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(ca) Catalunia, embat: Las remunicipalitzacions y los límites de la política institucional - Artículos para el debate

Date Tue, 15 Mar 2016 13:11:43 +0200


En pocos meses se cumplirá un año desde las últimas elecciones municipales, las cuales representaron un gran avance para las confluencias de izquierdas. Uno de los ejes que presentaron estas formaciones durante la campaña electoral fue el de la remunicipalización de los servicios públicos. Un elemento que recogía las demandas de numerosos movimientos sociales a lo largo del país, al tiempo que constituía una de las propuestas más coherentes con la lógica municipalista que guiaba estas candidaturas. ---- Sin embargo, en los meses siguientes a las elecciones, el tema de las remunicipalitzacions prácticamente ha desaparecido del debate, siendo arrastrado en esa zona oscura donde se cruzan política, burocracia, leyes e intereses económicos. Los avances -que sí hay habido- han sido fruto de valiosos focos resistentes, pero sin que todavía podamos vislumbrar en el horizonte la ola promesa de remunicipalitzacions capaz de modificar la correlación de fuerzas.

Cuando hablamos de remunicipalización, nos referimos a un acto político de la mayor relevancia: la recuperación de la propiedad y / o el control de la gestión de los servicios públicos por parte de los Ayuntamientos. Desde principios de este siglo, la remunicipalización se ha convertido en una tendencia cada vez más fuerte a lo largo del planeta, especialmente en sectores claves como el agua, los transportes o la energía. En España, a pesar de algunas experiencias exitosas, antes de mayo de 2015 esta tendencia se había manifestado en una forma más bien débil, debido a fuertes resistencias políticas y económicas.

Las confluencias municipalistas de izquierdas han encontrado este mismo ambiente hostil, lo que ha obligado a muchas de ellas a abandonar remunicipalitzacions oa reducir drásticamente sus objetivos. En el fondo, en España existen sólo dos maneras legales para remunicipalizar un servicio: no renovar el contrato o rescindirlo. Ambas alternativas presentan serias dificultades y riesgos para los Ayuntamientos; situación agravada también por algunas reformas aprobadas por el PP en los últimos años. Por tanto, las dificultades con que se han encontrado los nuevos gobiernos municipales son la expresión de un ambiente político y legal diseñado para desincentivar cualquier movimiento de recuperación de lo privatizado. Es una estrategia común en la política capitalista: aprovechar los momentos de hegemonía para establecer unas reglas que obliguen a futuras fuerzas emergentes a seguir jugando al mismo juego. Y, peor aún, también obliga generalmente a los movimientos transformadores a encerrarse en el objetivo de desmantelar este entramado institucional, abandonando así su vocación innata para superarlo.

El tema de los servicios públicos no es un aspecto secundario, sino que representa un engranaje clave en la lucha contra el neoliberalismo. La privatización y subcontratación de los servicios públicos destruyó uno de los pilares fundamentales del pacto social que había sostenido el Estado del bienestar occidental desde la Segunda Guerra Mundial. Un pacto basado en la moderación salarial de los grandes sindicatos a cambio de políticas destinadas al pleno empleo ya garantizar una serie de derechos sociales universales a través de los llamados servicios públicos. La mercantilización de estos derechos ha roto los equilibrios que habían sostenido la sociedad capitalista de las últimas décadas, sumergiendo a grandes masas de población en la precariedad y las deudas. Algunos de los principales avances conquistados por los movimientos sociales en los últimos años, especialmente en América Latina, están muy relacionados con las luchas por la desmercantilización de estos servicios y su recuperación como derechos universales para toda la población.

Es por estos motivos que desde Embat consideramos la remunicipalización de los servicios públicos como una lucha estratégica y fundamental de cara a la construcción de una sociedad y una economía diferentes . Pero creemos que no es suficiente con limitarse a restablecer la gestión municipal de estos servicios, sino que se hace necesario ir más allá y reconfigurar los mecanismos de gestión de lo público. El terreno está abonado para abrirse a la experimentación y provocar una democratización radical de estos sectores, con la participación de trabajadores, usuarios ya la comunidad en general. Por otra parte, tampoco tiene sentido replicar los mecanismos individualistas característicos del liberalismo, lo que implica la necesidad de recuperar las lógicas colectivas del mundo popular. El ciudadano-elector aislado nunca podrá asumir la tarea de gestionar colectivamente la economía. Es el pueblo, a través de sus organizaciones sociales, que debe constituirse como contrapoder frente a las instituciones.

Últimamente, se ha hablado con frecuencia de un supuesto "techo de cristal" que impediría que las reivindicaciones de los movimientos pudieran transformarse en realidad sin la existencia de un interlocutor favorable desde la esfera institucional. Pero, considerando las dificultades encontradas por los gobiernos municipales en cuanto a las remunicipalitzacions, es justo afirmar que en el caso de las instituciones existe un "techo de cemento" extremadamente difícil de taladrar. Un entramado económico y jurídico diseñado para anular cualquier potencial transformación que se escape de los límites establecidos. Por el contrario, la movilización social no se encuentra ligada a estas limitaciones. Su naturaleza misma es la de desobedecer y forzar las reglas para crear un juego nuevo.

La superación de estos mecanismos sólo puede conseguirse a través de un Movimiento Popular organizado que siga levantando sus banderas, consciente de que sus reivindicaciones siempre generarán conflicto independientemente de quien gobierne. Es necesario asumir el conflicto como un elemento natural de la movilización, causado por la inevitable confrontación que se produce bajo el capitalismo entre las instituciones y el mundo popular. En definitiva, para avanzar en la remunicipalización de los servicios públicos es necesario retomar el embate desde abajo. Sin esta presión popular los nuevos gobiernos municipales se verán solos e impotentes para romper las barreras impuestas y desarrollar transformaciones de gran alcance.

En la década de los 70, se decía con frecuencia entre las izquierdas que era diferente conquistar el Gobierno que alcanzar el poder. Hoy en día, que los Estados son más despojados de su soberanía, este poder se encuentra cada vez más lejos de los gobiernos, tanto centrales como municipales. Por ello, el protagonismo del Movimiento Popular en la actualidad es, incluso, más determinante para canalizar las transformaciones sociales. Ganar elecciones puede generar un ambiente propicio para ciertas reivindicaciones, pero de ninguna manera puede sustituir la movilización social. El Poder Popular no se encuentra a los Ayuntamientos ni a los Parlamentos, sino en las calles, en los centros de trabajo, en los barrios, y, en definitiva, en todos aquellos espacios de la vida cotidiana donde la organización sea posible. El ejercicio del Poder Popular siempre tensará las relaciones con las instituciones, por más afines que sean los gestores de estas instancias. Renegar de este contrapoder por temor al conflicto es la muerte del Movimiento Social, lo que no le hace ningún favor ni a las clases populares, ni a los ayuntamientos del cambio.

J. Marinello, militante de Embat del Vallés Occidental.

http://embat.info/les-remunicipalitzacions-i-els-limits-de-la-politica-institucional/
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