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(ca) grupo anarquista tierra-FAI:[Gentrificación]La gentrificación de Tetuán: Pobreza y exclusión social

Date Fri, 23 Jul 2021 10:06:33 +0300


El barrio de Tetuán de Madrid está situado en el centro-norte de la ciudad, dentro de la M-30. Es un barrio obrero y cosmopolita, que desde el principio de su historia ha estado ligado especialmente con la inmigración, tanto interior como exterior. Actualmente tiene más de 58 000 vecinos censados, con una composición social muy variada. En su historia más reciente, tiene mucha relación con la historia del anarquismo y el movimiento libertario en Madrid. No es un barrio idílico, pomposo, lleno de ricos, políticos, altos funcionarios u otros parásitos como lo puede ser el barrio de Goya o el Viso. A pesar de que algunos barrios que componen el distrito son de personas con cierto poder adquisitivo, como los de Cuatro Caminos o Castillejos, la mayor parte de los barrios que componen el distrito de Tetuán son humildes, de gente trabajadora y luchadora. Y, al igual que el resto de barrios obreros de Madrid, tiene una situación muy delicada y precaria, una gran tasa de desempleo y de temporalidad, y más del 20 % de la población del barrio está en situación de vulnerabilidad extrema.

La pobreza y la exclusión social del distrito de Tetuán y de todos los barrios obreros de Madrid están ligadas intrínsecamente a la crisis económica y social perpetua a la que estamos sometidos por la evolución de la globalización y el sistema económico capitalista, y a la falta de tejido industrial, y se ha visto agravada por la pandemia de la COVID-19. Y es que el proceso de globalización en el que nos encontramos, en un periodo de fluctuaciones y bifurcaciones económicas históricas, nos encamina a una crisis económica estructural sin ninguna salida, mientras que la desigualdad social se sigue acrecentando y la riqueza continúa acumulándose en las manos de unas pocas familias.
La mayor parte de los puestos de trabajo a los que podemos aspirar dentro del tejido productivo actual es mayoritariamente el sector servicios. Da igual si se tiene titulación universitaria o no.
Este es un sector con una alta tasa de precariedad laboral y azotado por la pandemia. Antes de la pandemia de la COVID19, la hostelería solo ofrecía contratos con condiciones que nunca se cumplen, trabajos de muchas horas, mal pagados, sin remuneración de horas extra y sin alta en la Seguridad Social. Las nuevas empresas emergentes de «compra, recogida y envío de pedidos» financiadas con «capital riesgo» y sometidas a constantes pérdidas, tienen políticas laborales que exprimen lo más posible a sus trabajadores, sin que estos obtengan apenas beneficios, abusando de la figura de «falso autónomo», y sin asegurar a los trabajadores, ni responsabilizarse en absoluto por ellos en caso de accidente.

El trabajo temporal es ya una pieza base del precario tejido productivo. Ha estado golpeando con mucho más énfasis a los sectores que necesitan menor cualificación profesional, pero a día de hoy, ni los diplomados se libran de «tragar» con contratos temporales hasta acceder a un puesto de trabajo para el que están cualificados, o de lidiar con la temporalidad y la explotación laboral en la investigación o en la sanidad pública madrileña. Esta temporalidad para los trabajadores se ha convertido en un laberinto sin salida. Ya es normal que en la «vida laboral» de un trabajador figuren decenas y decenas de empleos temporales y precarios. La temporalidad se ha ido reforzando conforme se han ido aprobando las sucesivas reformas laborales, que han beneficiado de facto al empresario, el cual flexibiliza el despido y se ahorra costes, mientras los perjudicados siempre somos los trabajadores.

La economía sumergida es otra lacra dentro del tejido productivo que va ligada a la precariedad laboral. Es permitida por el poder político y se ceba sobre todo con las personas más vulnerables, como las personas jóvenes, las mujeres y las personas migrantes. Es muy característica de puestos de trabajo de categoría laboral baja que no requieren conocimientos específicos. Las personas que la sufren y a las que se remunera «en negro» no tienen derecho a Seguridad Social, ni a prestación por desempleo, ni a jubilación, ni a otros derechos que pueden tener otros trabajadores, dependiendo así totalmente de la buena voluntad y la mentalidad de tiburón del empresario.
El desempleo y la imposibilidad de acceder al mercado laboral son algunos de los factores que más influyen en la generación de la pobreza y la exclusión social en nuestro barrio. Se ceba con todas las personas, independientemente de su titulación académica, pero especialmente con las personas mayores de 45 años. Se usa ideológicamente por parte de los poderes económicos como una amenaza contra los trabajadores, para infundir miedo, para que no luchen por unas condiciones de empleo dignas o para intentar dividir a los trabajadores usando la nacionalidad o la procedencia como chivo expiatorio. Actualmente estamos inmersos otra vez en una tasa de desempleo cercana a los cuatro millones de personas en todo el país sin perspectivas de cambio a corto-medio plazo, y sin protección por desempleo por parte del Estado.

La precariedad laboral, la temporalidad y la economía sumergida maquillan las encuestas de población activa. Un alta en la Seguridad Social no equivale a un trabajador con todos sus derechos en un puesto de trabajo de 40 horas semanales. Un estudiante universitario trabajando en la universidad a través de una beca en fraude, encubriendo un puesto de trabajo, sin derecho a Seguridad Social, vacaciones o prestaciones, no aparece reflejado como trabajador activo en la Encuesta de Población Activa. La economía sumergida mantiene a muchísimos trabajadores en activo en riesgo de exclusión social sin darse de alta en el SEPE, y lavando el dinero fraudulento del empresario. Los cerca de tres millones y medio de parados que se han ido manteniendo constantes en las Encuestas de Población Activa hasta la pandemia de COVID son solo la punta del iceberg de un problema estructural del sistema económico capitalista y del tejido productivo, del que siguen abusando tanto las empresas privadas como la administración pública. Cientos de miles de trabajadores estamos condenados a la más absoluta miseria, mientras que los poderes políticos, muy «progresistas» o muy «conservadores», siguen legislando en contra de los trabajadores y en beneficio de los poderes económicos, las grandes empresas y las entidades bancarias.

Estamos ante lo que puede denominarse una nuevo «estrato social» dentro de la clase obrera, el precariado, concepto que se usa ya en diversas ciencias sociales como la sociología o la economía, y existente desde el siglo XX -y potenciado en el siglo XXI- en países con economías capitalistas desarrolladas, como los países europeos, EE. UU. o Japón. Lo componemos principalmente los trabajadores que actualmente nos encontramos desposeídos, con un bajo nivel económico y lejos del acceso a un mercado de trabajo que garantice nuestras necesidades materiales y nos permita tener una vida mínimamente parecida a la que han podido tener los trabajadores en nuestro imaginario durante el siglo XX, después de la II Guerra Mundial y el apogeo del «estado del bienestar», que fue consensuado por los poderes políticos y económicos para hacer frente a la URSS.
Ante esta situación, los anarquistas seguimos pensando que la abolición del trabajo asalariado y la transformación de las estructuras económicas hacia una economía socializada, con estructuras económicas federalistas, y basada en el trabajo para la totalidad de la sociedad (no para enriquecer mediante la plusvalía a unos pocos empresarios), siguen siendo necesarios, frente a las pequeñas reformas que no erradican el problema principal, para erradicar la propiedad privada de los medios de producción y el acaparamiento de la riqueza.

Un precario mercado laboral y un difícil acceso al empleo estable y de calidad tienen una nefasta consecuencia para los trabajadores, y ello se ve reflejado en los barrios. A ello hay que sumarle una serie de problemas consecuencia de la violencia estructural a la que estamos sometidos: el abandono institucional es palpable, tanto físicamente con la falta de mantenimiento de las infraestructuras públicas y con el consiguiente deterioro de plazas y calles, como en la falta de dotaciones presupuestarias para combatir la pobreza y la exclusión social, o la planificación de políticas de apoyo a la convivencia dentro del barrio. La criminalización del barrio por parte de los medios de comunicación solo ayuda a marcar estigmas, dividir y echar por tierra el trabajo que llevan a cabo diferentes asociaciones vecinales o las redes de apoyo mutuo y solidaridad que se han formado.
Sin embargo, benefician a los propietarios especuladores, que parecen ser las pobres víctimas de la maldad reinante en el barrio. La represión por parte de la policía es un factor más de este acoso a las personas migrantes. Tristemente, es habitual encontrarse con controles en las plazas y las calles contra personas elegidas por su color de piel por parte de una policía que, como es su función, solo mantiene el statu quo a través del miedo y la represión. Y es que parece ser que en este barrio solo hay dinero para instalar cámaras de vigilancia que, como se ha demostrado en el barrio de Lavapiés, donde ya llevan instaladas varios años, no solucionarán ninguno de los problemas que realmente sufre el barrio.
Todo problema extendido en el tiempo y en el espacio trae consigo una serie de consecuencias que son visibles y palpables tanto en Tetuán, como en muchos otros barrios obreros de Madrid: la desestructuración familiar, el alcoholismo y la drogadicción que vienen de la mano del paro, la exclusión social y la falta de oportunidades y recursos para encontrar un empleo con unas condiciones decentes para llevar una vida digna; la ludopatía que en estos últimos años se ve potenciada por el fomento del negocio de los juegos de azar a través de las casas de apuestas o del bombardeo masivo de la publicidad de este tipo de ocio en Internet y otros medios de comunicación; o el racismo que transmiten los medios de comunicación reforzando estigmas, estereotipos, prejuicios y otros sesgos ideológicos contra las personas por razones étnicas.

No es ni la policía, ni las cámaras, ni los especuladores, ni las instituciones, ni la Iglesia los que precisamente están trabajando por el barrio, sino la autoorganización de los vecinos de los barrios de Tetuán. La solidaridad es intrínseca al ser humano y es un factor clave de la adaptación y de la evolución. Y es la solidaridad y el apoyo mutuo entre los vecinos de los barrios los que han estado presentes en la pandemia de COVID-19 y en la crisis del temporal Filomena. Estos son los que han creado bancos de alimentos, los que han estado llevando comida a otros vecinos más vulnerables, los que detectan problemas estructurales a través de las redes de solidaridad y los que han estado quitando el hielo y apoyando a otros vecinos, sin instrumentalizar su apoyo. Son las redes de apoyo mutuo y la solidaridad las que han hecho más llevadera una crisis sanitaria que se ha cebado especialmente con las personas más humildes y trabajadoras de los barrios de Madrid, y han dejado en evidencia una vez más el abandono institucional y la necesidad de combatir de manera colectiva la crisis económica perpetua a la que estamos sometidos los trabajadores.

https://grupoanarquistatierra.wordpress.com/2021/07/12/gentrificacion-la-gentrificacion-de-tetuan-pobreza-y-exclusion-social/#more-272
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