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(ca) Ruptura Colectiva (RC): Arturo Campos Herrera, dirigente de la CRAC-PC: 3 años injustamente preso -- Carlos Rosas

Date Fri, 3 Feb 2017 09:47:52 +0200


Arturo Campos Herrera es un líder indígena de voz firme y tiene la mirada del que está convencido de su destino. Desde el 1 de diciembre de 2013 lo metieron preso, acusado de secuestro, cargo que no le han podido demostrar, y por la burocracia imperante en el sistema jurídico de Guerrero, aunado al intento por desmembrar la Coordinadora de Autoridades Regionales-Policía Comunitaria (CRAC-PC) no ha podido avanzar su caso. Entró a la cárcel de 42 años, ahora tiene 45. Tres cumpleaños tras las rejas. No ha perdido la sonrisa. Liberación Guerrero habló con él. ---- Estuvo cerca de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, asistía a cada aniversario desde el 2000, y llevó esta forma de organización a El Paraíso, en donde fungió como asesor de la Casa de Justicia, que trabaja con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria. "Antes la gente se mataba, pero cuando comenzamos, hasta la funeraria cerró", afirma en la entrevista. "Diario se veían ataúdes; había robos, asaltos. Impulsamos esto porque queríamos seguridad".

Desde la calle, la cárcel no lo parece. Una puerta de metal es el distintivo. Cuando se llama al guardia, éste aparece por una pequeña ventana. Entran las personas a dejar comida, refrescos o galletas. A los costados de la puerta hay vendedoras indígenas, que ofertan panela, flores, ejotes, frijol o ropa confeccionada por ellas. Arturo Campos Herrera es uno de los 28 indígenas presos en Ayutla, de una población de 78 personas. Hay 19 me'phaa y 9 na savi.

"Hay cuatro paredes, para mí es una cárcel más. Muchos están aquí porque cometieron una falta, pero otros no, el gobierno no investiga", y advierte a sus compañeros de la CRAC-PC que hay más órdenes de aprehensión en su contra. "Estamos castigados por defender al pueblo". Acompañan en la conversación abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, quienes lamentan que Amnistía Internacional no tome el caso de Arturo, ya que como la organización a la que pertenece, CRAC-PC, usa armas, esto es un impedimento para nombrarlo preso político, según el argumento de AI, a pesar del claro acoso y criminalización que ha hecho el gobierno del estado a las formas de protección comunitaria, legales y amparadas por la Ley 701 de Guerrero y el Convenio Número 169, de la Organización Internacional del Trabajo, convenio que fue ratificado por el gobierno mexicano.

Arturo se muestra fuerte y se sostiene en su dicho: "Estoy consciente de lo que hice, dirán que violamos el reglamento, pero San Luis Acatlán ya no es el mismo. Cuando nos levantamos no hubo muertos, aunque la delincuencia era como un fuego que salía por todas partes".

Había en ese municipio de la Costa Chica de Guerrero misiones religiosas que desalentaban a la población a actuar contra los delincuentes, a organizarse, a armarse contra ellos, a pesar de que el problema "no iba a parar con rezos. ¿Cómo te vas a enfrentar al delincuente? Pues con lo mismo. Es difícil parar la bronca. ¿Cómo teníamos que pararlos? Con lo mismo, pero más bravos. Paramos la bronca, pero la delincuencia es el negocio del gobierno. Cuando hay tranquilidad hasta las cajas de muerto se dejan de vender. Ya limpiamos la milpa, pero la yerba no hay que dejarla crecer. Desapareció un rato la delincuencia, pero ahora hay más. Si los dejamos, van a volver a subir. Cuando ven que la gente está organizada, se van".

A pesar de que los delincuentes tienen armas más potentes, en comparación con las viejas escopetas y rifles que usan los policías comunitarios, "aquí es la organización, la gente, no tanto la escopeta", dice de la evidente desventaja, que se compensa con el valor y la convicción de hacer lo correcto, de conseguir un beneficio para los demás.

Rodeado de coordinadores de la CRAC-PC y de la Casa de Justicia de El Paraíso, advierte, respecto a alguna intentona de mezclar el trabajo comunitario con la política electoral: "La CRAC no es para meter partidos, la CRAC es pueblo. Los partidos van por lana". Cuando están en sus campañas, los candidatos "ven a un niño comiendo frijol y hasta lo abrazan". Sin embargo, acota que "si quieren participar en política, que lo hagan, pero no usen la CRAC".

Hablando precisamente del uso político de la organización indígena, presentaron en Chilpancingo y Acapulco el libro "El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica". El volumen fue escrito por los consejeros Sabás Aburto Espinobarros y Juan Horta Cruz, con el auspicio del senador perredista Armando Ríos Piter. En el texto, ponen a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán como la "casa matriz" de la Policía Comunitaria, "no estoy de acuerdo con lo de la ‘casa matriz', eso debió consultarse, una casa de justicia no puede estar encima de la otra, se debe respetar la voz de cada coordinador", señaló.

Acerca de las incursiones del Ejército en comunidades indígenas, recalcó que los militares deben pedir permiso a las autoridades locales, "está en la ley, queremos respeto del gobierno".

Planteó que la Ley 701, que protege las acciones de la Policía Comunitaria, se mejore, pero que también haya desarrollo en las comunidades, "tenemos derecho a mejorar, hay que pelear el recurso, pero como CRAC. Sigo insistiendo en que en el territorio comunitario debe haber educación, salud, reforestación, cuidado del medio ambiente".

Por supuesto, Arturo también tiene sueños, que le ayudan a soportar la prisión y estar alejado de su seis hijos: "sueño con que la gente se fortalezca, como pueblo. Lo que hace falta es organización. Creo en la unidad, sigo soñando con la unidad". Su mirada se profundiza, como mirando al horizonte, como si la pared que tiene enfrente no existiera.

EL ALTIPLANO: ENTRE GRITOS Y LADRIDOS

Rememora los hechos de su detención, ocurrida en Chilpancingo, luego de participar en el Foro de Consulta contra la Reforma Educativa y Laboral y un acto de protesta para exigir la liberación de 12 de sus compañeros comunitarios, que fueron arrestados en la escalada de encarcelamientos encabezada por el gobierno del entonces mandatario Ángel Aguirre Rivero. Un desconocido que vestía camiseta y bermudas lo fue siguiendo al terminar el evento, llevado a cabo en la alameda Granados Maldonado, "me agarraron en público, no me andaba escondiendo", a pesar de saber que tenía una orden de aprehensión.

Ese desconocido resultó ser un agente de la Policía Ministerial, quién luego le cuestionó porqué no había corrido, si ya se había percatado que lo cercaban. "¿Por qué voy a correr?", le contestó. En la operación para llevarlo a la prisión de Acapulco participaron la Policía Estatal y la Ministerial.

Cuando estuvo temporalmente en el penal de Acapulco, no se pudo comunicar con el Centro Tlachinollan -con quienes lleva buena relación desde los noventas-, con lo que se le negó su derecho a defensa jurídica.

Aunque hubo varios intentos por arrestarlo, tomó la decisión de estar en Chilpancingo, protestando para lograr la salida de sus compañeros encarcelados. Iba a ir otro grupo organizado de la Casa de Justicia de El Paraíso, pero prefirió dar la cara.

Nunca se olvidó de sus compañeros en el penal, "a muchos logramos liberarlos, por la presión. Samuel (Ramírez García) y Gonzalo (Molina González) siguen presos, y varios más tienen orden de aprehensión".

Cuando lo trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social número 1 "El Altiplano", estuvo aislado, para presionarlo, "la tortura sicológica te tumba más que un golpe, quieren que te olvides de tu lucha".

Del año y medio que permaneció en el penal conocido como Almoloya, los primeros cuatro meses estuvo en confinamiento en su celda, ahí comía, pero a veces lo encerraban con un esquizofrénico, al parecer un lugarteniente de Édgar Valdez Villarreal "La Barbie".

Durante su tiempo en el Centro de Observación y Clasificación, a pesar de su condición de dirigente indígena, estuvo con criminales como los narcotraficantes Servando Gómez Martínez "La Tuta", Joaquín "El Chapo" Guzmán y el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, acusado de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de seis de ellos. Arturo Campos, que nunca había caído ni en barandillas, estaba en una prisión de máxima seguridad, con algunos de los delincuentes más peligrosos del país.

Hablaba poco con el resto de los internos, pero se daba cuenta de que muchos de ellos terminaban llorando, y los custodios se burlaban: "por qué lloras, si no te agarraron en una iglesia", les decían.

A Arturo le ponían dos perros a ladrarle, uno en cada oreja, a cinco centímetros. También lo ponían a correr sin salirse de una línea, encadenado de pies y manos. "te gritan al oído lo que tienes que decir, a mí me decían ‘aquí te vas a morir, nadie sale de esta cárcel'". Esto pasó antes de la fuga de "El Chapo" Guzmán.

"Me golpeaban en las costillas cuando no decía lo que ellos querían, hasta que se aburrieron y me dejaron en paz". En esa cárcel, desde las sábanas hasta la ropa interior, están marcadas con el número de expediente del imputado.

Hasta que salió del Centro de Observación y Clasificación, tras cuatro meses de tortura física y psicológica, pudo comunicarse con su familia.

La cárcel de Ayutla parece una vecindad urbana, pero con tono indígena. Arturo ríe, no pierde el ánimo, "sigo pensando en que se puede lograr algo" con la organización de los pueblos, sin embargo, lamenta que Amnistía Internacional no lo asuma como preso político, "no sé por qué no agarra el caso, porque soy asesor, soy coordinador regional, no detengo, no llevo armas".

TRATO DE DELINCUENTE AL QUE COMBATE A LA DELINCUENCIA

Con su sonrisa amplia, reflexiona: "El que traza un camino, tiene que tropezar; si no caminas, no tropiezas, tienes que ir aprendiendo. Mucha gente que estudia ni siquiera sabe pensar. Nosotros pensamos, a veces nos confundimos, pero todos pensamos. Las personas grandes platican bonito, aunque no hayan estudiado".

A pesar de estar en la cárcel, no pierde el tiempo, es un lector ávido, "leo de todo, sobre todo política", pero ahora aprende a tocar la guitarra. "Sigo igual, incluso, me he reforzado", dice acerca de cómo lo ha afectado el encierro.

Lamenta que por combatir a delincuentes lo hayan encerrado, aunque "sabemos cómo funciona el gobierno. Es más fácil que salga un delincuente a alguien que combate al crimen. El gobierno sabe quiénes son, llevan un negocio".

Habla de la organización de las comunidades, algo que ve como resultado del mal trabajo de la administración gubernamental, "mientras el gobierno trabaje mal, la gente se seguirá organizando, el gobierno se molesta por las marchas, pero son el resultado de lo que siembra el gobierno".

Lo que buscan es la paz, pero "queremos paz real, no la de los discursos, la de la represión". Aunque se invierten recursos en mejorar armamento y vehículos de la policía, "en los pueblos no se ve mejora".

Insiste en que el gobierno retire al Ejército de las funciones policiacas. Actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional avaló una propuesta legislativa para operar en las calles, algo que Arturo rechaza, "no es su función, para eso está la policía".

NOS QUIEREN ARRINCONAR

A pesar de sus convicciones firmes, admite que "como humanos, tenemos miedo, por combatir al crimen, por nuestras familias, y lo digo también por los compañeros. Hay temor al gobierno, que se disfraza de delincuente para asesinar a los que no tienen convenio con ellos.

Queremos cuidar a los pueblos, los quieren tener arrinconados, acorralados. Somos diferentes, pero luchamos, y ahí debemos ir todos, a lo mejor uno se muere, pero el pueblo queda".

Una muestra del acoso oficial hacia la CRAC-PC y específicamente hacia sus coordinadores, es que su caso se ha burocratizado, pues ya se cumplieron tres años de su detención y no se ha resuelto. Hay en su contra 23 acusaciones por secuestro, pero ninguna ha sido ratificada.

Una situación grave en la cárcel de Ayutla son sus condiciones sanitarias: "No vienen del Sector Salud, no hay medicamentos, si
alguien se enferma tiene que comprar medicamentos". La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos no ha actuado ante esta situación.

Sus seis hijos están ahora al cuidado de su esposa, Agustina García de Jesús, quien no recibe ayuda de nadie. En febrero de este año hubo un incendio en su vivienda. Ella considera que fue provocado.

Arturo Campos en el penitenciario de Ayutla
Foto¬ Cortesía Tlachinollan
CAMPAÑA POR SU LIBERACIÓN

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan emprenderá una campaña para visibilizar el caso de Arturo Campos, y buscar su liberación. Campos Herrera debe recibir más atención de los medios de comunicación, considera el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, porque su encarcelamiento tiene motivos políticos.

Parte de estos motivos son que el magistrado Jesús Martínez Garnelo, cuando fue secretario general de Gobierno con el ex gobernador Ángel Aguirre, encabezó la persecución contra dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria. Ahora, como magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, también ve el caso de Arturo Campos.

La campaña para conseguir la libertad de Arturo Campos Herrera comenzó el 1 de diciembre de 2016, justo cuando se hacen tres años de su arresto en Chilpancingo.

Publicado en Liberación Guerrero el 11 de enero de 2017:

http://rupturacolectiva.com/arturo-campos-herrera-dirigente-de-la-crac-pc-3-anos-injustamente-preso/
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