A-Infos (ca) Marruecos acepta el papel de gendarme de Europa en África

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Agustín Gómez Acosta CGT-Andalucía

La adopción por el Consejo de Ministros del nuevo gobierno marroquí del
proyecto de ley nº 02-03 relativo a la entrada y estancia de extranjeros
en Marruecos y a la emigración e inmigración irregulares, el 24 de enero
de 2003 y su presentación a las dos cámaras del parlamento para su
discusión y aprobación, supone un importante paso atrás en el proceso
“democratizador” de Marruecos, una violación más de los derechos humanos y
una aceptación por parte del Gobierno marroquí del papel de gendarme de
Europa en África.

La presentación de este proyecto de ley, coincidiendo en el tiempo con el
proyecto de ley antiterrorista ( especie de estado de excepción
permanente, que permite considerar como terrorismo “perturbar el orden
público con intimidación” o “el robo y la extorsión de bienes” artículo
218-1), expresa claramente su contenido represivo y autoritario, al mismo
tiempo que establece una relación entre inmigración y terrorismo y amenaza
a la seguridad nacional.
Pero lo que nos interesa resaltar especialmente es el papel
neocolonialista de la Unión Europea y su acuerdo, tanto de gobiernos de
derecha como de la socialdemocracia, en la política migratoria. El
concepto de Europa-Fortaleza, con una política de cierre de fronteras, de
regulación según las necesidades del mercado del flujo de inmigrantes y la
utilización de los sin papeles para los trabajos más precarios y duros,
así como para el abaratamiento del mercado de trabajo mediante la
utilización de una mano de obra sin ningún derecho, es compartido por el
conjunto de los gobiernos de la UE. La actitud de la socialdemocracia
(tanto del PSOE como de IU) en el conflicto de la Pablo Olavide muestra
con claridad la coincidencia en lo fundamental de la política de
inmigración.
Esta visión de la UE sobre la inmigración ha sido trasladada a la ley
sobre la emigración e inmigración irregulares en Marruecos, hecha a imagen
y semejanza de las leyes de extranjería europeas, pero con lo burdo que
resultan las imitaciones. Esta ley supone un retroceso en el proceso
“democratizador”, retroceso curiosamente impuesto por “la gran defensora
de los derechos humanos”: la UE, un aumento de la represión contra el
pueblo marroquí con penas de prisión de 1 a 6 meses y multas de 3.000 a
10.000 dirhan (de 300 a 1000 euros) (Art.50) para quienes simplemente
intenten emigrar y una violación de los derechos humanos respecto a la
inmigración subsahariana. Un ejemplo concreto más de cómo Europa continua
su política neocolonialista e impide procesos democráticos y de
independencia reales en los países bajo su control.
Hasta en el proceso de presentación de la ley, se ve con claridad el
asesoramiento de la U.E. Hace varios años, los medias marroquíes apenas
recogían noticias sobre la emigración clandestina. Las muertes en el
estrecho se conocían a través de las televisiones españolas. De repente,
en el último año, comienza una campaña mediática sobre la emigración, que
recoge no sólo las muertes en las pateras, sino la invasión de
subsaharianos, los problemas que crean, la seguridad de las fronteras, el
número creciente de expulsiones, la amenaza de la presencia de extranjeros
no controlados....en general, dando una visión negativa y criminalizadora
del fenómeno de la inmigración, presentado como una amenaza a la seguridad
de Marruecos. ¿No resulta conocido?Y como colofón de esta campaña mediática, se presenta el proyecto de ley
con unos planteamientos de seguridad y no de respeto a los derechos
humanos. Esencialmente los puntos más des tacados de este proyecto de ley
son: la penalización de la emigración marroquí ( no sólo de los
traficantes, sino también de las víctimas) (art.50), la imposibilidad de
recursos legales que suspendan el procedimiento de expulsión (art.25) (lo
que permite una total arbitrariedad policial), la suspensión de los
permisos de residencia por posible atentado al orden público (art.4) o por
tener antecedentes penales (art.41), creación de centros de internamiento
como zonas de espera para la expulsión (zonas de nadie, sin derechos y
donde se pueden producir impunemente todo tipo de arbitrariedades), en
resumen, dotarse de un instrumento jurídico que legalice las expulsiones y
rechazos de inmigrantes subsaharianos y una política autoritaria y
represiva sobre la población marroquí, alienándose con la posición de la
UE de entender el problema migratorio como un problema de seguridad.
De esta manera, el estado marroquí cumple su objetivo de formar parte de
la política europea de inmigración en el contexto de Schengen,
convirtiéndose en partenair de la política de seguridad europea. Esto
supone un aval al gobierno marroquí, que le permite aumentar la represión
como ha ocurrido con las manifestaciones contra la guerra de Irak (algunas
salvajemente reprimidas con encarcelamientos, torturas y apaleamientos),
privilegios para las clases dominantes en los acuerdos económicos con la
UE y un reforzamiento del aparato represivo marroquí en el marco del
proyecto “control fronterizo” mediante 40 millones de euros para
reforzamiento de la policía fronteriza marroquí (MEDA II) y una
paralización casi definitiva del referendum del Sahara Occidental.
La aceptación de este papel de gendarme de la UE también va a crear
problemas al Gobierno marroquí. La respuesta a las ansias de libertad y de
una vida digna que una gran parte del pueblo marroquí (especialmente la
juventud) proyecta en la emigración a Europa, con una política represiva
de multas y prisión, la contradicción flagrante entre el proyecto de ley y
la Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los
trabajadores migrantes y sus familias, que entró en vigor en diciembre de
2002 al llegar a las 20 ratificaciones necesarias (es revelador que ningún
país de la UE que pretende ser adalid de la defensa de los derechos
humanos ha firmado esta convención, adoptada por 20 países del llamado
“Tercer Mundo”, entre ellos, Marruecos), la pérdida de legitimidad del
estado marroquí para defender los derechos de l@s trabajador@s marroquíes
en Europa, así como la oposición de importantes organizaciones al proyecto
de ley, va a suponer una resistencia a dicho proyecto.
En estos momentos en que la socialdemocracia europea, con su actitud de
oposición a la invasión de Irak, quiere mostrarse como alternativa al
neoliberalismo salvaje, es bueno recordar su papel de aceptación y
colaboración en el sistema capitalista y en la concepción de la Europa
Fortaleza, impulsando restricciones y violaciones de los derechos humanos
en países bajo su influencia, como Marruecos.
Las consecuencias de esta política ya se están comprobando antes incluso
de aprobarse la ley. 7 bebés muertos en traslados masivos de inmigrantes
subsaharianos, en camiones militares, desde Tánger a la frontera argelina
o mauritana, sin comida y hacinados como bestias, abandono de inmigrantes
subsaharianos en pleno desierto argelino o mauritano sin comida ni agua,
condenados a la muerte en una tierra de nadie, muestras de lo que la
política migratoria de Marruecos, con el apoyo abierto de la UE, está
significando.
Es imprescindible el debate y la coordinación en las dos orillas para
hacer frente a esta política represiva en materia de inmigración, tanto de
la Unión Europea como del reino de Marruecos y elaborar una estrategia
común de lucha y de apoyo mutuo.


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