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(ca) [Mexico, Oaxaca] Denuncia la APPO hostigamiento militar

Date Sat, 27 Jan 2007 20:52:32 +0100 (CET)


"La Jornada", México, edición del 27 de enero de 2007.

Usan retenes antinarcos para identificar activistas

Denuncia la APPO hostigamiento militar

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 26 de enero. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APPO) denunció que soldados del Ejército Mexicano hostigan e intimidan a
sus miembros en los retenes instalados en la carretera costera durante las
acciones que realizan con policías en los límites con Guerrero para
detener a presuntos narcotraficantes e incautar armas, ante el reciente
crimen de cuatro personas en Puerto Escondido.

"También andan tras compañeros del movimiento magisterial y popular",
afirmó Florentino López Martínez, uno de los voceros de la APPO. Dijo que
los soldados han instalado puestos de revisión en inmediaciones de Río
Grande, Tututepec, Santiago Jamiltepec y Pinotepa Nacional, "pero no
solamente para buscar drogas o armas sino también para tratar de
identificar" a militantes y simpatizantes de la APPO.

Además de impedir el tránsito, asentó, "violan los derechos políticos,
porque al detener los vehículos, a muchos compañeros se les ha decomisado
propaganda y documentos" del movimiento magisterial y popular, "e incluso
sus identificaciones".

"Es mentira que sólo están persiguiendo a los narcos; intimidan y hostigan
a los compañeros por pertenecer a la APPO, y los amenazan con que los van
a detener y llevar al campo militar por traer carteles o algún escrito",
remarcó.

Demandó al gobierno federal detener esta "nueva campaña represiva" contra
los miembros y simpatizantes de la APPO por violar las garantías
individuales dispuestas en la Constitución. Pues, subrayó, la APPO "no es
un movimiento armado, sino eminentemente político, pacífico, de masas, que
lucha por un cambio en Oaxaca".

Por otra parte, Flavio Sosa Villavicencio, miembro del Consejo Estatal de
la APPO, encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social del
Altiplano, compartió el módulo de máxima seguridad con Osiel Cárdenas
Guillén, uno de los jefes del cártel del Golfo, recientemente extraditado
a Estados Unidos, según informó un pariente que recién visitó al líder
social.

"Platiqué con él y me comentó eso, pero no pudo platicar con Ossiel ni con
otros presos, porque si bien no está incomunicado, su situación es
crítica", señaló.

Sosa, relató, "está en una celda chica y sólo le dan una hora de sol que
utiliza para caminar". Destacó que en el tiempo restante escribe cuentos e
historias, pero nada relacionado con la APPO. "Le pasan hojas para que
escriba, pero siempre y cuando no tenga que ver con el movimiento",
expresó.

Explicó que su familiar se encuentra en buen estado físico y sicológico,
pese a la cárcel. "Ha asimilado estar preso; no está deprimido porque sabe
que está en el penal por participar en una lucha social, por cambiar a
Oaxaca, y no por ser un delincuente", asentó. Mencionó que Sosa sólo se
preocupa por la salud de su madre, Irene Villavicencio, y por su hermano
Erick, preso en el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas, por
haber sido encarcelado sin participar en la APPO. "Me preguntó cómo iba su
proceso, porque no tiene relación con el movimiento y que lo deberían
trasladar a Oaxaca", señaló. En su pueblo natal, San Bartolo Coyotepec,
las policías locales emprendieron un operativo para evitar protestas de
familiares o pobladores durante la transmisión del programa Hoy, de
Televisa.

Decenas de agentes rodearon la casa de doña Rosa, alfarera de fama mundial
ya fallecida, y cercaron los alrededores.

En tanto, la coordinadora en Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de
los Derechos Humanos, Yésica Sánchez Maya, informó que un juez federal
concedió el amparo y ordenó la libertad de dos personas, que habían sido
detenidas por la Policía Federal Preventiva el 2 de noviembre pasado,
cerca de Brenamiel. Juan Crisóstomo Aparicio García y Juan José Flores
Hernández se encontraban presos en el penal de Cuicatlán, acusados por el
juzgado mixto de primera instancia de ese distrito de los delitos de
sedición, asociación delictuosa, resistencia de particulares y ataques a
las vías de comunicación. Ante ello, dijo, es evidente la utilización
facciosa de los órganos de procuración y administración de justicia, como
política del gobierno de Oaxaca para criminalizar la protesta social y
acallar las voces que demandan la dimisión de Ulises Ruiz. "Lo que ha
hecho el Poder Judicial de la Federación es resolver conforme a derecho",
señaló.

A su vez, el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
Franciso Martínez Neri, se sumó este viernes a la marcha del sindicato de
trabajadores y empleados de esa institución a la Secretaría General de
Gobierno, para demandar mayor presupuesto. "Ha habido un movimiento social
que ha mostrado las grandes desigualdades, y mientras no se acaben, los
problemas seguirán", señaló el rector.

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/27/index.php?section=politica&article=018n1pol

En la Unidad de Gobierno se dicen abiertos al diálogo con el organismo
internacional

Ahora sí, Gobernación analiza informe de la CCIODH

FABIOLA MARTINEZ

La Secretaría de Gobernación analiza el documento preliminar que elaboró
la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos
(CCIODH), respecto de las violaciones a garantías básicas durante el
conflicto en Oaxaca.

Mario Escárcega Leos, titular de la Unidad de Gobierno de la dependencia
­uno de los responsables del seguimiento del caso Oaxaca­, dijo que en el
gobierno federal están dispuestos a dialogar con la CCIODH y con otros
activistas.

Valoraremos también ­agregó­ el informe del pintor Francisco Toledo,
respecto de lo que se ha advertido como "estado de sitio" y abusos
policiacos.

Con lo anterior, la Gobernación intenta corregir la declaración que emitió
el lunes pasado la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la
dependencia, Carmen Diez Hidalgo, quien descalificó el reporte inicial de
la CCIODH, por ser una organización no reconocida "o con la respetabilidad
de otras tipo Amnistía Internacional".

No obstante, en Gobernación mantienen ­como en la administración foxista­
la tesis de que el pasado 25 de noviembre (cuando más de 200 personas
fueron detenidas) la marcha de la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (APPO) derivó en "actos delictivos".

Gobernación insiste en que no habrá una nueva cita con la APPO hasta que
la comisión negociadora del movimiento popular entregue su propuesta para
la reforma política, económica y social de Oaxaca.

La "reforma del Estado", impulsada por Carlos Abascal, ex titular de
Gobernación, se perfila de nuevo como la estrategia oficial para intentar
solucionar el conflicto y dejar de lado el reclamo central de la APPO, la
salida del gobernador Ulises Ruiz, quien tiene "voluntad de cambio" y no
incentiva la violencia, según Escárcega.

Como se ha difundido en este diario, dirigentes de la APPO y de la
intermediación para el diálogo con el gobierno federal, tampoco han
recibido de la dependencia ninguna muestra de interés por restablecer las
pláticas, aunque los funcionarios afirmen lo contrario.

De los 141 detenidos, la mayoría sin relación con la APPO, fueron
trasladados por petición expresa de Ulises Ruiz a un penal de mediana
seguridad en Tepic, Nayarit. Aunque decenas han sido liberados, según
grupos de defensa de derechos humanos, siguen tras las rejas 60 personas.

Sin embargo, Gobernación espera que sean los afectados quienes documenten
los "excesos" cometidos por las fuerzas federales y estatales.

­¿Revisarán el informe de los observadores internacionales?

­Lo estamos revisando, por eso no hemos emitido ningún pronunciamiento
­dijo Escárcega en entrevista.

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/27/index.php?section=politica&article=017n2pol

Carlos Beas Torres

Una débil mano firme

Hace unos pocos días el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez
Acuña, en una declaración hecha a los medios, repitió un mensaje que de
manera constante ha emitido el presidente Calderón: "Se aplicará la ley y
la mano firme en todo el sexenio".

Este mensaje ha sido parte central del montaje mediático que ha promovido
el nuevo gobierno; a menos de dos meses de haber tomado posesión, son
numerosas las imágenes televisivas donde Felipe Calderón aparece rodeado
de militares y marinos. En un mensaje claro y directo a la ciudadanía,
funda su legitimidad en el presunto respaldo de las fuerzas armadas; a
falta de legitimidad democrática, la violencia institucional y la fuerza
del Estado son hasta ahora su principal soporte.

Costosos y poco efectivos han sido los operativos policiacos que han
tenido lugar en Tijuana, Michoacán y Guerrero; los resultados obtenidos
hasta ahora no son tan vistosos como lo ha sido el desplazamiento de miles
de policías y soldados. Es claro que más que efectividad se está buscando
proyectar una imagen de fuerza y de contundencia.

Sin embargo, ahora que la Comisión Civil Internacional de Observación de
Derechos Humanos concluyó la primera etapa de su investigación sobre las
graves violaciones a los derechos humanos de cientos de ciudadanos
oaxaqueños, y que como resultado de la misma se demuestra que los
responsables de delitos de lesa humanidad son los mismos funcionarios
federales y estatales, la mano firme y el estado de derecho se desvanecen
sospechosamente.

Otros organismos nacionales e internacionales de sobrada solvencia han
expresado su preocupación por las graves violaciones a los derechos de la
población, las cuales han ocurrido a lo largo del segundo semestre de
2006, y que ahora que comienza 2007 se han seguido presentando en Oaxaca.

Apenas han transcurrido tres semanas del nuevo año y ya se han practicado
más de 20 detenciones arbitrarias y se ha impedido de manera violenta la
realización de actos públicos garantizados por la Constitución federal. En
Oaxaca, las autoridades locales siguen violando los derechos
constitucionales y mantienen un estado de excepción que cancela los mismos
y ello es delito.

En Oaxaca se han cometido y se siguen cometiendo todo tipo de
arbitrariedades y atropellos, tales como asesinatos, desapariciones
forzadas, secuestros y detenciones arbitrarias, lesiones, allanamientos de
domicilio, y otros muchos actos de brutalidad gubernamental. Ninguno de
estos hechos, que dañaron y que siguen dañando física y sicológicamente a
miles de ciudadanos y que fueron realizados de manera indiscriminada,
hasta ahora ha sido castigado. Y ello también se configura como delito, y
como un acto de omisión de la ley.

Estos recientes atropellos, ocurridos ya bajo su sexenio, señor Calderón,
violentan la ley, la trasgreden; ¿su mano firme y su respeto al estado de
derecho serán aplicados para sancionar a los responsables de los mismos?

¿O su mano firme sólo servirá para perseguir a ciudadanos que reclaman sus
derechos; para reprimir aquellos que han dicho basta a los atropellos de
los grupos caciquiles que se han apoderado del gobierno en Oaxaca?

Cuando habla usted, señor Presidente, de aplicar la ley sin excepción,
¿ello incluye a los funcionarios de su gobierno relacionados con graves
atropellos cometidos en Guadalajara, Querétaro, Atenco, Lázaro Cárdenas o
Oaxaca?

Hasta ahora los hechos revelan que el mensaje gubernamental sólo es
demagogia autoritaria, ya que no se percibe la más mínima voluntad de
hacer valer el estado de derecho, el cual tiene como principio el que
todos, todos sin excepción, respetemos las normas y preceptos legales, y
por lo visto la única voluntad gubernamental que existe es la de brindar
impunidad a los responsables de los crímenes cometidos en contra de
inermes ciudadanos mexicanos. Este, precisamente, es el "estado de
derecho" de la derecha.

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/27/index.php?section=opinion&article=021a2pol




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