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(ca) cnt-aranjuez: POR EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA -- Domingo M. A.

Date Tue, 24 Mar 2020 08:18:22 +0200


Morir con dignidad debe formar parte de una serie de derechos que no son meramente económicos. El modelo social que se ha impuesto sitúa a la economía como el centro de nuestras vidas, dejando al margen otros aspectos como la cultura, la participación ciudadana o la muerte. Y no es posible una vida digna en tanto no consigamos la garantía de una muerte digna; el derecho a una vida humana digna no se puede truncar con una muerte indigna. ---- El desarrollo de las tecnologías médicas ha favorecido un alargamiento de la existencia de las personas que no se ha visto, necesariamente, acompañado de una calidad de vida. Hemos conseguido añadir más tiempo a la vida, pero no más vida al tiempo. El resultado es que hoy estamos abocados a una última etapa vital desprovista de nuestro control pleno y, consiguientemente, de la dignidad a la que tenemos derecho. Porque solo con libertad es posible la dignidad, y no hay libertad plena en la vida mientras su final permanezca secuestrado.

La mayoría de las personas seguramente estaríamos de acuerdo en que morir en paz, con serenidad, pudiendo despedirnos de nuestros seres queridos, en casa, sin dolor y, si puede ser, en un suave sueño sería el ideal de una buena muerte. Evitar cuanto sea posible un final de sufrimiento insoportable es, hoy en día, y con los avances de la ciencia médica, un mínimo exigible desde cualquier planteamiento ético.

Con todo, una muerte digna es mucho más que una muerte sin sufrimiento. Para muchas personas, no es el dolor o la incapacidad lo que hace indigna una muerte, sino la negación del propio control del proceso de morir; porque no hay dignidad en la muerte -ni en la vida- sin la libertad de decidir.

Siempre ha existido un empeño, por parte de los diferentes poderes, en mantener la muerte fuera de la esfera de la autodeterminación. No se respeta la dignidad individual si, en el caso de la muerte, se mantienen las decisiones fundamentales -el cuándo, el cómo y el dónde se produce aquella- en manos de otros, sean estos médicos, políticos, jueces o religiosos.

El significado de eutanasia

Hay quienes ven en la eutanasia un atentado contra su idea de la dignidad humana, como es el caso de la jerarquía de Iglesia católica, acostumbrada a imponer su moral al conjunto de la sociedad. También hay quienes se empeñan en presentarla como sinónimo de homicidio, de liquidación de las personas dependientes, de eugenesia, de genocidio nazi...

Ante ello, es fundamental dejar sentado de antemano el significado del término eutanasia. Un término que procede del griego: eu (buena) y thanatos (muerte). En su origen designaba una clase de muerte tranquila y sin sufrimiento, una muerte deseable, ideal, que el destino proporcionaba en pocas ocasiones. Nada que ver, por supuesto, con las cámaras de gas. Existe un acuerdo generalizado en que el sentido que se le debe dar al término eutanasia es el de una muerte indolora y rápida que se administra a una persona en situación de sufrimiento por su solicitud libre y reiterada.

A simple vista se aprecia que la eutanasia tiene que ver con el suicidio, pero se trata de conductas diferentes. Ambas son formas de muerte voluntaria, es decir, una muerte que se produce por deseo de la propia persona que muere. La diferencia técnica reside en quién da la muerte: en la eutanasia es otra persona diferente de la que muere; en el suicidio, pone fin a su vida la propia persona que desea morir. Si, en el caso del suicidio, una persona recibe ayuda, se llama suicidio asistido. Se denominan conductas eutanásicas tanto a la eutanasia como al suicidio asistido, conductas que comparten la misma fundamentación ética.

En este sentido, cabe señalar que el rechazo de un tratamiento médico por parte de una persona o de sus representantes legales no constituye un acto de eutanasia, aunque pueda conducir a la muerte. La renuncia o la no aceptación del comienzo de un tratamiento es un derecho reconocido en nuestro país desde la Ley General de Sanidad, de 1986, que reguló por primera vez los derechos de los y las pacientes. Unos derechos que se explicitaron y se ampliaron posteriormente en la Ley Básica de Autonomía del Paciente del año 2002.

Cuando la enfermedad no tiene cura y lleva indefectiblemente a la muerte, resulta plenamente comprensible la ayuda profesional para obtener la muerte cuando la vida ya no es un bien para la persona enferma, que es, por cierto, la única que puede juzgar el valor de su propia vida. Llegado el caso, la buena práctica de la medicina debe permitir la muerte sin empecinarse en prolongar una vida de sufrimiento sin objetivo, lo que se llama el encarnizamiento terapéutico.

La eutanasia y el Código Penal

El tratamiento legal de la eutanasia y del suicidio en nuestro país difiere según las personas que intervienen en ambas conductas: mientras que desde el Código Penal de 1848 el suicidio no es un delito y el o la suicida es impune -es decir, que nadie podría ser perseguido tras un intento de suicidio fallido-, la eutanasia y las diferentes formas de colaboración al suicidio son conductas ilícitas tipificadas en el artículo 143 del vigente Código Penal de 1995, que modificó sustancialmente lo previsto en el anterior sobre el suicidio y la colaboración al suicidio.

Según el apartado 4 del artículo 143 del Código Penal, las conductas altruistas movidas por la compasión ante el sufrimiento ajeno y llevadas a cabo a petición de la víctima, están castigadas con penas de 6 meses a un año de prisión en el caso de colaboración no ejecutiva, y de 18 meses a 3 años en el caso de ejecutar la muerte. Pero dado que las penas de prisión inferiores a dos años se conmutan por arrestos de fin de semana o multa, incluso por trabajos en favor de la comunidad, el resultado es que ni la colaboración al suicidio ni la eutanasia supondrían penas de cárcel para el autor o la autora, salvo en caso de reincidencia.

El debate de la eutanasia

Aunque hay quien sostiene que la eutanasia no es una reivindicación de la sociedad y que esta no está preparada para abordar un debate al respecto, lo cierto es que en cuantas ocasiones se ha preguntado a los y las profesionales sanitarios y a la ciudadanía en general sobre la dignidad de la muerte, las respuestas contradicen esa opinión negacionista.

Diferentes encuestas hechas desde el año 2002 revelan que una amplia mayoría de la ciudadanía apoya que se despenalice la muerte asistida y se regule con garantías. Las más recientes, elaboradas por Metroscopia el año pasado y por Ipsos en 2018, elevan el apoyo al 87% y 85% de la población, respectivamente. Por su parte, una encuesta europea elaborada por Ipsos Mori para The Economist en 2015 cifró este apoyo en un 78%.

En noviembre de 2018, el Colegio de Médicos de Bizkaia publicó una encuesta entre sus colegiados -la única de este estilo en España-, que eleva el apoyo a la eutanasia entre estos profesionales al 86%. Además, dos de cada tres aseguraron que no se acogerían a la cláusula de objeción de conciencia.

Y, en abril de 2019, el Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja presentó los resultados de una encuesta sobre la eutanasia entre sus colegiados. En este caso el apoyo a despenalizar la muerte asistida también era abrumador: el 81% de las personas consultadas se mostró a favor de legalizar la eutanasia.

En conclusión, los estudios llevados a cabo en nuestro país respecto a la libre disposición de la propia vida en caso de enfermedad o sufrimiento evidencian un acuerdo social mayoritario que, además, aumenta a medida que pasa el tiempo, superando el grado de consenso de otras leyes aprobadas inicialmente con menor aceptación social.

El testamento vital

Lo que caracteriza el marco de relaciones sanitarias en España es la emancipación de los y las pacientes y el reconocimiento de su capacidad para decidir en exclusiva sobre aspectos de su vida y salud. Este derecho de autonomía personal es el principal derecho sanitario, pues reconoce la capacidad de tomar decisiones libres sobre todos los aspectos relacionados con la propia salud.

Por otra parte, la decisión de los y las pacientes solo puede ser verdaderamente libre si está basada en un conocimiento veraz de la situación, en una adecuada información por parte del profesional. El derecho a la información sanitaria es fundamental, previo al ejercicio de la autonomía, y está recogido en el capítulo segundo de la Ley de Autonomía del Paciente.

Pero a pesar de ello, la información a los y las pacientes, una labor esencial en el ejercicio de la medicina, lamentablemente es aún una de las mayores asignaturas pendientes de la práctica médica, especialmente en la fase final de la vida. En esta fase, la actitud más común del cuerpo sanitario es la que se conoce como «conspiración del silencio», es decir, la ocultación de la verdad, a veces con la complicidad de la misma familia, que priva a la persona enferma a decidir libremente.

Es importante recalcar que el derecho a rechazar una medida sanitaria, sea para no aceptarla, sea para retirarla una vez iniciada, no está limitado por la gravedad de las consecuencias, ni por el tipo de medidas, aunque ello suponga una muerte segura. Las leyes no hacen salvedades, no distinguen entre medidas ordinarias o extraordinarias, proporcionadas o no, tratamientos o cuidados, sino que establecen de forma taxativa que se debe respetar la voluntad de los y las pacientes.

En este sentido, existe otro modo previsto en las leyes para asegurar que los y las pacientes puedan decidir sobre su persona incluso en situación de incapacidad: el llamado testamento vital o Documento de Instrucciones Previas. Mediante este documento, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que esta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla personalmente, sobre los cuidados y tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos.

Por mandato de esta ley, cada comunidad autónoma reguló el procedimiento para otorgar el testamento vital, con diferencias en la denominación, la forma de hacerlo y de registrarlo. En concreto, en la Comunidad de Madrid se puede tramitar la solicitud de este documento en todos los hospitales públicos y en muchos centros de salud.

El testamento vital es el mejor instrumento para, en caso de que no exista ninguna posibilidad de que la enfermedad remita, protegernos frente a posibles excesos «conservacionistas» del médico que nos asista. Porque el derecho de cualquier persona a rechazar un tratamiento que prolonga una situación sin salida, puede chocar con un médico que considere que lo que piden los familiares no es lo mejor para el paciente, y que decida adoptar el papel de «defensor» de la vida de «su» paciente. Y si no hay constancia documental, puede privar al paciente de un derecho a ser representado y a los familiares o allegados el de no traicionar a su ser querido.

Por añadidura, la generalización del testamento vital evita a las familias tener que tomar decisiones a veces difíciles desde el afecto; y es, en todo caso, un primer paso para la asunción del protagonismo de una persona sobre el final de la vida.

La lucha por la muerte digna

La idea de una muerte digna como discurso reivindicativo, de la disponibilidad de la propia vida, apareció pública y organizadamente en España en los años 80 con la creación de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), cuyas finalidades eran, por un lado, promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla; y por otro, defender, de modo especial, el derecho de los enfermos y enfermas terminales a, llegado el momento, morir pacíficamente y sin sufrimientos, si fuera este su deseo expreso.

En 1986, el Gobierno de Felipe González aprobó la Ley General de Sanidad que, como se ha indicado, establece la primera carta de derechos de los pacientes, entre ellos el de negarse a un tratamiento. En esos años aparecieron en España las primeras unidades de cuidados paliativos. Pocos años después DMD aparece como referente social en el debate, especialmente en círculos académicos e intelectuales, hasta 1998, cuando la muerte de Ramón Sampedro impacta a la sociedad española provocando un interés desconocido hasta entonces.

Ramón Sampedro, marinero gallego, se quedó tetrapléjico en 1968, con 25 años de edad, tras fracturarse el cuello al lanzarse al mar desde unas rocas. Tras permanecer25 años en cama solicitó autorización en un juzgado de Barcelona para que le fueran suministrados los fármacos necesarios para aliviar sus sufrimientos físicos y psíquicos asumiendo los riesgos con base en su derecho a no ingerir alimentos, autorización que le fue denegada por motivos formales. El mismo resultado tuvo su recurso al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También la Audiencia de A Coruña estableció que no tenía derecho a solicitar tal ayuda, por ser un delito tipificado en el Código Penal. Así las cosas, en enero de 1998 Ramón Sampedro puso fin a su vida ingiriendo cianuro potásico. Su cuidadora, Ramona Maneiro, fue detenida y acusada de cooperación necesaria al suicidio, pero fue puesta en libertad por falta de pruebas. Años más tarde, cuando el delito había prescrito, reconoció haber ayudado a Sampedro. Influyeron en que no se le persiguiera el ambiente social mayoritariamente a favor de Ramón Sampedro y la campaña de autoinculpación que se desarrolló.

Otro hecho con gran repercusión se produjo en marzo de 2005, cuando el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, difundió en los medios de comunicación que en el servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés se había sedado irregularmente a 400 pacientes con resultado de muerte (homicidio masivo). Tras un proceso de acusación mediático y la elaboración de hasta seis informes técnicos contradictorios entre sí, más de dos años después, el Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés dictó una sentencia absolutoria que, no obstante, hablaba de mala praxis. En enero de 2008, la Audiencia Provincial de Madrid obligó a suprimir toda mención a la supuesta mala praxis. Ni el consejero Lamela y la presidenta Esperanza Aguirre se disculparon nunca.

El resultado de este escándalo mediático fue un fuerte ataque contra la sanidad pública que dinamitó la confianza médico-paciente y desvió la atención de la privatización del sistema madrileño de salud. A la vez, se frenó el debate sobre la eutanasia retrotrayéndolo al ya muy superado sobre la legitimidad de la sedación terminal.

Además de los tremendos perjuicios personales al doctor Luis Montes, anestesista y coordinador del Servicio de Urgencias (fallecido hace casi dos años), y al equipo del hospital, que fueron centro de las críticas, el daño social fue enorme. Se colocó al doctor Montes en el centro de una campaña de acoso que sirvió de presión y amenaza para otros centros y otros médicos, y las sedaciones en la agonía se redujeron drásticamente en todos los hospitales del Estado.

En abril del año pasado cobró fuerza el debate sobre la eutanasia cuando saltó a los medios de comunicación el caso de María José Carrasco, de 69 años, que padecíaesclerosis múltiple desde 1989, una enfermedad degenerativa que en los últimos diez años la hizo dependiente para todas las actividades de su vida diaria. A causa de los sufrimientos que le producía la enfermedad, María José, en plenitud de sus facultades mentales, había expresado de forma reiterada y firme su voluntad de morir. Incapaz de mover las manos, solicitó la ayuda de su marido, Ángel Hernández, para ver cumplido ese deseo de poner fin a su vida. El acto de Ángel Hernández de ayudarla solo puede interpretarse como un acto de amor que no debería recibir ningún reproche penal. Por el contrario, en la actualidad,Ángel Hernández se enfrenta a una condena de hasta 10 años de cárcel si se le aplicase con rigor el mencionado artículo 143 del Código Penal.

Avanzar en la muerte digna

La aspiración a morir con dignidad ha de ser regulada legalmente para que todas las personas tengamos la seguridad de que única y exclusivamente nosotras podamos disponer de nuestra vida, con ayuda profesional en las circunstancias que se establezcan previamente. Frente a la voluntad de morir de una persona, la respuesta no puede ser otra que el respeto, el apoyo y el acompañamiento.

El derecho a morir con dignidad debe ser una conquista más de libertades para la población, con algunas características que lo diferencian de otros derechos civiles. Nadie sabemos si finalmente nos veremos en la necesidad de tomar la decisión de morir, pero la mayoría de las personas, en tal circunstancia, deseamos una muerte rápida e indolora mediante una inyección letal o un medicamento adecuado. Esta realidad exige una respuesta distinta a la de mirar para otro lado, como es la reforma del Código Penal en el sentido de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido.

El pasado 11 de febrero, por fin, el Parlamento aprobó la admisión a trámite del proyecto de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Un intento previo quedó paralizado en la Mesa del Congreso por el filibusterismo de Ciudadanos y PP para evitar una votación para la que había mayoría absoluta. De aprobarse esta ley de eutanasia, nuestro país se acercaría en derechos a sus vecinos de Holanda, Bélgica y Luxemburgo, pioneros a escala mundial en adoptar una ley de eutanasia.

Ahora cabe esperar que la ley pueda tramitarse con normalidad. Y también que su texto mejore en algunos aspectos durante el proceso de debate y enmiendas.

Fuente: Qué hacemos para conseguir que la lucha por una vida digna incluya la exigencia de una muerte digna, de Luis Montes, Fernando Marín, Fernando Pedrós y Fernando Soler (Ediciones Akal).

Posted in: CNT Aranjuez, FAL, Salud

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