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(ca) [Mexico, Oaxaca} La APPO no se ha desactivado

Date Wed, 13 Dec 2006 19:13:17 +0100 (CET)


LA JORNADA 11 de diciembre de 2006

"La APPO no se ha desactivado; la dignidad de este pueblo no ha sido
quebrantada"

Tras la marcha pacífica comienza otra etapa de la lucha en Oaxaca

Llaman a constituir asambleas populares en otras entidades "para
defender nuestros derechos"

FABIOLA MARTINEZ, OCTAVIO VELEZ ENVIADA, CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 10 de diciembre. El pueblo de Oaxaca dejó atrás el miedo.
Miles de personas, encabezadas por familiares de ciudadanos detenidos
por la policía federal el pasado 25 de noviembre, participaron en una
marcha para exigir la liberación de más de 200 "presos políticos".

Fue la primera movilización en la que simpatizantes e integrantes de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), dirigentes de los
partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) y los
familiares de los presos, muchos de ellos ajenos a las acciones de este
movimiento popular, convergen para formar un flanco de resistencia que
les permita no sólo insistir en la salida del gobernador Ulises Ruiz o
ver nuevamente a los suyos, sino reorganizarse en lo que denominan
"segunda etapa de lucha del pueblo de Oaxaca".

Los tres grupos marcaron objetivos y respeto mutuos. En nombre del FAP,
Leonel Cota Montaño, dirigente nacional del PRD, presente en todo el
recorrido, manifestó su solidaridad con las causas de la APPO y advirtió
que el único culpable del conflicto que vive la entidad se llama Ulises
Ruiz.

En tanto, la directiva de este movimiento convocó a la constitución de
asambleas populares en otras entidades para "defender nuestros derechos
ante la rapaz política neoliberal", al tiempo que los familiares
recibieron múltiples muestras de solidaridad.

Las frases "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!" y "¡Presos
políticos, libertad!", retumbó en todo el recorrido.

La valentía se impuso. De un lado, los familiares en la descubierta,
alzando pancartas con las fotos y nombres de sus seres queridos, la
mayoría presos en Nayarit, una entidad, lejos de aquí, a la que muchos
de ellos no han podido ir por falta de recursos.

En todo el recorrido, de poco más de 12 kilómetros, nadie dejó de clamar
por justicia. "¡Repudio total a la fuerza federal!", se escuchaba.

Atrás de ellos, líderes de la APPO, varios de ellos integrantes del
magisterio con órdenes de aprehensión giradas en su contra por
instancias del gobierno estatal, pero ni por ello desistieron en volver
a las calles en la octava "megamarcha" ­impulsada otra vez por la APPO­,
en la que una numerosa comisión de seguridad impidió la "infiltración de
provocadores", como ocurrió el 25 de noviembre pasado.

"Codo por codo, hombro, con hombro, la APPO somos todos". "Lo quiera o
no lo quiera, Ulises va pa' fuera!"

Con un amplio y organizado cinturón de seguridad consiguieron que no se
registraran incidentes mayores, sólo el reclamo de algunos comerciantes
y vecinos por las pintas con aerosol hechas al paso por una decena de
jóvenes.

La APPO cumplió el compromiso, hecho ante funcionarios de la Secretaría
de Gobernación la semana pasada, en el sentido que no habría personas
cubiertas con pasamontañas ni uso de bombas molotov, piedras u otros
objetos, que han servido para repeler a los efectivos de la Policía
Federal Preventiva (PFP), que hoy reforzó sus posiciones en las
inmediaciones del zócalo.

La marcha, más allá de las pintas, fue totalmente pacífica.

En las bocacalles, los uniformados se pertecharon con los contenedores
del servicio de limpia y algunos de ellos pasearon ansiosos por la plaza
de Santo Domingo con sus armas largas.

Aparecieron otra vez dos tanquetas en cada esquina, con unos 60
elementos antimotines, listos para intervenir. Al final, se quedaron con
las ganas de actuar, ya que los manifestantes ni siquiera los voltearon
a ver.

De acuerdo con los organizadores, participaron en el recorrido de la
agencia Trinidad Vigueras a la Plaza de la Danza, ubicada a tres cuadras
de los retenes de la PFP, alrededor de 15 mil personas; en tanto,
fuentes del gobierno estatal dijeron que "se calculó la asistencia de
entre cinco y siete mil personas".

Juan Sosa, uno de los dirigentes de la APPO y activista de la región de
los Loxicha ­preso en el penal de máxima seguridad de Almoloya de 1998
al 2001­ manifestó que tras la detención masiva del 25 de noviembre y la
de algunos dirigentes como Flavio Sosa, este movimiento "creció
cualitativamente, porque pese a la represión, la fuerza y la saña con
que ha actuado el Estado, aquí están los convencidos de que esta lucha
debe seguir. Ni siquiera los más afectados, los familiares de los
detenidos, están claudicando".

En un tramo, un grupo de manifestantes aseguró haber visto a policías
federales vestidos de civil que tomaban fotos de la cara de algunos de
los marchistas y, tras ser descubiertos, fueron a guarecerse al motel La
Cabaña.

Otros sólo alcanzaron a lanzar mentadas de madre a un convoy de
"pefepos", "los del uniforme gris" que pasaron por un costado de la
larga fila que formaron los marchistas.

"Ni perdón ni olvido"

Al llegar a la Plaza de la Danza, los manifestantes trataron de
encontrar un lugar para guarecerse del sol. En el templete, al igual que
en la marcha, compartieron espacios familiares y dirigentes políticos y
sociales. Ahí estaban rostros visibles de la APPO, como Zenén Bravo,
Erangelio Mendoza y Gilberto Hernández; profesores como Augusto Fernando
Reyes que ­como se dijo ahí­ no necesitaron de la convocatoria oficial
de la directiva estatal de este gremio, encabezada por un ausente
Enrique Rueda, para repudiar la fuerza del Estado.

A su lado, el dirigente del sol azteca, Leonel Cota, y el secretario
general de esta organización, Guadalupe Acosta, así como la luchadora
social Rosario Ibarra, actual presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado, a quien tocó informar a los presentes que lanzaban
consignas de "¡asesino, asesino" cuando alguien mencionaba el nombre de
Ulises Ruiz, que este domingo había muerto el dictador chileno Augusto
Pinochet.

Fue sólo el preámbulo para pedirle a las madres, como ella, que claman
por el regreso de sus hijos, "no romper la esperanza. Hace rato ­les
dijo Rosario Ibarra­ que estamos luchando por la desaparición de
poderes, por los derechos de este pueblo heroico, para que caiga Ulises
Ruiz y se juzgue a los criminales".

Frente a la gradería de este espacio tradicional fue leída la
declaración política de la APPO, en la que ésta manifestó su repudio al
recorte presupuestal para la educación, por un gobierno "que pretende
construir un modelo oscurantista".

En cambio ­leyó en nombre de la APPO Cástulo López­, ante la falta de
legitimidad, el gobierno que encabeza Felipe Calderón le ha apostado a
fortalecer las estructuras militares y policiacas para tapar, por la vía
de la fuerza, esa enorme falta de calidad moral y acallar así las voces
disidentes. Sin embargo, agregó, la APPO, lejos de desactivarse ha
pasado a otra etapa de lucha; la dignidad de este heróico pueblo no ha
sido quebrantada ni ha renunciado a su más sentida demanda: la salida de
Ulises Ruiz.

Aunque Cota insistió en que el FAP no se montaría en la lucha de la
APPO, apenas se mencionó al "presidente legítimo" se escuchó el grito
colectivo de "Obrador, Obrador".

En nombre del Comité de Familiares de Detenidos, madres, hermanas e
hijas de presos destacaron que con la marcha y el mitin lograron romper
el cerco de la información, romper el silencio "para que se sepa en todo
el país que en Oaxaca se están violando los derechos más elementales, se
vive un Estado de excepción".

Clamaron por justicia ante "las detenciones arbitrarias"; hoy,
agregaron, "nos toca vivir en carne propia la aprehensión de nuestras
hermanas y hermanos a quienes se acusa de delincuentes.

"¿En dónde queda el estado de derecho que pregonan los políticos? Sin
embargo, con todo y eso, vamos a pasar del desánimo y la impotencia de
los días pasados a la lucha organizada", porque, como repitieron los
familiares, "25 de noviembre, ni perdón ni olvido".

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/11/index.php?section=politica&article=003n1pol

Quedaron en evidencia detenciones arbitrarias y procesos irregulares,
afirman abogados

Reconoce Ulises Ruiz que entre los encarcelados hay gente inocente

Observadores de diversos países realizarán un trabajo de investigación
sobre las violaciones

FABIOLA MARTINEZ , OCTAVIO VELEZ ENVIADA , CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax. 10 de diciembre. Alrededor del 80 por ciento de los 214
detenidos el pasado 25 de noviembre en el operativo encabezado por la
Policía Federal Preventiva (PFP) no tiene ningún vínculo con la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y al menos a ocho de ellos les
fue dictado auto de formal prisión, pese a que sus nombres no estaban en
el parte oficial de la PFP.

El gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz, admitió que hay gente
honesta presa, que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos
ocurridos el día referido.

Esta situación, advirtieron abogados de los presos y defensores de
derechos humanos, constituye una flagrante privación ilegal de la
libertad que pone en evidencia las detenciones arbitrarias y los
procesos jurídicos irregulares, tanto de instancias estatales como
federales.

De cada caso se desprenden testimonios que revelan el terror que están
viviendo los inculpados y sus familias. Hasta el momento han sido
liberados, tras pagar una fianza de 108 mil pesos, sólo tres personas,
quienes demostraron fehacientemente que no eran los responsables de
"hechos vandálicos" registrados aquel día tras una marcha pacífica, sino
observadores acreditados de derechos humanos.

Ante el cúmulo de denuncias sobre violaciones a las garantías
individuales, observadores civiles de derechos humanos, originarios de
diversos países europeos (España, Francia y Alemania, entre otros),
realizarán la próxima semana una visita de trabajo preliminar a esta
entidad.

"El objetivo central de diversos activistas es visitar México a partir
del 16 de diciembre para organizar una misión amplia, que iniciaría a
partir del 7 de enero próximo su trabajo de investigación sobre la
presunta violación de derechos humanos", informó Yéssica Sánchez,
coordinadora de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
(Limeddh) en Oaxaca, así como la legisladora Rosario Ibarra, presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado.

Promete el gobernador traslado de presos

En un comunicado, el gobernador Ruiz Ortiz indicó que realizará
gestiones ante la Federación para el traslado a Oaxaca de los presos que
se encuentran en el penal de San José del Rincón, Nayarit.

De acuerdo con el boletín, el priísta recibió a un grupo de familiares
de los detenidos, a quienes les pidió "paciencia y no politizar esta
lamentable situación".

"Yo les ofrezco ­dijo Ruiz, según el comunicado­ una disculpa por todo
lo que estamos pasando, y asumo mi responsabilidad en lo que me
corresponde. Les pido paciencia, que comprendan que este conflicto en
que nos encontrábamos envolvió a gente honesta, que no tiene
responsabilidad; para éstos, voy a hacer todos los trámites que sean
necesarios para que de inmediato sean puestos en libertad", indicó.

Ruiz Ortiz, quien este domingo se hallaba en la ciudad de México, según
informó un integrante de su equipo cercano, prometió que a partir de
este lunes se instalarán mesas de trabajo en la capital del estado para
revisar los expedientes y liberar a quienes no tengan nada que ver con
el problema. Advirtió, sin embargo, que no se van "a soltar a quienes
tienen responsabilidad en los hechos vandálicos registrados. De ninguna
manera se trata de torcer la ley, pero tampoco se trata de tener gente
honesta e inocente detenida" admitió.

La Procuraduría General de Justicia del estado abrió una investigación
contra la PFP por el homicidio del enfermero del Seguro Social Jorge
Alberto López Bernal, muerto el 29 de octubre pasado por el impacto de
un cilindro de gas lacrimógeno, durante un enfrentamiento entre las
fuerzas federales y seguidores de la APPO.

Además, ha iniciado averiguaciones previas contra las mismas fuerzas
federales por agresiones a ciudadanos e incluso a periodistas en los
hechos del 25 de noviembre pasado, informó a la prensa la titular de la
dependencia, Rosa Lizbeth Caña Cadeza.

"Nosotros no vemos ni colores ni filiación, ni el cargo o autoridad que
tenga alguien. Hay señalamientos que nos han formulado organismos
gubernamentales y no gubernamentales, y vamos a proceder conforme a
derecho", aseguró.

En la detención masiva del 25 de noviembre y algunas otras posteriores
(como la de Flavio Sosa Villavicencio, uno de los dirigentes de la APPO)
hay al menos un centenar de transeúntes que no tienen participación en
este movimiento popular que exige la renuncia del gobernador.

En el grupo de más de 200 presos (la Limeddh calcula que fueron 214) se
encuentran simpatizantes de la APPO, quienes en pleno ejercicio de sus
derechos constitucionales participaron en la marcha; tal es el caso de
integrantes del magisterio oaxaqueño y estudiantes de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Sin embargo, decenas de presos son simplemente amas de casa,
trabajadores de los sectores público o privado que se se hallaban en las
inmediaciones del centro histórico de esta capital al momento del
operativo federal e incluso en zonas periféricas

Todos enfrentan delitos del fuero común y al menos 141 de ellos fueron
trasladados al Cefereso número cuatro, ubicado en Nayarit, acusados de
rebelión, sedición, delincuencia organizada, asociación delictuosa y
daños por incendio.

Gilberto Hernández, integrante del equipo jurídico de la APPO, dejó en
claro que "los detenidos deberían estar aquí, pero como en la época de
Porfirio Díaz, los presos son enviados a cárceles lejanas a su lugar de
origen para que no puedan ser visitados por sus familiares y se
dificulte su defensa".

De manera simultánea, auxilian a los detenidos y sus familiares medio
centenar de abogados ­pertenecientes a ocho despachos­, quienes,
convocados por el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, brindan su asesoría
de manera gratuita.

Casiano Luis Mejía, uno de los litigantes, señaló que han enfrentado
múltiples dificultades para llevar a cabo su labor, desde recabar copias
del expediente donde se instruye proceso a 54 detenidos en la causa
88/2006, del juzgado mixto en primera instancia en Mihuatlán, así como
de 93 más cuyo expediente es el 652/2006, del juzgado de Tlacolula de
Matamoros, Oaxaca. Todos ellos están presos en el penal federal El
Rincón, en Nayarit.

La primera conclusión del abogado es que "no hay evidencias contundentes
de la presunta responsabilidad de los detenidos, y los autos de formal
prisión dictados carecen de un fondo jurídico sustentable".

La estrategia de defensa tiene como eje principal obtener tres amparos:
por la detención ilegal, el traslado ilegal y la tortura. Hasta el
momento, agregó, no han recibido notificación alguna sobre fianzas para
la eventual liberación.

"Un buen número de los detenidos no participó siquiera en la marcha (de
la APPO). Más de cien eran transeúntes, como el pintor Dionisio
Martínez, cuya área de trabajo es la Plaza Santo Domingo", indicó.

"Mi mamá sólo es ama de casa"

Ante la dilación en los trámites, la desesperación invade a los
familiares de los detenidos, lo mismo de luchadores sociales que de
peatones, cuya desventura fue "estar en el lugar y en el momento
equivocados".

Las historias de abusos en contra de ciudadanos comunes se repiten, como
el caso de Guadalupe Orea, un ama de casa de 40 años. Ella salió a la
parada del camión a esperar a su hijo, estudiante del tecnológico de
esta capital, cuando un grupo de policías federales la "levantaron"
junto con su hijo, Gonzalo Santiago.

"A mi mamá la acusan de delincuencia organizada y vandalismo, ¡pero
nunca ha participado en una marcha! Esto es una pesadilla", expresó una
de las hijas de Guadalupe Orea, quien no ha podido viajar a Nayarit para
verla porque carece de recursos.

De otros, también encerrados desde el 25 de noviembre, se describen la
tortura física y sicológica de la que fueron o son víctimas. Como se ha
difundido, el calvario de los familiares no sólo es para llegar a Tepic,
sino para ingresar al Cefereso.

"Tardamos semana y media para ver a mi hermano Reynaldo Contreras, un
arquitecto que iba a una reunión con la proveedora (de material de
construcción). Por fin, tras muchas revisiones con cámaras y rayos X,
pude platicar 15 minutos con él, a través de un vidrio. Me encontré con
que tiene huellas de golpizas y camina con dificultad", relata Rosa María.

También, muy lejos de participar en movimiento sociales, Vladimir
Márquez, ayudante de arquitecto, fue detenido tras una reunión con sus
amigos.

"Era el día de su cumpleaños, fue con unos amigos y se tomó unas
cervezas y pensó que por eso lo agarraron, por andar en estado
inconveniente."

Ahora Vladimir está en el penal de Nayarit y su madre, al borde del
llano, relata la forma en que lo halló: "él presenta muchos golpes, las
dos cejas rotas, heridas en la cabeza, una rodilla herida a punto de
infectarse. En el rato breve que me dejaron verlo, alcanzó a platicarme
que los golpearon, les pusieron la bota sobre la cabeza.

"Me dijo que cuando estaban en el helicóptero (en el traslado a un penal
estatal), los federales los amenazaban: 'qué te parece si aquí te
quedas'... Mamá, yo creí que me habían llevado por (haber tomado) las
cervezas, me comentó".

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/11/index.php?section=politica&article=005n1pol

La organización Flor y Canto insiste en la salida de Ulises Ruiz del
gobierno local

Forman valla humana en la capital para repudiar la represión del pueblo
oaxaqueño

ENRIQUE MENDEZ

La organización Flor y Canto realizó ayer una cadena humana alrededor
del Angel de la Independencia, en respaldo del pueblo de Oaxaca y en
repudio a la "represión selectiva" que ­señalaron sus dirigentes­ se
prevé inicie el gobierno de Felipe Calderón en los próximos meses.

En su última asamblea pública del año acordó impulsar una propuesta de
reforma electoral, para que sea aprobada por el Congreso de la Unión a
más tardar en 2008 y pueda entrar en vigor para las elecciones federales
de 2009.

"No tiene ningún sentido participar con las mismas reglas y los mismos
actores en una elección federal. Las fuerzas políticas progresistas no
debieran presentarse a los comicios federales si no hay de por medio una
profunda reforma electoral", aseguró Froylán Yescas, vocero de Flor y Canto.

Esta vez, la 11 asamblea del grupo comenzó con una singular "visita":
simpatizantes del nuevo titular del Poder Ejecutivo se presentaron al
Angel con una manta, en la que escribieron: "licenciado Felipe Calderón,
presidente de México". Los simpatizantes de Flor y Canto se
interpusieron entre ellos y la valla humana que rodeaba el monumento a
la Independencia, también con pancartas, y al final los calderonistas se
retiraron.

Yescas explicó también que la asamblea tuvo como objetivo expresar el
respaldo a la marcha que el pueblo oaxaqueño realizó ayer por las calles
de la capital de Oaxaca, así como el repudio a la política represiva de
los gobiernos federal y estatal contra el movimiento.

"La gente salió a las calles para cuestionar la política represiva del
gobierno de Calderón, que con la llegada de Francisco Ramírez Acuña a la
Secretaría Gobernación tal parece que pretenden 'resolver' el problema
en Oaxaca por la vía de la violencia y la represión, a la que se agrega
la traición", expuso.

Asimismo, se refirió al hecho de que las detenciones de dirigentes e
integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) han
sido "arbitrarias y se les han fabricado delitos". Así que, agregó, la
valla alrededor del Angel tuvo como propósito manifestar el "profundo
rechazo a este tipo de salidas represivas y para exigir la salida
inmediata de Ulises Ruiz Ortiz, como un principio de solución a los
problemas en la entidad".

Una vez concluida la manifestación, en la que participaron 300 personas,
los integrantes de Flor y Canto continuaron con su asamblea, donde se
definió el plan de acción para el próximo año, que iniciará con
actividades desde el primer día de enero, con una manifestación
vespertina en el mismo lugar, donde se desplegará la leyenda
"Resistencia 2007", para expresar que dicha acción civil continúa y que
los ciudadanos, agregó, no reconocen a Felipe Calderón como presidente
legítimo.

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/11/index.php?section=politica&article=006n1pol

"Es un gran atentado contra las libertades públicas"

En Oaxaca no hay garantías democráticas establecidas: FIDH

EMIR OLIVARES ALONSO

La única prueba que puede dar Felipe Calderón para demostrar que desea
resolver el conflicto en Oaxaca es poner en libertad a los detenidos, en
especial a los maestros, quienes sólo ejercían su derecho a la protesta
y a la huelga, y dar a conocer la lista oficial de las personas que han
sido reportadas como desaparecidas tras el conflicto en ese estado,
subrayó el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH), Juan Carlos Capurro.

En entrevista para este diario, destacó que la situación en la entidad
es "muy preocupante", sobre todo porque la administración federal ­tanto
la pasada como la actual­ criminaliza dos de los derechos fundamentales
universalmente admitidos: la protesta social y el emplazamiento a huelga.

Advirtió que ese tipo de actuación gubernamental comenzó en Guadalajara
en mayo de 2004, cuando quienes protestaban contra la tercera Cumbre de
Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea fueron
detenidos y reprendidos, y que en casos como el de Oaxaca se continúa
con la misma línea de represión.

"Es una metodología que va contra los principios elementales del derecho
humanitario", indicó Capurro. Agregó que quienes estén inconformes ante
ciertas políticas de gobierno "tienen derecho a protestar", por lo que
"si los maestros reclamaban por algo, se les tenía que escuchar y
sentarse en una mesa de negociación; es de personajes que no acatan la
democracia el no dialogar y actuar de una manera unilaterial", como lo
hizo el gobernador del estado, Ulises Ruiz, ante el conflicto
magisterial surgido en mayo pasado.

Capurro estuvo en México la semana pasada en una misión de carácter
"urgente" para verificar la situación que se vive en esa entidad. Se
reunió además de con familiares e integrantes del movimiento, con
miembros de organizaciones sociales que han participado como visores
durante el conflicto. Con los datos que recabó, formuló un informe que
presentó en la reunión de la FIDH en París, Francia, hace tres días,
"porque es un hecho muy grave que no vamos a dejar pasar, pues la
situación en la que está Oaxaca es un gran atentado contra las
libertades públicas".

Cabe recordar que al no resolverse la problemática con los docentes
oaxaqueños de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, quienes exigían homologación salarial, integrantes de la
sociedad civil, y de distintas organizaciones sociales se unieron a los
mentores y devinó el conflicto que se ha vivido por casi siete meses en
la entidad.

La situación llevó al envío de fuerzas armadas federales hasta la
capital del estado, lo que para Capurro es un "estado de sitio" que no
encuadra dentro de los tratados internacionales que México está obligado
a cumplir, de las "naciones civilizadas", porque tal estado no ha sido
decretado legalmente.

"Hoy en Oaxaca no hay garantías democráticas establecidas, sino que
aparece como una tierra de nadie. Las fuerzas federales que han
intervenido, en lugar de encauzar el diálogo y llamar al gobernador a
sentarse en una mesa de negociación, han polarizado el conflicto",
subrayó el vicepresidente de la FIDH.

Ante el miedo que existe en diversos sectores nacionales e
internacionales de lo que pueda venir en Oaxaca tras la detención de
líderes y una nueva represión por parte de las corporaciones policiacas
con objeto de terminar con el movimiento social, Capurro indicó que si
bien es preocupante, "lo es más aún lo que ya ha sucedido en el estado y
lo que está ocurriendo; es gravísimo, y obviamente el Estado mexicano
tiene que hacerse cargo de este problema, porque al haber intervenido
fuerzas federales y militares ya no es un conflicto de un gobernador
unilateral".

Consideró que las denuncias de tortura, represión, golpes, agresiones,
persecuciones, detenciones arbitrarias, "fabricación" de delitos, entre
otros, en que han incurrido tanto las fuerzas federales como las
locales, "ponen en riesgo todos los tratados en materia de derechos
humanos que ha firmado México, los cuales está obligado en realidad
cumplir", lo que coloca a nuestro país en una posición riesgosa a escala
internacional.

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/11/index.php?section=politica&article=006n2pol

"No se han recuperado de los golpes que recibieron el día de su
aprehensión", afirman

Marchan por las calles de Tepic para exigir la excarcelación de oaxaqueños

JESUS NARVAEZ ROBLES CORRESPONSAL

Tepic, Nay., 10 de diciembre. Miembros de diversas organizaciones,
además de dirigentes del PRD, acompañaron a familiares de los oaxaqueños
recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de El
Rincón, en una marcha por esta capital para exigir la libertad de los
reos, "entre los que se hallan decenas de inocentes".

Los manifestantes portaron mantas y pancartas en las que demandaron la
salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca, el retiro de la Policía
Federal Preventiva de la entidad, la libertad inmediata a los presos,
así como respeto a las garantías individuales de las mujeres y hombres
recluidos en el penal.

Parientes de detenidos, como Ignacio Legaria, Jesús Bolaños y los
estudiantes Eladio Guzmán y Carmen Sánchez, insistieron en su
preocupación porque sus familiares "no se han recuperado de los golpes
que recibieron el día de su aprehensión y traslado", en tanto que otros
más señalaron que las 34 mujeres detenidas reciben un trato inhumano sin
haber sido partícipes de los actos que se les imputan.

Jesús Castañeda Tejeda, dirigente del PRD en la entidad, justificó la
participación de militantes de su instituto político en las
movilizaciones que se realizan en todo el país en favor de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), porque "además de que somos un
partido que se solidariza con las luchas del pueblo contra las
injusticias, muchos de los detenidos son integrantes del partido, como
es el caso de Jorge Luis Sosa y César Mateos, miembros del comité
directivo del PRD en Oaxaca".

Por la mañana, circuló entre los familiares de detenidos la versión de
que este lunes se trasladaría a la mayoría de los reos a Oaxaca. Sin
embargo, la secretaria general de Gobierno estatal, Cora Cecilia Pinedo,
indicó que aun cuando las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación
"respondieron a nuestros llamados de que (los aprehendidos) fueran
regresados a su tierra y dijeron que se está analizando la situación, no
nos han dado una fecha definitiva hasta ahora".

Agregó que conocen "la información, surgida en Oaxaca, de que en las
próximas horas podría iniciar el regreso de los 138 detenidos a su
entidad, y estamos esperando información oficial en ese sentido".

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/11/index.php?section=politica&article=007n1pol

Fabrican cargos a estudiantes de la UNAM

El pasado 30 de noviembre las estudiantes de sociología de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carmen Fernández
Xicoténcatl y Julieta Cruz Cruz fueron secuestradas por la PFP mediante
un cateo ilegal a un domicilio particular en la ciudad de Oaxaca.

Se encuentran detenidas en el Cereso de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en
Oaxaca, los cargos que se les imputan son: asociación delictuosa,
portación ilegal de armas, el robo de una camioneta, usurpación de
funciones y el intento de soborno y de agresión con arma blanca a los
policías que las detuvieron, por lo mismo, no alcanzan fianza.

Los abajo firmantes profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales y del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la
UNAM exigimos la presentación inmediata de nuestras compañeras y su
libertad incondicional, así como de tod@s los presos políticos, que han
sido detenidos a lo largo de la lucha en Oaxaca, y la desactivación de
las órdenes de detención.

Márgara Millán, Diana Guillén, Enrique Rajchenberg, Miguel Concha,
Guadalupe Valencia, Guadalupe Rodríguez de Ita, Enrique Contreras
Suárez, Josefina Morales, Adrián Sotelo, Alfonso López, Ma. Esther
Navarro, Eduardo Díaz, Guadalupe Cortés, José Arellano, Ingrid Alonso,
Margarita Santoyo, Blanca Aguilar, Fernando Munguía y Alfonso López




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