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(ca) CHILE: ODEP: Ponencia a la II Cumbre Alternativa de las Americas

From Comité Internacionalista Arco Iris <Ale.Ramon@numerica.it>
Date Tue, 21 Apr 1998 01:59:26 +0200


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      A - I N F O S  N E W S  S E R V I C E
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La Organización de Defensa Popular, Chile, les hace llegar una de sus
ponencias en la Segunda Cumbre Alternativa de Las Américas.


GLOBALIZACION Y REPRESION DE LA DISIDENCIA POLITICA PRIVADO   

La nueva fase globalizadora del sistema capitalista ha socavado las bases de
todas las conquistas sociales alcanzadas por los explotados y oprimidos a lo
largo del siglo que termina; consumó, en especial, la derrota del movimiento
sindical, desarticulando su base misma de sustentación: la industria. la
desregulación de los salarios, el desempleo masivo y leyes laborales
restrictivas, barrieron con la solidaridad de los trabajadores.

En América Latina, la implementación del modelo neoliberal necesitó de
dictaduras brutales, comparables a las de Somoza y Stroessner, cuyas
repercusiones pesarán por varias décadas en la vida política y social. La
pobreza y marginación de un tercio de la población, la depredación de los
recursos naturales, la desesperanza de vastos sectores sociales, son algunos
de los efectos de la globalización que no pueden menos que suscitar malestar
y traducirse en resistencia. Para enfrentar una potencial resistencia
política, los gobiernos neoliberales diseñaron e implementaron leyes y
organismos represivos de carácter autoritario.

El análisis de los mecanismos represivos del disentimiento político en
nuestras sociedades ha de considerar las variables internas y externas que
han acompañado las transformaciones sociales y políticas ocurridas en las
últimas tres décadas. A manera de ejemplo, veremos el caso de Chile.

I. REESTRUCTURACION DE LAS FUERZAS POLICIALES

En los años 70, simultáneamente con la aplicación de las políticas
neoliberales, aparece la "amenaza terrorista". En Chile, la Ley N(18.314
introduce el término "terrorista", que es aplicado a militantes y
movimientos político-militares que rechazan los términos negociados de la
transición de la dictadura militar a la democracia, basada en una
Constitución profundamente antidemocrática, y se oponen a la impunidad. En
su programa, estas organizaciones plantean el socialismo como alternativa al
neoliberalismo. Las fuerzas policiales se reestructuran para combatir a
estas organizaciones, calificadas ahora no ya como "comunistas" sino como
"terroristas".

Según el abogado Alberto Espinoza, "no existe una conceptualización clara de
lo que es un delito terrorista". En general, se le considera como una forma
de "delincuencia no convencional" que amenaza directamente al monopolio
estatal de la violencia y a la estabilidad del régimen que en Chile emana,
por una parte, de las elecciones presidenciales realizadas en diciembre de
1989 y, por otra, de negociaciones secretas con las Fuerzas Armadas. 

Por razones políticas, al reorganizar las fuerzas policiales, las nuevas
autoridades no consideraron:

1. La distorsión ideológica y la continuidad de prácticas contrarias a los
derechos humanos de las fuerzas policiales, como producto de su prolongada
asignación a tareas de represión política bajo la dictadura militar,
expresada institucionalmente en su traspaso desde el ministerio del Interior
al de Defensa.

2. La resistencia de la sociedad al accionar de estos organismos policiales,
no depurados de elementos acostumbrados a torturar y a someter a los
detenidos a tratos degradantes e inhumanos con total impunidad.

3. La no existencia o las insuficiencias de una educación y formación
democrática de los funcionarios de estos organismos policiales, que los
oriente a respetar los derechos humanos y la institucionalidad.

En Chile, según los informes de numerosos organismos nacionales e
internacionales de Derechos Humanos, las fuerzas policiales han ejecutado
sumariamente y torturado a numerosos opositores políticos y ciudadanos en
general, con posterioridad al traspaso del gobierno militar al civil en
1990. El gobierno chileno ha avalado estos procedimientos al silenciarlos o
justificarlos y concibió y construyó Cárceles de Alta Seguridad destinadas
exclusivamente a un centenar de presos políticos de izquierda.

Por último, el gobierno no tuvo la capacidad para ofrecer una salida digna a
los grupos y movimientos político-militares que jugaron un rol determiante
en la lucha contra la dictadura, que la sociedad valora y recuerda.

Reestructuración nacional

a) Aun cuando a partir de 1990 las Fuerzas Armadas fueron marginadas de las
tareas represivas, mantienen las amplias prerrogativas de la Justicia
Militar para enjuiciar a civiles y la plena operatividad de sus organismos
de inteligencia en materia de control político interno. Sin embargo, el 20
de enero del año pasado, en un discurso al país, el presidente Frei anunció
el retorno de los militares a las tareas represivas, con la creación de un
Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) que incorpora a las Fuerzas Armadas,
de Orden y Seguridad a la "lucha antiterrorista".

b) El gobierno mantiene un sistema represivo dual con terceras fuerzas o
cuerpos paramilitares vinculados al gobierno a través del ministerio del
Interior. A partir de 1990 se inició la restructuración de las fuerzas
policiales con personal de la ex-CNI que fue incorporada al Ejército en la
fase final de la dictadura: el DINE, la DIPOLCAR, la BIOC, la BIP y el SIP
son organismos que operan en estrecha colaboración con el área de
Inteligencia, la Oficina de Seguridad Pública actualmente investigada por
actuaciones al margen de la ley. Frecuentements estos organismos son
acusados de maltratos y torturas a los detenidos, incluso con resultado de
muerte. 

Reestructuración operativa

Las labores de inteligencia constituyen un aspecto importante de la
actividad represiva; de este servicio dependen todas las unidades de
inteligencia que desarrollan los cuerpos especializados de las Fuerzas
Armadas y la Oficina de seguridad Pública. Aplican las figuras especiales
incorporadas a las "leyes antiterroristas" (delación compensada, agente
encubierto, etc.), todas las cuales atentan contra la dignidad humana y los
valores propios de nuestra idiosincrasia. El gobierno le asignó a estas
tareas de inteligencia un elevado presupuesto, especialmente para
informatizar el análisis de la información.

Respecto de la especialización de funciones, es evidente que fuerzas
represivas se caracterizan por formas de militarización encubierta y cuentan
con recursos desproporcionados en relación con el reducido número de
elementos que dicen estar llamadas a comabtir.

II. CONSENSO POLITICO Y "SEGURIDAD CIUDADANA"

El consenso político es un elemento fundamental para la convivencia pacífica
entre los ciudadanos y las entidades autónomas de la sociedad, en tanto que
la seguridad interior es concebida como el fundamento de la soberanía. 

El consenso político se expresa en las formas como las fuerzas represivas
enfrentan el fenómeno de la disidencia. En principio, la izquierda será más
respetuosa de los derechos civiles, apelando al principio de la libertad, en
tanto que los conservadores lo serán menos, invocando el concepto de la
seguridad.

El Chile, los dos gobiernos concertacionistas alcanzaron con la derecha
consensos básicos que se plasmaron en una política de "Seguridad ciudadana",
que vino a reemplazar la Ley de Seguridad Interior del Estado ampliamente
aplicada por la dictadura militar. Por ahora, los abusos y la brutalidad de
la acción policial, el sentimiento de que ha prevalecido la impunidad y el
empobrecimiento de vastos sectores sociales, han encontrado una resistencia
relativamente pasiva de parte de la ciudadanía.

III. LEGISLACION REPRESIVA Y EFICACIA POLICIAL

En general, cada vez que se habla de la "amenaza terrorista" tiende a
prevalecer una gestión fuerte del orden público en detrimento del concepto
de respeto de los derechos de las personas y se le atribuye a la policía
facultades que conculcan los derechos individuales.

Para reunir información, se recurre a diversos procedimientos, por ejemplo,
la intercepción de mensajes telefónicos y correspondencia postal, amplias
redadas indiscriminadas ("detención por sospecha"), allanamientos y
registros aleatorios, largos períodos de detención sin asistencia de
abogado, ofertas de delación y recompensa, etc. En síntesis, se amplían los
poderes de la policía y los instrumentos y medios de que disponen los
tribunales para limitar la capacidad de defensa de los presuntos terroristas.

Para imponer la nueva política de "Seguridad Ciudadana", los medios de
comunicación enfatizaron la importancia y cantidad de los actos delictuales,
generando un debate sobre la necesidad de contar con una legislación que
permitiera caracterizar y castigar diversos actos que pasan a convertirse en
delitos, por efecto de leyes ad hoc (por ejemplo: la Ley de Violencia en los
Estadios). Así, se logró un consenso político en torno a la necesidad de
aumentar las penas, construir más cárceles y cárceles de seguridad,
tipificar nuevas conductas como delitos y crear mayores atribuciones
represivas, lo que ha incidido en la modificación del Código Penal y la
modificación de la Ley Nº 18.314. 

Este nuevo marco legislativo-represivo afecta principalmente a sectores de
la juventud chilena. Algunas de estas medidas son:
la ley de detención por sospecha, la ley Nº 19.146 de legítima defensa
privilegiada, la ley Nº 19.327 que sanciona la violencia en los estadios y
recintos deportivos, la ley Nº 19.172 de arrepentimiento eficaz o delación
compensada y la ley de Servicio Militar Obligatorio.

Además, el gobierno chileno, para poner término a la transición, cerrar el
capítulo de las violaciones a los derechos humanos y "blanquear" la imagen
de Pinochet y de las Fuerzas Armadas, impulsó diversas iniciativas legales
bajo el lema : "Reconciliación Nacional: Tarea pendiente para la
consolidación democrática". Para ello, presentó al Congreso proyectos de ley
sobre Derechos Humanos (Ley de "Punto Final"); sobre modificación orgánica
de las FF.AA y Carabineros, sobre reformas Constitucionales y modificación
de la Ley Nº 18.314 (enero de 1997). El proyecto sobre Derechos Humanos fue
rechazado por las organizaciones y personalidades vinculadas al tema, pues
no sancionaba a los culpables, favorecía el anonimato de los hechores y
consagraba la impunidad de gran parte de los crímenes cometidos bajo la
dictadura militar. De otra parte, los proyectos de Reformas Constitucionales
y de modificación orgánica de las Fuerzas Armadas y Carabineros,  una
acogida favorable en la opinión pública, que los estimó importantes para
consolidar la democracia, fueron retirados de la discusión en el Congreso
por la derecha.

Estas políticas repercutieron negativamente a nivel internacional. Nigel
Rodley, relator de las Naciones Unidas, vistó Chile y se reunió con diversos
organismos de Derechos Humanos. En su informe, afirmó que en Chile se
tortura y maltrata a los detenidos (1990-1995) e hizo una serie de
recomendaciones al gobierno chileno en relación al procesamiento de civiles
por la Justicia Militar, la subordinación de Carabineros de Chile al
ministerio de Defensa, las incomunicaciones prolongadas, los casos de
torturas comprobados en dependencias policiales, etc. El ministerio del
Interior respondió a informes del Departamento de Estado Norteamericano y de
la OEA, que denunciaron situaciones similares a las del informe de Rodley,
argumentaron que "se trata de denuncias sin fundamentos hechas por
organismos no oficiales de dudoso origen...".

IV. LA OPINION PUBLICA

Los servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad atribuyen una
atención particular a las fluctuaciones de opinión de la ciudadanía,
conscientes de que necesitan de su colaboración. A través de la difusión de
información interesada, buscan influir en la opinión pública para
condicionar las actitudes ciudadanas respecto a los organismos de seguridad
o de las organizaciones "terroristas". La mayor o menor eficacia de estas
medidas depende de los niveles de credibilidad de las autoridades.

En nuestro país, la implementación de la política de "Seguridad Ciudadana"
fue precedida de un amplio dispositivo publicitario tendiente a instalar en
el incosnciente colectivo la idea de que la delincuencia había aumentado y
era necesario "defender a la sociedad". Un rasgo distintivo del concepto de
"Seguridad ciudadana" respecto del de "Seguridad interior" es que convoca a
los individuos-ciudadanos a participar en las medidas preventivas,
informativas y represivas del Estado, extendiendo la acción represiva propia
del Estado al conjunto de los miembros de la sociedad, Es un concepto
"ideológico" que "crea una falsa conciencia social-civil, donde el principal
actor de los conflictos sea al mismo tiempo quien los reprima, impidiendo la
agudización de las contradicciones".


V. MECANISMOS DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REPRESION

En desmedro de su soberanía, los Estados tienden cada vez más a implementar
estrategias coordinadas para la lucha "antiterrorista". Se elaboran nuevos
conceptos -por ejemplo, aquel de que toda crítica al sistema democrático
encerraría potencialmente una amenaza terrorista-, se implementan técnicas
de educación ideológica de la ciudadanía para que identifique o relacione la
crítica política con el narcotráfico o "narcoterrorismo". A nivel
internacional, esto se traduce en la firma de una serie de tratados,
acuerdos y convenciones que levantan las restricciones fronterizas a la
intervención policial directa o a la investigación y se facilita la
colaboración conjunta de organismos de inteligencia, especialmente
norteamericanos, con las policías u organismos especializados de América del
Sur. 
 

CONCLUSIONES

En Chile, la globalización ha incidido en una conrtinuidad autoritaria, con
la implementación de organismos y legislaciones altamente represivas que
debilitan la democracia asl identificar como terrorismo cualquier tentativa
de mejorar la democracia y defender los derechos de las mayorías.

Un centenar de presos políticos acusados de "terroristas" dan cuenta de la
eficacia de las modernas políticas represivas que acompañan el proceso de
globalización.

	

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	Ponencia presentada a la Cumbre de los Pueblos de América realizada 	en
Santiago de Chile entre el 15 y el 18 de abril de 1998.
 	


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