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(ca) cgt andalucia: Hace diez años de la ley de "desmemoria"

Date Wed, 3 Jan 2018 14:14:20 +0200


Hace diez años, CGT fue muy crítica con la llamada Ley de Memoria Histórica. Ley que en este diciembre de 2017 cumple diez años ya de desarrollo, o podemos decir de subdesarrollo. Una ley que nació ya cercenada desde inicio por la voluntad mediocre de un Partido Socialista, que en ese momento encabezaba Zapatero, que vendía propuestas de supuesta progresía y reconocimiento de los derechos sociales. ---- En 2007 el movimiento memorialista ya llevaba trabajando casi una década con gran firmeza. Las reclamaciones de las víctimas del franquismo, sin ser una cuestión de Estado, por desgracia nunca se han tomado en cuenta por la clase política salvo para las elecciones, aunque era patente que había que abordar ya la situación después de casi 70 años del fin de la guerra y 30 de la muerte del dictador. La ONU insistía en que no se estaba haciendo una política conveniente en cuanto a los crímenes ni a las víctimas del franquismo.

Sin embargo, la Ley de Memoria Histórica llegó como un soplo de aire nuevo a las víctimas. No así a las organizaciones que las amparan ni a colectivos ni organizaciones como CGT. Ante la presentación del borrador ya se presentaron varias hojas de reticencias y se destacaron las deficiencias que dejaban a las víctimas en una situación similar a la que estaban.

Sin poner en duda la buena voluntad del legislador al plantear el articulado final, desde CGT vemos que nuestra desconfianza se ha hecho realidad tras diez años de "trabajo" con esta ley. La llamada reconciliación a la que nos invitaba la ley no la hemos vivido en nuestras carnes. Siguen las condenas y sentencias de los tribunales franquistas sin anularse. Condenas que fueron emitidas sin garantías judiciales.

Personas que fueron declaradas culpables de delitos tan honorables como no ser "adepto a la causa" y padecieron años de cárcel o que fueron ejecutadas, no han visto anuladas esas condenas. Siguen siendo "delincuentes" legalmente porque la ley de memoria solo determina que aquellos tribunales dictaron sentencias injustas. Ni una línea de condena al régimen asesino franquista. ¿De qué conciliación hablan? No lo hemos llegado a entender. En España lo que necesitamos es justicia. Como es lo que se reclama para Delgado y Granado, respecto a quienes-tras la reclamación de revisión de la sentencia- el tribunal, continuador de aquellos tribunales (la sala V del TS), ha decidido la no revisión de la sentencia porque fue declarada por el tribunal legítimo en su época. Es en todo punto una intervención cobarde, intentando no molestar a los nietos de los asesinos que continúan en la cumbre de la sociedad española actual. Al menos ya hay publicadas investigaciones sobre los hechos acaecidos en todo el territorio.
En ellas quedan demostradas las barbaridades cometidas para imponer el terror y poder implantar un régimen con el que anular el pensamiento libre. Por ejemplo, si no es porque los historiadores fueron recabando los testimonios, ¿quién iba a conocer la tortura a las mujeres que habían cometido el delito de ser madre, hija, hermana o esposa de algún hombre que se había destacado por formar parte de sindicatos, ateneos, casas del pueblo, etc.? Por cierto, solo reconocidas e indemnizadas (mínimamente, sí) por la Junta de Andalucía en 2010, en la ley de 2007 ni una mención. Según esta ley, el Estado no tiene obligación de investigar la aparición de fosas comunes, no tiene responsabilidad ni económica ni administrativa ni judicial. Se desentiende completamente de conseguir la reparación a las víctimas, a las familias de las personas que se encuentran en fosas pendientes de ser identificadas y enterradas según los deseos de sus familiares.
Porque en el delito de desapariciones forzadas son también las familias que desconocen la situación de su familiar quienes son objeto del delito. No se ha tomado en consideración el sufrimiento de las familias que no saben dónde se encuentra su abuelo, abuela, padre o madre, hermano o hermana, etc. La solución que establece la Ley de Memoria Histórica para solucionar la exhumación de cientos de fosas a localizar es ofrecer el acceso a subvenciones y que sean las familias quienes soporten el trabajo de localizar e identificar los restos. Pero ¿qué pasa cuando el Estado lo pasa a manos de quienes quieren ocultarlo? Desde la llegada del PP el presupuesto destinado ha sido cero euros. La investigación de los crímenes no debe quedar en manos de las víctimas. Por ejemplo, el mapa de fosas está realizado con los trabajos llevados a cabo por las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de cada territorio.

Así lo ha recordado en varias ocasiones la ONU (recomendaciones del Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias y del Relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición tras visitas giradas a España por las denuncias presentadas por las víctimas ante el Consejo de Derechos Humanos).

En un desatino inexplicable, las víctimas quedan distinguidas y diferenciadas por períodos. No merecen el mismo tratamiento las víctimas de antes del 68 que las de crímenes de años posteriores. Curioso, por no decir inaceptable. Quienes sufrieron los trabajos forzados son también víctimas de tercera porque su situación pasa de puntillas y ni tan siquiera llegaron a realizar actuación alguna antes de la llegada del partido de la gaviota. Se menciona la realización de un censo de las obras y edificaciones realizadas por los cautivos sometidos a trabajos forzados del que no sabemos nada. Un desatino.

Las demandas de las víctimas del franquismo no son solo de reconocimiento sino de justicia. Se solicita el cumplimiento de la defensa de los derechos humanos. Y los crímenes cometidos por el franquismo son delitos contra la humanidad y deben ser investigados y penados por los tribunales legales y "democráticos" de la actualidad, como ha sucedido recientemente en Argentina. El paso del tiempo no puede ser un argumento válido para la impunidad ni para el olvido ni la amnesia de un país, de una sociedad que puede acabar permitiendo que vuelvan a actuar como hicieron hace 80 años gracias a la impunidad que se les otorga desde el Estado. Para CGT es prioritario que en los centros educativos se incluya como materia de estudio el conocimiento de la guerra civil, la dictadura y su represión genocida.

La Ley de Memoria no puede quedarse en la modificación del nombre de las calles. Eso es solo un reflejo de lo que ha sucedido durante los 40 años siguientes a la marcha del director general de la empresa del terror. ¿En qué sociedad es admisible que una fundación que elogia al genocida, al asesino reciba subvenciones del Estado y no esté ilegalizada y perseguida por la ley? Las llamadas a la conciliación ¿a qué se refieren? ¿A un perdón cristiano? Pues ese será dado a nivel individual por quienes lo quieran otorgar, aunque ni siquiera esa solicitud de perdón y arrepentimiento por parte de quienes son culpables de tantas muertes ha sido público. Mas al contrario, lo que se oyen son justificaciones y llamadas a continuar con la cruzada sin penalización alguna por parte de jueces ni opinión pública.

Se ha demostrado que ha sido una ley de mero trámite y lavado de imagen ante la opinión pública y las asociaciones y colectivos por la recuperación de la memoria, una ley que burocratiza todo el procedimiento individualizado de reparación, que no asume ninguna de las reivindicaciones que llevamos reclamando como organización junto con numerosos colectivos sociales, asociaciones...

Comisión Memoria Libertaria CGT

http://memorialibertaria.org/sites/default/files/Memoria%20Libertaria%20Diciembre%202017.pdf

https://www.cgtandalucia.org/blog/6544-hace-diez-anos-de-la-ley-de-%E2%80%9Cdesmemoria%E2%80%9D.html
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