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(ca) Catalunya, embat: Hacer cooperativas de vivienda populares es una prioridad.

Date Thu, 16 Mar 2017 14:40:15 +0200


La CUP Barcelona ha hecho público recientemente sus recelos sobre la iniciativa del Ayuntamiento de ceder durante 75 años solares de titularidad municipal a cooperativas de vivienda en cesión de uso[1]. Asimismo, invitado "a poner sobre la mesa el debate de publico-privado, público-comunitario y el debate publico-cooperativismo"[2]. ---- Para clarificar, las cooperativas de vivienda en cesión de uso son viviendas de propiedad colectiva donde cada miembro aporta una cuota inicial y paga una cuota mensual que se lo otorga un derecho de uso indefinido de una vivienda[3]. ---- El siguiente texto argumentará brevemente que las criticas de la CUP en cuanto a la asequibilidad actual de este modelo son acertadas, sin embargo, su insistencia en dedicar el suelo de titularidad municipal exclusivamente a promociones de vivienda de titularidad municipal-estatal de alquiler social va precisamente en contra de la posibilidad de hacer del cooperativismo de vivienda un modelo público no-estatal accesible para las clases populares.

La necesidad de transitar hacia nuevos modelos de vivienda pública no-estatal

Sin entrar en cuestiones de carácter teórico e ideológico, la necesidad de ir más allá del modelo de vivienda de titularidad municipal-estatal de alquiler social se evidencia por cuestiones inminentemente prácticas en base a la experiencia histórica de la socialdemocracia. La vivienda estatal sigue manteniendo una separación entre quienes habitan y los que tienen control efectivo sobre el habitat. Los mecanismos indirectos de control popular y de rendimiento de cuentas sobre el Estado, que otorga la democracia liberal representativa, no salvan esta separación. La relación del inquilino con su vivienda sigue siendo mediada por un actor foráneo, el propietario, el arrendador, en este caso el Estado, concretamente por un cuerpo de trabajadores profesionales a las órdenes de un entramado burocrático y legislativo externo . Aparte de la experiencia alienante que esto puede generar, también deja el devenir del stock de vivienda pública a merced de los cambios que puedan suceder en la esfera electoral. En los años 70, en el Reino Unido, por ejemplo, un 40% del stock de vivienda del país era de propiedad municipal. A partir de la llegada de Thatcher al poder, sin embargo, éste ha sufrido una privatización extensiva. Otro ejemplo más cercano lo encontramos en la Comunidad de Madrid, donde recientemente se vendieron miles de viviendas del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo de inversión de Goldman Sachs, en contra de la voluntad de los inquilinos.

El Estado ha demostrado ser un guardián poco fiable de lo público. Quizás en la esfera de lo comunitario y comunal podemos encontrar unos custodios más cercanos y más resilientes a las presiones mercantilizadoras ejercidas por el binomio Estado-mercado. Las cooperativas de vivienda en cesión de uso apuntan en esta dirección. Este modelo está en fase embrionaria en Cataluña, por lo que su configuración final todavía está abierta al debate político y los aprendizajes que se puedan derivar de las primeras experiencias piloto. Para que esto se dé, sin embargo, éstas deben tener unas condiciones mínimas para poder desarrollarse. Es prioritario comenzar a experimentar ahora para transitar hacia modelos públicos no estatales que no repitan la experiencia socialdemócrata.

Sin recursos estatales, cooperativas pijo-progres

A falta de un movimiento de expropiación forzosa y sistemática del patrimonio y de los ingresos de los ricos, sólo el Estado puede imponer una distribución progresiva de recursos sostenida en el tiempo. A pesar de la cesión de suelo de titularidad municipal a cooperativas de vivienda, la cuota inicial para los proyectos cooperativos piloto varía entre los 15.000 y 30.000 euros aproximadamente. Además, los cooperativistas tienen que pagar una cuota mensual para cubrir despecho comunes y el pago de la hipoteca colectiva. A pesar de ser un alternativa más barata que la compra de propiedad individual, y, a la larga, que el alquiler en el mercado privado, sigue siendo poco asequible para una parte importante de las clases populares. La respuesta ante este obstáculo, sin embargo, no debería ser aportar menos recursos públicos, sino más. En Uruguay, por ejemplo, las cooperativas también pueden recibir créditos blandos estatales y ayudas para el pago de las cuotas. Las cooperativas en Uruguay se han convertido, en consecuencia, una importante vía de acceso a la vivienda para las clases populares uruguayas.

El suelo de titularidad municipal no debe entenderse como una cantidad fija a repartir en forma de suma-cero. Este recurso se puede expandir mediante la expropiación, el tanteo y retracto y la compra. No deberíamos asumir la escasez de suelo público como punto de partida, sino que recuperar nuestra ciudad de las manos de latifundistas urbanos privados debería ser una prioridad política. Sin la cesión de suelo o patrimonio municipal, las cooperativas de vivienda serían aún más inaccesibles. En esta lógica, las cooperativas de viviendas convertirían un nicho de mercado para un perfil pijo-progre muy delimitado. Las clases populares se verían aún más excluidos de poder participar de experiencias apoderadores de autoorganización y autogestión comunales; posibles gérmenes de poder popular. La alternativa principal permanecería apuntarse a la lista de solicitantes de vivienda estatal y esperar su turno.

Blindar el carácter público de las cooperativas de vivienda

Si bien no se ha de fetichizar del Estado como "patrimonio del pueblo" y garante del bien común, tampoco se ha de entender las cooperativas de vivienda como comunidades utópicas inmunes al capitalismo. De hecho, las cooperativas de vivienda "andel" en Dinamarca, de donde se inspiran en parte estas experiencias piloto en Barcelona, han sufrido en la última década un proceso de liberalización y mercantilización feroz. El precio de las participaciones en la propiedad colectiva de las cooperativas ha encarecido de forma acelerada a raíz de los cambios regulatorios promulgados por un gobierno liberal-conservador y la tentación de los cooperativistas de capitalizar el valor patrimonial de las viviendas.

Como el Estado puede regular tanto como desregular este sector, se establecerán otros mecanismos que vinculen los cooperativistas a la comunidad que los rodea. En la misma Dinamarca, por ejemplo, existe otro sector, el de la vivienda "común" (almene boliche), fruto de la confederación de cooperativas de vivienda, donde las decisiones trascendentales se toman a nivel de sector y no en cada bloque de viviendas de forma descentralizada y atomizada. De esta manera, se toman las decisiones en una escala que puede calibrar mejor su impacto social ya una distancia prudente de las tentaciones de enriquecimiento localizado. Cada conjunto residencial no se trata como una propiedad colectiva "privada", sino como parte de un conjunto más amplio con responsabilidades hacia la sociedad. En este sector, además, los residentes son propietarios colectivos pero a la vez residen bajo un régimen de alquiler indefinido. Esta forma de tenencia ha resultado más resiliente a las presiones mercantilizadoras que el formato de participaciones en la propiedad colectiva del modelo de las cooperativas "andel".

En definitiva, a partir de lecciones que se puedan extraer de las experiencias de aquí y de fuera, el cooperativismo de vivienda puede ser una herramienta útil para empezar a reconstruir lo público desde abajo, arraigado en el territorio y en comunidades vivas y organizadas. En este sentido, las experiencias piloto deben servir para abrir camino, y los recursos estatales, suelo de titularidad municipal incluido, para hacerlo una opción asequible para las clases populares. Tanto prioritario es atender las necesidades sociales ahora, como lo es apostar por una forma de atenderlas porque durante el medio y largo plazo se fortalezca la organización popular y se genere un tejido social e institucional autónomo para defender cada avance social. En este sentido, la experiencia de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM, en castellano), es una referente de la generación de instituciones de poder popular en el ámbito de la vivienda a partir de las prácticas del cooperativismo.

Lorenzo Vidal
@buenaventura_v

[1] https://directa.cat/actualitat/lhabitatge-barcelona-lloguer-social-noves-formes-de-tinenca
[2] https://twitter.com/CUPBarcelona/status/835462512002887681
[3]Para más info: http://ladinamofundacio.org/model/#model-la-dinamo

http://embat.info/fer-cooperatives-dhabitatge-populars-es-una-prioritat/
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