A-Infos (ca) Reanudan presiones para desalojar a comunidades de Montes Azules (Chiapas)

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HERMANN BELLINGHAUSEN
Patrullaje de fuerzas públicas y ofertas de funcionarios.
Reanudan presiones para desalojar a comunidades de Montes Azules.
San Cristobal de Las Casas, Chis., 22 de agosto. Esta semana se reanudaron
los amagos de desalojo contra las comunidades indígenas asentadas al sur
de Montes Azules. Mientras la Armada y Seguridad Pública amedrentan y
hostigan a las comunidades, enviados de Profepa y Semarnat "ofrecen"
tierras a los campesinos, pero éstos lo consideran un engaño.
La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos divulgó hoy una
denuncia de la comunidad Ignacio Allende (antes Nuevo San Rafael), ubicada
al sur de Montes Azules. Este 19 de agosto, a las 10 horas, arribaron al
lugar ocho personas, de las cuales cinco se identificaron como Héctor
Trujillo Gómez, Ricardo Ariola Morales, Juan Antonio Sandoval Flores,
Alonso Cruz López y Alfonso Chanona Ramos, todos funcionarios de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Los funcionarios "intentaron persuadir a los pobladores de reubicarse,
argumentando que los de la comunidad Lucio Cabañas (también conocida como
Arroyo San Pablo, y desalojada en diciembre pasado) ya se encontraban en
el predio Las Carmelitas, municipio de Salto de Agua. Sandoval Flores,
subdelegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), preguntó a la comunidad cuál es su postura ante la propuesta
oficial, y afirmó que se disponía de un predio para reubicar a esta
comunidad, también en Salto de Agua".
Los representantes de Ignacio Allende calificaron de "mentiras" los
argumentos de Profepa y Semarnat, "puesto que los pobladores de Lucio
Cabañas se encuentran en este momento viviendo en Marqués de Comillas, en
donde han sido acogidos por la comunidad Santa Rita. Los pobladores de
Ignacio Allende exigieron el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y
manifestaron que no dejarán su tierra. Además, expresaron que el gobierno
con estos actos viola el derecho de autodeterminación de los pueblos
indígenas".
La red indica que en todo momento, los funcionarios "se dirigieron a los
observadores civiles presentes como 'asesores de los invasores',
demostrando así el desprecio oficial por la labor de defensa y promoción
de los derechos humanos. Ante esto, la comunidad respondió que entonces
los funcionarios gubernamentales eran 'asesores de los ladrones de
cámaras', aludiendo a las cámaras arrebatadas a la organización civil
independiente Promedios el pasado 12 de abril, por miembros de la
comunidad lacandona y sus subcomunidades, en presencia de los funcionarios
de Semarnat y Profepa. Este equipo no ha sido devuelto".
Los defensores comunitarios recuerdan que los funcionarios Trujillo,
Ariola y Gómez Román se han presentado en otras ocasiones en Ignacio
Allende. "En abril del presente año 'acompañaron' a los representantes de
la comunidad lacandona que amenazaron con desalojar a la comunidad. Por
esta razón, es evidente que los pobladores de Ignacio Allende no confían
en los funcionarios gubernamentales, aunque quieran presentar ahora un
rostro negociador".
Casi dos horas más tarde se aproximó a la comunidad, en la misma lancha
que había transportado a los funcionarios de gobierno, un equipo de
reporteros que se identificó como de Fuerza Informativa Azteca, encabezado
por Nacho Núñez Pliego. "Estas personas grabaron video y tomaron fotos.
Los representantes indígenas les explicaron que no podían hacerlo sin
autorización de la comunidad. Dado que los reporteros ignoraron las
indicaciones y continuaron grabando, los representantes de Ignacio Allende
intentaron quitarles la cinta de video y el rollo fotográfico. Entonces
los reporteros abordaron nuevamente la lancha y se fueron".
Además, los pobladores de Ignacio Allende denuncian que ha sido hostigados
por efectivos de la Armada, quienes han realizado patrullajes en lancha
diversos días de junio, julio, y estos 14 y 15 de agosto. El día 17
sobrevoló la comunidad, en círculos, un helicóptero de Seguridad Pública.
Para la red, "es claro que Semarnat y Profepa han pasado de la
intimidación al hostigamiento constante, y ahora, a buscar una negociación
con cada una de las comunidades. Una vez más se dirigen a las comunidades
al sur de Montes Azules porque piensan que son las más débiles y
aisladas". El organismo civil denunció que esta "estrategia busca dividir
a las comunidades y socavar la organización de los pueblos indígenas,
incluso difundiendo mentiras sobre la comunidad de Lucio Cabañas".
Asimismo, llamó a la opinión pública "a no dejarse engañar por la campaña
seudoecologista orquestada por el gobierno y Tv Azteca, pues como se ha
demostrado, detrás están los intereses de empresas trasnacionales".
Por último, los defensores comunitarios señalaron "que estos eventos son
el resultado del vacío dejado por el incumplimiento gubernamental de los
acuerdos de San Andrés. Sólo en el marco del reconocimiento constitucional
de los derechos indígenas será posible la conservación con pleno respeto a
los derechos humanos y sus garantías como pueblos, expresados en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por
México".
Los episodios de hostigamiento por parte de la Armada, los enviados
federales y las autoridades lacandonas, ocurren tanto en comunidades que
se manifiestan simpatizantes del EZLN (es el caso de Ignacio Allende y
Nuevo San Isidro) como en las comunidades propiamente rebeldes,
particularmente Doce de Diciembre, la cual, junto con Primero de Enero y
Nuevo Limar, pertenece al municipio autónomo Libertad de los Pueblos Mayas
Más infos:
http://www.jornada.unam.mx/2003/ago03/030823/016n2pol.php?origen=politica.php&fly=1



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