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(ca) Federación Anarquista de Rosario (FAR), Voluntad Nº 4 Coyuntura Resistencia y solidaridad en la calle construyendo un pueblo fuerte

Date Fri, 21 Apr 2017 10:07:43 +0300


Si el año 2016 terminó con un bochornoso brindis entre la CGT y el gobierno, mientras los trabajadores/as sufrían miles de despidos, los primeros meses de 2017 demostraron que no va a ser fácil seguir conteniendo los reclamos por fuera de las calles. Es que la perspectiva de la acción directa como mecanismo para conquistar reivindicaciones es un elemento fuertemente impreso en las tradiciones de lucha de los y las de abajo. En este sentido en el imaginario social siguen presentes las puebladas de la década del 90 y su corolario en las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, un proceso de límite al desarrollo del programa neoliberal, que por otra parte tuvo su expresión en casi toda Latinoamérica. ---- Y aparece claro también que aquellas mejoras que se han conquistado no han sido fruto del beneplácito de los gobernantes de turno sino de la decidida lucha y organización de los y las oprimidas. Las medidas que el gobierno Kirchnerista hacía aparecer desde su propaganda como mejoras de carácter social fruto de su orientación política, en realidad no eran más que expresión de una determinada relación de fuerzas entre las clases sociales.

En este marco el rol de garante de la paz social en el que está ubicado el papa en coordinación con un sector del peronismo, de las organizaciones sociales y de la CGT, no pudo contener el desborde de las jornadas de lucha que se dieron durante el mes de marzo y que desembocaron en el paro general del 6 de abril. Así se evidencia cada vez con más claridad que la orientación que propone Bergoglio, lejos de ser antagónica a Macri, se enmarca en el refuerzo de la estatalidad y las instituciones dominantes.

En el campo de la izquierda también podemos encontrar una intención de canalización institucional de las demandas populares que a su vez encaja con una determinada concepción estratégica. En esta se plantea, a groso modo, que el conjunto de las clases oprimidas acompañen a una vanguardia que instrumentalmente utiliza los resortes del estado para la construcción de socialismo. Estrategia que está por demás de agotada lo que se demuestra en diversos sucesos históricos, algunos recientes como el fin de ciclo de los llamados gobiernos progresistas en latinoamérica.

Esta perspectiva la encontramos por ejemplo en la orientación del FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), donde la mayor parte de su fuerza está puesta en la visibilización mediática de sus legisladores y en el uso instrumental de las organizaciones de base que construyen. Orientación que ha sido además muy influyente por ejemplo en organizaciones que se definían dentro del "autonomismo", y hoy ponen al servicio del aparato electoral sus distintas construcciones.

En la misma línea institucionalista está también el denominado triunvirato piquetero compuesto por el Movimiento Evita, la CCC y la CTEP. Este sector pactó con el gobierno, en diciembre del año pasado, la sanción de la Ley de Emergencia Social. Lo que implicaría, si se implementara, la administración de una obra social, y la creación de un órgano estatal con participación de las organizaciones sociales, llamado Consejo de la Economía Popular. Este acuerdo significa legitimar la precariedad y la exclusión social, continuando el proceso de estatalización y burocratización de las organizaciones sociales que empezó con el gobierno anterior. Además pone un límite a las reivindicaciones para que no puedan ir más allá de lo legal. Inclusive el destino potencial de los recursos en juego con la ley de emergencia social, se volcarían casi en su totalidad en la Provincia de Buenos Aires, marginando una vez más a las necesidades del mal llamado interior del país.

Esta orientación que pone a las organizaciones de lucha como furgón de cola de proyectos electoralistas, venía mostrando sus límites en distintos episodios durante el 2016 y tuvo su expresión más clara en las jornadas de lucha de marzo que obligaron a la CGT a convocar al paro general.

Los miles de maestros/as movilizados/as durante todo el conflicto paritario, los reclamos de las mujeres que vienen marcando una agenda de lucha con una participación popular excepcional, el desborde de las bases que se produjo durante el acto de la CGT en reclamo del paro general, la masiva convocatoria para el 24 de marzo y la participación activa de un sector de las organizaciones en el paro general muestran cómo por abajo se expresa una voluntad de combatir frontalmente el ajuste a pesar de las estrategias que ven en el pueblo sólo un medio para la construcción de poder dentro de las instituciones del estado.

El paro general reclamado por las bases tuvo una característica particular que lo diferencia de los paros realizados al gobierno anterior: las reivindicaciones planteadas afectan al núcleo central de la estrategia de Cambiemos. Esta consiste en toda una batería de medidas apuntadas a atacar las condiciones de vida y de trabajo, con la expectativa de que a mayor explotación haya mayores niveles de inversiones; algo que empieza mal y termina peor para los/las de abajo. Desde los sectores en lucha se busca poner freno a los despidos, superar el techo de las paritarias, entre otras reivindicaciones a pesar de que las cúpulas sindicales quieren poner el eje en la reactivación industrial en coordinación con cámaras empresariales, pisoteando así cualquier atisbo de independencia de clase.

No obstante el gobierno pretende dar un nuevo envión al ajuste. El panorama cada vez más complejo e imprevisible en lo internacional, con la asunción de Trump, que puede complicar la supuesta llegada de inversiones, las posibilidades de endeudamiento externo y el precio de los commodities, perfila a Cambiemos a profundizar medidas de ajuste, incluso, en un año electoral. En este sentido podemos esperar la continuidad de medidas que apunten a la reducción del déficit fiscal como la quita de subsidios al transporte y a los servicios públicos con el impacto en los tarifazos que se vienen sufriendo desde el año pasado.

La represión parece también tomar impulso. Por un lado se vuelve a hablar desde el gobierno de la iniciativa anti-protesta, esta vez para la capital del país. Por otro, los episodios represivos son cada vez menos espaciados y acompañados de discursos mediáticos que los hacen más aceptables para la "opinión pública". Y en lo que hace a la represión preventiva según, datos de CORREPI, se produjo un aumento de la frecuencia de muertos por gatillo fácil desde la asunción de Macri, siendo uno cada 25 horas.

Esto se enmarca en el objetivo estratégico de la represión abierta, necesaria para hacer posible el programa de ataque directo a las condiciones de vida de los/las de abajo y el refuerzo del control social indispensable para contener a las cada vez más grandes franjas de la población que están excluidas. En este sentido no hay que perder de vista la intención del gobierno de realizar la mayor de compra de armamento militar de los últimos 40 años, destinada al "combate al narcotráfico".

La guerra de pobres contra pobres se pone en el foco mediático. Los jóvenes pobres pasan a ser el enemigo público número uno, mientras los/as trabajadores/as se convierten en un "costo laboral" y los jubilados/as en "gasto público", expresado en una circulación de discursos con efectos bien prácticos y materiales. En este sentido el gobierno, con importante ayuda de los grandes medios de comunicación, impulsa una campaña de propaganda ideológica apuntada a legitimar su programa -paradójicamente desde una postura declarada como post-ideológica-, y a profundizar el proceso de fragmentación de la clase oprimida.

Estos cambios en la esfera cultural son necesarios para sustentar una política de ajuste y represión que por sí sola encontraría una resistencia que la haría inviable. Aquí también ubicamos la política del gobierno en referencia a la última dictadura militar. Relativizar el número de desaparecidos, entre otras medidas apuntadas a la reconciliación con los militares, tiene como objetivo atacar un punto nodal de la resistencia como es la lucha por los derechos humanos, además de responder a una inquietud ideológica de su propia base reaccionaria.

Así encontramos medidas que impulsa el gobierno como la baja de la edad de la imputabilidad, o el decreto para expulsar migrantes que están enfocadas a generar un discurso donde se busca a los culpables de los males sociales en los sectores populares. El llamado a "voluntarios" a carnerear la huelga docente junto con un discurso mediático donde la responsabilidad del paro es únicamente de los/las maestros/as, también son expresiones de lo mismo.

Por otro lado el gobierno continúa con la estrategia planteada desde el periodo anterior en referencia al modelo extractivista. Así se expresaron en el comienzo del año una serie de situaciones que ponen de relieve la precariedad del hábitat en donde vivimos los/as de abajo, y que fueron una especie de anecdotario de noticias provenientes del "interior" del país. Las reiteradas inundaciones y aludes, producto del modelo de devastación agropecuaria; los incendios en La Pampa que dan lugar a un sin fin de negocios inmobiliarios especulativos; los ya conocidos derrames de cianuro por parte de las mineras en las aguas de la provincia de San Juan; el avance de proyectos inmobiliarios privatizadores por parte de dueños internacionales y nacionales, que se vienen dando hace décadas en la Patagonia y que ponen en jaque el acceso al agua, la energía y el territorio por parte de quienes habitan allí. Así, es pertinente mirar aquellas luchas (en su mayoría fuertemente reprimidas) que se dieron como respuesta por parte de pobladores y comunidades mapuches organizados, buscando siempre la forma de articular la resistencia en contra de este sistema de dominación.

A diferencia del gobierno anterior que intentó regular moderadamente la renta extractivista, el gobierno de Macri fomenta la concentración económica primaria desregulándola lo más posible al mismo tiempo que desarma el precario andamiaje industrial construido en el periodo anterior. Así se explican, entre otros factores, los miles de despidos y suspensiones en distintas ramas de la industria.

Los resultados en lo social después del primer año de gobierno de Macri son catastróficos: 1,5 millones de nuevos pobres de un total de 13 millones y 600 mil nuevos indigentes de un total de 2.7 millones. La expresión local de un sistema capitalista que produce de manera exponencial, año a año, mayor desigualdad. Los datos a nivel mundial revelan también esta tendencia: el 1% de la población mundial tiene más riqueza que el resto y 8 personas poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas -la mitad de la población mundial-.

En un año electoral y de ajuste es probable que las elecciones funcionen como un freno para la presión hacia los/las de abajo pero también como una distracción para sectores del campo popular que concentraran lamentablemente sus energías a la disputa dentro del sistema, debilitando las posibilidades de lucha y unidad por abajo.

Por eso, una de las tareas del año será seguir fortaleciendo la perspectiva y el horizonte de construcción de poder popular, con claridad en referencia a lo que el sistema propone con sus mecanismos de dominación que sirven para domesticar las luchas y hacerlas funcionales -en su cercamiento institucional- a un entramado de relaciones sociales que no hace más que reproducir lo esencial del capitalismo.

Sin concesiones, ni posibilismos donde la participación popular permita avanzar, e impidiendo que nuestra lucha sea un instrumento para la construcción de aparatos electorales, defendiendo siempre la independencia de clase.

ES EN LA CALLE DONDE SE CREA UN PUEBLO FUERTE!! EN LA CALLE CONSTRUIMOS PODER POPULAR!!

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