A-Infos (ca) SOS_POR_LOS_PUEBLOS_INDÍGENAS_DE_COLOMBIA

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>
>Estimado hermanos y amigos:
>Anexo les enviamos el comunicado de la Organización Nacional Indígena de 
>Colombia (ONIC), en el cual dejamos expreso nuestro más enérgico rechazo a 
>la política subterránea de exterminio de los pueblos indígenas, que viene 
>ejecutando el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, pues constituye 
>la continuación de acciones etnocidas que ya han sido llevadas a cabo por 
>gobiernos anteriores, en particular por el gobierno de Andrés Pastrana.
>
>
>Solicitamos a las organizaciones indígenas de Colombia y del Mundo, a las 
>ONGS, a los organismos internacionales, a los organismos de control, 
>pronunciarse al respecto, enviando sus comunicaciones al presidente Álvaro 
>Uribe Vélez. A continuación están los datos con que contamos:
>Correo electrónico: auribe@presidencia.gov.co
>Teléfono: 00 57 1 5629574
>5629575
>Fax: 3420592
>Atentamente,
>Comité Ejecutivo de la ONIC
>(Armando Valbuena, Alberto Áchito, Adelayda Álvarez, Clemencia Herrera, 
>Juan Caré)
>
>
>SOS POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
>
>El gobierno de Álvaro Uribe Vélez continua con la política de
>
>desconocimiento y exterminio de los pueblos indígenas
>
>En el año 2001, ante la política etnocida del gobierno Pastrana, los 
>pueblos indígenas tomamos la decisión de retirarnos de las mesas 
>nacionales de concertación con el gobierno, como son la mesa de derechos 
>humanos, la comisión de territorios indígenas y la mesa de concertación.
>
>Después de la posesión del Presidente Álvaro Uribe Vélez, en reunión del 
>día 22 de agosto, los pueblos indígenas, presentamos un documento en el 
>que le solicitamos fijar la política del nuevo gobierno para el respeto y 
>el desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas. Hasta la fecha no 
>ha planteado su respuesta por escrito, pero está dando mensajes claros y 
>expresos de que su gobierno va a continuar con el arrasamiento de los 
>pueblos indígenas de Colombia. Como prueba están los siguientes hechos:
>
>En lo político
>
>El actual gobierno, tal como el anterior del presidente Pastrana, tienen 
>el objetivo de eliminar los derechos culturales, organizativos, 
>territoriales de los pueblos indígenas. Para lograr este objetivo se 
>vienen agotando o cerrando los espacios de concertación y de participación 
>a través de las reformas a las instituciones. Otro mecanismo para 
>menoscabar los derechos ha sido el nombramiento de funcionarios 
>anti-indigenistas y racistas que se oponen al desarrollo de las 
>reivindicaciones políticas, económicas, sociales y culturales de los 
>pueblos indígenas, desconociendo que se tratan de derechos legítimamente 
>adquiridos y bajándolas a la categoría de privilegios, con el fin de 
>desmontarlos fácilmente. Tal ha sido la experiencia con la dirección de 
>Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.
>
>En materia de derechos humanos
>
>El actual gobierno no ha cumplido con las medidas cautelares ordenadas por 
>la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a varios casos 
>tales como: Pueblo Embera Katío del Alto Sinú, Comunidades indígenas, 
>negras y campesinas del Alto Naya (límites entre Valle y Cauca). No se han 
>tomado medidas para evitar la masacre, silenciosa pero continuada, de la 
>que está siendo víctima el pueblo kankuamo de la Sierra Nevada de Santa 
>Marta. Y la desaparición forzada del dirigente Kimy Pernía Domicó sigue en 
>la impunidad.
>
>
>
>En materia territorial
>
>Está suspendido el proceso de constitución, ampliación y saneamiento de 
>resguardos indígenas, a pesar de que hay un sinnúmero de expedientes que 
>ya han culminado los trámites previstos en la normatividad vigente, 
>previos a la expedición de la resolución.
>
>Y como si esto fuera poco, cuando las comunidades indígena indagan por los 
>procesos de legalización de sus territorios, distintas instituciones les 
>han respondido que todos los expedientes tienen que ser verificados a la 
>luz de nuevos requisitos que constituirán la política del actual gobierno 
>de Uribe Vélez, tales como: deberá haber un concepto etnológico previo al 
>inicio de cualquier trámite de resguardo; no podrá haber trámites de 
>constitución o ampliación que comprendan globos de terreno discontinuo; 
>cuando haya presencia de población campesina o negra en territorios 
>susceptibles de ser legalizados como resguardos, así sea una persona, no 
>se podrá continuar con los trámites. Según la información recibida estas 
>medidas harían parte de las normas que expediría el gobierno de Uribe 
>Vélez en uso de facultades extraordinarias; mientras tanto las reuniones 
>de las entidades gubernamentales se vienen haciendo de manera subterránea, 
>obviamente sin consulta a los pueblos indígenas.
>
>Todas estas medidas están claramente orientadas a frenar la legalización 
>de los territorios indígenas a pesar de que su derecho ya ha sido 
>reconocido en la Constitución Política. Y resulta claro que con ellas se 
>va a legalizar la política de invasión de los territorios indígenas, 
>motivada por grupos paramilitares puesto que es bien sabido que en varias 
>zonas del país dichos grupos, a través de la colonización pretenden 
>desalojar a las comunidades indígenas para más adelante facilitar los 
>procesos de siembra de cultivos ilícitos, realización de megaproyectos, 
>explotación de recursos, monocultivos, entre otros. Igual estrategia 
>perversa se está aplicando frente a las comunidades negras, pues en zonas 
>como Balsitas (Río Sucio – Chocó), por influencia de paramilitares se está 
>desalojando a los afrodescendientes de su territorio a cambio de una 
>vivienda de interés social en otra zona, con el ánimo de evitar la 
>legalización del territorio colectivo y dar paso a la siembra de palma 
>africana y cultivos de uso ilícito.
>
>En materia de consulta y concertación
>
>La normatividad que se viene expidiendo últimamente está orientada a 
>desmontar el derecho a la consulta previa, a pesar de que el Estado 
>colombiano suscribió el Convenio 169 de la OIT y de acuerdo con el 
>artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, por ser un convenio 
>de derechos humanos de los pueblos indígenas, prevalece en el orden 
>interno. El Decreto 1728 de 2002, que fue expedido el último día del 
>gobierno Pastrana, pero avalado por el gobierno Uribe, pretende desmontar 
>toda la protección ambiental, de los derechos territoriales y humanos de 
>los pueblos indígenas, ante la explotación de recursos y la ejecución de 
>megaproyectos.
>
>Paradójicamente, sin consulta con los pueblos indígena, el gobierno de 
>Uribe Vélez pretende expedir una nueva reglamentación sobre consulta 
>previa, con la cual planea disminuir aún más nuestro derecho fundamental a 
>ser consultados antes de tomar decisiones que puedan afectarnos.
>
>Igualmente, el gobierno actual, tanto dentro de sus estructuras como en 
>los espacios de representación que hemos ganado los pueblos indígenas, 
>está vinculando o designando personas que a pesar de ser indígenas ya 
>están contaminadas por los politiqueros tradicionales, por las empresas 
>petroleras o por otros actores que se oponen a la pervivencia de los 
>pueblos indígenas y sus derechos. Con esta práctica se pretende reducir 
>los espacios de participación y cambiar el derecho a la consulta y 
>concertación por espacios burocráticos.
>
>En materia de educación
>
>No ha habido un pronunciamiento del gobierno en donde quede clara la 
>obligatoriedad de aplicar la legislación especial, frente a las nuevas 
>normas que se han expedido en el campo educativo. Por el contrario, con 
>los decretos reglamentarios de la Ley 715, que está expidiendo el 
>gobierno, se pretende invisibilizar la existencia de los pueblos 
>indígenas, pues en dichos decretos se utilizan términos que pretenden 
>recoger, pero en realidad desaparecen la diversidad étnica y cultural, 
>tales como "zonas de difícil acceso", poblaciones especiales", 
>"poblaciones, consagradas en el Título III de la Ley 115 de 1994"
>
>En materia de salud
>
>Se planea una reforma a la actual normatividad en salud, y no se ha 
>consultado con las organizaciones indígenas, a pesar de que las propuestas 
>conocidas hasta el momento afectan la prestación del servicio de salud a 
>las comunidades indígenas, y de manera particular plantean nuevos 
>obstáculos a la existencia de las empresas de salud que han conformado los 
>propios pueblos indígenas. Esta normatividad está claramente orientada a 
>favorecer a los grandes monopolios en detrimento de la salud de los 
>colombianos, y entre ellos de los indígenas.
>
>Proyectos de Ley
>
>El gobierno de Uribe Vélez, a través de congresistas afines a sus 
>intereses, viene impulsando en el Congreso de la República diferentes 
>proyectos de ley con los que pretende cumplir su tarea de acomodar el país 
>a las exigencias de los acuerdos comerciales como el ALCA, sin importar 
>que se tenga se sacrificar los más altos interese de un país como son su 
>población y su soberanía.
>
>En tal virtud se está tramitando actualmente en el congreso el proyecto 
>No. 097 de 2002 Cámara, por el cual se modifica la ley de Reforma Agraria, 
>con un claro corte antisocial, anti-indígena, y anti-campesino, y a favor 
>de los grandes monocultivos agroindustriales que de ninguna manera van a 
>garantizar la soberanía alimentaria de los colombianos. Así mismo se 
>impulsa el proyecto de Ley 34 de 2001, por medio del cual se reforma la 
>Ley de Fronteras, con el ánimo de quitar la protección de que gozan 
>actualmente las reservas forestales de las zonas de fronteras para 
>permitir la colonización, la realización de megaproyectos, monocultivos y 
>promoviendo de paso la ampliación o la siembra de cultivos para uso 
>ilícito, mientras por otro lado fumiga con veneno las poblaciones, 
>territorio, alimentos, so pretexto de acabar con dichos cultivos.
>
>
>
>Por todo lo anterior, manifestamos nuestro enérgico rechazo a esta 
>política de exterminio de los pueblos indígenas, continuada por el actual 
>gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A la vez nos declaramos en alerta ante 
>estas políticas y oponemos nuestra resistencia milenaria, la cual nos ha 
>permitido pervivir durante todos estos siglos de intento de aniquilación 
>de los pueblos indígenas.
>
>De igual manera, solicitamos a los organismos de control y a la comunidad 
>internacional, mantenerse pendientes de estas nuevas medidas, pronunciarse 
>y llevar a cabo las acciones que sean necesarias para que nuestros 
>derechos milenarios, que además han sido reconocidos en la Constitución de 
>Colombia y en tratados internacionales, sean respetados.
>
>
>
>COMITÉ EJECUTIVO
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>----------
>Comité pour les droits humains "Daniel Gillard"
>Maison de la Paix
>35, rue Van Elewijck
>B - 1050 Bruxelles
>Tél/fax: 32 (0)2 6485118
><mailto:d.gillard@skynet.be>d.gillard@skynet.be
>Bruxelles - Belgique


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