A-Infos (ca) URUGUAY: LAS RADIOS COMUNITARIAS NUEVAMENTE EN LA MIRA DEL GOBIERNO

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Los últimos tiempos se han encargado de reafirmar un elemento de
fundamental  trascendencia: el importantísimo papel que juegan los medios
de comunicación  en el desarrollo de los acontecimientos mundiales. En la
sociedad capitalista  éstos se encuentran hegemonizados por un sector de
la sociedad, y son  desarrollados prioritariamente de acuerdo a sus
intereses políticos,  económicos e ideológicos. Los medios masivos de
comunicación son un escenario  de confrontación de intereses, y muestran
como tendencia dominante que su  capacidad de generar hechos políticos y
sociales, de generar subjetividad,  está función de las necesidades de
intervención de la clase dominante en la  lucha de clases. Todo lo que
los medios muestran y esconden puede leerse como  surgido de esa
confrontación; por ello normalizan lo cotidiano, legitiman  aberraciones,
contribuyen a la consagración de la injusticia social.

En nuestro país, las radios comunitarias se han convertido en
herramientas  fundamentales de expresión y comunicación de los oprimidos
frente a la  hegemonía de pensamiento fomentada desde los medios de
comunicación masivos,  desarrollando de esta forma una tarea fundamental
que es la lucha por la  democratización de las comunicaciones.

En un Uruguay donde la propiedad de medios de comunicación se caracteriza
por  su importante grado de concentración, donde la intervención
gubernamental se  ha encargado de realizar “repartos” de autorizaciones
para el uso de canales  radioeléctricos con criterio político partidario
entre allegados y  representantes de importantes sectores de la
oligarquía, el desarrollo de  medios de comunicación autogestionados,
independientes política y  económicamente, ha sido todo un desafío
encarado por parte de sectores  populares.

Desde la segunda mitad de la década de los ochenta y la primera mitad de
la  década de los noventa, comenzaron a aparecer medios de comunicación
alternativos que, producto de una necesidad imperiosa de encontrar un
vehículo de expresión, se presentaron como canales de comunicación
popular  que ponían al descubierto la servidumbre de los medios de
comunicación  comerciales y promovían espacios desde donde ejercer la
libertad de expresión  y la interacción entre los miembros de una
comunidad determinada. De esta  forma surgieron las primeras experiencias
de radios comunitarias que -si bien  en su mayoría fueron experiencias
esporádicas que no permanecieron en  actividad- sentaron precedentes
fundamentales para el desarrollo de una nueva  forma de comunicación de
los de abajo.

Aquellas experiencias aisladas fueron acumulando legitimidad en cada
comunidad de inserción en la cual las radios se desenvolvían, producto de
la  interacción constante en función de una dinámica de
aprendizaje-enseñanza  fueron enriqueciéndose de contenido pasando de ser
experiencias de  radiocomunicación a ser expresión de proyectos de
comunicación alternativa  que expresan la apropiación por parte de los
oprimidos de herramientas de  comunicación adecuadas a sus intereses.
De los errores se fue aprendiendo, de la práctica cotidiana de una
comunicación alternativa se fue construyendo lo que desde la segunda
mitad de  los noventa podemos llamar un movimiento de radios
comunitarias. Se ha venido  desarrollando una importante tarea de
construcción de alternativas de  comunicación popular que implican no
solamente un proyecto de elaboración  colectiva que realiza
importantísimos aportes en la reconstrucción de un  tejido social
solidario, sino que además son herramientas insustituibles  desde donde
dinamizar la lucha por la democratización de las comunicaciones.  La
acumulación de experiencias y de elementos enriquecedores de los
proyectos, propició que las radios a su vez encontraran, en el marco de
la  misma lucha, espacios de síntesis colectiva que sean expresión
organizada del  movimiento de radios comunitarias, de esta forma es que
toma vida la  coordinadora nacional de radios comunitarias ECOS.

El propio desarrollo de las radios comunitarias fue lo que motivó que
desde  el gobierno se implementara, aunque con modalidades diversas, una
fuerte  represión. Primero fueron los allanamientos de los locales de
transmisión,  intentando con la intervención directa de la represión el
aislamiento de los  proyectos. Pero no se logró con ésto detener el
desarrollo de nuevas y más  radios comunitarias que surgían  con fuerza
desde las propias entrañas del  pueblo. La ineficacia de esta metodología
de combate al movimiento de radios  comunitarias llevó a que se centrara
la ofensiva en el establecimiento de  marcos legales que incorporaran la
radiodifusión comunitaria en lo  declarativo, pero que absorbieran al
movimiento y lo enmarcaran en una  dinámica de control permanente.
El pasado 25 de marzo de 2003, el poder ejecutivo aprobaba el decreto
114/003  con el título REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL
ESPECTRO  RADIOELÉCTRICO, en dicho decreto (si bien no hace referencia
directa a la  radiodifusión comunitaria) se sientan las bases políticas e
ideológicas desde  las cuales se implementará desde el gobierno, el
control, adjudicación, y  tenencia de los medios de comunicación.
En dicho decreto, se deja al descubierto y se normaliza un profundo
contenido  represivo hacia las irregularidades que puedan presentarse,
legalizando los  allanamientos a estaciones de radio “no autorizadas”, y
profundizando el  papel del poder ejecutivo como fiscalizador de los
contenidos que se difunden.

“ARTÍCULO 13º.- Inspección de las estaciones radioeléctricas
La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones deberá evaluar en
forma  permanente y objetiva los aspectos técnicos, operativos y
reglamentarios que  deben cumplir las estaciones radioeléctricas, de modo
de evitar el uso del  espectro radioeléctrico por parte de estaciones que
no cuenten con la debida  autorización. En tal sentido, la función de
comprobación técnica de las  emisiones involucra la posibilidad de que
toda estación transmisora de  radiocomunicaciones que se instale en el
territorio nacional sea
inspeccionada en cualquier momento, para lo cual los interesados deberán
brindar las máximas facilidades.”

Por este artículo se le autoriza al Poder Ejecutivo realizar
las “inspecciones” que no son otra cosa que los allanamientos que desde
hace  varios años se vienen practicando contra las radios comunitarias.
Más adelante se establece como falta muy grave pasible de sanciones
previstas  por la ley: “la negativa, obstrucción o resistencia a las
inspecciones  técnico-administrativas de las estaciones radioeléctricas“
Ésto hace clara referencia a la resistencia al allanamiento, o burlar la
requisa de equipos, que han sido uno de los principales mecanismos de
defensa  de las radios comunitarias hacia ésta práctica represiva.

“Cuando las emisiones, pudieren perturbar la tranquilidad pública,
menoscabar  la moral y las buenas costumbres, comprometer la seguridad o
el interés  público o afectar la imagen y el prestigio de nuestro país”
Aquí se plasma el profundo carácter político-ideológico que adquiere el
uso  de los medios de comunicación. ¿Qué significa “menoscabar la moral y
las  buenas costumbres”?. No se hace referencia a otra cosa que a la
moral  capitalista, a la que garantiza la dominación social, hacen
referencia a la  conservación de la reproducción de la ideología
dominante.

Como planteábamos anteriormente, este decreto aprobado no hace referencia
 directa a las radios comunitarias pero sí aporta los elementos de base
sobre  los cuales elaborar políticas específicas para cada sector de las
comunicaciones. La muestra de ésto, es la publicación de un proyecto de
ley  que apuntaría a regular la existencia de las radios comunitarias en
nuestro  país.
Enmascarado como un proyecto de regulación y reglamentación, la eventual
aprobación de este proyecto de ley significa el desmantelamiento del
actual  movimiento de radios comunitarias.
Por un lado plantea profundas limitaciones inaceptables para proyectos de
 comunicación con determinadas características propias. Limita a una
magnitud  casi inexistente el radio de alcance de las señales
comunitarias dejando un  radio de 1,5 km, lo que para una radio de
alcance barrial significa el  agotamiento por limitación de su propio fin
social.
Determina que para ser incluidas dentro del marco regulatorio, las radios
 deben dejar de transmitir, lo que llevaría a dejarlas inactivas durante
un  período de tiempo que puede estar determinado por meses o por años,
llevando  a las radios comunitarias a perder el espacio ganado en cada
comunidad de  inserción.

“El contenido de la programación deberá tener carácter cultural,
educativo,  informativo, de entretenimiento o religioso, quedando
prohibido radiodifundir  avisos comerciales de cualquier tipo. Deberán
contribuir al desarrollo  sociocultural de los habitantes del área de
servicio, inspirados en  principios de respeto a los valores morales y
culturales; de protección de la  familia, de los derechos de la infancia,
la juventud, la ancianidad, los  discapacitados; la dignidad, la vida
privada de las personas y todos los  derechos y libertades consagrados en
la Constitución.”
La fiscalización de contenidos se presenta como uno de los principales
puntos  del proyecto de ley, dejando claro que no se aceptarán
contradicciones con el  Poder Ejecutivo. Para herramientas de
comunicación populares como las radios  comunitarias, este artículo
claramente implica que no se admitirá su actual  naturaleza.
Como frutilla de la torta, se plantean penas de 3 a 24 meses de prisión
para  quienes efectúen transmisiones sin previa autorización,
garantizando un  mecanismo propio de las prácticas de censura previa. Es
decir entonces que  quien ejerza su derecho de libertad de expresión será
pasible de ser  encarcelado.

Todo un conjunto de elementos -de los que aquí hemos hecho nada más que
una  breve síntesis- marcan claramente el objetivo del gobierno y de los
intereses  que representa, de quitar de cuajo estas experiencias de
comunicación  popular; y aquí no hay dos lecturas, las radios
comunitarias han crecido, han  acumulado fuerzas, son actores
imprescindibles en los procesos organizativos  que se dan en cada barrio,
son herramientas que generan y fomentan una  conciencia crítica; y es ahí
donde se convierten en peligrosas para el  sistema.

Por eso es fundamental señalar las actuales propuestas de reglamentación
del  funcionamiento de las radios comunitarias, como iniciativas que
apuntan a  liquidar al movimiento de radios comunitarias. Este proyecto
de ley es  inaceptable, aceptarlo (incluso con algunas modificaciones) es
legitimar el  contenido represivo y cercenador de la libertad de
expresión del mismo.

Alrededor de las radios comunitarias en nuestro país, está planteado un
conflicto que refleja en forma particular una expresión de la lucha de
clases. Ante los ataques que desde el gobierno se instrumentan, el
desafío  planteado es la defensa y fortalecimiento de un espacio (como es
el  movimiento de radios comunitarias) desde el cual es posible aportar
al  desarrollo autogestionario de medios de comunicación popular
integrados a las  luchas del pueblo.


Secretaria de relaciones internacionales
ORGANIZACIÓN LIBERTARIA CIMARRÓN – Uruguay
olc@nodo50.org




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