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(ca) [Mexico, Oaxaca] Protesta contra vejaciones policiacas a 15 de sus militantes

Date Wed, 10 Jan 2007 22:02:18 +0100 (CET)


"La Jornada", edición del 10 de enero de 2007.

1. Oaxaca:
- Protesta contra vejaciones policiacas a 15 de sus militantes.
- Denuncian en San Lázaro violaciones sexuales sufridas por appistas presos.

2. Chiapas:
- Exigen ONG indagar muerte de cuatro indígenas chiapanecos.

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OAXACA
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Llama a Ramírez Acuña a "no dar la vuelta" al caso

No evadir denuncias por violación, pide la APPO

Protesta contra vejaciones policiacas a 15 de sus militantes

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 9 de enero. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APPO) exigió al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, "no
dar la vuelta" a la denuncia pública de abuso sexual a 15 de sus
simpatizantes, que efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP)
habrían perpetrado durante el traslado de aquéllos desde esta entidad al
penal de San José del Rincón, Nayarit.

El vocero del movimiento popular, Florentino López Martínez, dijo que
Ramírez Acuña "está obligado a responder y castigar a la soldadesca gris,
por incurrir en estos hechos denigrantes y cobardes".

En conferencia de prensa, el portavoz dijo que la denuncia de uno de los
"presos políticos y de conciencia", Christian Cebolledo Gutiérrez,
publicada en La Jornada, "viene a desenmascarar una vez más el proceder
enfermizo de la soldadesca gris" que utilizó el "mismo patrón de
violencia" durante la represión en San Salvador Atenco, estado de México,
en mayo de 2006.

Indicó que esto además confirma las acusaciones hechas por la APPO desde
el arribo de la PFP a Oaxaca, en octubre del año pasado, sobre un
constante hostigamiento sexual a mujeres que pretendían atravesar los
retenes establecidos en los alrededores del zócalo de esta capital.

Citó el caso de una mujer de 48 años de edad, abusada sexualmente por dos
agentes federales en el puesto de revisión situado en Macedonio Alcalá y
Morelos, documentado por organismos civiles de derechos humanos.

Consideró que los abusos cometidos por la Federal Preventiva "muestran
claramente su característica de fuerza de ocupación y fascista", para
tratar de acabar con el movimiento popular en Oaxaca "usando todos los
métodos para imponer el terror".

Ante ello, demandó a Ramírez Acuña castigar a los culpables de los delitos
cometidos y, sobre todo, cumplir los compromisos asumidos con la comisión
de diálogo de la APPO de liberar a todos los "presos políticos y de
conciencia. Los compañeros son doblemente víctimas por estar injustamente
en la cárcel al ser inocentes de todos los cargos imputados, y segundo,
por haber sufrido un delito", asentó.

Por otra parte, al dar a conocer los acuerdos del consejo estatal, López
Martínez dijo que la APPO mantiene su voluntad de dar puntual seguimiento
a sus planteamientos mediante la vía del diálogo, "pero también mediante
movilización pacífica del pueblo, haciendo uso de sus derechos
constitucionales a la manifestación y al libre tránsito".

El dirigente destacó que "son derechos que no están sujetos a negociación
con el gobierno federal, ni mucho menos con Ulises Ruiz".

En consecuencia, exigió garantías de seguridad y de libre tránsito para
las protestas regionales que se realizarán este miércoles en la entidad,
así como para la novena y décima megamarchas, a realizarse el 3 de febrero
y el 8 de marzo próximos, respectivamente.

A la vez, condenó las agresiones de priístas y del gobierno al magisterio
oaxaqueño, y reconoció como la única organización de los maestros de
Oaxaca a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, por lo tanto, repudió la reciente conformación de la sección
59, "al ser un instrumento del Estado para dividir y violentar los
derechos de los mentores pero, sobre todo, para golpear a uno de los
contingentes más importantes de la APPO en la lucha del pueblo".

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/10/index.php?section=politica&article=005n1pol

Familiares y víctimas relatan las vejaciones sufridas a manos de policías
federales

Denuncian en San Lázaro violaciones sexuales sufridas por appistas presos

Diputados del PRD denunciarán al gobernador Ulises Ruiz ante la Corte
Penal Internacional

MARIANA NORANDI

Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se
comprometieron en el Primer Foro Nacional por la Defensa de los Derechos
Humanos en Oaxaca, a denunciar al gobernador de ese estado, Ulises Ruiz
Ortiz, ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Lo anterior se acordó después de escuchar 40 testimonios de familiares de
desaparecidos, "ex presos políticos" torturados y vejados sexualmente, así
como de detenidos en diferentes penales del país.

Entre los testimoniales se denunciaron golpes, insultos, amenazas de
muerte, condiciones insalubres, humillaciones y violaciones sexuales de
que fueron objeto los detenidos en el estado de Oaxaca.

Yolanda Gutiérrez, madre del estudiante de la UNAM Christian Marcel
Cebolledo Gutiérrez, leyó la descripción que hace su hijo de las
"arbitrariedades y abusos cometidos" por elementos de la Policía Federal
Preventiva (PFP), desde el momento de su detención en la ciudad de Oaxaca,
el pasado 25 de noviembre; este testimonio fue publicado ayer por La
Jornada. El joven denuncia que en su traslado de Oaxaca al Cefereso 4 de
Nayarit, fueron violados sexualmente 15 de sus compañeros.

"Bájense las pantaletas"

Carmen Sánchez Cruz, de 23 años, estudiante de arquitectura en la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, fue detenida el mismo día y
trasladada al Cereso de Miahuatlán, en el mismo estado. "Al llegar nos
quitaron nuestras cosas, nos desnudaron y luego nos hicieron hacer
sentadillas a pesar de que íbamos lastimadas. Estuve encerrada 25 días,
sin saber dónde estaba. Los alimentos que nos daban estaban en mal estado.
Cuando nos sacaban de nuestra celda y al entrar en ellas, como requisito,
nos ordenaban bajarnos las pantaletas".

René Trujillo, del sector juvenil de la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (APPO), fue llevado a una casa de seguridad donde denunció haber
sufrido golpes con toletes, toques eléctricos en los testículos, así como
obligado a firmar documentos diciendo que trabajaba para el PRD y que
recibía dinero por participar en el movimiento.

También se denunció que el lunes 27 de noviembre el señor Marcos García
Macedas, consejero del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, fue
"arteramente balaceado cuando regresaba de una reunión de la zona triqui
alta. Recibió cuatro balazos que lo tienen postrado en una cama".

La propuesta de llevar el caso Oaxaca a la Corte Penal Internacional
surgió como iniciativa de la diputada Claudia Lilia Cruz, quien espera
presentarlo la próxima semana. Por otro lado, aseguró que "existen
elementos para establecer los principios que configuran crímenes de lesa
humanidad cometidos (en Oaxaca), para que un juez internacional conozca y
llame a rendir cuentas a los posibles responsables, del nivel político que
sea".

Para ello, los diputados utilizarán como pruebas los 40 testimonios que se
presentaron en dicho foro, el cual se llevó a cabo en el Salón de
Legisladores de la Cámara de Diputados, y contó con una asistencia de 425
participantes. El encuentro reunió a activistas sociales, dirigentes de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, diputados y
senadores del PRD, familiares de presos políticos, presos liberados,
representantes sindicales, miembros de la APPO, del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y del Movimiento de Unidad de
Lucha Triqui.

Ahí se exigió la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, juicio
político a "sus cómplices", que son ­dijeron­ el ex presidente de México
Vicente Fox Quesada y el actual mandatario, Felipe Calderón, y justicia
por la violación de los derechos humanos en Oaxaca, Guadalajara, San
Salvador Atenco, Sicartsa y Pasta de Conchos.

La fracción parlamentaria del PRD apoyó la propuesta de la Liga Mexicana
por la Defensa de los Derechos Humanos, representada por Adrián Ramírez,
de que senadores y diputados soliciten la presencia de miembros de la Cruz
Roja Internacional para que visiten a los presos recluidos en los
distintos penales del país. Por otro lado, también propusieron impulsar
modificaciones legislativas en materia de defensa de los derechos humanos
para que se facilite la obtención de pruebas que permitan juzgar a los
transgresores.

El foro se desarrolló en dos etapas: la primera fue empleada por oradores
representantes de organizaciones de derechos humanos, diputados y miembros
de asociaciones sociales, y en una segunda parte se dio entrada a los
testimonios.

Una de las primeras oradoras fue la senadora del partido del sol azteca
Rosario Ibarra de Piedra, quien expresó que la violación de los derechos
humanos en Oaxaca no es reciente, sino se remonta décadas atrás; la
diferencia es que "ahora envían más militares y no llevan a los presos
políticos a cárceles comunes, sino a reclusorios de alta seguridad".

La legisladora señaló que este foro debe ser "el corazón y la sangre" en
la lucha de los derechos humanos, "pero también el cerebro de lo que
tenemos que hacer". Ibarra finalizó su participación invitando a la
sociedad civil a organizarse, limar asperezas y unirse "en contra de los
malos gobiernos".

Mario Padilla Becerra, representante de la Comisión de Derechos Humanos de
la Asamblea Popular de los Pueblos de México (APPM), comentó que el hecho
de que este foro haya podido realizarse en el Palacio Legislativo "es una
conquista popular para que los diputados, que deben representar al pueblo,
tomen conciencia de que su representado tiene demandas que deben ser
escuchadas en este lugar".

Por otro lado, dijo que en el México actual existe un proyecto de país que
se manifiesta por tendencias autoritarias y represivas, acompañadas de una
creciente y extendida militarización en gran parte del territorio nacional
y en las funciones de las fuerzas armadas, "funciones que rebasan las
establecidas en la letra y el espíritu de nuestra Constitución".

A su vez, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador
Atenco, se solidarizó con Oaxaca. Soledad Ortiz, portavoz de este
movimiento, exigió la libertad de todos los presos políticos del país y
afirmó que los derechos humanos no pueden verse sólo como garantías
individuales, sino colectivas, "porque no vivimos aislados. Los derechos
humanos no pueden pensarse sin los derechos de los pueblos a organizarse,
a seguir sus tradiciones, a conservar su territorio, su cultura como
pueblo, sus usos y costumbres comunitarias", precisó.

Doctora Escopeta

Al foro asistió Berta Elena Muñoz, Doctora Escopeta, locutora de Radio
Universidad durante la etapa más crítica del conflicto en Oaxaca, quien
manifestó que el gobierno federal "finge demencia" ante el problema
oaxaqueño, y los diputados y senadores, como representantes del pueblo, y
no sólo de partidos políticos, "están obligados a defender los derechos
humanos".

Para concluir, el Sindicato Mexicano de Electricistas reiteró su apoyo a
la APPO y, en voz de su líder, Martín Esparza Flores, dijo que la
violación de los derechos humanos no sólo se ve en las cárceles y en la
falta de aplicación de la justicia, sino en las malas condiciones
laborales de los trabajadores.

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/10/index.php?section=politica&article=003n1pol

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CHIAPAS
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Exigen ONG indagar muerte de cuatro indígenas chiapanecos

Matilde Pérez U.

Agrupaciones sociales manifestaron su preocupación por las amenazas que la
Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos
(Opdic) lanzó en contra de Miguel Angel García, fundador de Maderas de
Pueblos del Sureste, y exigieron a los gobiernos federal y de Chiapas que
investigue los hechos violentos durante el desalojo de las familias choles
y tzeltales en el poblado Viejo Velasco Suárez, en el que fueron
asesinadas cuatro personas. El Movimiento Agrario Indígena Zapatista,
Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic y Movimiento de
Resistencia Popular del Sureste asentaron que la Opdic ha sido
identificada como un grupo que "mantiene y da cobertura a civiles
armados". Dicha organización fue fundada en 1998 en Ocosingo, Chiapas, por
Pedro Chulín Jiménez, también fundador y dirigente del grupo paramilitar
Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA)".
Responsabilizaron a las autoridades de las acciones violentas de Opdic y
de Chulín Jiménez, ya que en varias ocasiones se han denunciado sus
acciones violentas, pero "las autoridades no sólo han garantizado la
seguridad de los integrantes de los grupos encabezados por el ex diputado
del PRI, sino que niegan que haya paramilitares y les dan financiamiento
para presuntos proyectos productivos". El pasado 18 de diciembre la Opdic
responsabilizó a Miguel Angel García de provocar el enfrentamiento en el
poblado de Viejo Velasco Suárez, cuyos habitantes fueron agredidos por
lacandones, quienes se dicen propietarios de las tierras del poblado.

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/10/index.php?section=sociedad&article=041n3soc


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