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(ca) cnt-aranjuez: PENSIONES Y TRABAJOS PARA UNA VIDA DIGNA -- Domingo M. A.

Date Fri, 14 Feb 2020 08:08:23 +0200


La huelga general convocada, para exigir trabajos, vidas y pensiones dignos, por los integrantes de la Carta de Derechos Sociales (ELA, LAB, Steilas, ESK, Ehne, Hiru y Etxalde) y CNT, junto a la mayor parte del movimiento pensionista y otros movimientos sociales (feministas, estudiantiles y ecologistas, entre otros), el día 30 de enero en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra, constituyó un verdadero éxito. La participación superó la registrada en las seis huelgas generales que se llevaron a cabo, en el contexto de la llamada «crisis económica», entre los años 2009 y 2013, las huelgas feministas de 2018 y 2019 o la reciente huelga del sector del metal de Bizkaia del año pasado.
Según los convocantes, el paro fue muy amplio en conjunto, especialmente en Bizkaia y en Gipuzkoa, así como en varias comarcas de Araba y Navarra. Por sectores, el mayor seguimiento se produjo en la industria y en muchas grandes empresas. También en la educación pública y otros servicios públicos, como Ayuntamientos, o en atención primaria de Osakidetza (la red sanitaria pública) o el transporte. Todo ello a pesar de los abusivos servicios mínimos decretados por los Gobiernos vasco y navarro. La huelga afectó, asimismo, a la radio y televisión públicas (EITB), que solo emitieron informativos y programas grabados.

Del mismo modo, el paro tuvo notable incidencia en el pequeño comercio de muchos municipios y en grandes superficies. La mayoría de estas (BM, Eroski, Lidl, Dia...) cerraron en Bizkaia y Gipuzkoa, y la repercusión en este sector ha sido alta en Araba y Navarra.

El mismo día de la huelga se convocaron 101 movilizaciones en las dos comunida-

des, que contaron con una asistencia de entre 140.000 y 145.000 personas. De ellas, 50.000 en Bilbo; 35.000 en Donostia; 25.000 en Gasteiz; 20.000 en Pamplona; y el resto en las manifestaciones de otras localidades, como Eibar, Tafalla, Lizarra o Tutera.

Por otra parte, y esta fue la nota negativa, durante la jornada de movilización fueron detenidas 11 personas: cuatro en Burlata, dos en Pamplona, dos en Donostia, una en Ermua, acusada de «atentado a la autoridad», y otras dos en Zornotza, por «desórdenes públicos».

La gestación de la huelga

Esta huelga general comenzó a fraguarse cuando el movimiento vasco de pensionistas promovió una ronda de contactos, a mediados de 2019, con sindicatos y movimientos sociales, con el fin de valorar la posibilidad de que se convocase una huelga general en defensa de las pensiones públicas. Una iniciativa que CNT entendía como necesaria, pues era preciso ir un paso más allá de lo que se estaba haciendo hasta ese momento. De modo que la convocatoria de esa huelga quedó en manos de las organizaciones sindicales.

La manifestación fue multitudinaria

Puestos de acuerdo con el movimiento pensionista los sindicatos que integran la Carta Social de Derechos, la CNT y otros colectivos, la huelga se anunció el 23 de octubre pasado, sin fijar aún la fecha. Y fue el 26 de noviembre cuando se formalizó oficialmente su convocatoria para el 30 de enero de 2020.

Sin embargo, la CNT, uno de los sindicatos que dieron cobertura legal a la huelga, quiso dejar claro que, en relación con el escrito de convocatoria de la huelga general presentado ante los Gobierno vasco y navarro, no subscribía el punto 4, que pide el reconocimiento de un sistema propio de relaciones laborales y de protección social para el País Vasco. Un punto que fue introducido unilateralmente por los sindicatos que integran la Carta Social posteriormente, ya que no estaba incluido en el escrito que se presentó, junto al movimiento de pensionistas, en esa rueda de prensa del 26 de noviembre.

Los puntos por los que CNT llamó a secundar la huelga fueron los que se acordaron y presentaron en ese acto, plasmados en un escrito en el cual se exigía al Gobierno central, a los Gobiernos vasco y navarro y a las patronales, lo siguiente:

· Que de inmediato se recupere el poder adquisitivo perdido de pensiones y salarios y que se revaloricen de forma automática en función de, como mínimo, el incremento del coste de la vida.

· Que se deroguen las reformas laborales que entraron en vigor en 2011 y 2013, las cuales han incrementado la precariedad y atacado el derecho a la negociación colectiva. Además de eliminar también los aspectos regresivos de las dos reformas de las pensiones de esos mismos años.

· Que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros y un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros.

· Que se elimine la brecha de género en salarios y pensiones.

· Que quien lo desee se puede jubilar anticipadamente, sin penalización, con 40 años cotizados.

· Que se potencie una red de servicios sociosanitarios públicos, universales y gratuitos.

· Que la cuantía de la renta garantizada y la renta de garantía de ingresos sea el 100% del salario mínimo interprofesional.

El frente antihuelga

Como no podía ser de otra manera, en los días previos a la huelga, los Gobiernos vasco y navarro, junto con la patronal de esas comunidades, intentaron dinamitarla con todos sus medios. Como sucede siempre, manifestaron no comprender la convocatoria, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, se negó a recibir a los convocantes de la huelga por problemas de agenda, al tiempo que escurría el bulto alegando falta de competencias. Resulta clamoroso que Urkullu se muestre ansioso por reunirse a todas horas, y con cualquier excusa, con los representantes de la patronal y que para hacerlo con los representantes de los trabajadores no tenga tiempo. En cambio, Maria Chivite, flamante presidenta del Gobierno navarro, al menos tuvo el gesto de recibir a los representantes sindicales, aunque otra cosa es disponer de voluntad política para atender sus demandas.

También el PSOE y Unidas Podemos (UP) se desentendieron de la huelga parapetándose tras el argumento de que hay que dar un voto de confianza al nuevo Gobierno central. Una de las representantes de UP en el País Vasco, Edurne García, aseguraba que el aumento de las pensiones (el mísero 0,9%) por parte del Gobierno de coalición «es una muestra de buena voluntad». En tanto que otra representante del PSOE, Gloria Sánchez, apreciaba claros tintes políticos en la huelga, y que se utilizaba para debilitar al Gobierno.

Del mismo modo, una parte del movimiento de pensionistas del País Vasco y Navarra, próxima a estos postulados del PSOE y UP, se desmarcó de la huelga, alegando que esta convocatoria dividía al conjunto del movimiento. Según este razonamiento, parece ser que el movimiento pensionista ha de permanecer unido, por así decirlo, a la baja y debe asumir los deseos de los sectores menos combativos, o más manipulados por los partidos y los sindicatos de orden. Este sector del movimiento de pensionistas incurrió, además, en una contradicción al no apoyar una huelga que ha servido para hacer confluir las diferentes luchas, cuando el conjunto del movimiento siempre ha defendido la conveniencia de vincularse a otros sectores movilizados. En esta ocasión, ese sector no ha sido fiel a la consigna más coreada del movimiento pensionista, esa de «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden».

El movimiento de pensionistas incurrió en una contradicción al no apoyar una huelga que ha servido para hacer confluir las diferentes luchas, cuando el conjunto del movimiento siempre ha defendido la conveniencia de vincularse a otros sectores movilizados.

Y qué decir de los sindicatos institucionales CC OO y UGT, que no solo se han desmarcado de la huelga sino que han tratado de torpedearla. Claro, que poco se podía esperar de ellos si tenemos en cuenta que no se opusieron a las reformas de las pensiones que se han ido perpetrando desde 1985 (solo CC OO convocó una huelga general en la de ese año) y que incluso apoyaron con su firma la aprobada por Zapatero en 2010. Sindicatos que, además, ingresan en sus cuentas millones de euros cada año con el negocio de los fondos privados de pensiones.

Así, CC OO de Euskadi, ante la huelga, editó un comunicado en el que afirmaba que después de la huelga empezaría a trabajar «en la recuperación de las señas de identidad del movimiento que a día de hoy han quedado distorsionadas por la convocatoria de huelga general del día 30 de enero». Continuaba diciendo que los sindicatos convocantes de la huelga ponen en peligro la unidad del movimiento pensionista. Y añadía: «Para estos sindicatos parece que es más importante la identidad nacional, las fronteras físicas, la bandera, que los derechos sociales». Tras reprochar a los convocantes que la huelga se desarrollase «en un escenario de reciente conformación del primer Gobierno de coalición progresista en democracia», finalizaba su comunicado insinuando que quienes impulsan la huelga «compiten con la ultraderecha, al menos en el mismo marco temporal, en encabezar la presión a un Gobierno recién conformado».

Como sindicato convocante, CNT salió al paso de algunos de los argumentos de CCOO y UGT, recordándoles la responsabilidad del movimiento sindical ante las cuestiones que se han puesto sobre la mesa con la huelga. También les recordó que aunque las personas pensionistas no estén ya en activo, siguen siendo clase obrera. Para CNT es absolutamente falso el argumento de que ha sido una huelga "nacionalista". Les recordó a CC OO y UGT que, pudiendo hacerlo, no quisieron convocar una huelga general en todo el Estado.

Ante las afirmaciones hechas desde algunos sectores de que la huelga dividía al movimiento de pensionistas, la central anarcosindicalista sostenía que es también un argumento falso. Porque se trata de un movimiento plural, donde siempre ha habido diferentes visiones que se han manifestado públicamente. En cualquier caso, CNT recordaba que el movimiento de pensionistas como tal decidió hacer la huelga del 30 de enero. Un movimiento que sigue cohesionado; de hecho, cada vez se movilizan más pensionistas.

También recordaba CNT que en la rueda de contactos con sindicatos que llevó a cabo el movimiento de pensionistas antes del último verano, ninguno -CC OO y UGT incluidos- se negó a la huelga general. Y que solo CNT planteó la posibilidad de ir más allá de un paro de 24 horas y de convocarlo en todo el Estado.

«¿desde cuándo el movimiento sindical se debe plegar a lo que diga un gobierno? El movimiento sindical jamás debe subordinarse a lo que diga un Gobierno. Y menos compartir argumentario con Confebask (la patronal vasca) e Íñigo Urkullu».

Ahora, CC OO y UGT abogan por dar un tiempo de gracia al nuevo Gobierno de coalición PSOE-UP. «Pero -se pregunta CNT- ¿desde cuándo el movimiento sindical se debe plegar a lo que diga un gobierno? El movimiento sindical jamás debe subordinarse a lo que diga un Gobierno. Y menos compartir argumentario con Confebask (la patronal vasca) e Íñigo Urkullu».

La incoherencia de las coordinadoras de pensionistas

Incomprensiblemente, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y algunas plataformas integradas en ella, como es el caso de la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de la Comunidad de Madrid, también se han sumado a ese coro antihuelga.

A finales de noviembre del año pasado, la COESPE emitía un comunicado público de apoyo total a la huelga general en Francia del 5 de diciembre de 2019 contra los planes de Macron para minar el sistema público de pensiones. En él, esa coordinadora estatal decía con energía: «Ha llegado el momento de unir nuestros gritos en una sola voz y luchar juntos y juntas contra los continuos ataques y abusos que venimos padeciendo en todos nuestros sistemas públicos». Y terminaba sentenciando: «Un cambio social nunca ha sido conquistado sin una revolución. Y ahora, ha llegado el momento de la revolución pensionista, ha llegado nuestro momento. Esperamos que esto solo sea el principio y poder desatar una cadena de apoyos que traspase las fronteras de todo el mundo, haciéndose cada vez más fuerte y sólida».

Concentración en apoyo a la Huelga. Madrid.

Pues bien, solo un mes después, la COESPE difundía un nuevo comunicado, esta vez para pronunciarse sobre la huelga general en el País Vasco y Navarra del 30 de enero, titulado, ahí es nada, "Posicionamiento ante una convocatoria ajena a la defensa de las pensiones públicas". En este escrito, enfatizaba: «El llamamiento a la huelga general del 30 de enero en Euskadi y Navarra no se corresponde con nuestros objetivos y principios. Ha sido promovida de forma unilateral, sin tener el apoyo de la mayoría de las asociaciones de pensionistas de esos territorios. Responde a los intereses del soberanismo que reclama un sistema propio de pensiones en un marco autónomo de relaciones laborales. La convocan ELA y LAB, sindicatos que negocian en las instituciones y empresas vascas la EPSV de empleo que compite con las pensiones públicas. Es una proclama partidista, que favorece los intereses políticos de EH Bildu». Por todo ello, sentenciaba: «La COESPE no participará en esa convocatoria de huelga general, por no ser de ámbito estatal».

En otras palabras, la COESPE se muestra muy contundente, y sin reservas, a la hora de apoyar huelgas generales en defensa de las pensiones... siempre que sean en otro país. Y parece que la «revolución pensionista» de la que habla no tiene recorrido en el nuestro.

Solidaridad con la huelga

En otras comunidades hubo movilizaciones el mismo día 30 de enero en solidaridad con la huelga general en el País Vasco y Navarra, entre ellas en Madrid, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Asturias y Extremadura.

En Madrid, más de veinte plataformas de pensionistas, organizaciones sindicales, grupos políticos y asociaciones juveniles, entre las que se encontraba el Colectivo de Pensionistas de CNT Aranjuez, convocamos una concentración en la plaza del Museo Reina Sofía. En el transcurso de este acto, cada colectivo dispuso de unos minutos para transmitir sus mensajes a las decenas de personas reunidas en la plaza. Dos días antes, frente al Congreso, habíamos celebrado una rueda de prensa para informar de esa iniciativa de apoyo a la huelga, a la que solo acudió Iñaki Ruiz de Pinedo, diputado de EH Bildu.

Una hora después de esa concentración, muy cerca de allí, en la calle de Atocha, partió una manifestación, que concluyó en Sol, en apoyo también a la huelga general del País Vasco y Navarra. Una movilización impulsada por el Bloque Combativo y de Clase (en el que se integran AST, CSC, Plataforma Sindical de la EMT, SAS, Solidaridad Obrera y CNT) y que encabezaba una pancarta con el lema "Pensiones públicas. No al Pacto de Toledo", que congregó a cerca de 200 personas. Como se afirmaba en la octavilla que animaba a participar en la manifestación, «la lucha por la pensiones dignas no es una lucha de las personas mayores, es nuestra lucha, la de toda una clase social, porque ahora nos quieren arrebatar y negar cualquier derecho, incluido el modesto ingreso por el esfuerzo de toda una vida».

Antes de concluir la jornada de huelga, CNT subrayó, en un comunicado, que la lucha por la dignidad no puede ni debe terminar el día 30 de enero ni reducirse a un día de movilización, «como lo está demostrando la marea pensionista, que lleva dos años en las calles». Y llamaba a mantener y extender la campaña de movilizaciones por trabajo, pensiones y vida digna, al tiempo que advertía de que la concertación y el diálogo social «no son más que falsas recetas de quienes buscan evitar, a toda costa, que nada cambie».

Del mismo modo, CNT destacaba el carácter autónomo y transversal del movimiento de pensionistas, «sin banderas ni partidos detrás». Por último, lamentaba el papel que han mantenido hasta ahora CCOO y UGT, a los cuales ha pedido que digan públicamente de qué lado están. Y, sobre todo, CNT les pide a esos dos sindicatos que «dejen de lanzar mentiras para camuflar sus vergüenzas».

http://www.cnt-aranjuez.org/pensiones-y-trabajos-para-una-vida-digna/
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