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(ca) Ante el Tratado de la Unión

Date Fri, 14 Dec 2007 20:49:11 +0100 (CET)



CGT ante el Tratado de la Unión

El nuevo Tratado de la Unión es una Reforma del actualmente en vigor y
aún es más antidemocrático en su gestación que el Proyecto de
Constitución Europea, el cual, al menos tuvo la posibilidad de ser
discutido y validado por los ciudadanos de algunos países, por medio de
referendos.

La UE, sus jefes de estado, su Comisión, han entendido que contar
-aunque sea de forma muy limitada y controlada- con los ciudadanos tiene
el riesgo de que éstos entiendan que el orden social que se constituye,
nada tiene que ver con unas relaciones sociales basadas en el respeto de
los derechos para todas las personas que habitan o trabajan en el
espacio denominado UE.

El nuevo Tratado profundiza en la liberalización de todos los mercados
de producción y de servicios y posibilita la aplicación práctica de la
Directiva Bolkestein, siguiendo abierta la puerta a la privatización
total de la sanidad, la educación, el agua y las pensiones.

Este Tratado cierra las estrategias Empresariales, fijadas en Lisboa
2000, basadas en la competitividad en un mundo cada vez más global y
reafirmadas dichas estrategias por los Sindicatos CES (Confederación
Europea de Sindicatos), en el programa de trabajo conjunto 2006-2008.

Estrategias que hacen desaparecer en la retórica y en la materialidad,
los servicios públicos: sanidad, pensiones, ferrocarriles, educación,
agua, vivienda, etc. e introduciendo el mercado de por medio tanto en su
concepción, "servicios de interés general" como en su resolución (quien
ahorre, tendrá una sanidad privada, una pensión complementaria, etc.).

El mercado como principio rector de la política, manifestada la misma en
términos de relaciones económicas (la libre competencia y la libre
circulación del dinero, como derechos intocables), en relaciones
comerciales (protección de multinacionales en sus intercambios
desiguales e injustos con otros países) y la apuesta decidida por las
dinámicas de creciente financiarización de la sociedad en su conjunto.

Las políticas sociales, gasto público en prestaciones y coberturas
sociales: pensiones, sanidad, dependencias, educación, vivienda,
transportes públicos y modelos de movilidad, al igual que la fiscalidad,
siguen sometidas al veto, haciendo imposible una política comunitaria al
respecto, al tiempo que se permiten los paraísos fiscales dentro de la
propia Unión.

Si la libre competencia (competitividad) es el principio rector, los
mercados de trabajo y las políticas de empleo sólo pueden regirse por la
regla de la desregulación laboral (flexibilización) y la precariedad
integral de la fuerza de trabajo (vaciamiento de derechos laborales y
sociales).

La Comisión adquiere el "poder absoluto" a través de las adecuadas
políticas internas, directivas fundamentalmente, para garantizar "a las
empresas europeas competitivas, acceso a los mercados mundiales y operar
en ellos con seguridad" (Meter Mandelson-Comisario de Comercio).

Al igual que las necesidades sobre la mano de obra extra-comunitaria, de
la Europa que "envejece", son tratadas desde la lógica del mercado y la
doble moral, por una parte políticas desregulación de una mano de obra
necesaria y suficiente para garantizar el tipo de trabajo precario de
que requiere la competitividad y por otra, políticas de negación de
derechos de ciudadanía que, desde la represión y control, permanenticen
las relaciones desiguales, injustas y neo-coloniales de las relaciones
Norte Sur y, sobre todo, el área de influencia euro-mediterránea.

El empeoramiento con respecto a lo que hubiera sido un Tratado en toda
regla, revestido de "Constitución Europea", se encuentra en algo que en
su momento fue "vendido" a la ciudadanía como el mantenimiento de un
modelo diferenciador de Europa con respecto a EEUU, es decir su Estado
de Bienestar o social de mercado, condensado en la Carta de Derechos
Fundamentales, aparece con serias dudas jurídicas, más allá de no
recoger de forma vinculante los derechos sociales.

Gabinete de Prensa Confederal CGT

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