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(ca) [México] Cercada por policías, la APPO vuelve a la calle

Date Thu, 11 Jan 2007 20:06:32 +0100 (CET)



[de la prensa burguesa]

"La Jornada", edición del 11 de enero de 2007.

1. Oaxaca:
- Cercada por policías, la APPO vuelve a la calle.
- Ulises ordenó que me mataran, afirma Miguel.
- Las vejaciones a appistas deben castigarse localmente.
- Pide Ulises Ruiz a Ramírez Acuña el retorno de la PFP a Oaxaca.


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OAXACA
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Insiste en la dimisión del gobernador de Oaxaca

Cercada por policías, la APPO vuelve a la calle
Exige la liberación de todos los "presos políticos"

El movimiento, "más vivo que nunca", afirma dirigente

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 10 de enero. La consigna "¡Ya cayó, ya cayó, Ulises ya
cayó!" volvió a escucharse por las calles de esta ciudad, durante la
primera protesta del año de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APPO). A pesar de la presencia policiaca, cientos de simpatizantes de la
organización demandaron una vez más la destitución del gobernador Ulises
Ruiz Ortiz, la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP) del estado y
la libertad de todos los "presos políticos y de conciencia".

"Queda una vez más demostrado que este movimiento está más vivo que nunca
y en pie de lucha", afirmó Tomás Martínez Pinacho, del consejo estatal de
la APPO, durante el mitin que se realizó después de la marcha en la Plaza
de la Danza.

En la manifestación participaron parientes de los activistas encarcelados,
quienes formaron el Comité de Familiares de Asesinados, Desaparecidos y
Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo), además de integrantes de
organizaciones sociales, colonos, campesinos, universitarios y profesores
de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE).

"¡Si Ulises no se va, la paz no llegará!", "¡Presos políticos libertad!",
"¡Hombro con hombro, codo con codo, la APPO, la APPO, la APPO somos
todos!", fueron algunas de las consignas que corearon los manifestantes
por las calles y avenidas donde circularon.

La movilización partió aproximadamente a las 17:15 horas de la fuente de
las Siete Regiones, rodeada por decenas de agentes de corporaciones
policiacas locales apostadas en las inmediaciones. De ahí avanzó por la
calzada Porfirio Díaz, continuó por Héroes de Chapultepec, Joaquín Amaro,
Tinoco y Palacios, y Morelos, para terminar en la Plaza de la Danza.

Año nuevo con renovados bríos y valor

En el mitin, Martínez Pinacho manifestó que la APPO "inicia este nuevo año
con renovados bríos y valor", porque el pueblo de Oaxaca "ha vencido al
peor enemigo: el miedo", después de la represión de noviembre pasado.

Por tanto, subrayó, este movimiento no se detendrá "hasta lograr la salida
de Ulises Ruiz, la salida de las fuerzas federales y la liberación de
todos los presos. Ese es el compromiso de lucha de todo el pueblo".
Destacó que la APPO se ha convertido "en el embrión de un cambio
nacional", porque desde Oaxaca "se están gestando las luchas populares
para acabar con los gobiernos tiranos y fascistas".

Antes, el niño Derwin Coache, hijo de Marcelino Coache Verano, integrante
del consejo estatal de la APPO encarcelado en el penal de Cosolapa, exigió
la libertad de su padre, porque "no es un delincuente, sino un luchador
social".

Augusto Reyes Medina, de la dirección de la sección 22 del SNTE, sostuvo
que el magisterio oaxaqueño "sigue en la APPO" a pesar del deslinde del
secretario general, Enrique Rueda Pacheco, pues este movimiento "es de
bases no de líderes". Los profesores asistentes a la marcha respondieron
con un rotundo: "¡Con Rueda o sin Rueda, Ulises va pa' Fuera!"

Reyes Medina destacó que, a pesar de las agresiones de priístas, y ahora
de integrantes de la sección 59 del SNTE, el magisterio de la sección 22
"va a seguir dando la pelea para defender al movimiento magisterial por
estar al servicio del pueblo, no del gobierno".

En el mitin también participaron familiares de los presos políticos,
representantes de la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas Primero de Agosto
y del sector estudiantil de la APPO.

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/11/index.php?section=politica&article=007n1pol


Ulises ordenó que me mataran, afirma Miguel

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 10 de enero. Miguel, uno de los conductores de Radio
Universidad más conocidos cuando esa estación fue manejada por la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), se fue a la clandestinidad ante
la persecución policial y al saber que existe orden de matarlo.

"Me he enterado que el gobierno ha ofrecido a los sicarios cien mil pesos
por mi cabeza y no me puedo dejar matar así por así, porque creo que vivo
le sirvo más al pueblo", dice desde algún lugar de Oaxaca, resguardado por
simpatizantes del movimiento magisterial y popular.

Justifica su ocultamiento y rechaza las acusaciones de un sector de la
APPO de que traicionó al movimiento. Recién graduado de abogado por la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Miguel lamenta que
tenga que esconderse, porque "no es ningún delito participar desde los
micrófonos en la lucha de un pueblo por deponer a un gobierno tirano,
fascista y autoritario.

"El propio pueblo, días antes de que entregáramos la estación de radio, el
29 de noviembre (pasado), me sugirió que me resguardara, pues se supo por
todos lados lo que el gobierno tenía preparado para mí, para la doctora
Bertha Muñoz y otros compañeros, con la finalidad de hacernos trizas."

Dos meses atrás, el 21 de septiembre, presuntos agentes de la policía
municipal ingresaron en la casa donde vivía Miguel, en la agencia de Cinco
Señores, para destrozar y saquear sus pertenencias.

La persecución ha llegado al hogar de su familia en Juchitán de Zaragoza,
en el Istmo de Tehuantepec, donde constantemente preguntan por su
paradero.

Miguel, cuyo nombre completo es Miguel Angel Vásquez Ramírez, refiere que
por conducto de varios porros de la UABJO al servicio del estado se enteró
que el gobierno estatal había puesto precio a su cabeza por haber
conducido un segmento en Radio Universidad.

"Nosotros, el sector estudiantil de la APPO, tomamos la radio el 14 de
junio, después de la represión contra el magisterio, y antes del 8 de
agosto, cuando unos porros sabotearon el transmisor con ácido, ofrecían 50
mil pesos por mi cabeza, al igual que por la de la doctora Bertha. Al
reiniciar las transmisiones, el 17 de octubre, se duplicó la cantidad y
daban cien mil pesos. Por eso nos tuvimos que resguardar", relata.

"Quienes dicen que estoy hospedado en un hotel lujoso, quisiera que vieran
cómo y dónde estoy tratando de sobrevivir a la persecución.
Afortunadamente el pueblo me ha respaldado moral y económicamente para
tratar de salir adelante. Ya me tocará dar la cara nuevamente con la
doctora Bertha y otros compañeros que también están resguardados para
entrar en acción hasta la caída de Ulises Ruiz", afirma.

Agrega: "no podemos estar esperanzados en la mesa de diálogo con la
Secretaría de Gobernación; este movimiento va a triunfar en la medida en
que el pueblo se siga movilizando para demandar la caída del tirano, la
salida de la Policía Federal Preventiva y la excarcelación de todos
nuestros presos".

Miguel se siente triste por no estar en la lucha con el pueblo, sus
compañeros universitarios y con los profesores, pero "ya llegará el
momento en que saldré nuevamente a dar la cara y pienso que será pronto",
concluye.

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/11/index.php?section=politica&article=007n2pol

Prematuro, acudir a la corte de La Haya: especialistas

Las vejaciones a appistas deben castigarse localmente

El gobierno federal "no puede evadir su responsabilidad para garantizar
que se castigue a los responsables", señalan

CAROLINA GOMEZ, LAURA POY

Especialistas en derecho constitucional aseguraron que ante las graves
violaciones a los derechos humanos en el caso Oaxaca, el gobierno federal
"no puede evadir su responsabilidad de investigar los hechos y, en su
caso, garantizar que se sancione a los responsables". No obstante,
organizaciones civiles de defensa de las garantías individuales
insistieron en que antes de recurrir a instancias internacionales, como la
Corte Penal de La Haya, necesariamente deberán haberse agotado ­por
requisito­ todas las instancias judiciales y de procuración de justicia a
nivel nacional.

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para
Todos, afirmó que la inoperancia de las autoridades locales no puede ser
obstáculo para "buscar la aplicación de la justicia en el ámbito
nacional".

Sin afán de restar importancia debido a la "gravedad" que tuvieron los
hechos, los defensores insistieron en que no sería la Corte Penal
Internacional (CPI) de La Haya la instancia a la cual correspondería
analizar el caso, sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), organismo que ya conoce del asunto.

Por su parte, Fabián Sánchez, titular de la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos, aseveró que de acuerdo con los
estatutos de la corte, estos casos "no cumplirían los requisitos de
admisibilidad", pues para sancionar al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz
Ortiz, por delitos de lesa humanidad, tendrían que existir denuncias
penales en su contra, que los jueces hayan fallado a su favor o que se
hayan negado a juzgarlo, y nada de eso ha ocurrido".

Agregó que pese a lo "repudiable" de los hechos, y la necesidad de que se
"castigue con toda la severidad a los culpables", es un "absurdo" el haber
planteado esta posibilidad, sobre todo porque "crea falsas expectativas en
las víctimas".

A su vez, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria, refirió que la iniciativa en cuestión es "buena",
pero dejó en claro que antes "habría que documentar muy bien el caso y
haber agotado todas las instancias de procuración y administración de
justicia, tanto locales como federales", además de contar con los reportes
de organizaciones no gubernamentales (ONG) como Amnistía Internacional y
Human Rights Watch.

Abulia de autoridades

Al respecto, expertos constitucionalistas insistieron en que la
administración federal que encabeza Felipe Calderón Hinojosa, y las
autoridades encargadas de la procuración de justicia, no pueden continuar
en la "abulia" ante testimonios y denuncias de las víctimas, pues tienen
"la obligación constitucional de velar por la seguridad de sus ciudadanos,
pero también por el respeto a las garantías individuales, sin que exista
excusa alguna para evadir este mandato".

Miguel Angel Eraña, especialista en derecho constitucional y catedrático
de la Universidad Iberoamericana, afirmó que "de no imponerse un límite a
estos excesos policiacos ­en contra de integrantes de la Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca (APPO)­ se propiciará una pedagogía del
autoritarismo", y afirmó que una tarea urgente para los legisladores
federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es "promover un
juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, pues antes de
llegar ante la Corte Penal Internacional de La Haya, es necesario agotar
todas las instancias jurídicas nacionales".

Destacó que, además de la responsabilidad penal ante cualquier abuso de la
autoridad y violación a los derechos humanos, también existe una
responsabilidad política y administrativa "por omisión e inacción de parte
de los organismos responsables de procurar justicia y proteger estos
derechos, como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre todo si esta última continúa
sin exigir el esclarecimiento puntual de los hechos".

Al respecto, Eduardo Torres, experto en derecho constitucional de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó que los abusos cometidos
en Oaxaca y Nayarit, "no pueden quedar como un simple testimonio
mediático, cuando es evidente que los compromisos políticos de la
administración calderonista han favorecido la protección, no sólo del
gobernador Ruiz, sino el incumplimiento al mandato constitucional de
proteger a los ciudadanos".

De continuar una visión "de corto plazo" en la administración federal, sin
garantizar el respeto al estado de derecho, se alentará ­insistió­ en
todas las instituciones del país una práctica similar en el uso excesivo
de la fuerza pública y una "total indiferencia hacia los derechos humanos
de los ciudadanos".

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/11/index.php?section=politica&article=006n1pol

Previsiones del mandatario estatal ante un posible reforzamiento de la APPO

Pide Ulises Ruiz a Ramírez Acuña el retorno de la PFP a Oaxaca
Sigilosa reunión de hora y media entre ambos

Gobernación no informó sobre el encuentro

ALMA E. MUÑOZ

El gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, se reunió por
primera vez en Bucareli con el secretario de Gobernación, Francisco
Ramírez Acuña, por espacio de hora y media, aunque se sabe que con
anterioridad ya habían mantenido contacto.

Trascendió que el mandatario estatal acudió para solicitar ­entre otros
puntos tratados­ que se ampliara la seguridad en el estado con elementos
de la Policía Federal Preventiva (PFP), ante la posibilidad de que la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se reforzara tras superar
la etapa de la aprehensión masiva de sus integrantes, a partir de los
hechos del pasado 25 de noviembre.

Ulises Ruiz fue captado por algunas cámaras al momento de salir de la
reunión ­manejando su camioneta Mercedes Benz negra y escoltado por otro
vehículo en el que viajaban sus guardaespaldas­, pero en la Secretaría de
Gobernación no hubo información oficial al respecto.

Resalta el hecho de que el gobernador acudiera con Ramírez Acuña dos días
después de que se ventilaran los casos de abusos sexuales en contra de 15
integrantes de la APPO, por parte de policías federales, cuando eran
trasladados tras su detención en Oaxaca al penal de máxima seguridad de
Tepic, Nayarit.

Además, de que se documentaran en la Cámara de Diputados los hechos y se
informara que legisladores federales del Partido de la Revolución
Democrática presentarán denuncia por los mismos ante la Corte Penal
Internacional, con sede en La Haya

El conflicto, vigente

En Oaxaca fueron enviados, a finales de septiembre, mil 400 elementos de
la PFP, apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación
con la Procuraduría General de Justicia del Estado, y órganos
ministeriales del mismo.

Los policías federales comenzaron a ser retirados de la entidad en
diciembre, cuando se instrumentó la llamada Operación Michoacán, para
combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Entonces, la seguridad en Oaxaca regresó a manos de Ulises Ruiz. Fuentes
cercanas al gobierno de ese estado afirmaron que el mandatario busca
reforzar esta área tras el plan de acción tomado por la APPO, luego de que
en Gobernación se pospusiera la reunión que tenían programada para el
lunes pasado.

Como se recordará, la postergación del encuentro se dio bajo el argumento
de que no tenía caso continuar discutiendo sobre la liberación de presos,
la cancelación de órdenes de aprehensión y la renuncia del gobernador. En
cambio, se les pidió entregar una agenda sobre la reforma del estado de
Oaxaca, para que a su vez la dependencia les entregara una
contrapropuesta.

Desde la pasada administración, en el contexto de la mesa de negociación
con los oaxaqueños, que entonces encabezaba el secretario de la
dependencia, Carlos Abascal Carranza, se iniciaron auditorías a programas
del gobierno de Ruiz Ortiz.

El martes anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó
como anticonstitucionales las reformas a diversos artículos de la
Constitución de Oaxaca, mismos que establecían que los diputados locales y
los miembros de los ayuntamientos estarían en su cargo un año, y que en el
caso del gobernador, el Congreso local designaría a un interino, de 2010 a
2012, con el fin de homologar las elecciones estatales con las federales.

A la salida de Ulises Ruiz de Bucareli, que se produjo alrededor de las
15:30, llegaron a la Secretaría de Gobernación los legisladores panistas
Santiago Creel Miranda, Héctor Larios y Jorge Zermeño, para comer con
Ramírez Acuña. Tampoco se dio información al respecto.

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/11/index.php?section=politica&article=005n1pol


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