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(ca) [España] Ley de Memoria Histórica: un nuevo pacto por el olvido y la impunidad del franquismo

Date Wed, 12 Dec 2007 15:56:55 +0100 (CET)



CGT se ratifica punto por punto en la valoración que ya hizo de esta Ley
de Memoria Histórica aprobada definitivamente ahora por las Cortes
Generales el día 10 de Diciembre de 2007, ya que, se renuncia a la Verdad,
la Justicia y el respeto a los Derechos Humanos de las victimas de la
dictadura franquista.

CGT manifiesta públicamente su más absoluto rechazo a esta Ley y se rebela
ante la misma, no asumiendo que con ella se cierra y queda saldada la
deuda que la democracia tiene aún pendiente con las victimas del régimen
franquista y de éste con la Historia.

Esta Ley representa una nueva claudicación de las fuerzas políticas
democráticas y en especial del gobierno socialista que, treinta años
después de la transición y con dos generaciones por medio, no se han
atrevido a hacer lo que desde hace tiempo ha solicitado el Consejo de
Europa y que constituye una realidad cívica normalizada en países como
Chile y Argentina: la constitución de una Comisión de la Verdad que
declare la nulidad radical de los tribunales y sentencias de la dictadura
y la imprescriptibilidad de los delitos contra la derechos humanos
cometidos en ese periodo, como contempla la ONU en repetidas resoluciones.
Hasta que no se produzca la derogación total y con consecuencias jurídicas
del entramado legal punitivo del franquismo, la democracia española será
una democracia vigilada, secuestrada y atada al mismo y las normas que
intenten soslayar la realidad asesina de aquél régimen franquista tendrán
la lectura de Ley de Punto Final.

La Exposición de Motivos de la Ley es calculadamente ambigua. En él se
recurre a los conceptos de reconciliación, concordia, respeto, pacifismo,
transición, constitución, reencuentro, vocación integradora, convivencia,
cohesión? para intentar ocultar la VERDAD, para intentar no llamar a las
cosas por su nombre y en consecuencia, para no condenar, sin ningún tipo
de paliativos, el régimen franquista, la dictadura y el genocidio cometido
contra varias generaciones de hombres y mujeres que lucharon por la
libertad desde 1936. Las generaciones actuales tienen el derecho a heredar
una educación y una formación basada en la condena del régimen franquista
al haber sido responsable de la amargura, el sufrimiento, el aislamiento,
la destrucción y el aniquilamiento físico y mental de varias generaciones.
La democracia actual tiene el deber de transmitir a la juventud que el
golpe militar franquista supuso la ruptura traumática con el sistema
democrático de 1936, con el sistema político vigente, supuso el
aislamiento de España, el oscurantismo, el retraso social a todos los
niveles y, todo ello, a costa de la violación de los derechos humanos más
elementales y perpetrando crímenes contra la humanidad. En el espíritu de
la Ley, se sigue manteniendo la equidistancia entre víctimas y verdugos,
intentando homologar los que lucharon por la libertad con los que
defendían el fascismo. Se rezuma un intento por seguir olvidando, por
ignorar la auténtica realidad de la historia de la guerra civil, el
franquismo y la dictadura.

La ley no se plantea como tarea implantar una determinada memoria
colectiva. ¿Por qué? ¿Eso sería diferenciar entre victimas y verdugos?
Mientras no se recupere la memoria colectiva basada en la verdad , en la
justicia y el respeto a los derechos humanos, el dictador seguirá venerado
en un mausoleo grandioso y los poetas y trabajadores seguirán
desaparecidos en las fosas comunes. La normalidad de la vida pública y el
fin de la transición, no se producirán hasta que esta democracia no haya
roto con el régimen franquista.

Por otra parte, la ley renuncia a la recuperación de la memoria colectiva
y social, olvidando que la lucha del pueblo español por la libertad fue un
proyecto colectivo. Es necesario que junto al derecho a la reparación
moral y a la recuperación de la memoria individual y familiar de las
víctimas del franquismo (recuperación de las personas asesinadas,
encarceladas, desterradas, torturadas, desaparecidas, esclavizadas,
depuradas, condenadas?), se recuperen las ideas sociales, económicas,
culturales, educativas, organizativas defendidas desde concepciones
republicanas y anarcosindicalistas y que configuran la memoria colectiva y
social. Para CGT es prioritario que en los centros educativos se incluya
como materia de estudio el conocimiento de la guerra civil, la dictadura y
su represión genocida.

Con esta Ley, la Administración hace dejación total de responsabilidad en
el esclarecimiento de los crímenes contra la humanidad, búsqueda de
desaparecidos y violación de derechos humanos perpetrada por el franquismo
y somete a las victimas, para que de forma individualizada, intenten su
rehabilitación y dignificación pública frente a esa propia Administración,
pleiteando por la obtención de una Declaración de reparación y
reconocimiento personal, que en si misma, no constituye ningún tipo de
reconocimiento de responsabilidad patrimonial, ni reparación, ni
indemnización.

Para CGT es inadmisible, inasumible, innegociable, que la Ley no anule las
sentencias franquistas. Se siguen validando las sentencias represivas
dictadas por la dictadura. No basta con declarar el carácter radicalmente
injusto de las condenas y sanciones durante la guerra civil, no basta con
ilegitimar los tribunales, jurados, órganos penales durante la guerra
civil y sus resoluciones, no basta con declarar ilegítimas por ?vicios de
forma y fondo? las condenas franquistas, no basta con reconocer la
carencia actual de vigencia jurídica de las sentencias? Es absolutamente
necesario anular de forma clara, contundente, en el articulado de la Ley,
las sentencias franquistas. La Administración no puede lavarse las manos
con respecto a la validez jurídica de estas sentencias La Ley deroga
expresamente determinadas leyes franquistas. ¿Qué ocurre con las que no se
derogan? Por otra parte, la no derogación implica el reconocimiento legal
del franquismo. Así mismo, la derogación de una ley significa su vigencia
hasta que se produzca esa derogación. En consecuencia, la revisión de las
sentencias se hace prácticamente imposible. Los procesos seguidos contra
Granado y Delgado, Joan Peiró, Puig Antich y tantos miles más, seguirán
sin tener ninguna reparación, seguirán siendo culpables para el franquismo
y también para la democracia.

La Ley no va a comprar el silencio de CGT, mejorando algunas de las
indemnizaciones que puedan recibir las victimas del franquismo,
indemnizaciones en algunos casos son ridículas y en otros casos,
abiertamente discriminatorias entre víctimas anteriores o posteriores a
1968. ¿Por qué estas discriminaciones entre victimas?

Las Administraciones Públicas renuncian a su responsabilidad en las
localizaciones de desaparecidos, exhumaciones e identificación de victimas
enterradas en fosas comunes. El Estado no solo no acometerá esta tarea
sino que regulará y burocratizará el proceso que deben cumplir quienes a
título personal quieran hacer este trabajo.

El Valle de los Caídos seguirá siendo el mausoleo de los líderes del
golpismo y la represión aunque se retiren todos los símbolos franquistas y
fascistas o se deje de indemnizar a instituciones públicas o privadas que
no quieran retirarlos. No se plantea el reconocimiento del trabajo esclavo
y su reparación ante el ingente censo de edificaciones y obras realizadas.
No se establece una política clara de recuperación, rehabilitación y
acceso a los archivos, no se menciona nada sobre la imposibilidad de
inscripciones de defunciones en los registros civiles o la posibilidad de
modificar las causas de muerte.

En conclusión, con esta Ley no se repara la Justicia y la Verdad, no se
reparan las victimas, no se acomete la búsqueda de desaparecidos, no se
recupera la memoria colectiva y social, no se asume el reconocimiento de
los crímenes contra la humanidad perpetrados por el franquismo, no se
declara la ilegalidad del franquismo, no hay una ruptura definitiva con el
régimen de la dictadura. Esta ley está avalando nuevamente una memoria
histórica escrita y revisada por los vencedores.

CGT no se resigna y seguirá luchando por la recuperación de la memoria
histórica de los vencidos. Para ello, formulamos un llamamiento a la
Movilización Social de todas las organizaciones sociales, sindicales,
políticas? que estén en contra de esta Ley, que viene a representar una
segunda autoamnistía, con el agravante de que esta nueva autoamnistía está
auspiciada desde un gobierno socialista que permitirá asentar
definitivamente la revisión histórica hecha desde los vencedores.

Madrid, diciembre de 2007

Gabinete de Prensa Confederal, CGT


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