias, otros sectores como salud y 
educación sufren un recorte constante. Ésto representa una vulneración 
en el acceso a los servicios públicos, pero también, al tratarse de 
trabajos feminizados, afecta directamente las condiciones de vida y 
laborales de las mujeres.

Según un informe del CIPEC (2023), el 74% del sector de educación está 
compuesto por mujeres, como también el 72% del sector de salud. En 
salud, el recorte en lo que va del año ya representa un 20% en términos 
reales frente al año anterior, mientras que en educación el presupuesto 
nacional para este año equivale solamente al 60,2% del implementado 
durante el 2023.

Posiblemente el sector más relegado sea el más feminizado en la 
actualidad, compuesto por un 97% de mujeres: la última paritaria de las 
empleadas de casas particulares ha cerrado con un sueldo básico de 
$349.506, es decir apenas el 35,6% de la canasta básica.

Este modelo de exclusión, de profundización de la flexibilización 
laboral y reforzamiento de la matriz extractivista en nuestro país pone 
en el centro del ataque también a las mujeres de pueblos originarios.

A lo largo del último año el avance sobre los derechos de las 
comunidades originarias ha ido en escala, especialmente en el sur del 
país al pueblo mapuche. En los últimos meses, con la excusa de los 
incendios forestales, producto de la especulación inmobiliaria, 
empresarial y consecuencia del cambio climático, se ha perseguido, 
desalojado, reprimido, judicializado y encarcelado a mujeres indígenas 
que desde siempre han sido defensoras de la vida y los territorios, 
desafiando la lógica capitalista de su uso productivo y devastador. 
Estas mujeres, que históricamente han sido el blanco de múltiples 
opresiones, hoy se encuentran en la mira de los gobiernos provinciales y 
nacional.

Negar los femicidios, negar la realidad:
Durante el infame discurso de Davos en el que Milei apuntó directamente 
contra la comunidad LGBTIQ+, el presidente afirmó también su intención 
de eliminar la figura de femicidio para, supuestamente, preservar la 
igualdad ante la ley.

Hacia finales de enero, el abogado del poder y actual ministro de 
justicia, Cúneo Libarona, se hizo eco de los dichos del presidente y 
ratificó la intención de eliminar la figura legal, agregando que es el 
feminismo, y no ellos, lo que distorsiona la realidad y busca privilegios.

En primer lugar se trata de una mentira descarada: como se repitió hasta 
el hartazgo, la figura de femicidio solo aplica en casos de asesinatos 
de mujeres y niñas por razones de género. Esta figura legal además de 
ser un agravante en las penas en casos de violencia de género, es una 
herramienta de visibilización, permitiendo un registro nacional de 
casos. Posiblemente éste último sea uno de los motivos detrás de la 
eliminación porque no se trata simplemente de un entendimiento 
superficial del tema, sino de un intento deliberado de esconder la realidad.

A pesar de las afirmaciones del vocero presidencial Manuel Adorni sobre 
una supuesta disminución en la tasa de femicidios, el Observatorio de 
Violencia de Género Ahora Que Sí Nos Ven registró 267 femicidios 
consagrados y 319 intentos en 2024. Esta tasa se viene manteniendo más o 
menos estable desde por lo menos 2019.

El observatorio también advierte sobre una caída respecto de la 
cobertura mediática que abre la posibilidad para un subregistro de los 
casos. Además avisa sobre otro tipo de femicidios que se expanden por el 
país sin ser visibilizados: en 2024, 12 mujeres y disidencias fueron 
asesinadas en el contexto de narcocriminalidad. De acuerdo a la 
información recogida por el observatorio, las mujeres y disidencias 
toman un rol de mercancía, objeto sexual o como medio de ajuste de 
cuentas entre bandas.

Ideología importada:
Si bien los recortes en las políticas de género como los despidos en el 
144 y el desabastecimiento antes mencionado están perfectamente en línea 
con el ajuste económico que están imponiendo en el país, llama la 
atención el acento particular puesto sobre la cuestión de género. Y es 
que el gobierno ve en estos ataques un rédito político secundario-en su 
afán por arrastrarse a los pies del imperialismo yanki, Milei está 
dispuesto a llevarnos puestas.

Antes de la aparición de Milei como panelista y mucho antes de que se 
perfilara como candidato a presidente, la ultraderecha yanki ya había 
señalado al feminismo como su enemigo predilecto: desde hace años la 
creciente alienación, crisis laboral y desilusión en las instituciones 
fueron aprovechadas por corrientes reaccionarias para desatar el 
creciente descontento masculino sobre las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.

Se trata de otra versión ideológica del conocido pobres contra pobres, 
esta vez con elementos importados desde el Norte y abrazada por un 
gobierno dispuesto a pagar cualquier costo político a cambio de un lugar 
entre la ultraderecha internacional. Es en función de este alineamiento 
incondicional que, lejos de enfocarse en la política económica de su 
gobierno, los discursos de Milei están plagados de conceptos 
provenientes del discurso político estadounidense, como "ideología de 
género" o "woke".

Un ejemplo de intento de replicar una política yanki se muestra en las 
diversas excusas detrás de los intentos de desmantelar la ESI y prohibir 
libros. Hacia finales del 2024, el gobierno eliminó contenidos sobre 
educación sexual integral de plataformas educativas con el argumento de 
que constituían un "adoctrinamiento" y una "apología a la pedofilia".

A primera vista, estos dichos parecen ser producto de la fijación de 
Milei con el abuso infantil, pero también son ecos de un ataque 
coordinado contra la educación pública que viene avanzando en Estados 
Unidos desde el último gobierno de Trump. Entre 2023 y 2024, con la 
excusa de proteger a los niños, distintos gobernadores republicanos 
consiguieron prohibir alrededor de 10.000 libros de las escuelas y las 
juntas escolares se ven asediadas por activistas conservadores 
reclamando por materiales "pornográficos"-libros que, a veces, mencionan 
apenas la existencia de la diversidad sexual.

Gracias a las diferencias en la estructura de los sistemas educativos 
entre los dos países, la réplica de esta estrategia probablemente no 
suceda punto por punto. Aún así, los efectos de una ola de censura 
pueden ser importantes. Lo que se ve en el horizonte es otro ángulo de 
ataque a la educación pública, empobreciendo la calidad de la enseñanza, 
expulsando a docentes y alumnos LGTBIQ+ del sistema público de educación 
y, como en todo, vulnerando todavía más a aquellos sectores pobres que 
no pueden acceder a la educación privada.

Otro indicio de esta transferencia discursiva hacia el sur se revela en 
la reforma de la Ley de Identidad de Género. Esta modificación, que fue 
utilizada políticamente en una maniobra de desinformación para poner en 
el centro de la discusión mediática discursos abiertamente transfóbicos, 
tiene además consecuencias concretas. Las recientes modificaciones en la 
ley vulneran los derechos de las adolescencias trans restringiendo el 
ejercicio de sus derechos de identidad a partir de la prohibición de 
intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales a menores de 18 
años. Esta medida se suma a la escasez de insumos médicos para 
tratamientos endócrinos durante este último tiempo producto del brutal 
ajuste en salud pública.

Al igual que los intentos por cuestionar la implementación de la ESI, 
las reformas en la ley de identidad son en definitiva un empobrecimiento 
del sistema público de salud y educación, otro intento de atacar las 
conquistas sociales hasta nuestros días.

Aunque el alineamiento con la derecha internacional parece evidente, no 
todo viene de afuera. Estos elementos discursivos hallan suelo fértil 
entre reaccionarios, sectores de la iglesia evangélica con ambiciones 
políticas y conservadores que desde siempre aportaron un apoyo 
ideológico a las políticas misóginas.

Al igual que en los sectores conservadores, los discursos de odio 
fomentados por la derecha ultraliberal funcionan también en el abajo: 
fragmentando. Notamos con preocupación cómo, en los últimos años, 
quienes son elegidos como interlocutores para este discurso emanado 
desde el arriba son los varones jóvenes-y en nuestro país como en otros, 
una parte responde.

Esta fragmentación se evidenció incluso en el movimiento feminista a 
partir de la división del Encuentro Nacional de Mujeres en el 2022.

Es menester preguntarnos si estamos ante una crisis de la masculinidad, 
por un lado puesta en jaque por la falta de perspectiva de ocupar el rol 
de proveedor familiar en una realidad de flexibilización laboral e 
incertidumbre; así como también por el avance de las mujeres en el plano 
de la ocupación de la vida pública y de derechos. Esta crisis, que 
podría constituir una oportunidad para transformaciones orientadas a 
relaciones más igualitarias, está siendo utilizada para dar sustento a 
un proyecto político reaccionario, que busca revertir los avances del 
feminismo, y de su mano a toda una serie de reivindicaciones sociales.

Organizar la resistencia:
Frente a este contexto de ataque franco y abierto a nuestras condiciones 
de vida y al escenario de avanzada sobre algunas de las conquistas 
cosechadas durante décadas de disputa en la calle, afirmamos que el 
único camino posible es mantenernos firmes en la lucha.

En estos momentos en los que la derecha internacional se une para 
intentar poner en rediscusión nuestros derechos y garantías, debemos ser 
las mujeres y disidencias trabajadoras quienes debemos superar la 
fragmentación y bajo la unidad como premisa oponer resistencia desde abajo.

Si bien, a primera vista, la marea verde parece haber perdido un poco de 
su fuerza, la masividad y movilización que despertaron las luchas 
feministas de los últimos años siguen vivas, como lo demostró la enorme 
convocatoria LGBTIQ+ del 1 de febrero.

En este contexto de ajuste sin precedente y empobrecimiento masivo de la 
población, somos las mujeres pobres quienes sufrimos con más fuerza este 
doble flagelo. Por eso, debemos ser nosotras quienes encaremos con 
firmeza y convicción la defensa de nuestras conquistas. La unidad y la 
organización son nuestra mejor arma. Que este 8 de marzo nos encuentre 
en la calle, organizadas y combativas.

¡ARRIBA LAS QUE LUCHAN!

 Organización Anarquista de Córdoba (OAC)
 Organización Anarquista de Tucumán (OAT)
 Federación Anarquista de Rosario (FAR)
 Organización Anarquista de Santa Cruz (OASC)

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