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(ca) [Mexico , Oaxaca] La APPO constituye su consejo estatal y anunci a que reactivará las barricadas

Date Thu, 16 Nov 2006 17:25:38 +0100 (CET)


LA JORNADA 14 de noviembre de 2006

No hay condiciones para reabrir la UABJO, dice la directiva estudiantil de
la asamblea

La APPO constituye su consejo estatal y anuncia que reactivará las barricadas

"Ulises Ruiz está llevando a Oaxaca a la guerra civil por su necedad de
mantenerse en el poder"

ENRIQUE MENDEZ , OCTAVIO VELEZ

Oaxaca, Oax., 13 de noviembre. En las primeras horas de hoy la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) definió su nuevo plan de acción,
que será la base para mantener su lucha por la salida del gobernador
Ulises Ruiz Ortiz, y anticipó la reanudación de actividades de presión,
como el levantamiento de más barricadas y el reinicio de las brigadas
móviles. Asimismo constituyó el denominado consejo estatal en el que
participarán 260 líderes de organizaciones, colonias y comunidades, como
forma de sujetar a un colectivo más amplio las negociaciones que realice
el movimiento con el gobierno federal.

De esta manera, los diálogos que lleven a cabo líderes como Flavio Sosa
Castellanos y Zenén Bravo Castellanos ­que repitieron en la dirigencia
definitiva­ dependerán, para su aprobación, del filtro del consejo
estatal, al que se integraron personajes como el ex líder de la sección
22 del SNTE, Erangelio Mendoza, y el ex líder del Procup-PDLP, Felipe
Martínez Soriano.

La APPO anunció que el próximo 20 de noviembre una representación
viajará a la ciudad de México para participar en la toma de protesta de
Andrés Manuel López Obrador, pero sólo como una expresión de la lucha
por la democracia, y ratificó su postura de impedir que Felipe Calderón
rinda protesta si antes del primero de diciembre Ulises Ruiz no renuncia
a la gubernatura o pide licencia.

Zenén Bravo explicó, en conferencia de prensa previa a una marcha que
partió de la Procuraduría General de Justicia a la Plaza de Santo
Domingo, que una de las conclusiones del congreso fue buscar esquemas
que permitan a los pueblos y comunidades pugnar por el poder público.

"Hay dos visiones: seguir usando las vías institucionales, a través de
los procesos electorales, o bien en el ejercicio tradicional de las
comunidades para nombrar a sus autoridades."

Ante el anuncio de la APPO de nuevas movilizaciones, el secretario
general de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárraga, confió en que la
presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) "continuará
garantizando la seguridad de los oaxaqueños, para que puedan desarrollar
sus actividades cotidianas sin contratiempos ni temores".

Clases parciales

Por otra parte, esta mañana antes de las siete fueron reabiertas las
puertas de la ciudad universitaria por el rector Francisco Martínez
Neri, aunque sólo recibieron clases cuatro grupos de la Facultad de
Idiomas y uno o dos más del resto de las carreras.

La dirigencia estudiantil de la APPO advirtió que, a partir de una
balacera ocurrida anoche, no hay condiciones para el reinicio de clases,
por lo que este martes podrían volver a cerrar las instalaciones de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Una de las principales preocupaciones en la reapertura del campus fue la
protección a Radio Universidad. Cuauhtémoc Pérez, de la coordinación
estudiantil de la asamblea popular, denunció que si bien el reinicio
parcial de clases se hizo "de la mejor forma, el gobierno mandó a sus
porros, a sus observadores a tomar fotos". Ante esa situación, se
decidió tender un cordón de seguridad para que los alumnos y personas
extrañas "se abstengan de acercarse mucho" a la estación.

Refirió que aproximadamente a las nueve de la noche del domingo un grupo
de presuntos sicarios que viajaban en camionetas blancas hizo disparos.
Esa situación, dijo, configura un escenario "de riesgo, por lo que no
existen condiciones de seguridad para que los alumnos asistan a clases".

El propio representante estudiantil de la APPO volvió a colocar los
candados en las rejas de acceso al campus, pero más tarde el rector
Martínez Neri volvió a reabrir y confirmó que las cátedras se
realizarían con las normas de seguridad pactadas con la Secretaría de
Gobernación.

Padres de familia preguntaron al rector si, a pesar de que grupos de
golpeadores habían rondado la universidad, él garantizaba la seguridad
de los alumnos. "Sí, me hago responsable de la seguridad, y de que todo
marche bien. Cualquier contingencia la atenderé personalmente", respondió.

Integración de la asamblea

Para la integración del consejo estatal de la APPO se tomó como base la
siguiente fórmula: 10 hombres y mujeres por cada una de las siete
regiones, a excepción de Valles Centrales, que estará representada por
20, así como una representación de tres a cinco personas por cada uno de
los siguientes sectores sociales: colonias y barrios, barricadas,
mujeres, organismos civiles, pueblos indígenas, sindicatos, autoridades
municipales, jóvenes y estudiantes, comunicadores, campesinos y
productores, religiosos, empresarios y comerciantes, académicos e
intelectuales, transportistas, sector cultural y artístico.

Se dejó para el próximo 19 de noviembre la elección de los
representantes de la Sierra Norte, que se efectuará ese día en Guelatao,
y en tanto se realiza fueron nombrados como enlaces provisionales Aldo
González, Joel Aquino y Adelfo Regino.

De los ayuntamientos populares, se integraron los ediles Esteban Abel
Sánchez, de San Antonino Castillo Velasco; Manuel Coronel López, de
Zaachila; Manuel Eleazar Pérez Velasco, de Xococotlán; Procopio Julián
Caballero, de San Antonio Huitepec, y Jorge Sosa Campos, de San Bartolo
Coyotepec.

Por su parte, y cuestionado respecto del respaldo que ayer dio el PRD al
movimiento magisterial y popular, Zenén Bravo Castellanos dijo que para
la APPO "cualquier apoyo de organización social y partido político es
recibido con beneplácito".

Incluso del PRI, dijo, "con tal que se vaya Ulises Ruiz de inmediato".

"Si los senadores priístas respaldan la desaparición de poderes,
bienvenido sea ese apoyo", recalcó.

A su vez, Flavio Sosa Villavicencio, ahora miembro del consejo estatal
de la APPO, subrayó que el gobernador Ruiz Ortiz "está llevando a Oaxaca
a la guerra civil por su necedad y actitud obcecada de mantenerse en el
poder".

"En forma irresponsable y criminal, está enfrentando a los priístas con
el pueblo; a los oaxaqueños, entre hermanos", asentó.

Ante el segundo informe de gobierno, que eventualmente se rendirá pasado
mañana, consideró que Ruiz Ortiz, "en vez de tratar de engañar al
pueblo, porque un desgobierno no tiene nada por comunicar, debería mejor
informar dónde están los matones de José Jiménez Colmenares, Lorenzo San
Pablo Cervantes, Alejandro García Hernández y de otros tantos
oaxaqueños" muertos durante el movimiento magisterial y popular.

Lo que quiere el pueblo de Oaxaca, dijo, "es una Navidad sin Ulises
Ruiz, una Navidad con los criminales en la cárcel y una Navidad con
diálogo para trabajar en la reconciliación".

En tanto, ante las críticas de diferentes sectores, inclusive de la
feligresía por la negativa del arzobispo José Luis Chávez Botello a dar
asilo a miembros de la APPO, el coordinador de la Comisión de Justicia y
Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Romualdo Wilfrido Mayrén
Peláez, indicó que la Iglesia católica "no ha caído ni caerá en la
provocación ni en la confrontación con nadie en particular; tampoco
responderemos ninguna agresión, porque nos queda claro que no somos
parte del conflicto, sino que hemos intentado ser parte de la solución".

Desde el principio, agregó, "nos caracterizamos por una posición
humanitaria en favor de los sectores vulnerables, independientemente de
su posición ideológica. Aunque, como Iglesia, no hemos asumido una
postura en favor o en contra de los actores principales del conflicto.
Con toda seriedad y responsabilidad hemos reconocido que hay causas
legítimas y auténticas que deben resolverse, y señalado acciones que
violentan los derechos de terceros".

Sin embargo, reconoció que muchos sectores de la Iglesia católica "se
han pronunciado y han actuado en consecuencia de su conciencia y
compromiso. Todas las expresiones de nuestra Iglesia son importantes,
porque nacen de la búsqueda sincera de soluciones auténticas, pero como
arquidiócesis decidimos ser responsables y respetuosos, por eso no hemos
querido asumir posiciones polarizadas, pero cuando ha sido necesario
hemos denunciado enérgicamente hechos injustos y deplorables", señaló.

Llamó "a dejar atrás la guerra sucia de críticas agrias, sospechas
infundadas y prejuicios obsoletos, para reforzar e impulsar una nueva
actitud social, grupal y gubernamental marcada por la esperanza, la
visión de conjunto y la vivencia testimonial de la generosidad y la unidad.

"No se trata de diluir, destruir, criticar o traicionar nuestra
identidad y misión, nuestros principios y convicciones, sino que a
partir de ellas podremos responder mejor a los retos y demandas que el
proceso nos irá requiriendo crecientemente en la etapa de reconciliación
y reconstrucción del tejido social", concluyó.

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/14/index.php?sectionfiltered=politica&article=008n1pol

Encuentran las condiciones para integrarse a la nueva estructura de la APPO

Comunidades indígenas se suman a la lucha por la caída de Ulises Ruiz

BLANCHE PETRICH

Oaxaca, Oax., 13 de noviembre. La lucha por la autonomía y la
reconstitución de los pueblos indios de Oaxaca encontró cabida en la
nueva estructura de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO),
luego que resolvieron incorporarse al consejo que surgió de su congreso
constitutivo, a pesar de que hasta ahora ha sido un movimiento
exclusivamente urbano y dominado por grupos políticos de la izquierda
tradicional.

Esto, explicaron sus dirigentes, va a llevar la resistencia y el
esfuerzo por la renuncia del gobernador Ulises Ruiz a las sierras y
regiones más remotas en las ocho regiones del estado.

Pero, en congruencia con sus formas de organización comunitarias, los
pueblos de zapotecos y mixes de la Sierra Norte no nombraron a sus
consejeros durante el congreso constitutivo que concluyó hoy en la
madrugada, sino que postergaron la decisión hasta la realización de una
asamblea, que será el 19 de noviembre, para que sean las comunidades
quienes elijan a sus representantes. La reunión será en Guelatao y
participarán las microrregiones de Ixtlán, Villalta y Mixe.

Hasta el último minuto los dirigentes indígenas estuvieron valorando si
se incorporaban al Consejo Estatal de Pueblos de Oaxaca o no. Finalmente
decidieron dar este paso, convencidos de que la participación masiva y
espontánea de miles de oaxaqueños en la rebelión de los últimos cinco
meses rompió los esquemas de las viejas vanguardias dogmáticas y abrió
espacios para una nueva práctica en las luchas populares.

En entrevista colectiva, varios líderes serranos ­Aldo González, de
Guelatao; Adelfo Regino, de Alotepec-Mixe; Joel Aquino, de Yalálag;
Fernando Melo y Manuel Suárez, del Sector Soogocho, y Fernando
Soberanes, del Congreso de Educación Indígena e Intercultural­ afirmaron
que nunca habían existido condiciones, como ahora, para unificar a las
fuerzas de los pueblos indios con el resto del movimiento popular.

Esto se logró porque a pesar de la ineludible contradicción entre la
verticalidad de la izquierda tradicional y la horizontalidad de la
cosmovisión indígena, las bases que participaron en el levantamiento de
la APPO entendieron rápido e hicieron suyos los principios de la
comunalidad india. Y éste fue el aporte de los indios que abrió el
horizonte del congreso constitutivo.

Este lunes en la madrugada, cuando el congreso ya había entrado en su
recta final, surgió una controversia que ejemplifica esta contradicción.
Los representantes del Frente Popular Revolucionario, mayoría en la
dirección provisional de la APPO, propusieron que el líder de la ya
disuelta organización guerrillera Procup, el octogenario Felipe Martínez
Soriano, tomara protesta a los nuevos cuadros dirigentes. Los indígenas
rechazaron la iniciativa y propusieron que fuera una autoridad indígena,
que sí tiene mandato de su comunidad, la que tomara el juramento.

De modo que el antiguo rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez
sólo pronunció un encendido discurso rememorando el largo camino que ha
andado la lucha y la resistencia de la izquierda. Y fue el presidente de
la asamblea de San Juan Tobaa, de la región Soogocho de la Sierra Norte,
quien tomó protesta. El zapoteco Melitón Bautista, que en su trayectoria
ha recorrido el largo escalafón de cargos comunitarios de su pueblo,
explicó en su discurso de clausura lo que significa el bastón de mando,
el compromiso que implica para quien lo recibe, la necesidad de que los
dirigentes no suplanten a sus bases sino que se asuman como servidores.

"De esto depende que el consejo estatal tenga éxito o no. Si no lo
logra, puede llevar al movimiento a un callejón sin salida, como ocurrió
con la dirigencia del magisterio oaxaqueño", apuntó Joel Aquino.

"No va a ser fácil. El proceso de salir de la célula marxista leninista
y estar con el pueblo al servicio de la comunidad apenas empieza. Pero
hoy vimos un momento único porque están naciendo nuevas prácticas
políticas", añade Aldo González.

Entre las señales positivas que los líderes indígenas percibieron en el
congreso estuvo la voluntad de la mayoría de incorporar conceptos que no
estaban contemplados en los documentos iniciales: cultura comunitaria,
ayuda mutua, servidores en lugar de dirigentes. "Esto fue bien visto y
aceptado porque está en la raíz indígena que tiene la mayoría de la
población urbana en los barrios, colonias y barricadas", apuntó Adelfo
Regino. Y es, agrega Soberanes, una influencia que desde el principio
marcó la forma en que se sumaron masivamente las bases de la APPO. "Es
un camino que viene de muy atrás."

Todos los dirigentes, en algún momento, reivindican el principio
aprendido de los zapatistas de Chiapas, mandar obedeciendo. Pero admiten
que ha sido un aprendizaje mutuo. "A diferencia de lo que ocurre en
Chiapas, donde el zapatismo surgió en comunidades indígenas pero nuevas,
producto de la migración de los Altos a la Selva, en Oaxaca somos
pueblos muy antiguos con una práctica de la resistencia y la autonomía
no conciente pero también muy antigua. Ahora hay conciencia de esa
resistencia, pero además hay propuestas", explica Aldo. Y a pesar de que
estas son las poblaciones más retiradas, menos educadas y con menos
información, son quienes han vivido la política de izquierda más
intensa. "Pero no como personas, sino como colectividad."

Este proceso de llevar la resistencia oaxaqueña de la ciudad a los
pueblos indígenas tendrá importantes definiciones en el Foro de los
Pueblos Indígenas de Oaxaca, que tendrá lugar el 28 y 29 de noviembre.
"Si para entonces Ulises Ruiz sigue en el poder, veremos qué acciones
tomamos los pueblos. Nuestro modo no es el cierre de carreteras ni
barricadas, porque seríamos los primeros perjudicados. El cómo está por
discutirse. Lo seguro es que cualquier vía de lucha pacífica que se
decida será totalmente unitaria."

Aldo González sostiene que en las comunidades indígenas el poder del PRI
tradicional ya está "quebrado", aunque en días recientes el gobernador
Ruiz ha logrado dar una apariencia de recomposición de sus fuerzas. "El
modelo de gobierno en Oaxaca tuvo uno de sus bastiones de control en
zonas indígenas a través del voto, mediante la dádiva y el paternalismo.
Eso ya no funciona. Y el gobierno federal panista no ejerce el
paternalismo, sino la imposición de un estado de derecho injusto."

Para estos representantes indígenas fue ejemplar cómo, en el congreso
constitutivo, la base del sindicato magisterial no se aisló de la APPO
sino, por el contrario y pese a las fuertes críticas que se enderezaron
contra su dirigente Enrique Rueda, no hubo ruptura, sino decisión de
continuar la lucha aun en las aulas. Y, desde su óptica, queda pendiente
también la incorporación de otros sectores de trabajadores oaxaqueños:
obreros de los ingenios y la industria cervecera de la Cuenca y de las
refinerías del Istmo y los pescadores de la Costa.

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/14/index.php?sectionfiltered=politica&article=009n1pol

Aún investiga la PGR su participación en los hechos de San Salvador
Atenco, dice

Policías federales y del Edomex podrían ser consignados, dice la fiscal
Pérez Duarte

ALFREDO MENDEZ

La fiscal especial para Delitos de Violencia contra Mujeres, dependiente
de la Procuraduría General de la República (PGR), Alicia Elena Pérez
Duarte, no descarta la consignación penal de elementos de la Policía
Federal Preventiva (PFP), así como de agentes policiacos del estado de
México, que tendrían responsabilidad en presuntos actos de tortura
cometidos durante los operativos del 3 y 4 de mayo pasados en el
municipio mexiquense de San Salvador Atenco.

Entrevistada ayer en el museo Franz Mayer, antes de la premiación del
Concurso Nacional por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y las
Niñas, la funcionaria reveló que ya tiene algunos nombres y apellidos de
agentes policiacos que participaron en la operación de Atenco, pero
aclaró que está a la espera de la lista completa de los elementos de la
PFP que estuvieron presentes en esos hechos.

''Estoy segura de que en el momento en que nos sentemos con el
secretario (de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora) para
analizar los pormenores de la investigación (de la PGR) entenderá
nuestras razones en relación con las mujeres que fueron agredidas ahí'',
puntualizó Pérez Duarte.

Precisó que en San Salvador Atenco ''no se cometieron una, dos o tres
violaciones, ni sexuales ni contra las mujeres (que fueron detenidas en
el enfrentamiento con las fuerzas del orden), sino una serie de actos
que en su conjunto forman parte de un delito más amplio, que es el de
tortura; es lo que estamos investigando''.

Agregó que hasta el momento la PGR no ha realizado consignaciones contra
los presuntos responsables de esos hechos, porque ''estamos a la espera
de los resultados del Protocolo de Estambul (que se aplicó a 13 de las
víctimas); ya no va a tardar mucho el resultado de la investigación'',
confió.

­En el caso de la tortura, ¿ya tiene identificados a los presuntos
responsables?

­En lo que respecta a las mujeres, si sólo nos vamos por la violación y
por los abusos de autoridad, tendríamos que hacer acusaciones directas y
particulares.

''Pero como el caso que estoy investigando va mas allá, es otro el
concepto. La ley contra la tortura señala claramente que tan responsable
es la persona que directamente la aplica como quien está cerca y no hace
nada para detenerlo, o como quien conoce del hecho y no hace nada por
denunciar a las autoridades'', indicó.

La fiscal de la PGR explicó que no es que hubiera descartado el delito
de violación, sino que se amplió al de tortura.

Finalmente precisó que la fiscalía a su cargo abrió de oficio la
averiguación previa luego del enfrentamiento en los municipios de
Texcoco y San Salvador Atenco, en el estado de México, y la violencia
que se desató como resultado del operativo policial en respuesta a las
protestas de activistas de la zona.

Dijo que tenía información periodística que refería la participación de
funcionarios federales, por lo que su objetivo es determinar y probar
los delitos que presuntamente se cometieron.

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/14/index.php?sectionfiltered=politica&article=006n1pol

En Venado, propiedades del alcalde reciben más fondos públicos que
comunidades pobres

En SLP, gobierno es sinónimo de personeros de los caciques locales

En la Huasteca el narcotráfico es la segunda forma de autoridad

HERMANN BELLINGHAUSEN

Venado, SLP, 13 de noviembre. En tierras del desierto alto, mantenidas
en el olvido por el viejo régimen priísta y el nuevo (panista pero
indistinguible del viejo), el Frente Campesino del Altiplano (FCA),
fuera de programa, salió al paso del delegado Zero y las organizaciones
de la otra campaña potosina mientras transitaban de Villa Arista a
Charcas, y dieron a conocer sus reclamos, tan únicos, y a la vez tan
parecidos a los de millones de mexicanos de abajo.

Como expresan en un escrito que leyeron al pie de la carretera, para
ellos "gobierno" es sinónimo de "personeros de los caciques de la región
y el estado", protegidos por la autoridad, y todos "cómplices en la
ilegalidad". Empezaron por el presidente municipal de Venado, el panista
Guillermo Martínez Guerra, "enriquecido por la corrupción", comprador
abusivo de ranchos y propietario de El Clérigo, hacienda que recibe más
atención e inversiones que comunidades enteras como El Laurel y 5 de
Mayo, que a diferencia del rancho del alcalde carecen de agua, luz, piso
firme y otros servicios.

"El gobierno panista lucra con los recursos federales y estatales",
confirmaron los labriegos, entre quienes se encontraban muchas mujeres.
"Antes nos vendía el agua, en pipas del municipio, por 100 pesos. Ahora
ya ni eso, que porque dice que la pipa se descompuso", acusa una señora.
"El presidente se esconde si lo busca una. Su secretaria dice siempre
que no está."

Según el FCA, "este sujeto lucra con la vivienda que se supone es de
interés social", pues exige 20 mil pesos para que la gente pueda aspirar
al derecho de habitar unas modestas construcciones "de interés social"
construidas en las afueras de Venado. "Los gobiernos han mentido a la
gente. Los programas, si acaso hay, les sirven para hacer negocios
aprovechándose de los pobres."

San Luis resiste

Este domingo, el delegado Zero se reunió durante varias horas con los
colectivos, organizaciones e individuos adherentes a la Sexta
declaración de la selva Lacandona en un local de la colonia San Felipe,
en las afueras de la capital potosina. Quedó evidenciado que la Minera
San Xavier en Cerro de San Pedro representa una auténtica estaca en el
corazón de la conciencia ciudadana, una obsesión justificada y un
problema que unifica a la población consciente. Sin embargo dista de ser
el único problema grave en la entidad, gobernada por un panismo agresivo
y aquejada de viejas y nuevas corrupciones.

Desde el que Marcos llamaría durante el mitin nocturno en la plaza
Fundadores "el San Luis Potosí de la digna resistencia" para oponerlo al
de "la vergüenza" que pareciera omnipresente e invencible, brotaron
testimonios poderosos como el de la trabajadora y madre soltera Isabel
Velázquez, quien labora hasta 16 horas diarias en condiciones
humillantes, en empresas de ésas que el régimen considera modélicas:
salarios de miseria, ningún derecho laboral, "exámenes" médicos
vejatorios cuyos resultados nunca conocen las "examinadas", sin apoyo
alguno para la educación y la salud de sus hijos.

El delegado Zero subrayó ante los adherentes que los problemas de los
individuos son tan importantes como los grandes asuntos (la minera
demoledora, el conservadurismo blanquiazul que invade las vidas). Aún se
sumaron testimonios de la colonia Primero de Mayo del municipio La
Soledad de Graciano Sánchez, donde las autoridades cometen ahora mismo
fraudes con los predios de las personas mayores.

El gobierno de Marcelo de los Santos Fraga fue señalado reiteradamente
como cómplice de las grandes empresas como General Motors, a la cual
exime de pagar impuestos y le permite ocupar terrenos ejidales en San
Juan de Guadalupe, lo mismo que autoriza el tiradero tóxico de MSX en
Mexquitic de Carmona, poniendo en riesgo la salud de millares de personas.

En la Huasteca potosina, se dijo, la pobreza es tal que "no hay familia
que no tenga al menos uno de sus miembros trabajando en el otro lado".
En dicha zona, naturalmente rica, cunden el narcotráfico (su segunda
forma de gobierno), la prostitución de niñas, con frecuencia
secuestradas por los lenones, y el consumo de cocaína.

Los agricultores de la Organización Campesina Independiente (OCI) del
municipio Villa de Arriaga, con una larga historia de lucha, proclamaron
ante la Comisión Sexta del EZLN y decenas de adherentes potosinos:
"Nosotros no nos rajamos en la lucha por la tierra".

En San Luis Potosí, faltaba más, existen los presos políticos. Juan
Valdez Pérez es quizás el más antiguo del país, con 15 años en prisión
por organizar a los trabajadores. Miguel Angel Wong Soto, de la
Coordinadora del Movimiento Amplio Popular, fue detenido el año pasado
por su activismo social y se le ha inventado una "reputación" de
delincuente que muy bien retrata cómo ven los panista (y priístas) el
compromiso social. Su madre está ahora en huelga de hambre solicitando
su liberación, pero el gobierno santista no reacciona ante tan extrema
medida.

Los colectivos Jugo Gástrico, Héroes de Ocosingo, Nuevo, Piedra de Jade
y La Neta Amorfa revelaron una pluralidad tan amplia como el espectro
invisible de la agraviada sociedad potosina, y el colectivo Azul se
proclamó acompañante y heredero de las resistencia navistas (del doctor
Salvador Nava Martínez), y participa en las luchas contra la destrucción
ambiental.

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/14/index.php?sectionfiltered=politica&article=016n1pol

Intento de desalojo de la selva, origen de la disputa

Lacandones y vecinos de Palenque se enfrentan por tierras; 2 muertos

ANGELES MARISCAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 13 de noviembre. Indígenas lacandones
intentaron desalojar de la selva a los habitantes del poblado Viejo
Velasco Suárez, municipio de Palenque, quienes opusieron resistencia y
se enfrentaron a golpes y pedradas y armas de fuego, lo que dejó dos
muertos y al menos dos heridos de bala.

La disputa por la posesión de la tierra en esa región resurgió cuando
pobladores de Nueva Palestina ­integrantes de los llamados Bienes
Comunales de la Selva Lacandona­ intentaron desalojar a quienes desde
hace 22 años viven en la comunidad Viejo Velasco Suárez.

Desde julio pasado los habitantes de Viejo Velasco Suárez, Flor de
Cacao, Ojo de Agua el Progreso y San Jacinto Lacanjá reiteraron su
negativa a negociar su salida de la selva, y denunciaron que por ese
motivo funcionarios estatales los amenazan a cada rato con desalojarlos,
luego que los gobiernos estatal y federal anunciaron el finiquito de
expropiación de tierras en la comunidad lacandona, emprendido en los
últimos cuatro años, para reubicar o regularizar unos 200 poblados y
rancherías situados dentro de los bienes comunales lacandones.

El gobierno federal pretendió con lo anterior "resolver 30 años del
conflicto agrario" en la selva, derivado del decreto presidencial de
1972 que dotó a 60 familias de lacandones de poco más de 614 mil
hectáreas, muchas de las cuales ya estaban ocupadas por otros grupos.

El 16 de julio pasado los habitantes de los cuatro poblados citados
denunciaron que eran objeto de "amenazas de desalojo, reubicación
forzada mediante presión y engaños de Arturo Márquez, representante
especial de la Secretaría de la Reforma Agraria en Chiapas, y Gabriel
Montoya Oseguera, delegado de gobierno en Benemérito de Las Américas, y
la presión intimidatoria de comuneros de Frontera Corozal y Nueva
Pelestina".

Los habitantes de Viejo Velasco Suárez denunciaron actos en su contra
por indígenas lacandones, como el corte en abasto de agua, cierre de
caminos vecinales y el robo de cosechas que, aseguraron, se agudizó
durante las últimas semanas.

Este lunes, pobladores de Nueva Palestina ingresaron al predio Viejo
Velasco con la finalidad de desalojar a sus habitantes. Según la
Fiscalía General del estado, estos últimos se resistieron "y decidieron
enfrentarse a golpes, pedradas y armas de fuego".

"Durante un sobrevuelo, la Dirección de la policía sectorial localizó
los cuerpos de dos hombres mayores de edad, de quienes hasta el momento
se desconoce su identidad", señaló la dependencia.

Al cierre de esta edición policías estatales y federales mantenían un
fuerte operativo de vigilancia vía terrestre y aérea en la zona, a fin
de evitar más conflictos.

Murieron 11 personas, según la organizacion Maderas

La organización Maderas del Pueblo del Sureste, con sede en San
Cristóbal de las Casas, informó que en el enfrentamiento en el poblado
Viejo Velasco Suárez ­enclavado en la selva Lacandona­ murieron 11
personas y calificó el hecho como una "profunda e imperdonable violación
a los derechos al territorio, la integridad y la vida de las familias
indígenas afectadas".

Precisó que las víctimas son Martha Pérez Pérez, María Pérez Hernández,
María Núñez González, Petrona Núñez Pérez, Dominga Pérez López, y
Felícitas Pérez Parcero; Pedro Núñez Pérez, Oliver Benítez Pérez y
Antonio Pérez López; la niña Noilé Benítez y un recién nacido.

La agrupación aseveró que los "responsables directos" de esas muertes
son los gobiernos estatal y federal, puesto que desde el 21 de noviembre
de 2005 firmaron un acuerdo con 28 poblados de la zona ­entre ellos
Viejo Velasco Suárez­ en el que ofrecen reconocimiento y regularización
agraria.

Pese a lo anterior, agregó, "violaron su firma y su palabra, apenas
cuatro meses después; los gobiernos federal y estatal desconocieron los
compromisos y comenzaron a presionar a dicho poblado y a Ojo de Agua,
Tzotzil, Flor de Cacao y San Jacinto Lacanjá) para obligarlos a su
reubicación forzosa o ­en caso de negarse­ sufrirían un desalojo violento".

(Con información de Elio Henríquez, corresponsal)

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/14/index.php?sectionfiltered=estados&article=038n1est

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