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(ca) [MExico] LA JORNADA Jueves 18 de mayo Al menos tres oficiales habrían participado en violación de mujeres

Date Fri, 19 May 2006 12:31:20 +0200 (CEST)


Investigan ya abusos de 52 policías mexiquenses
Ninguno de los agentes implicados ha sido separado de su cargo
ISRAEL DAVILA Y SILVIA CHAVEZ CORRESPONSALES
Toluca, Mex., 17 de mayo. El procurador del estado de México, Abel
Villicaña, confirmó hoy que se inició una averiguación previa contra 41
elementos y tres oficiales de Agencia de Seguridad Estatal (ASE) que
estuvieron a cargo del traslado de detenidos de San Salvador Atenco al
penal de Santiaguito en Almoloya el pasado 4 de mayo, por su
responsabilidad en las presuntas violaciones y ataques sexuales de las
cuales fueron víctimas 23 de las mujeres detenidas en ese operativo.

En tanto, sólo ocho elementos de la ASE serán investigados
administrativamente por la contraloría de la Secretaría General de
Gobierno por los excesos cometidos durante los operativos policiacos de
3 y 4 de mayo en Atenco y Texcoco, informó el secretario general de
Gobierno, Humberto Benítez Treviño.

"Hasta el momento tenemos a estos ocho elementos, pero esto no quiere
decir que en el curso de la investigación no pueda identificarse a
otras personas", comentó.

Dado lo anterior, el total de elementos de la ASE sujetos a
investigación asciende a 52, entre los cuales figuran cuatro mandos, tres
por violación y uno más por las golpizas propinadas a los detenidos.

En conferencia de prensa conjunta ofrecida en la sede del Ejecutivo
estatal, el procurador y el secretario general de Gobierno señalaron
que la competencia para investigar los excesos policiacos corresponde
"única y exclusivamente" a las autoridades mexiquenses, por lo que
solicitarán a la Procuraduría General de la República (PGR) que envíe un
desglose de la averiguación 03/05/06, que inició de oficio la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra las Mujeres.

Los funcionarios justificaron la tardanza para iniciar averiguaciones
previas por las presuntas violaciones y otros ultrajes a que hasta el
momento ninguna de las denunciantes permitió que se le practicara un
examen médico para comprobar los abusos, ni mucho menos presentó
denuncia.
"Sin embargo, por instrucciones del gobernador Enrique Peña se
determinó ir a fondo en este asunto", aclararon.

En caso de que la contraloría determine que los agentes sujetos a
investigación administrativa son responsables de la comisión de un
delito, se remitirá el expediente a la procuraduría para iniciar la
averiguación previa correspondiente.

El procurador Villicaña informó que ya se remitió al Ministerio Público
la lista de 41 agentes y tres oficiales que estuvieron a cargo del
traslado de detenidos de Atenco a Toluca, donde presuntamente ocurrieron
las violaciones.

A la fecha ninguno de los 52 elementos de la ASE ha sido separado del
cargo, a pesar de estar sujetos a investigación. "La totalidad continúa
en funciones y se tomará alguna determinación cuando las indagatorias
concluyan", aclaró el secretario general de Gobierno.

"Lo que les puedo garantizar es que el gobierno de Enrique Peña no va
propiciar impunidad para ninguno de los dos lados. En un estado de
derecho estamos subordinados al imperio de la ley gobernantes y gobernados,
policías y ciudadanos. Por eso se ejercitó acción penal y estamos
investigando a los uniformados", concluyó.

La respuesta del gobierno mexiquense se dio tras las evidencias que
mostró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobernador
Enrique Peña Nieto sobre los excesos cometidos por los cuerpos policiacos
que participaron en la toma de Atenco el pasado 3 y 4 de mayo.

La CNDH remitirá a la procuraduría estatal toda la información que
recabósobre los abusos policiacos, según acordaron el ombudsman José Luis
Soberanes y el gobernador Peña Nieto durante el encuentro que
sostuvieronel pasado martes.

"Durante ese encuentro, la comisión nos mostró la información que posee
respecto de los señalamientos que hacen las mujeres que fueron
trasladadasen autobús de Atenco a Almoloya de Juárez. Nos mostraron videos,
fotografías y una serie de documentos en los cuales constan las
acusaciones que formulan las señoras en contra de los elementos de la
policía estatal", informó el procurador Villicaña.

Según lo expresado por la comisión, abundó, "las víctimas están
dispuestasa proseguir la queja, a ratificar sus declaraciones y a señalar
directamente a las personas que participaron".

Aunada a la información que remita la CNDH a la procuraduría, el
Ministerio Público requerirá mayores datos de la ASE, añadió, "para
establecer con toda claridad quiénes y cómo intervinieron en los hechos
que son motivos de la denuncia".

Por otra parte, Benítez Treviño confirmó además que hasta el momento el
comisionado de la ASE, Wilfrido Robledo Madrid, quien diseñó el
operativode asalto a San Salvador Atenco, no es investigado.

Al respecto, Francisco Garate Chapa, dirigente del PAN en el estado de
México, dijo que ante los evidentes excesos de la fuerza pública
cometidosen Atenco, Robledo debe renunciara su cargo.

Recordó además que en 2000 se formularon denuncias contra Robledo (en
eseentonces responsable de la Policía Federal Preventiva) por la
adquisición
irregular de 12 aeronaves y la adjudicación directa de varios contratos
para esta compra.

http://www.jornada.unam.mx/imprimir.php?fecha=20060518¬a=007n1pol.php&seccion=nota

Confirma la procuraduría estatal que se trata de un homicidio doloso

Dispararon contra el menor Javier Cortés a menos de 70 centímetros

ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL

Toluca, Mex. 17 de mayo. El homicidio del menor Javier Cortés Santiago,
ocurrido durante los enfrentamientos entre pobladores de Atenco y
policíasestatales y federales el pasado 3 de mayo, no fue accidental, sino
doloso,afirmó hoy el procurador de Justicia del estado, Abel Villicaña
Estrada,ya que el arma que lo privó de la vida fue disparada a menos de 70
centímetros de su cuerpo.

El procurador informó que se recaban testimonios de testigos del
asesinatopara saber, a ciencia cierta, quién diparó el arma calibre .38
que ultimóal joven, "porque aún no sabemos si salió de la gente o de la
policía".

El procurador reveló que las pruebas de criminalística de-muestran que
Cortés Santiago fue víctima de "un homicidio doloso y directo, porque
nose trató de una bala perdida. El disparo fue activado a menos de 70
centímetros de distancia entre el sujeto activo y el pasivo, y el menor
hizo maniobras defensivas porque levantó el brazo y el proyectil le
atravesó el brazo y se le introdujo en el tórax".

Sobre el video que difundió el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín
Pro el pasado 10 de mayo, en el que policías mexiquenses reconocen que
la
bala que le quitó la vida al menor fue disparada por agentes estatales,
el
procurador indicó que el material ya fue requerido por el Ministerio
Público.

El procurador del estado de México aseguró que el video "carece de
validez
jurídica" y "no tiene utilidad para la investigación de la muerte del
menor", y agregó que las autoridades mexiquenses consideran que se
trata
de "un montaje", porque no se acredita la identidad de los policías
declarantes y las voces fueron distorsionadas.

http://www.jornada.unam.mx/imprimir.php?fecha=20060518¬a=007n2pol.php&seccion=nota

Adherentes a la otra campaña se manifiestan frente a oficinas del
organismo

Entregan en sede de la ONU paquete de denuncias sobre abusos policiacos

Llaman a proseguir las movilizaciones hasta lograr la liberación de
todos
los presos

JOSE ANTONIO ROMAN

Más de un centenar de adherentes y simpatizantes de la otra campaña se
manifestaron ayer frente a la sede de la representación de la
Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en México para entregar un "paquete de
denuncias" sobre violaciones a los derechos humanos y ofrecer varios
testimonios de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, además de
solicitar su intervención para obtener la liberación de los presos
políticos.

Luego de una hora de conversaciones con una comisión de la otra
campaña,
la respuesta del coordinador residente de la ONU en México, Thierry
Lemaresquier, fue "ambigua y diplomática", sin asumir ningún compromiso
claro, con el argumento de no tener ninguna facultad para intervenir.

Las peticiones directas a la representación de Naciones Unidas en
México
fueron, con la entrega de las denuncias, lograr una sanción a México
por
el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU; apoyo para la atención
médica y sicológica de las víctimas de la represión en Atenco, y
acompañar
a las mujeres ultrajadas para que puedan presentar sus denuncias sin
represalias gubernamentales posteriores.

El funcionario, quien estuvo acompañado de los responsables del área de
desarrollo y de género, ofreció hacer llegar las denuncias a la misma
secretaría general de la ONU, así como servir de intermediario para que
la
Cruz Roja Internacional pueda brindar atención médica y sicológica a
las
mujeres que fueron agredidas y violadas durante los operativos de la
policía en Atenco, además de mantener comunicación futura con los
integrantes de la comisión para notificarles sobre el avance de dichas
gestiones.

Durante la manifestación se convocó a la jornada internacional de
solidaridad con San Salvador Atenco este viernes, y a no abandonar la
movilización hasta lograr la libertad absoluta e incondicional de todos
los presos.

En una carta abierta leída por Sara Carrión a las puertas de la sede de
la
ONU, se pidió también la solidaridad con la huelga de hambre de los
presos
políticos de Atenco, recluidos en los penales de Santiaguito y La
Palma,
así como de las indígenas mazahuas en plantón afuera de este último, y
de
Gloria Arenas en el penal de Chiconautla, con la demanda de la libertad
inmediata e incondicional de todos los presos del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra y organizaciones solidarias.

Llaman a la solidaridad internacional

En el mitin, los oradores insistieron en que la solidaridad
internacional
debe ser una herramienta de presión contra el gobierno mexicano y el
del
estado de México, y también hacia los medios de comunicación y las
instancias jurídicas que deben definir las acusaciones que pesan contra
los presos en el ofrecimiento de pruebas de los días 22 y 23 de mayo.

Asimismo, se convocó a todas las redes internacionales a realizar
acciones
de información y de presión en las embajadas y los consulados mexicanos
en
el extranjero.

Los manifestantes portaban diferentes mantas, carteles y pancartas en
las
que denunciaban la represión en Atenco y la brutalidad y abusos de las
fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno. De igual forma,
denunciaron las expulsiones arbitrarias de cinco extranjeros, quienes
por
diversas circunstancias fueron detenidas en los operativos policiacos.

http://www.jornada.unam.mx/imprimir.php?fecha=20060518¬a=010n1pol.php&seccion=nota

Presentan video en que la joven deportada narra abusos que sufrió en
Atenco

Exigen cineastas reingreso a México de la estudiante chilena Valentina
Palma

JUAN JOSE OLIVARES Y BLANCHE PETRICH

La estudiante de cine Valentina Palma seguirá grabando y documentando
la
realidad mexicana, y lo hará mediante el trabajo de alumnos, maestros y
directivos de las dos instituciones de enseñanza más importantes del
país
en esta materia: el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y el
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), que ayer se
comprometieron a demandar, por todas las vías posibles, incluyendo las
instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que el gobierno mexicano rectifique la acción de deportación
que
le fue aplicada a la joven chilena para que pueda retornar a México a
concluir su carrera.

En una conferencia de prensa convocada por la comunidad
cinematográfica,
los compañeros de estudio de la alumna expulsada del país exhibieron un
breve documental sobre el arresto y expulsión de Valentina Palma, que
fue
deportada junto con otro joven chileno, dos españolas y una alemana un
día
después del asalto policiaco a San Salvador Atenco.

Las cuatro deportadas han denunciado, en testimonios por separado,
actos
de violencia y agresión sexual mientras estuvieron detenidas en poder
de
las fuerzas policiacas estatales y federales el día de los hechos.

Las escenas del documental, en las que se ve a Valentina con un rictus
de
dolor, llevada de los brazos por dos elementos de seguridad con el
protector de los cascos sobre la cara, mientras otros dos la golpean
por
detrás, recuerdan momentos de muchas grabaciones hechas hace 38 años en
Tlatelolco.

"Pensábamos -dijo el cineasta Jorge Fons, director de Rojo amanecer, al
hacer uso de la palabra- que nuestro modo de vivir y pensar se había
acercado más a las normas democráticas. Ahora vemos, por medio del caso
de
Valentina, que no hemos dejado atrás el pasado. Vemos que los hechos de
Atenco fueron un acto de represión, un patrón de conducta y no un
simple
operativo para detener a unos señores que habían transgredido la ley."

En respuesta a las argumentos con los que las autoridades han intentado
justificar la deportación de la estudiante chilena, diciendo que ella
sólo
tenía una visa para estudiar y no para "trabajar", que es lo que estaba
haciendo en Atenco, la directora del CCC, Angeles Castro, reivindicó el
derecho de los alumnos de la institución a salir a las calles a
documentar
con cámaras la realidad o hacer ficción.

El haber coartado ese derecho en el caso de Valentina Palma, señaló,
significa un grave retroceso "en los esfuerzos que esta sociedad ha
hecho
para construir espacios de libre expresión".

Armando Casas, director del CUEC, de la Universidad Nacional Autónoma
de
México, acudió al CCC para solidarizarse con la afectada. Manifestó que
el
registro de la realidad "es indispensable para la práctica y el
aprendizaje del cine documental. Es -subrayó- nuestro derecho y nuestra
obligación como comunidad cinematográfica. Es nuestro compromiso con la
cultura y no vamos a permitir que este derecho nos sea negado".

La maestra María del Carmen Lara, realizadora de En este país no pasa
nada, expresó que las autoridades "no ven nunca documentales; por eso
no
saben lo que es", por lo que procedió a definir este género "como parte
de
los movimientos sociales, un instrumento de la historia, de la
denuncia".
Lo que Valentina Palma hizo como estudiante, explicó, fue seguir los
pasos
de los grandes maestros del cine documental, como Leobardo López
Arteche,
autor de El Grito, filme sobre el movimiento estudiantil del 68, y
Patricio Guzmán, autor del la trilogía La Batalla de Chile.

Con los hechos de Atenco, añadió, "el régimen de Vicente Fox se quitó
el
velo" y se muestra "como lo que es: un poder violento que promueve la
violencia" y que cuenta con la complicidad de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. "Nosotros -concluyó- no somos cómplices; no
permitiremos que Valentina no pueda terminar su carrera en México".

Otro docente, Carlos Taibo, del Instituto Mexicano de Cinematografía,
afirmó que la joven expulsada "va a seguir documentando la realidad de
México a través de nosotros. No queremos un país de botas, toletes y
puertas rompiéndose. Queremos un estado de derecho, no de derecha".

A su vez, los estudiantes del CCC, de la Escuela Nacional de Arte
Teatral
y de la Escuela de Pintura de La Esmeralda expresaron que la detención
de
su compañera "es un agravio a la libertad de expresión, y reafirma la
ignorancia y cinismo" del presidente Vicente Fox.

También hubo una lectura dramática de un texto escrito por Valentina
Palma, leído por la actriz Julieta Egurrola. "Para ellos -expresa la
joven
cuando describe el momento en que fue golpeada y agredida sexualmente,
después de ser arrojada sobre una montaña de cuerpos heridos en un
transporte policiaco- soy un nombre cualquiera, unas nalgas cualquiera,
unos senos cualquiera. Pero ellos también son cualquiera. Sin el
uniforme
de policía, con sus caras mexicanas, podrían ser cualquiera, como los
otros cualquiera ahí tirados, llenos de sangre, de miedo y de rabia.
Rabia
por la impotencia".

http://www.jornada.unam.mx/imprimir.php?fecha=20060518¬a=011n1pol.php&seccion=nota

Argumentan ilegalidad en el juicio de extradición

Hoy entregan a seis ciudadanos vascos a la policía española

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Este jueves, el gobierno mexicano entregará a la policía española y
funcionarios judiciales de ese país, a seis ciudadanos vascos, a
quienes,
presuntamente, se les acusa de pertenecer a una célula de la ETA.

La entrega se realizará en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, al filo del mediodía, luego de que la cancillería mexicana y la
Suprema Corte de Justicia de la Nación dieron su anuencia para el envío
a
España de Ernesto Alberdi Elejalde, Félix Salustiano García Rivera,
Juan
Carlos Artola Díaz, Asunción Gorrochategui Vázquez, José María Urquijo
y
Asier Arronategui Duralde, quienes han permanecido presos en el
Reclusorio
Norte de la capital mexicana desde 2003.

Fuentes gubernamentales revelaron que la Procuraduría General de la
República (PGR) prepara, desde la tarde de ayer, el operativo para el
traslado del Reclusorio Norte a la terminal área de los seis vascos,
entre
ellos, uno mexicano, a fin de que sean entregados a los policías
españoles.

De acuerdo con las versiones obtenidas, los seis vascos no viajarán a
la
península ibérica en un vuelo comercial, como ha ocurrido en otros
casos,
sino que, esta vez, el gobierno español envió a sus agentes y
funcionarios
en un avión oficial para concretar la extradición.

Los funcionarios entrevistados indicaron que los agentes españoles
llegaron la tarde-noche del miércoles a la ciudad de México, en donde
sostuvieron reuniones con funcionarios mexicanos para luego esperar a
los
seis detenidos, quienes según los gobiernos de México y España operaban
desde suelo mexicano.

Los seis ciudadanos vascos perdieron hace unos días su último recurso
jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar su
envío a España.

Lo anterior, debido a que el máximo tribunal mexicano les negó un
recurso
de amparo, con lo cual quedarán a disposición del juez de la Audiencia
Nacional Española, Baltasar Garzón, para enfrentar los cargos de
asociación ilícita, integración en organización terrorista,
allegamiento
de fondos con fines de terrorismo y blanqueo de capitales procedentes
de
actividades terroristas.

Sin embargo, los seis ciudadanos vascos, lo mismo que su defensora,
Bárbara Zamora, siempre argumentaron ilegalidad en su detención y
posterior sujeción a juicio de extradición.

La PGR los detuvo en julio de 2003 en distintas ciudades del país, como
Monterrey, Puerto Escondido, Oaxaca, el Distrito Federal, Cancún y
Querétaro, y supuestamente tenían en su poder manuales para fabricar
armas
químicas y videos sobre la lucha armada, sin embargo, nunca pudo
acreditar
esos señalamientos, e inclusive tuvo que dejar en libertad a tres
mexicanos que supuestamente estaban ligados al grupo, por no encontrar
elementos de prueba para fincarles cargos.

Pilar Sosa quedó en libertad tras 51 días de arraigo, y Pedro Ulises
Castro y Noé Camarillo Cantú quedaron libres sin cargo en contra,
después
de 90 días de arraigo.

Cabe recordar que durante una diligencia realizada en el juicio de
extradición, efectuada en el juzgado segundo de distrito, en noviembre
de
2003, Alberdi Elejalde expuso que tuvo que abandonar su país "debido a
la
fuerte represión contra todo tipo de reivindicación vasca de tipo
democrático. La aprehensión de un amigo me llevó a huir, pues fue
detenido
y torturado, igual que su familia, debido a su posición política.

"Por miedo a sufrir torturas abandoné el País Vasco, ya que la práctica
de
la tortura está generalizada en el Estado español, y así lo avalan los
informes de Amnistía Internacional y de la ONU.

"No he cometido delito alguno (...) La petición de extradición no tiene
sustento, sino origen político. En todo caso, si cometí un delito en
estos
14 años, debería ser juzgado aquí, pues nunca he abandonado este país
en
ese tiempo."

Félix Salustiano García narró parte de sus vivencias en el País Vasco:
"Mi
primera detención fue el 26 de septiembre de 1976, cuando me disponía a
colocar una pancarta en la que se convocaba a que se asistiera a un
funeral en recuerdo de los fusilados el 27 de septiembre de 1975.

"La policía me apaleó hasta dejarme inconsciente, me formaron proceso
con
acusaciones falsas y querían condenarme a dos años de cárcel; sin
embargo,
salí libre por la ley de amnistía de 1977.

"La segunda detención ocurrió en 1979. Un grupo de policías me
aprehendió
e incomunicó bajo la supuesta aplicación de una ley antiterrorista.
Fueron
los 10 días más terribles de mi vida, pues las torturas, palizas e
insultos eran continuos."

Durante su proceso de extradición, los seis ciudadanos vascos han
responsabilizado de su integridad física al gobierno mexicano, pues
siempre han sostenido su inocencia de los cargos que les imputan.

http://www.jornada.unam.mx/imprimir.php?fecha=20060518¬a=024n2pol.php&seccion=nota

"Primero tiñeron las calles de rojo y ahora quieren pintar de blanco
las
casas": FPDT

El gobierno mexiquense reparte pintura en Atenco, en busca de calmar
los
ánimos

JAVIER SALINAS CESAREO Y RENE RAMON

Mientras el gobierno del estado de México comenzó ayer en 10 poblados
de
San Salvador Atenco la repartición masiva de cubetas de pintura para
fachadas de viviendas y calles, como "una táctica para desviar la
atención
del conflicto que se vive", integrantes del Frente de Pueblos en
Defensa
de la Tierra (FPDT) advirtieron a la administración mexiquense que se
abstenga de este tipo de acciones o impedirán por la fuerza la entrega
del
material.

Durante la mañana, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo
Metropolitano del gobierno mexiquense y autoridades de Atenco ordenaron
desplazar ocho camiones a 10 puntos del municipio, para repartir
cubetas
de pintura.

Los camiones dejaron en varias viviendas de los poblados de Acuexcomac,
Nexquipayac, Santa Isabel Ixtapa, El Salado, Granjas El Arenal, Santa
Rosa, La Pastora, Zapotlán, Francisco I. Madero y en la cabecera
municipal, más de dos mil 200 cubetas de pintura blanca y amarilla -de
19
litros cada una-, dos mil rodillos, cuatro mil brochas y cuatro mil
escobas.

Sin embargo, no entraron a la explanada principal de Atenco, donde se
ubica el plantón de los integrantes del FPDT, sino a las calles
aledañas.

La víspera, integrantes del movimiento atenquense advirtieron al
ayuntamiento local que no permitirían al gobierno mexiquense la
repartición de cualquier tipo de material, por considerar que se trata
de
una táctica para desviar la atención del conflicto entre sus miembros y
el
gobierno estatal.

"Primero, el gobierno tiñó las calles de rojo con la sangre de los
pobladores a los que golpeó durante la represión que sufrimos, y ahora
quiere pintar de blanco las casas y de amarillo las calles", declararon
algunos miembros del FPDT. "Quieren dar a la población atole con el
dedo",
aseguraron, y advirtieron que "el conflicto aún no termina y si el
gobierno quiere que se solucione, tiene que liberar a todos los presos
de
Atenco".

Por lo pronto, la mayor parte del material permanece almacenado en
varias
viviendas y comienza a ser repartido.

Por otro lado, aunque el gobernador del estado, Enrique Peña Nieto,
reconoció de nueva cuenta el uso excesivo de la fuerza pública durante
los
hechos violentos en San Salvador Atenco, advirtió que no habrá
destitución
ni renuncia de ninguno de los funcionarios de su gabinete, incluido
Wilfrido Robledo Madrid, comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal
(ASE) y responsable de los operativos policiacos en esa comunidad.

El mandatario mexiquense visitó los municipios de Ayapango y Valle de
Chalco, donde enfrentó protestas del magisterio y estudiantes en
demanda
de obra pública. En Valle de Chalco entregó equipo de cómputo a los
planteles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de
México (Cecytem).

Entrevistado al término del acto, afirmó que el objetivo en San
Salvador
Atenco era primero "restablecer el orden y la tranquilidad, ante la
violación que se había hecho a la ley y de haber transgredido el orden
social".

"Hemos reconocido que en algunas evidencias se aprecia el uso excesivo
de
la fuerza pública de algunos policías, que no de todos, insisto, y que
eventualmente de las investigaciones pudiera incluso deslindarse el que
alguno hubiese incurrido en la comisión de algún delito; estos casos
serán
debidamente sancionados".

Al preguntarle si se fincará responsabilidad a Robledo Madrid, Peña
Nieto
respondió: "no voy a hablar nada del tema, estamos haciendo la
investigación correspondiente. El secretario general de Gobierno,
Humberto
Benítez Treviño, insisto, hoy declaró en rueda de prensa y dejamos muy
en
claro la instrucción que hay".

-¿Pero fincará responsabilidades a Wilfrido Robledo? -se le insistió.

-Se le fincará a los agentes que hayan actuado fuera de la atribución
que
tenían. A ningún otro, ¡eh!

-¿Va a renunciar alguien de su gabinete?

-No hay renuncias.

El acto bochornoso lo protagonizó Javier Cruz Cepeda, director general
del
Cecytem, quien al iniciar el protocolo erró y dijo: "Buenas tardes,
señora
Mónica Pretelini de Montiel" -al referirse a la esposa del gobernador-,
lo
que provocó la rechifla de los estudiantes y el asombro de la aludida.
El
funcionario escolar corrigió y no cesó de pedir disculpas por haber
mencionado el apellido del ex mandatario Arturo Montiel.

http://www.jornada.unam.mx/imprimir.php?fecha=20060518¬a=012n1pol.php&seccion=nota




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