A-Infos (ca) [Perú] ¡Alerta! Ha retornado el latifundio

"La Ley de Límites de las tierras eliminará la concentración en el agro", ha
manifestando el congresista aprista Jorge del Castillo, acerca de su proyecto de ley
para -supuestamente- impedir la creación de monopolios que "ahuyenten" la inversión
extranjera. Pese a que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) se opongan -en su
dogmatismo neoliberal- a cualquier tipo de límites a la concentración de tierras
agrícolas, esta norma afianzará no sólo la gran propiedad, sino que también
reafirmará un neo gamonalismo mucho más fuerte y depredador que aquel que fue
expropiado por el Estado durante el régimen populista del general Juan Velasco
Alvarado, en 1969.

Como se sabe, el proyecto de Del Castillo propone limitar a 40 mil hectáreas el
tamaño máximo en manos de un propietario. Sin embargo, estas dimensiones constituyen
áreas mucho mas grandes de las que ocuparon las haciendas costeñas existentes antes
de la Reforma Agraria del año 1969, promovida por el velasquismo. Cabe recordar que
el latifundio más grande de entonces en la costa era la Hacienda Casa Grande, que
ocupaba unas 29 mil hectáreas.

La reforma agraria de aquel entonces, expropió los latifundios que ocupaban un área
superior a 150 hectáreas de tierras de cultivo bajo riego. A despecho de su slogan
mas publicitado: "La tierra para quien la trabaja", la reforma no subdividió las
tierras, sino que incluso en varios casos juntó haciendas para integrarlas en una
denominada Cooperativa Agraria de Producción (CAP) o la Sociedad Agrícola de Interés
Social (SAIS).

El experimento de las CAP y las SAIS no duró mucho, terminando estas, en su mayoría,
quebrando y siendo repartidas en parcelas entre los "beneficiarios". Al final del
proceso de reforma agraria, tenemos que estos pequeños productores han pasado a
formar esa masa de campesinos que constituyen actualmente la mayoría en el sector
agrícola.

Retorno del gamonalismo

Hoy hacia mediados del 2010, podemos afirmar categóricamente que el latifundio y el
gamonalismo han retornado con fuerza. Algunos ejemplos servirán para tener un cuadro
aproximado de este proceso de acumulación de tierras.

Actualmente, en Piura, la acumulación de tierras en lo que se podría denominar un
"neolatifundismo", llega a 31,795 hectáreas, en manos de 7 propietarios. En
Lambayeque se llega a 28,300 hectáreas, en manos de 2 propietarios; en Ancash la
concentración llega a 16 mil hectáreas en manos de un sólo propietario; en San
Martín unas 20 mil hectáreas en manos de un sólo propietario; en Lima, a 17,200
hectáreas entre dos propietarios. En Ica, la concentración terrateniente llega a
13,015 hectáreas divididas entre 34 propietarios; en Arequipa existen 1,200
hectáreas concentradas en un sólo propietario; y finalmente en La Libertad existe
una concentración de tierra en grandes propiedades, por un área de 97,967 hectáreas
divididas entre 13 propietarios. Es decir, la normas sobre limitación a la
acumulación de la gran propiedad agraria no va afectar a nadie, y encima no
cuestiona los mecanismos que han permitido esta concentración de tierras muchas
veces, a costa de las de los pequeños productores y comunidades campesinas.

La "democracia" y la Gran Propiedad

Apenas culminado el régimen de las Fuerzas Armadas, y con el retorno a la
"democracia burguesa", fue el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980 a
1985), que emitió en diciembre de 1980 el Decreto Legislativo 002 (25/11/80), que
culmina el proceso iniciado por Velasco Alvarado, legalizando las parcelaciones.
Este gobierno y el siguiente, encabezado por Alan García Pérez (1985 a 1990),
emitieron normas para regular el uso de las tierras eriazas mediante la irrigación.
Con el Decreto Supremo 029-88-AG, de 1988, se elevó el límite a la gran propiedad en
irrigaciones de la costa a 450 hectáreas, es decir, tres veces más del límite
establecido por la Reforma Agraria, y en la práctica se creaba el marco legal para
el retorno de la gran propiedad.

Neoliberalismo y expropiación a las comunidades

Con las políticas neoliberales impuestas por el régimen de Alberto Fujimori (1990 a
2000) se profundizó este proceso que evolucionaba una nueva concentración de
tierras. El Decreto Supremo 011-91-AG, del año 1991, dio luz verde a la introducción
de las "sociedades anónimas" en el "dominio, conducción, arrendamiento e hipoteca"
de la propiedad agraria.

Además, elevó a 1,000 hectáreas el tamaño admitido de las tierras que se
incorporasen al cultivo mediante irrigaciones que partieran de la "iniciativa
privada". Es decir ya estaba configurado el panorama para que se fuera incrementando
el proceso de concentración, en desmedro de las tierras comunales.

Esto se produjo a raíz de que el año 1991, mediante el Decreto Legislativo 653 (Ley
de Promoción de Inversiones en el Sector Agrario) estableció que las tierras eriazas
(no cultivadas o en abandono) pasaban a ser propiedad del Estado, incluyendo en esa
categoría a las tierras de las comunidades que no tuvieran su respectivo "título de
propiedad". Además el dispositivo legal aprobó los arrendamientos de tierras
comunales.

Tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, y con la dación de la nueva Constitución
de 1993, se permitió la venta de las tierras comunales, incorporando un nuevo factor
de desprotección para ellas. En dicha "Carta Magna", se estableció (Artículo 88) que
"la ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades
de cada zona".

Surge la servidumbre minera

Mediante Ley 26505, Ley de Tierras, del año 1995, se eliminó todo límite en la
superficie de las tierras, lo que permitió una mayor acumulación de la gran
propiedad, así como las transferencias de las mismas. Poco después, mediante una
norma modificatoria, se determinó otorgar servidumbre a las empresas mineras previo
acuerdo con el propietario de tierras, entre ellos las comunidades campesinas. Si no
se llegaba a un acuerdo, se establecía la servidumbre minera. En junio del 2008, un
decreto legislativo dado por el gobierno de Alan García estableció que las
servidumbres se otorgarían de oficio, sin ninguna consulta previa.

Con la Ley de Titulación de las comunidades campesinas de la costa, del año 1997, se
introdujo la figura de «abandono de tierras» en el caso de las tierras comunales que
dejaban de ser cultivadas. De esta forma, el Estado continuaba con las
apropiaciones.

En el primer semestre del 2008, ya el segundo gobierno de Alan García solicitó
facultades legislativas y promulgó varios decretos legislativos que han
resquebrajado aun mas los derechos de las comunidades campesinas y nativas sobre la
tierra, lo cual provocó las últimas olas de protestas, determinando su modificatoria
en el Congreso o la presentación de proyectos con el mismo fin de modificar tales
normas lesivas.

Mecanismos que han permitido la acomulación de la Gran Propiedad:

#
Ampliar la frontera agrícola

El Estado, al emprender grandes obras de irrigación ha tenido una misión clara:
Ampliar la frontera agrícola y ponerla a disposición de los intereses de los grupos
de poder económico en el agro. Antes del Fujimorato, las tierras ganadas al
desierto, en la costa, mediante obras de irrigación emprendidas con inversión
pública, eran transferidas aun a la mediana y pequeña propiedad, es decir pequeños y
medianos agricultores. Allí están los ejemplos de la irrigación de Majes en
Arequipa, la colonización de San Lorenzo (Piura), etc. Sin embargo, eso acabó con
las nuevas normas dadas por Alberto Fujimori, que dio mayor y hasta exclusiva
preferencia en el acceso de esas nuevas tierras a los grandes inversionistas.

Esa era la tendencia del neoliberalismo en el agro. Y esa misma línea ha seguido el
actual régimen alanista, que ha contribuido al crecimiento de la gran propiedad
vendiendo las tierras logradas con las irrigaciones, a los grandes inversionistas
que producen exclusivamente para la exportación. Por ejemplo, el proyecto de
irrigación Chavimochic, en el norte del país, ha sido responsable de la ampliación
de las tres cuartas partes de la frontera agrícola del Valle del Río Santa. Estas
han sido adquiridas por sólo 11 inversionistas. Este proyecto se ha desarrollado con
inversión privada, y tiene previsto ampliar la frontera agrícola en los valles de
Chao, Virú, Moche y Chicama, siendo el mayor inversionista Camposol quien tiene ya
una importante presencia en Piura y Barranca, sumando en total 15,500 hectáreas de
latifundio.

Y ese parece ser el modelo a seguir. Está en los planes de Alan García unir la
irrigación del Chira-Piura, Tinajones, San Lorenzo, Jequetepeque - Zaña, Chavimochic
y Chinecas en un gran proyecto de agroexportación, es decir destinado a los
inversionistas y productores en esa orientación. Por ello puede afirmarse que la
adquisición de tierras eriazas es la principal vía por la cual se fortalecen y
crecen los nuevos latifundios. Comprar acciones de empresas azucareras y adquirir
grandes parcelas en las subastas públicas de proyectos de irrigación.

# Privatización de las cooperativas azucareras

Para entender esto hay que retroceder a la reforma agraria velasquistas. Para
proceder a este trascendental cambio, el gobierno militar determinó que los grandes
complejos agroindustriales de la costa sean expropiados y adjudicados a doce
cooperativas que se formaron para tal efecto. De esta operación se contó con un
total de 128 mil hectáreas de dichas empresas y con 27,783 "beneficiarios", entre
técnicos, empleados y trabajadores de campo. La pésima administración de las nuevas
entidades productivas y una aparente crisis económica en el agro, desde 1975 a
entrada la década de los 90?s, terminaron por hacerlas quebrar, acumulando onerosas
deudas en los hombros del Estado.

La solución del régimen fujimorista fue capitalizar las deudas, y vender las
acciones a inversionistas privados, asumiendo el Estado un papel pasivo de
"copropietario". Finalmente, las cooperativas ya en manos privadas la mayoría de sus
acciones, se convirtieron en sociedades mercantiles.

# Concesiones a actividades extractivas

Entre las actividades extractivas que han permitido al gran capital el adjudicarse
tierras en gran escala mediante Concesiones, están la minería, hidrocarburos y
forestal. En el caso de la minería, durante casi la última década los derechos
mineros se han duplicado. Para el año 2008 ya ocupaba una superficie de 16.3
millones de hectáreas, equivalentes al 12.8% de la extensión total del Perú., entre
áreas de explotación y exploración.

Esto les da no sólo un poder económico, sino político, a través de la influencia de
sus lobbys en las máximas instancias del Estado y el gobierno. Es casi seguro que
por cada concesión se haya cometido un "faenón". Todo ello a costa de la vulneración
de los derechos de las comunidades campesinas y nativas a los recursos y la tierra,
que venían ocupando, y gracias a diversas normas que así lo han permitido y lo
seguirán haciendo. Pero el impacto social y ambiental sobrepasa los límites
territoriales de las propias concesiones adquiridas.

Así mismo, los contratos para la explotación de hidrocarburos en la Amazonía cubren
extensas áreas, de hasta 44 millones de hectáreas a diciembre de 2007. Los
territorios con más áreas bajo concesión son las cuencas del Ucayali (23% del total)
y del Marañón (56% del total), respectivamente.

Por ejemplo, Maple que es una de las empresas que más ha invertido en diversas
regiones, planea en esa área producir etanol, y eso a partir de la caña de azúcar en
las plantaciones que posee en el Valle del Río Chira. Es toda una cadena productiva.

Pero a quienes se han dado las mayores concesiones territoriales, -principalmente en
la Selva-, ha sido para la actividad forestal. Las áreas concesionadas para
explotaciones forestales están por encima de los 7.6 millones de hectáreas, que
constituyen casi el 70 % de la superficie total de la Amazonía peruana.

# Producción de agrocombustibles

Desde que se descubrió que los agro-combustibles podían sustituir progresivamente a
los combustibles fósiles -petróleo y sus derivados hidrocarburos, los ojos de las
transnacionales viraron hacia los países productores nuevamente.

La transnacional norteamericana Maple, compró al Gobierno Regional de Piura más de
10,000 hectáreas de tierras eriazas, con derecho a agua. Como ya mencionamos, su
finalidad era tener mayor espacio para sembrar caña de azúcar, necesaria como insumo
para la producción de etanol en las áreas concesionadas que tiene en la selva. En
Piura, Maple ha llegado a ocupar una extensión total de 11,975 hectáreas, gracias a
la adquisición de más tierras a los productores agrarios.

Por su parte, el Grupo Romero, también en Piura, adquirió más de 3 mil hectáreas en
el valle del Chira, con la misma intención que la otra empresa. Tras constituir la
empresa "Caña Brava", adquirió más de 8 mil hectáreas, y ahora busca ampliar su
"latifundio" a 10,000 hectáreas.

El grupo Romero posee grandes extensiones de cultivos de palma aceitera en la selva
alta, destinados tanto al consumo humano, como a la producción de biodiesel, otro
"agrocombustible".

Para tener una idea de la importancia que tiene la palma aceitera, en las empresas
que vienen adjudicándose grandes áreas, cabe señalar por ejemplo, que proyecto
Shanusi, entre Loreto y San Martín, tenía sembradas 8,000 hectáreas hacia mediados
del 2008. Al mismo tiempo, Palma del Espino, en Tocache (San Martín) contaba con
12,000 hectáreas de palmas cultivadas, y con una proyección de 15,000 hectáreas para
el año 2012. Así que los intereses en la adquisición de territorios tienen los ojos
puestos en esas regiones.

# Expropiación y compras de tierras

La legislación que permitió la apertura del mercado de tierras fue dándose
pausadamente durante la década de 1980, para alcanzar un punto culminante con la
llamada Ley de Tierras, de 1995. Pero a pesar de tener una vigencia de más de
catorce años, no parece que el mercado de tierras sea el principal mecanismo del
actual proceso de concentración de la propiedad.

La abundancia de pequeñas propiedades y la falta de saneamiento legal de los
derechos de propiedad, puede desestimular a los inversionistas, quienes tienen de
todos modos la posibilidad de acceder a tierras no ocupadas previamente, como se ha
mostrado líneas arriba.

En Ica el proceso de compraventa de tierras fue atractivo pero la escasez de agua
-aparentemente agudizado por las nuevas empresas agroexportadoras-, impidió que sea
mayor.

Se sabe también que en el valle de Piura se ha generado un mercado de tierras
relativamente activo, Y son los pequeños agricultores los que constituyen el grueso
de los vendedores. Algunas compras conocidas son las efectuadas por el Grupo Romero,
de tierras de la antigua cooperativa.

Huando, en Huaral (alrededor de 500 hectáreas); por Camposol en Piura y Barranca; y
por Complejo Agrícola Beta en Chiclayo (1,200 hectáreas) y Piura (200 hectáreas).
Recientemente, El Grupo Romero ha adquirido del gobierno central y la Región San
Martín 8,000 hectáreas de tierras.

Al amparo de algunos decretos legislativos dados en junio de 2008, las tierras
eriazas de algunas comunidades campesinas que no tenían títulos de propiedad han
sido virtualmente confiscadas por el Estado y puestas en subasta para su compra por
inversionistas. Ese es el caso de las comunidades campesinas de Santa Lucía de
Ferreñafe y Olmos, ambas en Lambayeque.

Epílogo

Todo este panorama nos permite tener una mejor visión de los conflictos sociales de
los últimos años, y una perspectiva de lo que pueden esperar los sectores campesinos
y nativos respecto a la actitud del Estado y la mayor penetración del capital
privado, nacional o trasnacional, en las actividades productivas e industriales, a
costa de la apropiación de los territorios de pueblos originarios e incluso de los
medianos y pequeños propietarios agrarios. Nuevas luchas se avecinan y también ello
exige estrategias diferentes a las hasta hoy empleadas para impedir la acumulación
de la gran propiedad o darle batalla a los expropiadores. Y ello será parte de la
evaluación que haremos en el próximo número. A continuación, algunas conclusiones
preliminares.

-A cuarenta años del inicio del proceso de la reforma agraria promovida por el
régimen militar del general Juan Velasco Alvarado, vivimos un proceso a la inversa,
de retorno del latifundio.

-Pese a que últimamente voceros del alanismo han propuesto un proyecto de Ley que
aparentemente "limita" el tamaño de las grandes propiedades, esto tendrá efectos
adversos hacia la pequeña propiedad, legalizando desde ya algunas concentraciones de
tierras que se han venido gestando en las últimas décadas.

-La concentración de la gran propiedad se está dando en condiciones de crecimiento
de la agroexportación, y principalmente en la costa, se ha visto el resurgir de los
"latifundios".

Modelo económico que centra en el derecho a la propiedad pero paradójicamente
excluye a la mayoría de pequeños propietarios del acceso a la propiedad y a los
recursos naturales en manos de pocos.

-Según ya refieren especialistas en el tema, que han aportado los principales datos
para este informe, estos hechos referidos, "están generando situaciones de abismal
inequidad, similares a las que se vivían en el Perú antes de la reforma agraria de
1969. Esta creciente desigualdad es terreno fértil para conflictos sociales y
políticos". (La Revista Agraria (CEPES), Año 11 Nº 119 - Junio 2010, y Año 10 Nº 107
- Mayo del 2009).

Unión Socialista Libertaria - Lima

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