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(ca) FAY - Tierra y Libertad #331 - Consulta envenenada

Date Sun, 28 Feb 2016 18:32:03 +0200


En un reciente acto electoral, uno de los posibles candidatos a la presidencia de los Estados Unidos ha declarado cándidamente: "Estamos perdiendo a mucha gente por culpa de internet, y debemos hacer algo. Tenemos que hablar con Bill Gates y con otras personas que entiendan lo que de verdad está sucediendo. Debemos hablar con ellos y, en ciertas áreas, tendremos que cerrar de alguna manera este internet". La declaración ha suscitado una oleada de comentarios, principalmente irónicos, ya que el personaje en cuestión parece más un charlatán televisivo de baja calidad que un político, olvidando que en los Estados Unidos han llegado a ser gobernadores de Estado importantes charlatanes, e incluso presidentes actores poco dotados. Pero, como se suele decir, esta es otra historia, ya que hay peligros más consistentes y puede que más cercanos acechando la libertad de comunicación que todavía, al menos en parte, está garantizada por la Red.

No es precisamente la primera vez que la Comisión Europea, compuesta de peligrosos burócrata-saurios, se despierta y lanza propuestas que amenazan con convertirse en mucho más dañinas que las salidas de tono de un aspirante a presidente. A finales del pasado mes de septiembre se publicó en la Red un sondeo, de esos que se llaman "consultas", para recabar la opinión del público a propósito de argumentos que tienen que ver con el funcionamiento de las "plataformas", es decir, de servicios usados comúnmente en internet (YouTube, Twitter, etc.) y con los datos que transitan por ellos.

El cuestionario es bastante largo (más de cuarenta páginas) y algunas de las preguntas no son fáciles ni siquiera para quien utiliza diariamente la Red; leyéndolas, parecen encaminadas más a cuestiones que tienen que ver con los derechos de autor y la responsabilidad de los diferentes servicios ante los contenidos que se publican. Varios gobiernos están pensando desde hace tiempo en culpabilizar a las sociedades que gestionan servicios en la Red por los materiales que sus usuarios ponen online. Por ejemplo, hacer de manera que, si se publica una película en un sitio web, sea perseguido por la ley quien gestiona el servidor en el que está situada la web, y no solo quien materialmente ha puesto a disposición de todo el mundo material protegido por los derechos de autor.
La sección de la "consulta" dedicada a este género de argumentos tiene un título que ya es todo un programa: "Contraste entre contenidos ilegales y responsabilidad de los intermediarios online". Lo primero que se pregunta es si la situación actual, regulada por la Directiva sobre el Comercio Electrónico en la Unión Europea, ha funcionado o influido de modo negativo en el mercado. Después, si el concepto de "mero intermediario técnico" es bastante claro e interpretado homogéneamente y si las últimas tendencias, como la "nube", no requieren algún ajuste normativo. Y, finalmente, qué relación debe existir entre quien pone a disposición un contenido y quien proporciona la estructura técnica para hacerlo, a la luz de la legalidad del material publicado. Parece evidente, incluso sin continuar con la enumeración de las preguntas, cuál es el objetivo final de este sondeo, es decir, conocer la opinión de quien responde antes de proponer una normativa que prevea la responsabilidad solidaria entre quien publica material ilegal y quien lo permite. Estas normas se traducirían, por la fuerza de las cosas, en un control preventivo de todo lo que se quiere publicar online por parte de quien facilita el servicio. Sin embargo, será difícil aplicar de un día para otro una ley de este tipo a todos los servicios y por eso, probablemente, serán castigados en primer lugar los más controlables, y solo después los demás.

Lo que los bien pagados funcionarios de la Unión Europea no saben o fingen no saber es que cierto contenido puede ser ilegal en un país y legal en otro, pero que la Red se ve de igual manera en todo el mundo. Este género de problemas ya se ha planteado cuando, siempre en el ámbito europeo, han decidido que Google debía quitar de sus páginas, por petición, los enlaces caídos en el olvido. El único resultado de esta estúpida norma es que así hay que acordase de usar la versión del motor de búsqueda internacional y no la del propio país para seguir teniendo a mano todos los resultados de la búsqueda sin omisiones de ningún tipo. Pero de este género de contradicciones no hay que maravillarse, en el "cuestionario" citado hay también una sección sobre la temporalidad de los servicios online y otra sobre el copyright, argumentos que son objeto de una proposición de ley, siempre de la misma Comisión, publicada el 9 de diciembre, cuando todavía no se habían escrutado las respuestas a las preguntas sobre estos temas.

El riesgo mayor es que en el futuro quienes proporcionan los servicios se conviertan en jueces de cómo, cuándo y cuánto se pueda ejercer la libertad de expresión. Un riesgo que sería peor que la "clausura" de internet.

Pepsy

http://www.nodo50.org/tierraylibertad/331articulo8.html
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