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(ca) [México] Demandan justicia , a un año de la represión en San Salvador Atenco

Date Thu, 3 May 2007 19:34:08 +0200 (CEST)


[DE LA PRENSA BURGUESA]

"La Jornada", jueves 3 de mayo de 2007.

1. San Salvador Atenco:
- Demandan justicia, a un año de la represión en San Salvador Atenco. -
Recuento de los daños.
- Aún en prisión, 28 atenquenses.
- En la impunidad, los excesos policiacos, denuncian organismos
internacionales.

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SAN SALVADOR ATENCO
***************************

La investigación de la Corte, única opción para que se castiguen los
excesos policiacos

Demandan justicia, a un año de la represión en San Salvador Atenco

EMIR OLIVARES , ISRAEL DAVILA , JAVIER SALINAS REPORTERO , CORRESPONSALES

A un año del ataque contra San Salvador Atenco por parte de autoridades
federales y del estado de México con el argumento de desalojar la
carretera Texcoco-Lechería bloqueada por el Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra (FPDT) en protesta porque no se permitió a varios floristas
vender sus productos en el mercado Belisario Domínguez, los "excesos" en
los que incurrieron elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la
Agencia Estatal de Seguridad (ASE) -documentados incluso por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y varias ONG- no han sido
castigados como se demandó.

A la fecha ningún policía ha pisado la cárcel al acusárseles de delitos no
graves; uno fue sancionado por "actos libidinosos" y a 21 se les sigue
proceso por "abuso de autoridad".

Mientras, de los 207 detenidos que dejó la incursión policiaca al poblado
los días 3 y 4 de mayo de 2006, 28 siguen presos y 146 más con procesos
judiciales en su contra. Además de que a 12 meses de distancia el proceso
penal continúa "estancado" con la ratificación de la denuncia por parte de
los policías que dicen haber sido agredidos.

Pese a que la CNDH y organismos nacionales e internacionales de defensa de
las garantías acreditaron dos muertes, 26 violaciones sexuales y decenas
de torturas por parte de los policías en contra de los pobladores, y
exigieron el "total esclarecimiento y sanción penal" a los responsables de
esos delitos, a 365 días de los hechos los culpables siguen "impunes".

El 3 de mayo integrantes del FPDT bloquearon la carretera federal para
protestar luego de que autoridades de Texcoco impidieran a una docena de
floricultores vender sus productos en el mercado municipal. Autoridades
estatales intentaron desalojar a los ejidatarios, lo que ocasionó
enfrentamientos entre civiles y policías estatales, con un saldo de 100
atenquenses detenidos, docenas de policías heridos y tres uniformados
retenidos por los pobladores de Atenco.

La madrugada siguiente entraron en acción la PFP y la ASE ingresaron al
poblado con el presunto propósito de liberar a los policías
"secuestrados"; sin embargo, imágenes fotográficas y de video, testimonios
de los ejidatarios y organismos de derechos humanos corroboraron los
"excesos" en los que incurrió la fuerza pública.

Diversas ONG acreditaron que durante el ataque a esos municipios los
elementos de la PFP y de la ASE incurrieron en "tratos crueles,
degradantes, tortura, agresiones y violaciones sexuales equiparadas y
asesinatos"; además de detenciones ilegales y cateos a decenas de hogares
sin orden judicial, entre otros delitos.

El saldo final de ese par de días fue de 207 personas detenidas; dos
jóvenes muertos por las acciones de los policías: Javier Cortés Santiago,
de 14 años -el día 3 de mayo por bala de pistola calibre 38-, y Alexis
Benhumea, estudiante -quien murió un mes después del operativo debido a
que un cartucho de gas lacrimógeno se le incrustó en la cabeza-, así como
26 mujeres violadas sexualmente, y decenas de torturados.

Ante esto, los afectados por esos hechos demandan castigo a los
responsables materiales e intelectuales de esos delitos y la libertad de
quienes aún están presos. Sin embargo, la justicia no ha sido impartida,
pues a la fecha sólo 21 uniformados estatales, de los más de 2 mil -de
ambas corporaciones- que participaron en los operativos de represión se
encuentran sujetos a proceso penal por "abuso de autoridad", y uno por
"actos libidinosos". Ninguno de ellos ha pisado la cárcel debido a que
fueron acusados de delitos no graves.

En lo que toca a la autoridad federal, la Secretaría de Seguridad Pública
-en ese entonces a cargo del actual procurador general de la República,
Eduardo Medina Mora- rechazó en noviembre pasado la recomendación del
ombudsman nacional con el argumento de que los elementos de la PFP no
incurrieron en uso excesivo de la fuerza ni en tortura, y que sólo
reaccionaron "en legítima defensa para repeler agresiones infligidas por
manifestantes en contra de bienes de terceros ajenos al conflicto, bienes
de la nación, seguridad de personas privadas de su libertad, de población
en general y de la seguridad de los elementos de la propia corporación".

Aunado a ello, el pasado miércoles 25 de abril se dio a conocer que los
nombres e identidad de los elementos federales que participaron en la
represión en Atenco no se conocerán en al menos 10 años, pues el Instituto
Federal de Acceso a la Información ratificó el argumento de la PFP de que
difundir esa información "vulneraría la seguridad personal" de esos
elementos.

De manera administrativa, sólo se ha sancionado a 25 agentes de la ASE; la
contraloría estatal comprobó actos graves únicamente imputables a cuatro
policías, a los que dio de baja por haber agredido a un camarógrafo de
Televisa el día de la refriega, y al resto, quienes cometieron "excesos"
contra los pobladores, sólo se les suspendió 90 días. Además, ningún alto
mando de la policía estatal fue cesado de su cargo tras el ataque a
Atenco.

Una de las últimas opciones en la que los afectados confían para "acceder
a la justicia" fue la creación de la comisión especial para el caso creada
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos meses.

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Recuento de los daños

Día 2. Ignacio del Valle, líder del FPDT, y representantes de los
floristas dialogan con autoridades de Texcoco para que se les permita
vender en el mercado.

3. No se permite la venta de flores. Primeros enfrentamientos entre
policías y lugareños por un bloqueo. Muere Javier Cortés.

4. La PFP y la ASE irrumpen en el municipio, golpean y torturan a cientos
de personas; hay más de 110 detenidos.

6. Se denuncian violaciones sexuales en contra de las mujeres detenidas.

10. El Centro Prodh presenta un informe y un video en el que se acredita
la represión durante el operativo.

17. Mujeres abusadas sexualmente presentan una denuncia formal.

Junio

7. Muere Alexis Benhumea.

9. Agraviados presentan denuncia por tortura ante la PGR.

26. La CCIODH acredita violaciones a los derechos humanos.

Julio

1. El FPDT solicita que la SCJN cree una comisión que investigue el caso.

31. El ministro Genaro Góngora hace suyo el caso y solicita la
investigación en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Octubre

16. La CNDH presenta su recomendación sobre el caso, dirigida al gobierno
del estado de México, la SSP federal y el Instituto Nacional de Migración;
entre otros abusos, acredita "tortura y tratos crueles y degradantes,
violación sexual a 26 mujeres y la muerte de dos personas".

Noviembre

12. La CNDH denuncia que la SSP federal no aceptó la recomendación, por lo
que asegura que Medina Mora "permitía la impunidad" por los abusos en
Atenco.

Febrero de 2007

14. Un juez federal otorga amparo a detenidos y declara incompetente al
magistrado que conoce del caso, por lo que el proceso tiene que ir a
Texcoco. Semanas después, un tribunal colegiado ratifica esa decisión.

23. El presidente Felipe Calderón se refiere por primera y única vez al
caso ante el presidente de la CNDH; se dice dispuesto a investigar las
"violaciones o presuntas violaciones" en el caso Atenco.

Abril

14. Quedan libres dos mujeres detenidas.

Mayo

1. Se cumplimenta el traslado de 11 detenidos a Texcoco.

Con información de Emir Olivares, Israel Dávila y Javier Salinas

------------------

Mantienen a Ignacio del Valle en penal de alta seguridad

Aún en prisión, 28 atenquenses

ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL

Un año después de la incursión policiaca a San Salvador Atenco, donde
fueron detenidas con brutalidad 207 personas, entre ellas ocho menores de
edad y cinco extranjeros -que posteriormente fueron deportados a sus
países de origen-, aún hay en prisión 28 personas, tres de ellas en un
penal de máxima seguridad.

A 12 meses de los acontecimientos, 174 personas se encuentran sujetas a
proceso penal, por los delitos de secuestro equiparado, ataques a las vías
generales de comunicación, ultrajes, lesiones y portación de arma
prohibida. Tras el operativo, la Procuraduría General de Justicia del
estado de México consignó a 192 personas, por lo que se abrieron tres
causas penales.

Ignacio del Valle Medina -líder del Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra (FPDT)-, Felipe Alvarez Hernández y Héctor Galindo fueron
considerados por las autoridades como sujetos de alta peligrosidad, por lo
que el gobierno del estado convino con la Federación en que los tres
permanecieran en el Centro Federal de Readaptación Social numero 1,
Altiplano, en Almoloya de Juárez, para evitar que desde la prisión puedan
orquestar otro movimiento similar en San Salvador Atenco.

En la primera causa, radicada en el juzgado primero penal de Toluca, a
cargo de Alfredo Blas Hernández, se acusó a Del Valle, Alvarez y Galindo,
recluidos en el penal del Altiplano, de secuestro equiparado por la
retención ilegal de funcionarios mexiquenses entre febrero y abril del año
pasado. En esta causa también están acusados América y Josefina del Valle,
hija y hermana del líder del FPDT, así como Adán Espinoza y Bernardino
Cruz Cardona, quienes para la autoridad aún son prófugos de la justicia.

A los detenidos en el penal del Altiplano se les siguió un proceso penal,
el cual cerró el pasado 11 de abril, y a más tardar el 8 de mayo el juez
dictará la sentencia correspondiente.

La segunda causa penal fue la 95/06 del juzgado primero penal de Toluca,
en contra de los floristas Arturo Sánchez Romero, Martha Patricia Romero
Hernández y Raúl Romero Macías, a quienes se les imputaron los delitos de
portación de arma prohibida (machete), ultrajes y lesiones, en agravio de
nueve policías.

La tercera, la que aglutina a la mayoría de los detenidos, es la 96/06 que
instruye el juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado Salazar. Esta
última se inició por la consignación de la averiguación previa que levantó
la procuraduría por los enfrentamientos entre pobladores de Atenco y
policías federales y estatales.

A 189 personas se les acusó de delincuencia organizada, secuestro y
ataques a las vías generales de comunicación. Tras el análisis, el juez
resolvió que en 17 casos no había elementos para procesar, por lo que
dictó la libertad inmediata del mismo número de personas. A 170 determinó
procesarles por ataques a las vías de comunicación y a 23 por secuestro.
En suma, serán 172 los procesados, ya que en 21 casos se imputaban los dos
delitos a la misma persona.

Gracias a la promoción de amparos, 41 de los 171 procesados en esta causa
han logrado que sus juicios sean enviados a Texcoco, para que allá se
concluyan los procesos y se les dicte la sentencia correspondiente.

La justicia federal ha declarado que el juez Maldonado Salazar es
incompetente para conocer de los procesos, ya que los hechos ocurrieron en
el distrito judicial de Texcoco, donde deben ser procesados los detenidos.
El juez primero de Texcoco ha aceptado a la fecha 14 expedientes.

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"Nos preocupa el silencio de este gobierno; mandamos mensajes y no hay
respuesta"

En la impunidad, los excesos policiacos, denuncian organismos internacionales

VICTOR BALLINAS

A un año de que en San Salvador Atenco las corporaciones policiacas -del
estado de México y federales- cometieron graves
violaciones a los derechos humanos, que van desde homicidios, torturas,
violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y cateos, durante los
operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, los hechos "continúan en la
impunidad", sostienen Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Civil
Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH).

Ambas organizaciones internacionales denuncian que a un año de los hechos,
apenas "unos pocos policías han sido sancionados por la vía
administrativa. Hasta hoy no se han realizado acusaciones formales contra
los responsables de los homicidios de los jóvenes Francisco Javier Ortiz
Santiago y Ollín Alexis Benhumea, y tampoco se ha hecho justicia contra
los abusos sexuales y violación de mujeres".

La presidenta de Amnistía Internacional, sección México, Liliana
Velásquez, manifestó que "vemos con preocupación las serias
irregularidades en los procesos penales que se adelantan en contra de
decenas de personas acusadas de haber participado en esos hechos de
violencia".

Abundó que el caso de la indígena mazahua Magdalena García Durán "es
emblemático, porque a pesar de la falta de evidencia en su contra y con
base en una serie de violaciones al debido proceso y al derecho a un
juicio justo, se le mantiene en prisión. Ella ha sido adoptada por AI como
presa de conciencia".

Liliana Velásquez resaltó que "a un año de estos aberrantes sucesos no
tenemos nada bueno que decir, como en tantos otros casos nos hemos dado
cuenta de que no se ha hecho justicia; los responsables no han sido
llamados a cuentas, y en cambio vemos cómo a las personas detenidas se les
realizan procesos sin acceso a juicios justos. En todos los casos hemos
demandado acción clara de las autoridades, pero nos preocupa el silencio
de este gobierno -el de Felipe Calderón- sobre el caso. Le hemos mandado
mensajes y no tenemos respuesta. El gran reto es acabar con la impunidad".

En tanto, la CCIODH denunció que a un año de ocurridas estas graves
violaciones a los derechos humanos, no se ha hecho justicia. A pesar de la
denuncia presentada por 14 mujeres ante la Procuraduría General de
Justicia del estado de México por abusos y violación sexual, hasta el
momento sólo se ha procesado a un policía por el delito de "actos
libidinosos", pero está pendiente su sentencia.

En el caso de las cinco personas extranjeras expulsadas, permanece la
sanción mediante la cual se les prohíbe el regreso a México a pesar de las
evidentes irregularidades cometidas en el proceso de repatriación por las
autoridades migratorias.

La CCIODH subraya que está pendiente el cumplimiento de la recomendación
que por el caso emitió la Comisión Nacional los de Derechos Humanos, pero
también las recomendaciones de Amnistía Internacional y las de la propia
comisión civil.
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