A-Infos (ca) La Haine: La violencia política

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La violencia política

x La Peña del Bronx

No se puede entender el problema de la violencia
política sin conceptuar a la política como la
organización y aplicación sistemática de determinadas
relaciones de poder, como la articulación de un
conjunto de medios para la consecución y la
preservación de éste. La política organiza el poder,
le otorga forma estatal y viabiliza un proyecto
socio-económico de clase. En este marco, la violencia
es parte activa de la estructura social, no es sólo un
instrumento o medio de lucha, sino sobre todo un modo
de conflicto.

El surgimiento de la violencia política está
estrechamente vinculado al desarrollo de la propiedad
privada, y es sólo en el transcurso de la
consolidación histórica de ésta, que la violencia se
transforma en manifestación específica de poder
social. En otras palabras, posee una base material
concreta y no es una constante histórica, por lo tanto
es factible su desaparición en una fase superior del
desarrollo humano, cuando sea eliminado todo tipo de
explotación pues -como señalara Engels- "el poder, la
violencia, no es más que el medio, mientras que la
ventaja económica es el fin" (1).

Cuando la ventaja económica, la ganancia, deje de ser
la principal motivación de la producción material,
cuando el fin de la actividad económica sea la
satisfacción de las necesidades del hombre, y no el
mero lucro, allí se crearán las condiciones básicas
para la extinción definitiva de la violencia política.


No obstante, esta posibilidad histórica se vislumbra
lejana, y la violencia continúa siendo componente
central de todo el sistema de dominación. De allí que
la clase en el poder requiera -a todo nivel- de
estructuras que le permitan organizar el control
social, minimizar los riesgos de un cuestionamiento
revolucionario de la sociedad, y garantizar las
condiciones para la reproducción ampliada del poder y
del sistema en su conjunto. En esto el Estado
desempeña un rol crucial.

Estado y violencia política

El principal organizador y concentrador de la
violencia estructural es el Estado, de manera que
cualquier intento por legitimar y justificar la
violencia ejercida por la clase en el poder, pasa por
legitimar el Estado. El objetivo básico que se
persigue es despolitizar, desideologizar y neutralizar
el Estado, presentarlo como el sintetizador del "bien
común" y garante de la "ley y el orden". Para ello es
imperativo la imposición de una visión histórica de la
naturaleza humana, la sociedad y elaborando,
simultáneamente, conceptos abstractos de nación,
interés nacional, estabilidad y paz social.

Este tipo de Estado se justificaría por el posible
"caos" que devendría en la sociedad humana por el
hecho de su inexistencia. Fenómeno que hace más de
tres siglos ya debatían los grandes pensadores
filósofos y políticos. Según esta corriente teórica
-que de una u otra forma sigue vigente- la naturaleza
humana es esencialmente egoísta y utilitaria, cada ser
lucha por su propia subsistencia, por la satisfacción
de sus propios intereses, lo que inevitablemente le
lleva a la confrontación permanente con otros seres
humanos. Esta situación es la que Hobbes (2)
describiera como "la guerra de todos contra todos".
Situación superable sólo con apego a un ente
no-utilitario, a un órgano que no buscase la
satisfacción de intereses particulares, sino que
comunes, generales. De allí surge la noción básica y
la materialización del concepto del Estado actual como
el único capaz de imponer el orden en medio del "caos
natural". Es decir, ser un "administrador neutro del
conflicto social".

Dicha tesis amerita al menos dos consideraciones. En
primer lugar, la naturaleza humana no es egoísta, ni
altruista, ni agresiva ni pacífica, ni buena ni mala
en si misma, sino que simplemente sintetiza el sistema
de relaciones sociales prevaleciente en un momento
histórico determinado. La esencia humana en abstracto
no existe, esta es concreta y, por sobre todo,
dinámica, cambiante, de modo que la hipótesis de una
situación natural de guerra permanente solo sirve para
justificar la creación y consolidación de un complejo
aparato de dominación de clase como es el Estado
(analícese, en un grado menor, la lucha contra la
delincuencia), además de proyectar la idea de la
imposibilidad de transformar el sistema o luchar por
una sociedad igualitaria, puesto que el ser humano
sería individualista y egoísta en esencia y jamás
podría cambiar.

En segundo lugar, es necesario puntualizar que el
Estado no es un ente que esté por sobre las clases y
la sociedad. Ninguna institución es neutra o poseedora
de poder propio, más bien expresa poder social de
clase. Es por ello que conceptos y prácticas tales
como orden, legalidad, estabilidad, paz social,
civilismo, etc., son de carácter tan determinado; la
sociedad virtual no existe, ni ha existido, solo
existe la sociedad históricamente concreta, de manera
que el orden y la estabilidad que se defiende hoy, es
el orden y la estabilidad del neoliberalismo. El
Estado no es ningún sintetizador del bien común y del
interés de un país, sino que de violencia política y,
por consiguiente, de poder de un sector de la sociedad
sobre otro.

La dimensión ideológica de la violencia

Históricamente a través de diversos medios de
socialización -la estructura educacional, los medios
de comunicación, entre otros-, la clase dominante ha
ido configurando un sistema de valores, normas,
conceptos y categorías tendientes a justificar su
dominio: su preponderancia monopólica a regir los
destinos de la humanidad, sus instancias de
organización y la vida de los individuos. Medios entre
los cuales la autentificación del uso de la violencia
en sus diferentes formas por parte del Estado, su
institucionalidad, sus fuerzas armadas y policiales,
han sido una constante.

Esta manipulación ideológica se ha sostenido en tres
ejes esenciales:

a) Ocultar la violencia estructural propiamente tal.
b) Legitimar la represión institucional.
c) Deslegitimar toda violencia social contra el
sistema.

La violencia es inherente a una estructura social
injusta, a un orden social basado en la explotación
del trabajo por el capital, en la exclusión y
marginación económica, social y cultural de vastos
sectores de la sociedad. De hecho la violencia no se
reduce únicamente a su manifestación más ostensible, a
su forma represiva. Esta última es sólo una vía que
permite mantener maniobrando y desarrollándose a la
violencia estructural en su conjunto, al capitalismo.
Es por ello que Marx y Engels señalaron la existencia
de un virtual estado de guerra entre patrones y
trabajadores (3), en otras palabras, criticaban la
influencia de la violencia económica y de cómo ésta se
reproduce a través de todo el sistema consolidándose
como violencia estructural.

Mas este modo de abordar el problema no es
prerrogativa exclusiva de los clásicos del Marxismo,
también -y básicamente a partir de la encíclica
Populorum Progressio- la Iglesia Católica, en
particular el Movimiento de la Teología de la
Liberación, manifestó sin ambigüedad, que "la
violencia originaria, raíz y principio de todas las
demás violencias sociales, es la llamada violencia
estructural, la injusticia de las estructuras
sociales, sancionada por un orden legal injusto y
orden cultural ideologizado, que como tales
constituyen la institucionalización de la injusticia"
(4).

El ocultamiento de la violencia estructural requiere
imponer la idea de la libertad del individuo, de la
igualdad de oportunidades, de los beneficios de un
mercado abierto a la libre competencia. El esquema de
valores imperantes reproduce sistemáticamente la idea
de que los pobres, los marginados, son tales sólo
debido a la mala suerte de haber nacido pobres o a su
propia impericia, a su falta de creatividad y
esfuerzos personales. Entonces la injusticia no es
tal, pues las naturales diferencias sociales no son
más que el resultado de las leyes de funcionamiento
del mercado, leyes, que según se argumenta, no
responden a los intereses de nadie en particular.
Obviamente entonces, al negarse la injusticia social,
se está negando también la violencia estructural.

Bajo este marco conceptual surgen las nociones de
violencia directa (represiva) y violencia indirecta
(estructural). Donde producto de la manipulación y
desinformación ideológica, se tiende adscribir un
carácter significativamente más negativo a la
violencia directa que a la indirecta; se condena el
destrozo de la propiedad pública y privada, un
secuestro, un atentado, pero no ocurre lo mismo con la
miseria, la pobreza, la carencia de vivienda o salud.
O, dicho de otra manera, se considera social y
culturalmente peor, matar que dejar morir. La clase en
el poder juega con la sicología de las personas, con
sus emociones y decepciones, a fin de encauzar
cualquier signo de descontento, diluir y desviar la
atención del impacto de cualquier violencia
estructural.

Junto con la legitimación ideológica y política de la
existencia y el recurso de las distintas formas de
coacción, se deslegitima todo intento de organización
popular de la violencia. A pesar que en los discursos
oficialistas es frecuente la condena de la violencia
"venga de donde venga", en la práctica se busca
neutralizar o desarticular únicamente su desarrollo en
la base, su forma auto-defensiva u ofensiva,
especialmente aquella que se puede erigir como
alternativa de lucha política, militar o social.

En consecuencia, la naturaleza clasista del proceso en
marcha instituye que la violencia ejercida por el
sistema es positiva y necesaria. Es decir, toda
consideración moral acerca de la violencia política,
tiene que ver con el sistema de valores que éste
estime necesario para lograr la estabilidad del mismo.
Por eso se critica el uso de la violencia en política,
en la misma medida que se crean organismos de
seguridad y de lucha antisubversiva, y aumentan los
presupuestos de las fuerzas armadas y de orden. Así se
ha ido estableciendo una relación arbitraria entre
democracia y paz por un lado y cambio y violencia por
otro.

En este contexto ideológico es que surge una
inevitable interrogante: ¿Existe una forma ética de
ejercer la violencia? Está claro que de aceptarse el
sistema de valores imperantes, como el único referente
para medir lo positivo o lo negativo, lo bueno y lo
malo del recurso de la violencia, la conclusión será
siempre la misma: la violencia ejercida por la base
social será siempre reprobable. Sin embargo, si
ponemos el punto del análisis en otro ámbito, sí
logramos trascender el límite de la moral general y
vaga para reconstruir desde el pueblo -los
verdaderamente afectados por ésta-, valores morales y
nociones éticas que expresen la necesidad histórica
del cambio social, y muy especialmente, que
desmitifique el uso de la violencia por parte de las
masas, ubicándola en su justo contexto como fenómeno
socio-político, el centro del problema cambia:

La violencia es moralmente válida y políticamente
viable, en la medida que se corresponde con la
dirección principal del movimiento histórico, al
cambio social necesario para erradicar primero parcial
y luego definitivamente la violencia estructural
creada por el sistema capitalista.

La forma ética de ejercer la violencia está en ponerla
al servicio de las mayorías populares, al servicio del
cambio social y de la dignidad humana.

La violencia revolucionaria es una forma específica de
manifestación ética, pues ésta no persigue la
destrucción del ser humano y su entorno, ni su
sometimiento, sino que es un período muy breve de la
actividad por las transformaciones, sólo un momento
histórico; no es un fin sino uno de los medios
disponibles para desplegar la multifacética lucha por
el poder popular.

La violencia revolucionaria tiene un rango
cualitativo, destruye para construir un sistema justo
que nos encamine hacia una nueva sociedad.

La violencia militar

La violencia militar es una expresión particular de la
violencia política que se estructura en forma de
doctrina y se organiza como cuerpo armado.

Ninguna doctrina militar es neutral, más bien condensa
la idea militar estratégica de quien la ejerce. En el
caso específico de los países latinoamericanos, por
parte del poder imperante, aún prevalece en la región
la Doctrina de Seguridad Nacional, que con la entrada
en escena de las democracias protegidas ha tendido en
nuestros países hacia lo que hoy se conoce como
"seguridad ciudadana". La DSN en Chile como
apreciación básica de cualquier futura guerra, partió
a fines de los 70 manejando tres hipótesis de
conflicto: en el sur con Argentina, en el norte con
Perú y Bolivia, y en el frente interno, donde
definitivamente se puso el mayor énfasis.

Lógicamente, la definición de frente interno conlleva
la necesidad de organizar la represión dentro de
nuestras fronteras y la voluntad de neutralizar o
exterminar a un enemigo (el enemigo interno). Es
decir, el desarrollo de la violencia en términos
específicos y no genéricos como se expresaba en la
idea de "todos contra todos"; más bien la guerra de
las FFAA como instrumento político de la clase
dominante contra el pueblo como sucedió tan
explícitamente durante la dictadura. Sin embargo,
junto con el proceso de transformaciones que ha vivido
Chile luego del cambio pactado de un gobierno militar
a uno civil dentro del mismo sistema, esta visión aún
es compartida entre los diferentes actores políticos
involucrados en dicho pacto. Diferencias más
diferencias menos, en la lucha contra el enemigo
interno, "el terrorismo", están comprometidos todos
quienes participan del poder (gobierno, oposición,
FFAA, Iglesia). Entonces, no es correcto incluso desde
éste punto de vista, hacer una división tan categórica
y definitiva entre lo político y lo militar, puesto
que en la práctica ambos se siguen conjugando a través
del accionar del Estado y de sus instrumentos armados
y no armados.

La violencia militar adquiere también diferentes
formas, puede ser central o periférica en un momento
histórico determinado, pero en lo fundamental, está
siempre presente en forma de una estrategia militar
para la obtención o la defensa del poder.

Por último, y obstante la condena a la violencia en
general por "inhumana y anticristiana", ante
situaciones concretas de guerras o conflictos
internos, la clase gobernante no sólo defiende moral y
políticamente la violencia, sino que además es la
primera en unirse para regular las formas de ejercerla
y premiar a los agentes que se destacan en el
ejercicio de ésta. De otra forma no se explicarían las
convenciones internacionales que norman las guerras,
los conceptos de valor y heroísmo, instituciones tales
como las condecoraciones al mérito, pensiones
específica, etc.

Conclusiones

La violencia no se puede separar de la política y no
es sólo un instrumento auxiliar al cual se recurre en
momentos de crisis.

La lógica definición luego de constatarse esta
realidad objetiva, es que toda propuesta política
debe, ineludiblemente, contener el factor violencia
como una de las posibilidades históricas,
especialmente la revolucionaria. Y es más, debe contar
con una política y una estrategia militar capaz de
disputar el poder. Entonces, podría existir un amplio
debate acerca del contenido y la forma que definen su
implementación, pero no sobre la necesidad de su
existencia.

La violencia política no se reduce a su expresión
militar, aunque ésta es su manifestación más
ostensible, es por sobre todo una relación de poder,
una estructura históricamente objetiva, la cual debe
ser enfrentada tanto en el terreno material como en el
político e ideológico, pues es un fenómeno
multidimensional.

Notas:
1. Engels F. "Anti Duhring". Editorial Grijalbo S.A.
México D.F.- México 1981, pp. 152-153.

2. Hobbes T. Pensador inglés (1588-1679), cuya obra
principal, "Leviatán", sintetiza toda la teorIa
polItica del siglo XVII.

3. Ver por ejemplo, Engels: "La condición de la clase
obrera en Inglaterra", 1844.

4. Ellacura Ignacio S. J.: "Trabajo no-violento por la
paz y violencia liberadora". Revista ReflexiÓn y
Liberación, año 1, vol. 4, dic-febrero 1990. Stgo.
Chile; p. 6.







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