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(ca) Rafael Cid. Soberanos e intervenidos (El derecho de autodeterminación para el Capital y la Política )

Date Mon, 27 Feb 2006 10:45:02 +0100 (CET)


[Rojo y Negro]
Lunes 27 de febrero del 2006.
Endesa es soberana, pero el pueblo vasco y el catalán no. Lo que decidan
los directivos y accionistas de la empresa energética va a misa, mientras
la opinión de los legítimos representantes Euskadi y Catalunya exige el
nihil obstat previo de Madrid. En resumen, parece justo y necesario que el
mercado reclame para sí el derecho a decidir, en tanto en el Estado-
nación ese mismo derecho de autodeterminación es mera retórica. O sea, que
a la altura de la globalización neoliberal lo que en el mundo de los
negocios se considera sagrado ejercicio de soberanía en el plano político
se reduce a una autonomía controlada y preventiva. Ergo, el silogismo es
obvio: la soberanía del mercado se erige sobre el intervencionismo de los
ciudadanos. En la democracia realmente existe el Estado-nación esta
subordinado al Estado-capital, aunque nunca haya existido capital ni
acumulación de capital que no proceda en origen de una expoliación social.

Eso se mire por dónde se mire, sin excepciones ni paliativos. Siempre que
no se tengan en cuenta las opiniones mercenarias (intervenidas y no
soberanas) de muchos medios de comunicación y buena parte de los
sempiternos expertos de cámara. El ejemplo más flagrante en el caso
español lo encontramos en la propia dinámica global de la triada
capital-estado-nación. Bruselas, meninge propiciatoria del mercado único,
en pleno uso de las competencias delegadas por los estados advierte a
Rodríguez Zapatero de la imposibilidad normativa de oponerse a la OPA de
la alemana ON sobre la nacional Endesa.

Pero esa misma ?auctoritas? supranacional se esgrime, a la inversa y no a
la viceversa, para negar de raíz el derecho de autodeterminación - incluso
en la fórmula utilizada por Canadá en el contencioso de Québec - de vascos
y catalanes con sus ?fueros?. Pasando por alto el hecho clave, esencial y
definitorio de que mientras el parlamento vasco y el catalán han aprobado
por mayoría un nuevo código de convivencia con su entorno, ni los
subconjuntos del pueblo vasco y catalán, ni siquiera el pueblo español en
su conjunto, fueron consultados en su momento sobre la inclusión en la
Unión Europea y la correspondiente cesión de soberanía que ello implicaba.
Es más, cuando se pidió a la ?nación? su opinión (no vinculante, claro,
como corresponden a entes intervenidos) sobre la Constitución europea, su
clamoroso rechazo fue olímpicamente ignorado.

Todo ello en un juego de ordenamiento jurídico constituyente y constituido
que busca su primera referencia en el tenor literal del artículo 2 de la
Constitución vigente de 1978 al proclamar: ?La soberanía nacional reside
en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado?. Y así
se valida un sinuoso tráfico constitucional que lo mismo sirve para un
roto que para un descosido, en este caso no a gusto del consumidor sino
del controlador. Si se tira de la C.E como norma suprema, el pueblo es
soberano y sacamos pecho. Si se escoge el ancho de vía europeo, impuesto
por la fuerza de la coacción del sistema, el paradigma es la legalidad
vigente que permite la soberanía del mercado y al mismo tiempo la
intervención sobre el pueblo. Lo que indica que el valor primordial, el
primus inter pares, es siempre el mercado. Y también que hoy como ayer lo
que es bueno para el capital (llámese General Motor o Endesa) es bueno
para el país. Así es si así os parece.

Por eso Rodríguez Zapatero coincide en la misma longitud de onda con los
trogloditas emboscados en la clase política, financiera, mediática,
dinástica y militar a la hora de abordar el tema del derecho a decidir.
?La autodeterminación no renegocia porque tal derecho no existe?, ha dicho
el presidente del Gobierno en respuesta a Mariano Rajoy, olvidando que en
la historia del centenario Partido Socialista Obrero Español pesan más los
años autodeterminacionistas que los colonialistas. Sin ir más lejos, el
PSOE del congreso del 1977 aún refrendaba el derecho de autodeterminación
como autonomía de la voluntad política, para Navarra por ejemplo, pero
poco después se convertía al dependentismo rampante aceptando la entrega
del entonces Sahara español a su verdugo el genocida Hassan II, por
ejemplo.

¿Qué tiene que ver este rosario de incoherencias, deslices y trágalas
constitucionales con las manifestaciones de uno y otro signo efectuadas
sobre el derecho a decidir? ¡Todo!. La derecha se ha echado a la calle,
movilizada por el primer partido de la oposición y habitual denigrador del
método de la pancarta, para pedir que se impida que vascos y catalanes
decidan autónomamente, ya sea sobre el Estatut o sobre la paz con ETA.
Vascos y catalanes, a su vez, lo han hecho en sentido contrario. La
manifestación del pasado 18 de febrero en Barcelona se llevo a cabo bajo
la divisa ?somos una nación, no un preámbulo?, en alusión a la última
redacción del Estatut pactada por PSOE y CiU, y convocó según la
delegación del gobierno a 125.000 personas. La última del PP, celebrada
una semana más tarde en Madrid contra la negociación con ETA, reunió según
las mismas fuentes (en ambos caso ?fuentes? adversas) a 110.000 personas.

El pulso está servido, porque aunque las contundentes manifestaciones
nacionalistas e independencias efectuadas en el País Vasco se vean
concienzudamente ninguneadas en la prensa ?nacional?, se olvida que el 16
de febrero de 1990 el parlamento de Vitoria, siguiendo los pasos del
parlament de Catalunya en 1989, aprobó ?que el pueblo vasco tiene derecho
a autodeterminación?. Circunstancia que llevó a un historiador ?nacional?
a escribir que ?al aprobar este derecho, el parlamento vasco se convierte
en la primera asamblea nacional de un país de la Comunidad Europea que
adopta esta decisión?. (Fernando García de Cortázar, El nacionalismo
vasco, pág. 150). Teniendo en cuenta que estos pronunciamientos de
soberanía, por parte de los legítimos representantes del ambos pueblos, se
hicieron cuando la comunidad internacional bendecía los procesos de
secesión en curso en la antigua URSS, se comprueba que los pilares del
capital a menudo representan un campo de minas para la política. Que es
otro enfoque del conocido aserto de Mandeville acerca de que los vicios
privados prefiguran virtudes públicas.



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