A-Infos (ca) Italy, FDCA, Cantiere #42 - Gaza, la retaguardia y la entrada de la guerra en las democracias europeas - Totò Caggese (de, en, fr, it, pt, tr)[Traducción automática]

Tras Gaza, la guerra no ha terminado. Ha cambiado de forma, espacio y 
lenguaje. La devastación de la Franja de Gaza marcó un punto de no 
retorno no solo para el pueblo palestino, sino para toda la estructura 
política, militar y simbólica que apoyó, justificó o toleró dicha 
destrucción. Israel reafirmó su abrumadora supremacía militar, pero 
emergió con un problema mucho más grave que una amenaza armada: una 
profunda crisis de legitimidad política y moral. La imagen del Estado 
"democrático", un puesto avanzado occidental en Oriente Medio, se vio 
erosionada bajo el peso de los escombros, las muertes de civiles y las 
imágenes de niños, hospitales y barrios enteros arrasados. Imágenes que 
recorrieron el mundo, incapaces de ser contenidas por los canales de 
propaganda oficial ni reducidas a la retórica habitual de la "defensa".

Gaza no fue solo una tragedia humanitaria, ni un capítulo más de un 
conflicto asimétrico. Fue un acontecimiento revolucionario, capaz de 
romper definitivamente el lenguaje con el que Occidente había 
justificado durante mucho tiempo su alianza con Israel: el de los 
derechos humanos selectivos, la excepción permanente y la violencia 
presentada como necesaria. Por primera vez, esta narrativa fue expuesta 
sin filtros, incapaz de contener el impacto de las imágenes y los 
testimonios que invadieron el espacio público global.

Por lo tanto, no es casualidad que, una vez concluida la fase más 
intensa de las operaciones militares, el conflicto estuviera lejos de 
terminar. Al contrario, cambió de escenario. Cuando el frente militar 
produce un desastre político, la guerra se reorganiza. Se desplaza hacia 
donde aún puede librarse eficazmente: tras las líneas, en los 
territorios sociales, legales y simbólicos de las democracias 
occidentales que apoyaron incondicionalmente a Israel, transformándose 
en una guerra de desgaste contra narrativas, vínculos y formas de 
solidaridad.

Es desde esta perspectiva que debemos interpretar lo que ocurre hoy en 
Italia y Europa. No como un conjunto de incidentes aislados, excesos 
locales o malentendidos administrativos, sino como un auténtico 
replanteamiento del conflicto. Una guerra generalizada y de baja 
intensidad, que no utiliza tanques ni bombardeos, sino mecanismos 
regulatorios, procedimientos judiciales, sanciones disciplinarias, 
intervenciones administrativas y campañas mediáticas, y que se infiltra 
en el corazón mismo de los sistemas democráticos.

La diáspora como nuevo frente

El nuevo frente no es geográfico. Es social. Es la diáspora palestina y 
todo lo que la rodea: redes de solidaridad, asociaciones humanitarias, 
espacios políticos, universidades, lugares de trabajo, comunidades 
religiosas, organismos intermediarios. La diáspora no es solo una 
comunidad dispersa ni un conjunto indistinto de exiliados. Es una 
entidad política difusa, estratificada y transnacional. Es un vector de 
memoria, narrativa y denuncia. Mantiene abierta la narrativa palestina 
incluso cuando, sobre el terreno, se intenta cerrarla mediante la fuerza 
militar y la destrucción material.

Con el paso de los años, y en particular tras las recientes guerras en 
Gaza, la diáspora ha asumido un papel cada vez más central: no solo en 
el mantenimiento de los vínculos familiares y materiales con los 
territorios ocupados, sino también en la generación de discursos 
públicos, imágenes y contranarrativas, llevando la cuestión palestina a 
los espacios educativos, culturales, laborales y de la vida cotidiana en 
las ciudades occidentales. Es aquí donde Palestina deja de ser un 
conflicto distante para convertirse en un problema interno de las 
sociedades europeas.

Por eso la diáspora se convierte en un blanco político. No porque esté 
armada, sino porque alza la voz. No porque sea peligrosa en sí misma, 
sino porque socava una narrativa consolidada, socava la representación 
de Israel como una "democracia sitiada" y reaviva palabras que muchos 
desearían ver borradas: ocupación, colonialismo, apartheid, 
autodeterminación. Atacar a la diáspora significa atacar la posibilidad 
misma de que Palestina siga existiendo como un asunto político, y no se 
reduzca definitivamente a una emergencia humanitaria que gestionar o a 
un problema de seguridad que neutralizar.

Criminalizando la solidaridad

En este contexto, la solidaridad ya no se tolera como un gesto 
humanitario neutral ni se reconoce como una expresión legítima de 
relaciones civiles y políticas. Se reinterpreta progresivamente como un 
acto sospechoso, o incluso directamente como apoyo a organizaciones 
terroristas. Aquí es donde se produce el cambio cualitativo más 
peligroso: la solidaridad deja de ser un área protegida para convertirse 
en un espacio que debe ser vigilado, delimitado y reprimido.

El proceso judicial iniciado en Génova contra nueve ciudadanos 
palestinos, acusados de financiar a Hamás mediante redes asociativas y 
actividades de recaudación de fondos, representa un paso significativo 
en este sentido. Más allá de los resultados del juicio, lo importante es 
el marco conceptual que emerge: la distinción entre ayuda humanitaria y 
apoyo terrorista se erosiona progresivamente hasta casi desaparecer, 
absorbida por una interpretación integral del contexto palestino.

Según este enfoque, si Hamás ejerce un control generalizado sobre la 
sociedad palestina, toda forma de asistencia civil -apoyo a familias, 
huérfanos, heridos y centros de salud- puede reinterpretarse como una 
contribución indirecta a sus acciones. De esta manera, ya no es el acto 
específico el que se encuentra en el centro de la acusación, sino el 
contexto. No lo que se hace, sino dónde, con quién y dentro de qué redes 
se hace. La responsabilidad penal se traslada de la acción al ámbito de 
la pertenencia.

Así, el derecho penal deja de perseguir conductas específicas y asume 
una función diferente: regular el ámbito político, delimitar las 
relaciones legítimas y desincentivar la solidaridad. La prueba ya no 
reside en la acción, sino en la postura ideológica y relacional. No se 
castiga solo lo que uno ha hecho, sino lo que uno representa y el mundo 
de relaciones en el que se encuentra inmerso.

El juicio a la resistencia palestina

Si el caso de Génova demuestra cómo se criminaliza progresivamente la 
solidaridad, el juicio de Anan Yaeesh, Ali Saji Rabhi Irar y Mansour 
Doghmosh marca un paso más: ya no se acusa solo a la solidaridad, sino a 
la propia resistencia palestina. Celebrado en Italia y caracterizado 
abiertamente por la defensa como un juicio político, este proceso 
demuestra hasta qué punto el conflicto israelí-palestino ha llegado a 
los tribunales de justicia europeos.

El caso se entrelaza con una solicitud de extradición presentada por el 
Estado de Israel, un proceso penal independiente iniciado por la 
justicia italiana y el uso generalizado de cargos de terrorismo. Tras el 
rechazo del Tribunal de Apelación a la extradición de Anan Yaeesh, 
alegando el riesgo concreto de tortura en las cárceles israelíes 
-reconocido por informes de la ONU y organizaciones internacionales como 
Amnistía Internacional-, la Fiscalía reactivó inmediatamente sus medidas 
represivas, iniciando un nuevo proceso interno con base en el artículo 
270 bis del Código Penal italiano. El resultado fue paradójico, pero 
políticamente elocuente: Anan nunca fue liberado, mientras que otros dos 
acusados fueron posteriormente puestos en libertad debido a la falta de 
pruebas sólidas de culpabilidad.

Sin embargo, el núcleo del juicio no gira en torno a hechos específicos, 
sino a una cuestión mucho más amplia y crucial: la distinción entre 
terrorismo y la lucha legítima por la autodeterminación de un pueblo 
bajo ocupación militar. Esta distinción ha sido reconocida por el 
derecho internacional humanitario durante décadas, admitiendo la 
legitimidad de la resistencia armada contra un Estado ocupante, siempre 
que no se perjudique a civiles no involucrados en las hostilidades. 
Estos principios también han sido reafirmados por el Tribunal de 
Casación italiano, pero se ven sistemáticamente socavados durante el juicio.

Durante el juicio, el contexto de la ocupación israelí -demoliciones de 
viviendas, asentamientos ilegales, detención administrativa, violencia 
estructural- fue excluido de la sala. Se impidió a la defensa citar a 
casi todos los testigos cualificados, incluyendo expertos en derecho 
internacional y observadores de la ONU, mientras se intentaba introducir 
material de inteligencia israelí e incluso informes de interrogatorios 
de prisioneros palestinos recluidos en cárceles israelíes, obtenidos 
notoriamente mediante tortura. Este intento, rechazado tras una férrea 
oposición, marca una transición inquietante: la idea de que un Estado 
acusado de crímenes de guerra y genocidio pudiera convertirse en una 
fuente fiable de pruebas en los procesos penales europeos.

Aún más grave es la disposición del tribunal a admitir a representantes 
del Estado ocupante como testigos para establecer la naturaleza "civil" 
o "militar" de los asentamientos de Cisjordania, en abierta 
contradicción con el dictamen de julio de 2024 de la Corte Internacional 
de Justicia, que declaró ilegal la ocupación y ordenó el 
desmantelamiento de los asentamientos. En este caso, el derecho 
internacional no se ignora simplemente, sino que se invalida y se 
subordina a las exigencias del proceso penal.

El mensaje resultante es claro. No se juzgan hechos específicos, sino 
una postura política. No se juzgan acciones probadas, sino afiliaciones, 
relaciones y contextos. Así, se afirma un principio destinado a 
convertirse en lección: la resistencia palestina, incluso dirigida 
contra objetivos militares en territorios ocupados, puede ser 
reinterpretada como terrorismo; quienes la apoyan, incluso remotamente, 
pueden ser criminalizados; quienes buscan asilo pueden perder su 
protección en medio de un genocidio.
En este sentido, el juicio de Yaeesh, Irar y Doghmosh no es una 
excepción, sino un precedente. Sigue la misma línea que la investigación 
de Génova y la detención de Hannoun: la creciente integración del 
material de inteligencia israelí en los procesos penales europeos y la 
progresiva «israelización» del derecho penal, ya no llamado a garantizar 
derechos, sino a gestionar políticamente un conflicto colonial exportado 
a las metrópolis occidentales.

El efecto más profundo: hacer que la solidaridad sea impracticable

El verdadero efecto de este clima no es la represión directa, que 
siempre se dirige contra una minoría, sino la asfixia preventiva. La 
represión más eficaz no es la que arresta a todos, sino la que 
dificulta, arriesga y dificulta la ayuda. No tiene sentido prohibir 
explícitamente la solidaridad: simplemente la transforma en un terreno 
incierto, vulnerable y potencialmente peligroso.

En un contexto donde las categorías legales cambian cada vez más y la 
línea entre lo legal y lo ilegal se difumina deliberadamente, pedir 
apoyo se vuelve complicado. Ofrecerlo se convierte en un gesto que debe 
considerarse cuidadosamente. Organizarlo se convierte en un desafío. No 
porque esté formalmente prohibido, sino porque ya nadie sabe dónde está 
el límite ni qué consecuencias podría tener para quienes ayudan y 
quienes reciben la ayuda.

Aquí es donde el sistema demuestra toda su eficacia: funciona no solo 
mediante sanciones, sino también mediante la responsabilidad individual. 
Se infiltra la idea de que todo acto de solidaridad puede exponer a 
otros a riesgos, que todo vínculo puede convertirse en una debilidad, 
que es mejor no involucrarse, no preguntar, no insistir. La solidaridad 
se fragmenta así en prácticas aisladas, silenciosas y privadas, si no se 
abandona por completo.

Esto tiene un efecto disciplinario generalizado: las redes se contraen, 
la confianza mutua se debilita y las relaciones se vuelven más frágiles. 
Un solo golpe a unos pocos casos ejemplares basta para desestabilizar 
todo el campamento. No solo se paraliza lo organizado, sino también lo 
que podría organizarse.
Para los palestinos en la diáspora, esto significa un aislamiento 
planificado, la pérdida de apoyo material y político, y una creciente 
dificultad para pedir ayuda sin exponerse. Para quienes permanecen en 
Gaza o Cisjordania, significa un mayor abandono. La guerra, desplazada a 
la retaguardia, logra así golpear incluso donde las bombas no pueden 
alcanzar: en los vínculos, en la confianza, en la posibilidad misma de 
la solidaridad.

El Estado y la disciplina de la disidencia

Este mecanismo no se limita a los tribunales. Se extiende a las esferas 
administrativa, simbólica y disciplinaria, impactando directamente la 
relación entre el Estado, las instituciones y la libertad de expresión. 
En Italia, esto se ha visto, por ejemplo, en los procedimientos 
iniciados contra bomberos que, uniformados, se arrodillaron para 
recordar a las víctimas palestinas.

Un gesto de condolencia humanitaria, carente de reivindicaciones 
políticas explícitas, se ha interpretado como una violación de la 
neutralidad institucional. Pero es precisamente aquí donde surge un 
punto crucial. La neutralidad ya no se entiende como imparcialidad en 
los conflictos ni como la protección de un espacio público pluralista. 
Se redefine como alineamiento geopolítico, como adhesión silenciosa a la 
postura del Estado y sus aliados.

En este contexto, ya no se exige a los funcionarios públicos que ejerzan 
sus funciones con equilibrio y pensamiento crítico, sino que se 
mantengan fieles a la narrativa dominante. Incluso el duelo se vuelve 
sospechoso, la empatía se regula e incluso el silencio selectivo 
adquiere una dimensión política. La disciplina sirve no solo para 
reprimir la disidencia manifiesta, sino para definir lo que se puede 
expresar, recordar y compartir dentro de las instituciones.

Un modelo europeo

Todo esto no es exclusivo de Italia. Es un modelo europeo. Francia, 
Alemania, el Reino Unido y Dinamarca muestran dinámicas similares: 
prohibiciones preventivas de manifestaciones, represión policial de 
manifestaciones, vigilancia administrativa de asociaciones, ampliación 
de las categorías de apología del terrorismo y criminalización de la 
disidencia y la solidaridad políticas. Los contextos nacionales varían, 
pero la dirección es la misma.

No se trata de una coordinación explícita ni de una directiva formal, 
sino de una convergencia de doctrina. En nombre de la seguridad, el 
orden público y la lucha contra el terrorismo, los Estados europeos 
están reestructurando sus instrumentos jurídicos y administrativos para 
compatibilizar la represión interna con el apoyo incondicional a Israel. 
La cuestión palestina se convierte así en un campo de pruebas para 
nuevas formas de control de la disidencia.

La defensa de Israel, por lo tanto, exige la compresión de los espacios 
democráticos internos. Las libertades de reunión, expresión y asociación 
no se eliminan, sino que se condicionan, se vuelven selectivas y se 
subordinan a la lealtad geopolítica. Los Estados europeos no actúan como 
mediadores en un conflicto internacional, sino como la retaguardia 
política y jurídica de una guerra que, aunque se libra en otros lugares, 
produce sus efectos más duraderos en las democracias occidentales.

Cuando la guerra entra en las democracias

La cuestión palestina ya no es simplemente un asunto de política 
exterior. Se ha convertido en un asunto interno para las democracias 
europeas, una prueba para sus sistemas jurídicos, sus libertades y el 
significado mismo de términos como ley, neutralidad y seguridad. Cuando 
la solidaridad se considera una amenaza, no se fortalece la seguridad, 
sino que se crea aislamiento; no se defiende el orden, sino que se 
disciplina un campo político.

Hoy en día, la guerra no necesita ser declarada. No requiere 
movilizaciones generales ni suspensiones formales de libertades. 
Simplemente necesita entrar en el lenguaje de las leyes, las prácticas 
administrativas, los procedimientos judiciales y los gestos cotidianos 
que se han vuelto problemáticos o sospechosos. Simplemente necesita 
transformar la solidaridad en un riesgo, la disidencia en una anomalía, 
el silencio en una virtud cívica.

Gaza podría desaparecer de las portadas. Las imágenes serán menos 
frecuentes y la atención pública se desviará a otros lugares. Pero la 
guerra no desaparecerá. Permanecerá aquí, entre bastidores, en los 
pliegues de las instituciones y las relaciones sociales, dentro de los 
límites cada vez más estrechos de lo que se permite decir, hacer y 
apoyar. Permanecerá entre nosotros, como una nueva normalidad, 
construida pieza por pieza en nombre de la seguridad y la emergencia 
permanente.

https://alternativalibertaria.fdca.it/wpAL/
_______________________________________
AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
De, Por y Para Anarquistas
Para enviar art�culos en castellano escribir a: A-infos-ca@ainfos.ca
Para suscribirse/desuscribirse: http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-ca
Archivo: http://www.ainfos.ca/ca