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(ca) artículos de nova de administración de la humanidad (de, en, it, pt)[Traducción automática]

Date Fri, 11 Jun 2021 08:07:11 +0300


Entrevista a Analía Pérez, Edgardo Diz, Pablo M. Pérez, Christian Capurro de la Federación Libertaria Argentina - IFA ---- Desigualdades sociales y económicas ---- Comisión de Relaciones Internacionales - en adelante CRINT: También en Argentina, el gobierno ha decidido implementar medidas de cuarentena muy estrictas. Medidas similares han generado nuevas desigualdades y crisis sociales en Italia. ¿Qué se puede decir sobre la situación allá? ---- Analía Pérez, Edgardo Diz, Pablo M. Pérez, Christian Capurro de la Federación Libertaria Argentina - en adelante AEPC: Las medidas aquí no fueron rigurosas, solo se aplicaron en los primeros meses de 2020 y ahora, en abril de 2021, con la segunda ola de infecciones en un grado incluso menor que en 2020.

En esta región del mundo destacan dos elementos. Por un lado, la ventaja paradójica de los países subdesarrollados alejados del lugar donde comenzó la pandemia es que tenemos unas semanas por delante para ver qué nos va a pasar, mirando lo que está pasando en los países europeos. La segunda característica es que el peso de la informalidad en la economía y la sociedad, sumado al desempleo (35% de la economía está "en negro" y hay 12% de desempleo) impide la aplicación de rigurosos mecanismos de control como multas o sanciones. . Además, el movimiento de trabajadores es importante para que los sectores ricos mantengan su normalidad (una queja que surgió al inicio de las restricciones fue que el personal doméstico no podía hacerse cargo de la limpieza de las casas de los ricos).

En marzo de 2020, el gobierno decretó, con amplio apoyo, una rigurosa cuarentena temprana (cuando solo hubo 128 casos y 3 muertes), con el fin de ganar tiempo y preparar el sistema de salud. Se paralizaron todas las actividades no esenciales, las empresas tuvieron que pagar salarios y se prohibieron los despidos y desalojos.

Una semana después de la firma del decreto, una de las mayores empresas del país despidió a 2.000 trabajadores. La capital ha negado al gobierno a los ojos de todos y ha dejado claro que no cedería ni una parte de sus ganancias ante la inminente asistencia sanitaria CRINTsi. Desde entonces, los representantes más directos del capital concentrado han lanzado una campaña contra las medidas de aislamiento. La discusión sobre la legitimidad y la necesidad o no de la cuarentena se ha convertido en un tema central del debate.

Los partidos políticos de derecha han sabido capitalizar el descontento y la frustración que ha generado la situación, ganando adeptos durante el último año. La estrategia de la derecha perseguía un doble propósito: mantener la actividad económica para no renunciar a las ganancias, independientemente del número de muertes entre los trabajadores, y utilizar esas muertes de manera incidental para golpear al gobierno, acusándolo del fracaso de su política de salud.

Ante este escenario, el gobierno, más interesado en evitar el enfrentamiento con este sector que en satisfacer las necesidades de la población, ha ido abriendo paulatinamente sus actividades, manteniendo al límite la capacidad del sistema de salud pero evitando su colapso. El objetivo ya no era prevenir las muertes, sino tolerarlas hasta cierto punto para que la economía pudiera seguir funcionando.

El verdadero problema en este período pandémico no son las restricciones implementadas por el estado, sino qué sectores se han visto más afectados por la pandemia y estos parecen ser:

1. Quienes fueron excluidos de las restricciones por considerarse imprescindibles y debían seguir trabajando durante todo el período, exponiéndose a la infección. Actualmente la mayoría de las actividades se desarrollan casi con normalidad, no solo las esenciales.

2. Trabajadores de la economía informal y desempleados que por menor actividad económica encuentran menos trabajo. Obviamente luego las personas que viven en la calle, a quienes se les prohíbe cualquier tipo de atención médica.

3. Trabajadores en general, que están inevitablemente expuestos al contagio en el transporte público y actividades inseguras, cuyos salarios luego se reducen debido a la inflación (en 2020 era del 36,1% y alimentos del 42% - datos del Indec). Al mismo tiempo, debido al riesgo de contagio, tienen menos posibilidades de manifestarse, asociarse, protestar y cabildear.

No percibimos nuevas desigualdades sino una acentuación de las ya existentes. La distribución de la riqueza muestra que el 10% más pobre de Argentina participa en el 1,5% de los ingresos del país y el 10% más rico recibe el 31,7%. En términos porcentuales, esto significa una proporción del 2200% entre el primer y el último decil.

El 31,5% de la población se considera pobre (9 millones de personas), es decir, viven con el equivalente a menos de 240 euros al mes mientras que otros 3 millones de personas se consideran pobres, es decir, no cubren la canasta básica y sobreviven con la equivalente a menos de 95 euros al mes. (Fuente: Instituto Nacional De Estadísticas y Censos. 3/2021).

El gobierno espera un crecimiento económico del 7% en 2021 pero, debido a la estructura de distribución de la riqueza, los analistas creen que casi nada de este crecimiento llegará a los sectores más pobres.

En materia represiva, más allá de algunas medidas simbólicas aisladas (como la derogación de una resolución del gobierno anterior que autorizaba a la policía a fusilar a personas en caso de fuga o superación numérica y que generaba situaciones de máxima impunidad), existe una continuidad en el mantenimiento del aparato policial represivo, política de Estado que se mantiene en gobiernos de distintas tendencias.

Al inicio de la cuarentena (fase con mayores restricciones a la circulación y circulación), era prerrogativa de las fuerzas policiales velar por el cumplimiento de las medidas anticontagio, promoviendo así la acentuación de la habitual violencia de clase de la policía y posteriormente encubrir actos de violencia, asesinatos o la desaparición del joven Facundo Asturdillo Castro por parte de la Policía de Buenos Aires. También se han habilitado armas Taser para grupos de fuerzas federales especiales en distritos como la ciudad y provincia de Buenos Aires.

En medio de la cuarentena, estalló una revuelta de la policía bonaerense, que detrás de la solicitud de aumento salarial ha dado efectivamente una demostración de fuerza contra cualquier posibilidad de mayor control político sobre su poder autónomo y su condición de impunidad. El gobierno no solo otorgó los aumentos salariales, sino que anunció el Plan de Fortalecimiento de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con un presupuesto de 38 mil millones de pesos, en la modalidad de construcción de nuevas cárceles, adquisición de patrullas y otros insumos, para financiar la contratación de otros 10.000 policías además de los 96.000 que ya existen. En una palabra, el presupuesto adicional se entregó como una prebenda al sector para aumentar su potencia de fuego.

Las condiciones inhumanas en las que viven los presos y el riesgo adicional que genera el hacinamiento (sin los privilegios de los represores, genocidios y otros "presos VIP") han sido denunciados desde el inicio de la pandemia. En un contexto de 130% de hacinamiento carcelario donde casi el 50% de los reclusos no tiene sentencia, las condiciones de la edificación son más que precarias, en algunos lugares no hay agua potable y se han cerrado los recursos judiciales por cuarentena. Se ha propuesto arresto domiciliario, liberación asistida u otras medidas alternativas al menos para el sector de mayor riesgo. El tema ocupó un lugar en la agenda política, pero fue ocultado y pospuesto por los medios de comunicación y el gobierno, que descargó la responsabilidad al poder judicial y judicial. Los llamados masivos de protección generaron presiones, pero ni los jueces ni los funcionarios quisieron exponerse al costo político de tales decisiones y no se hizo nada al respecto. Estallaron disturbios y protestas en las cárceles exigiendo medidas adecuadas. Respondieron con represión: cinco personas fueron asesinadas en las cárceles de Santa Fe y, en las provincias de Corrientes, Florencio Varela y Jujuy, cuatro jóvenes fueron asesinados con balas de plomo por miembros del servicio penitenciario.

El proyecto de enviar detenidos por delitos "menores" bajo arresto domiciliario ha sido anulado por la derecha y sus periodistas, que finalmente han hecho visible el tema pero con una campaña sensacionalista atormentada por noticias falsas. El rechazo a estas medidas ha aumentado y se ha generalizado. Aunque siempre son cuestionables y parciales, las encuestas muestran que alrededor del 80% de la población se opone a la "liberación" de los presos. La penetración de doctrinas punitivas en la sociedad es alarmante, producto de décadas de propaganda fascista que alimenta el miedo y presenta al CRINTmine como un monstruo fuera de control.

En febrero de este año, acompañando una huelga de hambre de los presos en varios centros penitenciarios vigentes en ese momento, las demandas de los presos han recuperado fuerza: los familiares de las personas privadas de libertad han acampado y mantienen una guarnición permanente frente a la corte. Se solicita a los tres tres poderes del Estado que actúen ante esta situación de vulnerabilidad, apoyando las solicitudes de los detenidos, que se enmarcan dentro de las garantías legislativas pero en realidad es el propio Estado quien las bloquea. Acompañada de militantes pero invisible para los medios, la guarnición se apoya con grandes esfuerzos.

CRINT: ¿Qué medidas se han implementado en los diferentes niveles de la administración estatal?

AEPC: La cronología de las medidas restrictivas y su implementación se puede ver detalladamente en Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_sanitarias_por_la_pandemia_de_COVID-19_en_Argentina#Cronolog%C3%ADa

CRINT: ¿Ha habido repercusiones directas en el sistema educativo público y privado?

AEPC: Argentina es un territorio muy extenso con realidades diferentes, pero la mitad de toda la población se concentra en el Municipio y en la provincia de Buenos Aires1.[1]Ahora intentemos explicar la situación general en estos dos lugares.

A lo largo de 2020 las lecciones en los tres niveles (primaria, secundaria, universitaria) fueron virtuales, no hubo asistencia en escuelas y universidades. Esta situación se consideró necesaria ya que el sistema de salud pública está totalmente reducido y debilitado y no puede hacer frente a un número masivo de hospitalizaciones. Durante ese tiempo, el estado dedicó parte del presupuesto a mejorar el sistema de salud y reclamó el resultado de nunca haber sufrido escasez de camas de UCI.

Esta situación, a su vez, implicó que los maestros trabajaran desde casa, asumiendo los costos que la escuela tenía que soportar. Para los estudiantes, esto ha significado un aumento de la desigualdad ya que los sectores que cuentan con tecnología, buena conectividad y hogares cómodos para estudiar tienen una gran ventaja, mientras que la gran mayoría de familias no tienen computadoras ni conectividad y viven en condiciones difíciles. La Escuela Libre de Constitución, que comparte local con la Federación Libertaria Argentina, también sufrió esta situación durante 2020.

En 2021, las escuelas comenzaron a ofrecer clases de semi-asistencia, una condición que parece agravar los problemas en lugar de resolverlos. De hecho, en la mayoría de las escuelas, los estudiantes tienen una semana virtual y una semana presencial. Sin embargo, los cursos no están completos, pero la mitad de los estudiantes por semana participan (la mayoría de los cursos son numerosos en las escuelas públicas). Los maestros, sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, siempre deben asistir y dar lecciones virtuales de la misma escuela, incluso si los estudiantes no están presentes en ese momento. Es una medida que se aplica solo para supervisar a los docentes y no tiene sentido pedagógico.

En abril de 2021, con la segunda ola de infecciones, el sistema de salud está llegando a la saturación, con el 90% de las camas de UCI ocupadas. Ante esta situación, el gobierno nacional ha impuesto el cese de lecciones en la asistencia pero la oposición de derecha se niega a cumplir, asumiendo la defensa de las empresas que quieren que la maquinaria económica no se detenga.

A su vez, las salvaguardas contra el contagio implican un retroceso hacia las formas más arcaicas de disciplina escolar: los estudiantes deben ser rechazados, no pueden relacionarse, no pueden tomar prestados libros o cosas, deben tener un comportamiento altamente regulado. La escuela asume prácticas basadas en el "distanciamiento social" perfectamente compatibles con el individualismo competitivo de raíces capitalistas. Se abre una paradoja notable, ya que cuidar de los demás consiste en no relacionarse ni compartir.

Los sindicatos docentes más o menos burocratizados están atrapados en la desmovilización, la atomización (hay once sindicatos solo en la Ciudad de Buenos Aires), la falta de asambleas y la escasez de relaciones entre afiliados, ya que la virtualidad no es una herramienta unificadora y la La lucha callejera ha disminuido por el miedo al contagio. Por otro lado, los salarios de los maestros sufren un aumento de la inflación y poca resistencia.

CRINT: ¿Hay algún problema de género de CRINT que deba destacarse?

AEPC: Tras la aprobación de la ley que legaliza el aborto, en diciembre de 2020, el enorme y heterogéneo movimiento feminista parece haber entrado en un momento de desmovilización producido, en parte, por las precauciones ante posibles contagios. Es difícil saber qué pasará después de la pandemia pero los casos de femicidio no disminuyen y se puede esperar que la lucha de las mujeres continúe con firmeza, ya que en cada situación de abuso su voz y su presencia son notables. Los temas relacionados con el cuidado de los enfermos recaen más sobre las mujeres, que en gran parte han tenido que lidiar con la pandemia y también están involucradas en el apoyo a la economía doméstica. A su vez, la convivencia forzada durante la rigurosa fase de cuarentena agravó los problemas de violencia intrafamiliar,

Flexibilidad de trabajo

CRINT: En Italia, el teletrabajo fue una oportunidad que los empleadores aprovecharon para atacar aún más los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo se desarrollaron estas tensiones en Argentina? ¿Estaban a la altura los sindicatos y las empresas? ¿Han surgido nuevas formas de abuso y precariedad de los trabajadores?

AEPC: El teletrabajo en Argentina ocupa un sector relativamente pequeño del mundo laboral. El mayor problema son los parados y desocupados, 12%, y los trabajadores informales, 35% de la población que realiza trabajo irregular, sin cotizaciones a pensiones ni salud, sin posibilidad de afiliarse a un sindicato, con gran inestabilidad laboral y bajos ingresos. . Con este enorme ejército de reserva de mano de obra, los trabajadores del sector formal tienen poco espacio para luchar, ya que pueden ser reemplazados fácilmente.

Al mismo tiempo, la mayoría de los sindicatos son grandes aparatos burocratizados, algunos funcionan como empresas, con sus propios empleados y sus propios líderes. Generalmente están inmóviles. Todos estamos en una especie de tregua social, con la pandemia como pretexto y, aunque estallan conflictos sectoriales, la mayoría de los sindicatos están atados al actual gobierno y no quieren generar ningún conflicto que lo desestabilice.

Una nueva forma de inseguridad es la posibilidad de contar con los recursos de los empleados, como su conexión a la red eléctrica, su servicio de internet y el incumplimiento de los límites de la jornada laboral.

Destaca el inicio y crecimiento en los últimos años de una nueva forma de explotación: las empresas que, a través de una aplicación móvil, gestionan la entrega de comidas a domicilio, en bicicleta o en moto. Dado el cierre, la facturación de estos negocios creció un 400% durante la pandemia. Con el engaño de presentar a sus trabajadores como autónomos y a la empresa solo como intermediaria, mantienen a sus empleados en un régimen ligeramente diferente al de un trabajador irregular: sin protección sanitaria, ni salario fijo, sin seguro de accidentes en trabajo, o un fondo mutuo, o licencia por enfermedad pagada u otros derechos. Los trabajadores del sector se están organizando. A mediados del año pasado realizaron un paro internacional que se ha replicado en Brasil, México, Chile y Costa Rica.

Organizaciones sociales y participación política

CRINT: Algunas organizaciones sociales importantes han jugado un papel fundamental en la formación y consecuente triunfo del frente electoral que actualmente está a cargo del Ejecutivo. Dado que ya podemos hablar de un indiscutible fracaso en la gestión de las políticas por parte del gobierno, ¿qué actitud están tomando las organizaciones sociales?

AEPC: La existencia de un porcentaje tan alto de trabajadores informales sobre el total y de tantos desocupados reduce la fuerza del movimiento sindical pero ha producido el surgimiento de grandes organizaciones sociales que están en contacto con los sindicatos. La mayoría de las organizaciones sociales están vinculadas al gobierno, pero también hay un sector importante que responde a los partidos trotskistas y está en la oposición, así como algunos @militantes @ del movimiento libertario. Ambos sectores reciben subsidios estatales que permiten a las familias sobrevivir, construir negocios de economía popular y ganar algo de poder de negociación.

Las organizaciones sociales vinculadas al gobierno mantienen una posición de espera y están divididas por intensidad de apoyo, pero todas colaboran en impedir por cualquier medio el regreso al poder político de los partidos de derecha que gobernaron la etapa anterior. Este frente de derecha parece decidido a recuperar su importancia aun a costa de los riesgos que puede conllevar una actitud irresponsable de oposición durante una emergencia sanitaria, cuestionando primero la existencia del virus, luego la efectividad de las vacunas, actuando como gestores de grandes laboratorios en esta época y apelando continuamente al egoísmo más primitivo del ser humano para obtener algún beneficio político y sembrar el odio entre la población pobre, en contraposición a cualquier idea de solidaridad y noción de colectividad.

CRINTNT: Además, a pesar del difícil contexto, ¿se han generado o consolidado experiencias positivas que merecen ser destacadas?

AEPC: Durante 2020, el encierro para prevenir infecciones revitalizó el circuito conocido como la "economía popular". Esta dimensión quiere relacionar al @ consumidor @ directamente con las pequeñas producciones (tanto hortalizas como productos diversos) y apoyar caminos de autogestión y anti-explotación. El movimiento es muy diverso pero ha logrado establecer una red de relaciones que actúan como antídoto al aislamiento, favoreciendo la construcción de redes de solidaridad. Quizás esta sea una de las experiencias más ricas que sirva de contrapeso a la situación de incertidumbre. También se han gestionado o desarrollado actividades de apoyo mutuo en los barrios más vulnerables que, impulsados por la necesidad, son el germen de nuevos edificios comunitarios que se cobijan al calor de las ollas populares.

Paralelamente a los intentos insuficientes del gobierno para mantener el acceso a la vivienda (suspensión de desalojos, prohibición de aumentar el monto de los alquileres), se ha producido el fenómeno de la ocupación de tierras en las zonas periféricas de Buenos Aires, lo que ha significado resistencia a la desigualdad histórica. en distribución de suelo para vivienda en Argentina. La ocupación más importante, Guernica, por la calidad organizativa que ha sabido desarrollar y la notoriedad mediática que ha alcanzado, ha sido brutalmente desalojada por las fuerzas de seguridad, que no han escatimado recursos en demostrar el carácter disciplinario de la disposición.

Esta fase de la pandemia parece presentar una situación de impasse en las luchas y manifestaciones callejeras, esto no quiere decir que no existan, los conflictos y resistencias se registran permanentemente; sin embargo, existe la sensación de estar en un tiempo muerto, en una olla a presión, que revelará su verdad al abrir. ¿Cuándo podremos salir a la calle?

Comisión de Relaciones Internacionales de la FAI

NOTA

[1]El Municipio de Buenos Aires (CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) es un estado federal autónomo. No es parte integrante del territorio de la Provincia de Buenos Aires (que es un estado federal diferente) y, en consecuencia, ni siquiera es su capital. La AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) está conformada por el Municipio y los territorios de la Provincia que representan una continuidad en términos de aglomeración urbana pero no corresponde a ninguna entidad administrativa específica. La Provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor población del país. (NdT).

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