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(ca) [México, cspcl] ONG denuncia abusos sexuales contra ac tivistas oaxaqueños detenidos

Date Fri, 15 Dec 2006 20:20:49 +0100 (CET)



[De la prensa burguesa]

LA JORNADA 15 de diciembre de 2006

A los consignados los han privado de agua y alimentos, señala reporte
de la Limeddh

ONG denuncia abusos sexuales contra activistas oaxaqueños detenidos en
Nayarit

EMIR OLIVARES ALONSO

Un número significativo de los activistas detenidos en Oaxaca y
trasladados al penal de San José del Rincón, en Nayarit, reporta haber
sido víctima de abusos sexuales acompañados de amenazas de violación y
mutilación, informó la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos
(Limeddh).

La organización de defensa de las garantías fundamentales entrevistó a
86 de los 137 detenidos durante el enfrentamiento del pasado 25 de
noviembre ­que fueron trasladados­ a esa cárcel y, tras analizar los
testimonios, destacó que las autoridades carcelarias y policiacas han
incurrido en tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; amén de
que la mayoría de los aprehendidos "son inocentes" e inclusive no tienen
vínculos con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

La Limeddh indicó que las declaraciones que obtuvo son "congruentes,
concordantes y correspondientes entre sí, por lo que tienen valor
preponderante en el análisis de la verdad histórica de los hechos".

Con base en 86 testimonios, el organismo concluyó que a quienes están
detenidos en el penal de San José del Rincón por los hechos de Oaxaca se
les ha privado de agua, alimentos, de facilidades para realizar sus
necesidades fisiológicas, atención médica, se les ha obligado a estar en
posiciones forzadas, y "se les apiló como bultos" durante el traslado de
Oaxaca a Nayarit.

Otra de las irregularidades que señaló la Limeddh es que aunque 34 de
los presuntos responsables de actos violentos en Oaxaca son mujeres y
tres menores de edad, a todos los manifestantes que aún permanecen
presos se les encarceló en un penal varonil.

Los testimonios también revelan que los detenidos han sido víctimas de
tratos degradantes e indolentes por parte del personal penitenciario,
fueron rapados, incluidas las mujeres; señalan que al ser aprehendidos
fueron objeto de golpes y vejaciones aplicadas como castigo.

La Limeddh reveló que los entrevistados mostraron incertidumbre sobre su
situación jurídica, además de que el maltrato se agrava al encontrarse
en un penal lejano, por lo que para sus familiares, abogados y amigos es
difícil emprender la defensa jurídica.

"Los daños físicos y sicológicos fueron directos e indirectos, es decir,
sufridos en carne propia y al observar cómo eran tratados los demás
detenidos, lo que genera una grave afectación de la esfera emocional",
establecen las conclusiones del organismo.

La Limeddh subrayó que este tipo de tratamiento por parte de las
autoridades carcelarias y policiacas "es considerado por los convenios
internacionales como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes";
los cuales se agravan por el clima de "terror" ante la incertidumbre de
que los prisioneros no saben cuál será su suerte.

El análisis refiere que a pesar de que los detenidos estuvieron en
contacto con diferentes tipos de autoridades, la mayoría de ellas no les
cuestionó sobre el maltrato que habrían sufrido, por lo que los
testimoniales indican que "existieron órdenes tácitas de actuar con saña
y prepotencia, puesto que ningún superior intentó evitar los maltratos
ni tampoco, a lo largo de este tiempo ­desde el momento de la detención
hasta ayer­ se tiene conocimiento de que se iniciara de oficio (como
está obligado el Estado mexicano) una averiguación previa por el delito
de tortura, como lo establecen los convenios y pactos internacionales",
pues este ilícito sí se cometió, señala el reporte.

Ante esto, la Limeddh concluyó que el Estado mexicano ha incurrido, "por
acción u omisión", en la violación a los pactos y convenios de las
organizaciones de Naciones Unidas y de Estados Americanos.

"Esta evidente omisión en el cumplimiento de la legislación
internacional, además de traducirse en una conducta institucional que
coloca al Estado mexicano al margen de la misma, nos obliga a rechazar
categóricamente estas acusaciones inadmisibles y a denunciar la
existencia de una franca persecución desde los diferentes órganos y
funcionarios de la seguridad del Estado, que pretende criminalizar la
propuesta popular y la acción cívica de las organizaciones sociales".

Hasta el momento, el conflicto en la entidad ha dejado 137 detenidos en
Nayarit, cuatro en Matamoros y cuatro más en el penal Altiplano, estado
de México.

Por otro lado, la organización internacional Trabajar Juntos por los
Derechos Humanos, con sede en Lyon, Francia, solicitó a Felipe Calderón
intervenir de manera "urgente" ante el clima de persecución que viven
los defensores de las garantías fundamentales en Oaxaca, sobre todo las
integrantes de la Limeddh Yésica Sánchez y Aline Castellanos, sobre
quienes pesa una orden de aprehensión por el delito de despojo tras los
sucesos en la toma de canal 9 el primero de agosto pasado.

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/15/index.php?section=politica&article=021n1pol

Descarta solicitar la remoción del gobernador; esos tiempos ya pasaron,
argumenta

Ulises Ruiz pidió trasladar a los detenidos a otros estados, asegura
Ramírez Acuña

FABIOLA MARTINEZ

El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Francisco Ramírez
Acuña, aseguró que el traslado de 141 detenidos de Oaxaca a un penal
federal de mediana seguridad en Nayarit (tras un operativo de la Policía
Federal Preventiva el pasado 25 de noviembre) fue "legal" y obedeció a
una solicitud expresa del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

En su primera conferencia de prensa como responsable de la política
interna del país, el funcionario reiteró los argumentos emitidos por la
administración foxista en el sentido de que no pedirá al mandatario
priísta su renuncia, aun cuando dijo que el conflicto en aquella entidad
constituye un "foco rojo" y un asunto prioritario.

"Nunca pediré a un gobernador que se retire del cargo. El tiempo en que
el secretario de Gobernación les pedía o los sentaba en el banquillo de
los acusados a los gobernadores ha pasado a la historia", dijo.

La exigencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fue
canalizada, una vez más, a las "vías institucionales" como el Senado,
donde Gobernación se ofreció a servir de "puente", señalaron fuentes
consultadas.

Horas después de la rueda de prensa, la comisión única de diálogo de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el subsecretario de
Gobierno de Gobernación, Abraham González Uyeda, redactaron una minuta
en la cual establecen, entre otros puntos, que sólo procederá el
traslado de los detenidos con la solicitud expresa de los propios
inculpados y sus familiares.

Lo anterior, a fin de que no se adjudique al gobernador Ruiz este
proceso y, sobre todo, ante los temores de que los detenidos reciban
"más torturas y maltratos" a su retorno a los penales de Oaxaca.

Ruiz Ortiz solicitó a la Federación el envío de 141 personas a un penal
federal (apenas 18 horas después de la aprehensión colectiva en la
capital oaxaqueña), sin que mediara para ello dictamen de criminalística
y grado de peligrosidad, y después, con el argumento de petición expresa
de familiares, solicitó, también al gobierno federal, la devolución de
los presos.

Del caso particular de Flavio Sosa, uno de los dirigentes más visibles
de la APPO, se acordó que el equipo jurídico del movimiento y de
Gobernación establezcan vínculos para dar seguimiento al caso.

Las fuentes consultadas ­presentes en el encuentro que se prolongó más
de cuatro horas­ informaron que el funcionario pidió a la comisión de la
APPO (asistieron siete de los diez programados) una valoración respecto
de la actuación de la PFP, presente en la capital oaxaqueña desde el
pasado 29 de octubre.

La APPO propuso, como lo hizo en la administración pasada, que una
autoridad federal tome el mando de las policías estatal y municipal de
Oaxaca y se destituya a los principales funcionarios de seguridad y
procuración de justicia del gobernador.

"Nosotros le manifestamos (al subsecretario) que la presencia de la PFP
es símbolo de que no hay gobernabilidad ni reconciliación y que, en los
hechos, esas fuerzas federales, por sí mismas, sólo pretenden fortalecer
a Ulises Ruiz", agregaron.

Del acuerdo preliminar entre ambas partes ­el primero en lo que va del
sexenio­ se desprende que Gobernación será respetuosa de las
movilizaciones de la APPO, programadas para lo que resta del año,
siempre que éstas se realicen en orden.

En el encuentro, la APPO insistió en que este movimiento "no está
acabado" y pidieron a Gobernación dar "una correcta lectura de este
movimiento social, el cual sigue firme, superando los impactos por los
actos de terror". La siguiente reunión APPO-SG está programada para el
jueves entrante.

Ramírez Acuña rechaza mano dura

En la conferencia de prensa, Ramírez Acuña mantuvo un discurso con el
que trató de refutar la imagen que en diversos sectores tienen de él,
respecto de su "mano dura", en particular sobre su gestión como
gobernador de Jalisco, especialmente el 28 de mayo de 2004 cuando fueron
arrestadas más de cien personas, de las cuales, decenas afirmaron haber
sido víctimas de tortura.

En Jalisco ­aseveró Ramírez Acuña­ no hubo tortura ni persecución.

­¿Fue bueno su actuar en Jalisco?

­Pregúntele a los jaliscienses.

­Usted, ¿cómo lo considera?

­Halago en boca propia es vituperio ­dijo.

En este mismo tono, de intento de conciliación, hizo un reconocimiento
público al PRD, partido con el que ha mantenido contactos con diversos
personajes cuyos nombres se reservó.

"Evidentemente le reconocemos su valía y su fortaleza al PRD; quienes
votaron por el PRD en las elecciones del 2 de julio son un grupo
importante de mexicanos que requieren de la atención y de la visión del
propio Presidente de la República."

Sobre el caso Oaxaca destacó que ahí los poderes (Ejecutivo, Legislativo
y Judicial) están funcionando, por lo que no se meterán en la autonomía
de esa ni de ninguna entidad.

El titular de Gobernación dijo que en su labor agotará todos los
mecanismos de diálogo disponibles, aunque dejó abierta la posibilidad de
utilizar la fuerza del Estado cuando así lo considere necesario:
"estaremos aplicando las acciones correspondientes para prever y
proteger al resto de los ciudadanos cuando haya agresiones de otra
naturaleza", advirtió.

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/15/index.php?section=politica&article=022n1pol

Niegan ingreso a prisión a defensa de Flavio Sosa

ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL

Toluca, Mex., 14 de diciembre. Funcionarios del penal de máxima
seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, impidieron el
acceso al centro penitenciario a la defensa de Flavio y Horacio Sosa
Villavicencio, integrantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca
(APPO) recluidos aquí desde hace 10 días.

Los abogados, encabezados por Eduardo Miranda Esquivel, consideraron
este hecho como una grave violación a las garantías de sus clientes y
expresaron su preocupación por la integridad de los miembros de la APPO
internados aquí.

El representante legal de Flavio y Horacio Sosa presentó por la tarde
una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la
incomunicación en que mantienen a sus clientes y solicitó al organismo
la presencia de un visitador para conocer el estado de salud de los
reclusos a quienes defienden.

"Nos presentamos al penal para platicar con Flavio y Horacio acerca de
la estrategia legal que seguiremos en los juicios que se les instruyen
(por secuestro, lesiones calificadas, robo calificado, despojo, daño en
los bienes y daño doloso) y tras una espera de 30 minutos nos informaron
que por órdenes superiores no podíamos ingresar", explicó el litigante.

Miranda Esquivel relató que un oficial de la Policía Federal Preventiva
les indicó en la garita que la orden de no dejarlos ingresar era porque
no estaban acreditados como defensores de Flavio y Horacio Sosa; sin
embargo, destacó, "la semana pasada nos acreditamos y así pudimos
ingresar en tres ocasiones para asesorarlos en las diligencias de las
declaraciones preparatorias.

"Es una irregularidad grave que vulnera las garantías fundamentales de
Flavio y Horacio; prácticamente los tienen incomunicados y de verdad,
tememos por su integridad física", dijo el abogado Miranda Esquivel.

Sobre la posición del PRD de retirar el apoyo económico a Flavio y
Horacio Sosa para sufragar los gastos de defensa, consideró el hecho
como un acto irresponsable del partido del sol azteca.

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/15/index.php?section=politica&article=022n2pol

Acusan a José Murat y Ulises Ruiz de perseguir a organizaciones indígenas

Misión de CIPO-Van investigará ataques a derechos humanos en Oaxaca

Buscan impulsar programas para consolidar la autodeterminación de los
pueblos originales

LAURA POY SOLANO

Con el objetivo de recabar testimonios sobre la violación a los derechos
humanos del pueblo oaxaqueño y constatar las condiciones de "represión y
hostigamiento" contra las comunidades indígenas de la entidad,
integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca-Vancouver (CIPO-Van)
comenzarán este viernes una misión de observación y acercamiento con
organizaciones no gubernamentales estatales y nacionales.

Con una larga tradición en la defensa de los derechos colectivos de los
pueblos indígenas y por la construcción de la autodeterminación, la
organización CIPO Ricardo Flores Magón ­fundada en noviembre de 1997,
pero con antecedentes de lucha que se remontan a la década de los 70­,
"ha sido una de las más golpeadas por las acciones de represión y
hostigamiento de los gobiernos estatales, en particular con José Murat y
Ulises Ruiz, quien llevó, en junio de 2005, a Raúl Gatica, uno de sus
líderes más destacados, a solicitar asilo político en Vancouver, Canadá".

Pablo Zaldívar, María y Octavio González, integran el primer equipo de
la misión que llegará este viernes a la capital oaxaqueña para
entrevistarse con representantes de la Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca y con funcionarios estatales para "recabar todos los
testimonios y hacer de CIPO-Van una plataforma de solidaridad y difusión
internacional de los actos represivos que se realizan en Oaxaca".

Aseguraron en entrevista con La Jornada, que "ante el temor que quieren
imponer las autoridades estatales y federales, organizaciones como
CIPO-Van fortalecen un acercamiento con organizaciones no
gubernamentales de otros países que pueden presionar al Estado mexicano
y recordarle que observadores de todos partes del mundo estamos muy
atentos a lo que sucede con el pueblo oaxaqueño".

Los activistas radicados en Vancouver desde hace más de cinco años
reconocieron que la labor de Raúl Gatica, quien en noviembre de 2002
denunció ante expertos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, los encarcelamientos
que han sufrido integrantes de CIPO, así como la complicidad del
entonces gobernador de la entidad, José Murat, con grupos de
paramilitares de la Sierra Norte y Tuxtepec, "ha sido fundamental para
impulsar un grupo de apoyo en Canadá y fortalecer los vínculos que CIPO
ha fomentado a lo largo de más de dos décadas con organizaciones civiles
de todo el mundo".

Indicaron que su visita a la capital oaxaqueña buscará fortalecer los
lazos con las comunidades indígenas a fin de "mantener un diálogo e
impulsar proyectos que permitan consolidar los mecanismos de
autodeterminación y de defensa de sus derechos".

Destacaron que CIPO, integrada por comunidades de los pueblos amuzgo,
chatino, chinanteco, mixe, mixteco, trique y zapoteco, "mantendrá una
estrecha relación con las comunidades indígenas de todo el estado, pues
ante los hechos de violencia y represión continuaremos denunciando los
abusos y hostigamiento de las autoridades federales y estatales".

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/15/index.php?section=politica&article=023n1pol

Se paraliza el municipio de San Juan Yaeé porque no se pueden realizar
trámites

Por esperar a su hija, detienen y envían a penal de Nayarit a edil
oaxaqueño

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 14 de diciembre. La vida comunitaria y el desarrollo del
municipio de San Juan Yaeé ­ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca­ están
paralizados desde el pasado 25 de noviembre, luego de que el alcalde
Javier Sosa Martínez, indígena zapoteco, fue detenido en esta capital y
encarcelado durante los enfrentamientos entre fuerzas federales y
seguidores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

"Sin él no se puede hacer ningún tipo de trámite ni trabajos", dijo
Virginia, hermana de Javier Sosa. Sostuvo que el edil y otros ciudadanos
hoy presos en el penal de mediana seguridad de San José del Rincón,
Nayarit, "nada tuvieron que ver con las cosas" que se les imputan.

"Mi hermano no participó en nada, había llegado de la comunidad a una
comisión (a hacer trámites), y aprovechó para ir a recoger a su hija que
llegaba de Reyes Etla después de ir a un curso de danza. La estaba
esperando a eso de las 8 y media de la noche en la parada del camión,
cuando vio gente corriendo (por la avenida Héroes de Chapultepec) porque
llegaba la policía y pensó que por ahí venía la niña, entonces se quedó
a ver y fue cuando lo agarraron", contó.

Destacó que el presidente municipal fue golpeado por elementos de la
Policía Federal Preventiva, y después se le trasladó al reclusorio
regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, de donde fue llevado a Nayarit.

"Nos habló por teléfono de Miahuatlán y lo fuimos a ver. Un hermano
entró y lo vio muy golpeado, y cuando yo iba a entrar (al penal) la
gente de ahí nos dijo que se suspendían las visitas porque iban a comer
los presos y nos sacaron a empujones. Pero nos engañaron porque en ese
momento llegaron dos helicópteros para subirlos. Iban esposados,
agachados para que no nos vieran. Los llevaban (los policías) agarrados
de la nuca para que no voltearan", relató.

Añadió que en el penal de Miahuatlán nadie informó a dónde trasladaron a
los 141 detenidos por la PFP. "Llorábamos, gritábamos, pedíamos que nos
dijeran a qué lugar se los llevaban, pero simplemente nos dijeron que no
sabían. Uno de ellos (los custodios) nos dijo 'váyanse y más vale que se
cuiden lo que están haciendo' y nos fuimos, ya nada teníamos que hacer
ahí", narró.

Acotó que después de varios días, la familia pudo saber que el alcalde
se encontraba en Nayarit y fueron a verlo a San José del Rincón. "Lo
vimos muy afligido y preocupado por su familia y comunidad. Pero también
indignado porque fue torturado física y sicológicamente. Nos dijo que
los policías los amenazaron que si hacían algún movimiento, los iban a
tirar al mar (desde un helicóptero) para ser comida de los tiburones",
refirió.

La comunidad verá cómo sacarlo

Ahora, "el pueblo verá la manera de cómo sacarlo" porque "la comunidad
no puede seguir así", dijo Virginia Sosa. "La familia y el pueblo exigen
su liberación inmediata; aparte de que le hace falta a su esposa e
hijos, no se puede hacer ningún trámite sin que esté, por lo que se han
paralizado todos los trámites y los trabajos en el pueblo", agregó.

Por otra parte, una brigada internacional de observadores y de apoyo a
Oaxaca, integrada por sindicatos de maestros y organizaciones sociales
de países de Sudamérica, Canadá y Estados Unidos, visitará Oaxaca el
próximo domingo "para constatar las violaciones a los derechos humanos,
y ofrecer al pueblo oaxaqueño su respaldo ante la represión desatada por
los gobiernos federal y estatal", informó la secretaria de Asuntos
Profesionales de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), Raquel Cruz Silva.

Precisó que en esta misión participarán la Coalición Trinacional en
Defensa de la Educación Pública, integrada por Canadá, Estados Unidos y
México, así como las organizaciones Red Seta y Fonca, compuesta por
activistas de Colombia, Venezuela y Argentina.

A su vez, el sector estudiantil de la APPO se manifestó frente a la
Rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) a
fin de exigir la liberación de 13 estudiantes de las facultades de
Arquitectura, Derecho y Ciencias Sociales, Medicina y Sociología, así
como de trabajadores de la institución detenidos el 25 de noviembre.

En tanto, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv)
reinició transmisiones en el Canal 9 y en su estación de radio de
frecuencia modulada después de cuatro meses, con la custodia de agentes
de la Policía Preventiva del Estado.

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/15/index.php?section=politica&article=025n1pol

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