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(ca) Nota de prensa del Comité Nacional CNT sobre el anteproyecto de Ley de Memo ria Histórica

Date Thu, 17 Aug 2006 19:01:12 +0200 (CEST)


Sevilla, C/ Imagen, nº 8, 5º-B (C.P. 41003)

Tlfno: 954 22 38 19 647 892 044

sp_cn@cnt.es www.cnt.es


?TODO QUEDA ATADO Y BIEN ATADO?: UNA LEY PARA EL OLVIDO


Manifiesto de C.N.T. frente al anteproyecto de Ley de Memoria Histórica


Sabemos que las leyes en un sistema capitalista como el que sufrimos
forman parte de ese mismo sistema y favorecen su fortalecimiento y
reproducción. Sabemos que ?el que hace la ley hace la trampa? y que las
leyes sirven también para dar apariencia de cambio ?y que todo siga
igual?. Sabemos que, en cualquier caso, lo importante de una ley
?progresista? es su desarrollo y aplicación si no quiere convertirse en
papel mojado con función propagandística (véase, por ejemplo, el
derecho al trabajo y a una vivienda que anuncia a ?bombo y platillo?
nuestra Constitución). Sabemos que nuestra Constitución no supuso una
?ruptura democrática? con la dictadura franquista sino una ?adaptación?
de sus leyes a la ?nueva realidad?, y que la Ley de Amnistía de 1977
fue una ?ley de punto final? que dio toda la impunidad imaginable a los
responsables de la criminal dictadura (bajo la excusa de sacar de las
cárceles franquistas a los presos políticos), haciéndonos partícipes de
una ?eterna transición? que deja pendiente de resolver injusticias
lacerantes.



Sabemos que no se construye futuro sobre cimientos firmes olvidando el
pasado (olvido al que se apuntaron alegremente todos los partidos de la
izquierda parlamentaria para acoplarse al nuevo poder), y que ?nuestra
democracia? no será tal, entre otras muchas cosas, hasta que se
reconozca oficialmente nuestro pasado ignominioso, se haga justicia y
se repare la deuda con las víctimas (huyendo de las equidistancias, de
valorar por igual o de dar ?una de cal y otra de arena?).



Sabemos del peso (hecho de miedos, silencios, manipulaciones y
confusiones) que el franquismo ha dejado en las mentalidades de las
personas de varias generaciones (tanto de izquierda como de derechas),
y en el funcionamiento actual de muchas instituciones (la Iglesia, la
monarquía...), partidos políticos, organismos (...Fundación Francisco
Franco...) y aparatos mediáticos (véase por ejemplo el apoyo editorial
al revisionismo franquista).



Sabíamos también, por todo ello, que no cabía esperar gran cosa de la
Ley de Memoria Histórica que el gobierno del PSOE estaba gestando
(prevista para 2004 y retrasada en varias ocasiones) acuciado por
numerosos colectivos para la recuperación de la memoria histórica y de
víctimas del franquismo, así como de asociaciones internacionales de
derechos humanos (Amnistía Internacional, Equipo Nizkor...), incluso
por organismos internacionales (como el Departamento de Desapariciones
Forzadas o Involuntarias de la ONU, o el propio Parlamento Europeo), y
que de hacer algo sería debido a la presión y al ánimo de rentabilizar
electoralmente estas ?preocupaciones?.



¡Y así ha sido!, una vez más (y ahora ya no caben más oportunidades,
excusas, esperas) los que nos gobiernan no han estado a la altura de
las circunstancias, no han tenido la clarividencia y valentía
suficiente para cerrar el eterno capítulo supurante de nuestra
historia, ofreciéndonos más de lo mismo...PARA ESO NO HACE FALTA
NINGUNA LEY.



El anteproyecto de ley: ?por la que se reconocen y amplían derechos y
se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura?, que comienza con una
alabanza al modelo de transición (sin ninguna crítica) y que no
menciona ni una sola vez el golpe de estado de 1936, NO SIGUE LAS
NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS al trasladar la
responsabilidad del Estado a las asociaciones y particulares (que
recibirían subvenciones para desarrollar labores como la localización y
exhumación de las más de 800 fosas comunes que siembran España...dentro
del contexto histórico y no del judicial como sería obligado),
proponiendo meras medidas de carácter asistencial cuando no de simples
RECOMENDACIONES.



No sólo NO ANULA las sentencias franquistas (repletas de
irregularidades jurídicas) sino que equipara víctimas con verdugos
(?cualquiera que fuera el bando?, art. 2) optando por el ?divide y
vencerás? cuando propone la posibilidad de obtener una ?Declaración de
reparación y reconocimiento personal? (art.4) que INDIVIDUALMENTE
deberá ser solicitada a la Comisión Interministerial para que, a
través de un Consejo, resuelva publicándolo en el Boletín Oficial del
Estado. En definitiva, algo muy parecido a las ?solicitudes de
depuración del expediente? que durante el franquismo realizaron los
Juzgados de Revisiones del Ministerio de Educación Nacional para volver
a habilitar a maestr@s depurados.



Para rizar el rizo las solicitudes tendrían un plazo de 1 año para ser
presentadas con la documentación precisa (documentación que dado el
estado de los archivos y su difícil acceso, en un país como el nuestro
sin una ley de archivos y con una normativa de 1901 que los rige, lo
hace imposible en muchos casos), y de ninguna manera serviría ?para
que se reconozca cualquier tipo de responsabilidad patrimonial del
Estado? (art. 7.2), sin crear una oficina de información de
desaparecidos ni una Fiscalía especial para obligar a las distintas
administraciones públicas a facilitar documentos, información sobre
fosas...(por ejemplo a la manera que el franquismo llevó a cabo desde
la llamada Causa General).



Las compensaciones económicas a las víctimas, que se plantean como
nuevas o ampliación de las existentes, se presentan una vez más bajo
el paraguas de las medidas puntuales y restrictivas en donde las
compensaciones no se deben a la condición y reconocimiento de víctima
sino como concesión administrativa, sin ser proporcionales al daño
infringido y sin buscar responsables (impidiendo hacer oficialmente
público los nombres de los responsables de la represión -art.7.3-
cuando según la normativa vigente el secreto documental sólo llega a
los 50 años).



Y nosotr@s nos preguntamos: ¿dónde está la devolución del patrimonio
incautado a particulares y colectivos? (el de CNT, valorado en más de
150 millones euros, sólo ha sido devuelto en 30 años de ?democracia? en
un ridículo porcentaje, recibiendo la UGT 60 veces más: el uso de la
memoria histórica no para reparación y justicia sino para uso
político); ¿dónde está el reconocimiento y compensación a los
guerrilleros antifranquistas, a los asesinados por la policía hasta
1980 (la compensación económica llega sólo hasta 1977); dónde la
compensación por parte del Estado y las empresas beneficiadas por el
trabajo esclavo de los presos políticos?; ¿dónde la condena firme de la
apología del franquismo (y su inclusión en el sistema educativo)?; ¿se
seguirá ofreciendo subvenciones públicas a aquellos colectivos e
instituciones que hacen apología de la dictadura?.



Con todo, de lo más cínico y rechazable del anteproyecto es la
justificación de acudir exclusivamente a la memoria individual y
familiar negando una memoria colectiva (para eso no hace falta ley) que
es tildada de ?supuesta memoria? (Exposición de Motivos), cuando una de
las reclamaciones principales de las distintas asociaciones y
colectivos es la necesaria socialización de la historia, en aras de la
justicia y la reparación, y como todas las leyes internacionales de
derechos humanos exigen. ¿Qué es eso que no es tarea del legislador
implantar una ?determinada memoria histórica?, tal vez se refiere a los
conceptos de nación, nacionalidad, españoles...que aparece haciendo
referencia a una ?determinada memoria histórica? a lo largo de toda
clase de legislaciones?.



Y ¿cómo hablar de ?educación en valores? cuando la condena de crímenes es
condición previa para no repetirlos e instrumento fundamental para la
educación en esos valores?; ¿cómo hablar de ?educación en valores? cuando
el gobierno NO HA FIRMDADO aún el Convenio para la Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad de la ONU; cuando mantiene una
política de ?palos de ciego? en relación a la recuperación de la memoria
histórica, reuniéndose con la Falange, haciendo desfilar con el mismo
valor a un resistente republicano y liberador de París con un
divisionario de la Azul, acudiendo presto a la inauguración de un museo
sobre el militar genocida (en España y Marruecos) Mizzian, apoyando la
construcción de un hotel de lujo en Casas Viejas (Cádiz) con el reclamo
de la matanza de jornaleros de 1933, concediendo el Premio Príncipe de
Asturias 2005 a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
(carceleras de las presas políticas)?; ¿cómo hablar de ?educación en
valores? cuando se nombra comisario provincial de Tenerife a A. Gil
Rubiales (condenado en 1989 por Tribunal Supremo por torturar hasta
muerte a J. Arregui), y cuando se soportan las denuncias de la
Coordinadora para la Prevención de la Tortura (que para 2005 aportan 598
casos en España)?.



Si alguna virtud tiene este anteproyecto es mostrar claramente el
patético modelo de transición y por extensión el de cuestionar nuestro
presente, teniendo el honor de tener a TODOS EN CONTRA: a las
numerosas asociaciones y colectivos, que no han sido tenidos en cuenta
a la hora de ser informados de la características y evolución del
anteproyecto, cuando en la Exposición de Motivos se reconoce que surge
para dar ?definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos?
porque ?se trata de peticiones legítimas y justas?...SIN COMENTARIOS.



Pero lo importante ahora es que l@s niet@s, bizniet@s, hij@s
conscientes y protagonistas de aquellas épocas mantengamos las
reivindicaciones y las luchas, que ningún colectivo se acoja a las
distintas subvenciones que terminen legitimando esta futura ley... y
que no compren nuestro silencio de esa manera... con cuatro duros, con
una medallita al Mérito Civil (art. 21), o con un sellito conmemorativo
(Ley 24/2006 por la que se declara 2006 Año de la Memoria Histórica).







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