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(ca) [México] Denuncian plan represor del gobierno de Oaxaca

Date Mon, 25 Jun 2007 20:04:32 +0200 (CEST)


[de la prensa burguesa ("La Jornada", lunes 25 de junio de 2007)]

El conflicto en el municipio San Miguel Aloápam, en la Sierra Norte de
Oaxaca, forma parte de la estrategia del gobierno del estado contra los
movimientos sociales independientes, denunciaron tanto las organizaciones
pertenecientes a la otra campaña en la entidad como la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca (APPO). No se trata de un caso aislado. En días
recientes, en diversas formas, también se han suscitado agresiones,
detenciones y amenazas en Xanica, Totolapa y la zona metropilitana de
Oaxaca.

Ante la exigencia al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz por las autoridades
priístas de San Miguel Aloápam, así como de grupos paramilitares,
talamontes y empresas explotadoras de los bosques, para que "solicite la
entrada del Ejército" a San Isidro Aloápam, "con la mentira hecha pretexto
de que los vecinos de San Isidro están armados y que el Ejército debe
entrar a 'desarmarlos'", tanto la APPO como la otra campaña están en
alerta.

Las autoridades de San Miguel Aloápam "han actuado con el total apoyo del
gobierno del estado, incluyendo la facilitación de la policía preventiva
del estado para agredir a las mujeres de San Isidro", denunció el
colectivo Todos Somos Presos. "Las autoridades de San Miguel mienten ante
los hechos del 18 de junio. Dicen que fueron emboscados por pobladores de
San Isidro y que les mataron a sus gentes. Ellos fueron armados, ellos
invadieron el bosque para seguir talando el bosque, ellos golpearon y
torturaron a los detenidos y detenidas".

Está documentado en diversos testimonio que la violencia en ese municipio
zapoteco el 18 del presente fue desencadenada por el presidente municipal
Fidel Cruz Pablo, quien extrajo una pistola "de entre su ropa" y comenzó a
disparar contra los campesinos de San Isidro que pretendían defender los
bosques, cuando un numeroso grupo de priístas antorchistas y de la CNC,
muchos de ellos armados, llegó al lugar conocido como Iyu Ziuni.

"Las autoridades que supuestamente debieran cuidar los bosques provocaron
esta situación al otorgar un permiso a una de las partes para talar en el
territorio en conflicto", insistió la otra campaña. "No se trata de una
lucha entre pueblos indígenas, sino por la defensa de los bosques, la
tierra, la autonomía", la cual ha sido "brutalmente reprimida". Los
comuneros de San Isidro Aloápam forman parte del Consejo Indígena Popular
Oaxaqueño (CIPO-RFM), integrante de la otra campaña, y se insiste en que
"no están armados". Según los colectivos adherentes a la Sexta declaración
de la selva Lacandona, se trata sólo de "un pretexto para justificar una
masacre".

Las demandas de la otra campaña en Oaxaca son: "que no entren los
militares a agredir a los pobladores de San Isidro; libertad inmediata a
los detenidos y detenidas (Juana Morales Pérez, Juventino Cruz Pérez,
Eutimio Méndez López, Anastasio López Pérez, Artemio Pérez Cruz y Santos
Pérez Cruz); cancelación de las órdenes de aprehensión contra Joaquín
López Cruz, Pablo López Alavés y Marcelino Méndez Méndez, habitantes de
San Isidro, y alto a las amenazas y acusaciones contra Dolores Villalobos
Cuamatzi, integrante del CIPO-RFM.

Escalada contra la asamblea de pueblos

Por su parte, la APPO denunció la agresión contra San Isidro Aloápam como
parte de la escalada contra el movimiento social oaxaqueño. "Es
responsabilidad de los funcionarios de gobierno por la corrupción que les
genera millonarias ganancias destruyendo los bosques al permitir su
explotación para las grandes empresas papeleras. Conafor, Semarnat,
Profepa y el gobierno de Oaxaca, en lugar de propiciar la solución a los
problemas comunitarios, han abonado a través de grupos de choque las
injusticias. Detrás de estos problemas se encuentran personajes cercanos a
Ulises Ruiz Ortiz, como Bertha Ruth, quien asesora a la comunidad de San
Miguel y es ex funcionaria de la procuraduría estatal, y Adrián López
Cruz, ex edil de San Miguel Aloápam y candidato a diputado del PRI por la
sierra norte". Según la APPO, "sobre este caso ha habido una intención de
sesgar la información para desvirtuar los hechos".

Junto con estas agresiones a las comunidades, la APPO señala que se
libraron nuevas órdenes de aprehensión contra miembros de su consejo
estatal "y se intensifica la militarización en zonas como Totolapa y en
todo el territorio; no es casual que en las comunidades donde se
encuentran comunidades que militan o simpatizan con la APPO se estén dando
los problemas".

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