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(ca) [Mexico, ciporfm] otra masacre sin castigo???

Date Wed, 26 Oct 2005 15:53:13 +0200 (CEST)


Hermanos y hermanas:
Hace dos años, el 16 de octubre de 2003, un comando
de paramilitares del CROCUT, encabezados por Cesar
Toimil Roberts y Jacobo Chávez dispararon contra la
asamblea de Sta. Ma. Yaviche dejando un muerto y 9
heridos de bala. El gobierno del estado de esa época,
José Murat y el actual, Ulises Ruíz han dado total
impunidad a los agresores, y a quienes en ese entonces
facilitaron la agresión, incluso, muchos ahora son
funcionarios del gobierno actual.
Sin embargo, a los heridos, a la comunidad y al
CIPO-RFM no nos han reparado moral, física y
materialmente el daño, y por el contrario, han
acrecentado la represión contra nosotros.
Para que este crimen no quede en el olvido, enviamos
el informe, resultado de la investigación, de un
grupo de organizaciones de Derechos Humanos, que
realizaron una caravana de observación en la
comunidad, días después de ocurrida la invasión
paramilitar y que fue enviado a muchas organizaciones
de Derechos Humanos estatales, nacionales e
internacionales, de las cuales muy pocas se
pronunciaron para la atención de este hecho.
Ojala que en esta ocasión, las organizaciones de
Derechos Humanos, sociales, sindicales y demás, que no
tuvieron oportunidad, o no quisieron fijar su posición
antes, ahora lo hagan, en justo reconocimiento a la
lucha de nuestras comunidades indígenas por la paz y
la justicia. Ver web: www.nodo50.org/cipo
Rogamos a ustedes mandar, por distintas vías, las
exigencias al gobierno de Oaxaca y México, a las
comisiones nacional y estatal de derechos humanos, los
primeros para que resuelva el hecho y las segundas
para que emitan las recomendaciones, que hasta hoy no
han efectuado, además de exigir la reparación moral y
material del daño, tanto a los heridos, como a la
comunidad y al CIPO-RFM. De sus acciones rogamos
mandar copia al CIPO-RFM, al correo:
ciporfm@yahoo.com.mx y al fax: + 951-51-781-83

Atentamente
Por la reconstitución y libre asociación de nuestros
pueblos
Por la junta organizadora del CIPO-RFM


Gabriela Pérez Gómez
Simón Yllescas Manzano

Área de Justicia y Derechos Humanos

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRIMERA CARAVANA DE OBSERVACION DE LOS DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDIOS Y POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS
POLITICOS Y DE CONCIENCIA DE OAXACA
24, 25 y 26 de octubre del 2003


COMUNIDAD: Santa María Yaviche

ORGANIZACIONES Y ESTADOS QUE PARTICIPARONEN LA
OBSERVACIÓN:
Movimiento por la Paz
SNTE - CNTE Sección 18
Familia Franciscana
Canal Seis de julio
SERPAJ
Personas independientes

1.- Descripción de la comunidad
La comunidad de Santa María Yaviche pertenece al
municipio de Tanetze de Zaragoza, distrito de Villa
Alta, Región Sierra Norte de Oaxaca. El censo de 2000
registra 1,855 habitantes en el municipio, de los
cuales alrededor de 600 pertenecen a Yaviche. Está a 5
horas de la ciudad de Oaxaca, dos de ellas transitando
por un camino de terracería. Su actividad económica es
agrícola, basada en la producción de café y frutas
como naranja, aguacate, níspero, zapote, piña, etc.
También siembran caña de azúcar para producir panela y
por supuesto, maíz y frijol.
La región de la Sierra donde se encuentra asentada la
comunidad de Yaviche tiene minas de oro, plata y mica
que fueron explotadas en el siglo XVI y que en tiempos
de la independencia fueron abandonadas.
En 1973 cuando inició el procedimiento de
reconocimiento y titulación de bienes comunales en la
Secretaria de la Reforma Agraria y terminó en enero
del año 2000 con la ejecución de la resolución
presidencial y la conformación de la carpeta básica.
En este mismo año la comunidad decide pasar a formar
parte del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo
Flores Magón (CIPO-RFM). Poco después se emitió el
Estatuto Comunal en el que se establecen las
condiciones para ser comunero y los motivos por los
que se puede perder dicho carácter. Es con base en lo
estipulado en este reglamento y en ejercicio de sus
atribuciones como comunidad indígena es que se
desarrolla la vida en Yaviche.
Desde siempre la cabecera Municipal de Tanetze de
Zaragoza, ha mantenido sojuzgada a la comunidad de
Santa María Yaviche sin proporcionarles los recursos
para su desarrollo; negándole la justicia, la
participación política, bloqueándole programas
sociales, e impidiendo su proceso de organización
autónoma. El Gobierno del estado ha favorecido esta
situación al desatender las múltiples quejas que la
Agencia de Santa María Yaviche ha presentado en contra
de las autoridades de la cabecera Municipal. A partir
de que Yaviche se declara autónoma las autoridades de
Tanetze de Zaragoza han incrementado la represión en
contra de ellos.
2.- Antecedentes
Las necesidades de comunicación llevaron a la creación
de la Sociedad Cooperativa de Transportes Pueblos
Unidos del Rincón S.C.L. en 1982, que habría de
recorrer el recién abierto camino de San Juan Juquila
Vijanos a San Juan Yaee. Dicha cooperativa fue formada
con un capital inicial acumulado con las aportaciones
de $2,000 (dos mil pesos m.n.) hechas por los
ciudadanos de las comunidades de Juquila Vijanos, San
Isidro Reforma, Tanetze de Zaragoza, Santa María
Yaviche, Santiago Yagallo, Santa María Lachichina, San
Juan Yaee y San Miguel Yotao.
Desde su nacimiento la cooperativa es impugnada por
Jacobo Chávez y algunos seguidores, quienes favorecen
la entrada de la compañía de un compadre suyo. En 1999
Jacobo Chávez acusa falsamente de malversación de
fondos y falta de transparencia al consejo de
administración de la cooperativa.
En el 2000 Jacobo Chávez encabeza a Tanetze,
Cacalotepec y Yotao para exigir la devolución de la
cooperación inicial de $2,000 que con intereses de 18
años, arrojaba la cantidad de 2 millones 560 mil
pesos, cantidad que, de ser cubierta, hacía inviable a
la cooperativa. El 15 de agosto del año 2000 miembros
de las comunidades demandantes retienen dos autobuses
de la cooperativa, uno en Cacalotepec y otro en
Juquila Vijanos. Al año siguiente, Jacobo Chávez se
convierte en tesorero municipal de Tanetze y Leobardo
Chávez en su informante.
El 30 de enero de 2001, cinco meses después de
retenidos los autobuses, y para impedir que fueran
usados por Jacobo Chávez, los miembros de la
cooperativa levantan dos bloqueos en el camino
alrededor de Tanetze. En dos ocasiones la PJE rompe
por la fuerza el bloqueo en San Isidro Reforma.
Durante el resto del año 2001 no hay acuerdos ni
funciona la cooperativa. Sólo existe una denuncia ante
la CEDH levantada el 18 de diciembre de 2001 por
Leobardo Chávez y otras 26 personas en contra de las
autoridades de Yaviche por violaciones a sus garantías
individuales en relación con el bloqueo del camino.
Los días 22 y 23 de diciembre del 2001 se reúnen los
miembros de la cooperativa y el CIPO-RFM con el
gobernador José Murat y acuerdan que el 1 de enero del
2002 volverá a funcionar la cooperativa. Pero el 1º de
enero tomaba posesión del cargo de Presidente
municipal de Tanetze, Jacobo Chávez, quien a las 6:30
pm aproximadamente organizó un bloqueo en el camino
atravesando una ambulancia para detener el autobús al
momento de pasar por dicha población. Los miembros del
CIPO fueron bajados con lujo de violencia, usando
palos, armas y gases lacrimógenos. En una bodega de
Tanetze quedaron detenidos los 46 integrantes del CIPO
que viajaban en dichos vehículos, todos ellos
habitantes de Yaviche, Yagallo y Reforma.
Posteriormente Jacobo Chávez ordenaría que cinco de
los detenidos fueran trasladados a Yotao y cuatro más
a Cacalotepec, donde serían encerrados. Durante las
primeras horas de la detención fueron maltratados,
humillados y amenazados reiteradamente, en particular
por el mismo Jacobo Chávez, como consta en la
recomendación de la CEDHO 15/2002
El pago de su liberación fue avalado por un visitador
de la Procuraduría de Justicia del Estado, Erick
Alberto Eras Velásquez, y el Delegado Regional de
Gobierno por la Sierra Norte, Mauro Francisco Méndez,
con la complicidad del Agente del Ministerio Público
de Talea de Castro, Alejandro Javier Rodríguez. Los
términos del rescate fueron asentados por escrito, en
un documento firmado por los secuestrados en calidad
de ?representantes? de sus comunidades (lo que no
eran) y legalizado con sello y firma por las
autoridades de los tres municipios involucrados en el
secuestro. Los representantes del gobierno estatal
también firman el documento. El documento no contiene
sellos de las comunidades de los secuestrados ni firma
de sus autoridades. En ese documento se obliga a los
secuestrados a entregar las llaves del autobús
retenido y se les concede una semana para traer el
otro autobús junto con las facturas de ambos
vehículos. No se hace mención de las aportaciones
originales y sus intereses. Son finalmente liberados
alrededor de las 2:00am del 6 de enero y se trasladan
a sus comunidades en la única camioneta que pudieron
hacer funcionar.
Ante esta situación, la CEDH emite la recomendación
15/2002 en la que ordena a la Procuraduría General de
Estado ejercitar acción penal en contra de Jacobo
Chávez Yescas y de los demás miembros del cabildo del
municipio de Tanetze, del presidente municipal de
Yotao y del agente de Cacalotepec, pues las
averiguaciones previas en su contra estaban congeladas
a pesar de estar debidamente integradas desde 90 días
antes. Por otra parte, si bien la CEDH califica como
indebido el proceder del visitador de la Procuraduría
Judicial del Estado Erik Alberto Eras Velásquez por
haber condicionado la libertad de los secuestrados a
la firma del convenio, lo exime de la recomendación.
Más aún, es ascendido al puesto de Subprocurador de
Averiguaciones Previas y Consignaciones al igual que
el entonces delegado de gobierno, Mauro Francisco
Méndez, quien fue premiado con el cargo de
Subsecretario de asuntos indígenas, cargos que ambos
detentan hoy en día. Fue así como en junio se detiene
a Jacobo Chávez, acusado de abuso de autoridad y
lesiones, pero no de secuestro. Por eso el mismo día
sale libre con una fianza de $45,000 pesos, aunque
después permanece preso durante nueve meses. Después
el Congreso del estado declara la desaparición de
poderes en el municipio de Tanetze.
Durante el tiempo en que estuvo detenido Jacobo Chávez
conoce a otro reo famoso: el líder del Consejo
Regional Obrero, Campesino y Urbano de Tuxtepec
(CROCUT), César Toimil Roberts. Por eso en diciembre
de 2002 la población de Tanetze se une oficialmente al
CROCUT. Tanetze continúa hasta la fecha dividida entre
un administrador interino nombrado por el Gobierno del
estado, un presidente municipal, Tomás Martínez,
nombrado por los seguidores del destituido Jacobo
Chávez, y por último, la gente que no participa en
ninguno de los bandos.
Del 2002 a octubre del 2003, se ha venido una ola de
represión contra la comunidad de Santa María Yaviche,
particularmente a las autoridades municipales y
comunales y representantes del CIPO en la comunidad,
como lo prueban los distintos procesos penales:
AVERIGUACION PREVIA NÚM. 1643/SC/2003, 06 /2003,
2539/S.C./2003, 21/2003, 10070/CS/2002, 329/ FM/ 2002
y la 70/2003 y las quejas de la CEDH:
CEDH/01/27/OAX/2002, CEDH/885/08/OAX/2001.

Hechos del 16 de octubre del 2003
En febrero del 2003, Leobardo Chávez y Eustorgio Ruiz
llegaron a romper los candados con que se habían
cerrado las casas que les pertenecieran antes de ser
expulsados de la comunidad, un mes antes por decisión
de la asamblea comunitaria. En esa ocasión fueron
detenidos y entregados a personal de la CEDH. En la
noche del 15 de octubre del 2003, regresaron a la
comunidad de Yaviche los dos sujetos expulsados. A
Leobardo lo había expulsado la asamblea por actuar
como informante de Jacobo Chávez y prestarse a
presentar denuncias falsas contra las autoridades y
vecinos de Yaviche, mientras que a Eustorgio lo
expulsó la asamblea por abandonar el cargo de consejo
de vigilancia. A Eustorgio se le ofreció cubrir su
servicio social con un puesto de menor jerarquía,
mayor de vara, pero lo rechazó. Después se le ofreció
el de policía, pero tampoco aceptó. Por último se le
pidió pagar el cargo con una multa de 10,000 pesos,
como estipula el Estatuto comunal, monto que su padre
accedió a pagar pero que Eustorgio no quiso cubrir.
En esta ocasión nuevamente se dirigieron a los mismos
inmuebles. Una vez ahí rompieron los adobes puestos
por la autoridad comunal en lugar de los candados y
penetraron. Más tarde, cerca de la media noche,
sabedores de que las autoridades debían aún estar en
el Palacio de gobierno, se dirigieron ahí armados de
navajas para exigir la devolución de sus casas y de
sus pertenencias, las cuales habían sido retiradas ?al
no hacerlo ellos mismos como se les había pedido? y
colocadas en una de las bodegas de la misma agencia
municipal.
Al sentirse intimidados por su actitud amenazante el
agente y el secretario municipales deciden encerrarse
en la oficina. Como continuaba la agresión de los dos
sujetos, el secretario hace sonar la alarma, con la
que comúnmente se llama a los ciudadanos de Yaviche.
Al llegar algunos de éstos, las autoridades salen y se
establece una discusión entre todos. Los expulsados
arguyen que según la ley no pueden ser expulsados de
sus hogares. Las autoridades, reconociendo tácitamente
el carácter subordinado de sus propias órdenes frente
a las del poder judicial, argumentan a su vez que si
ellos traen un documento en donde el gobierno exija a
las autoridades de la agencia la devolución de los
domicilios, entonces de inmediato se les reinstalará
en ellas. Los expulsados argumentaron que en la mañana
presentarían la documentación necesaria y que si
querían podían encerrarlos de una vez. Como ninguna de
las partes modifica su posición, alrededor de las
2:00am se toma la decisión de encerrarlos hasta la
mañana siguiente, cuando Leobardo y Eustorgio
presentarían sus pruebas y cuando el resto de la
comunidad estuviera ya presente.
Los preparativos para la asamblea iniciaron a las
9:00am, poco antes de que las brigadas de salud
llegaran a la comunidad, donde habían citado a las
mujeres a las 11:00am. Ambos eventos se realizarían en
la explanada frente a la agencia municipal.
Alrededor de las 10:30 am el secretario municipal,
recibe una llamada anónima en la que le avisan de la
llegada de un grupo armado del CROCUT enviado por
Jacobo Chávez. Poco después se supo que un autobús
blanco y una camioneta roja tipo Nissan se habían
estacionado a las afueras del pueblo, en la parte alta
del único camino que conduce al edificio municipal.
Alrededor de las 11:00am por ese camino se vio
aparecer un grupo de alrededor de 50 sujetos, algunos
armados con pistolas, rifles y machetes como los hijos
de los detenidos: Héctor Chávez y Equidel Ruiz, y
encabezados todos por el líder del CROCUT: César
Toimil. Al pasar por la caseta telefónica que se
encuentra a 150 metros del centro del poblado,
encontraron al secretario municipal Melesio Canseco y
a Simón Yllescas, quienes pedían apoyo por teléfono,
junto a Eleuterio Ramos, quien lograra tomar algunas
fotos de la agresión. Al reconocerlos los capturaron y
comenzaron a jalonearlos. Amenazaban con llevarlos
como rehenes hasta Tanetze. Algunas vecinas comenzaron
a gritar e incluso a arrojarles palos a los invasores.
Al mismo tiempo los reunidos frente al edificio
municipal comenzaron a subir el camino para ver de qué
se trataba. Los invasores comenzaron a hacer disparos
al aire, con intención de intimidar a quienes se
aproximaban pero éstos no retrocedían. Soltaron a los
rehenes y comenzaron a retroceder, pero entonces los
disparos dejaron de ser al aire y comenzaron a caer
las gentes: quedó muerto Bartolomé CHÁVEZ SALAS y
heridos Francisco FLORES MANZANO que presenta 7
impactos de bala: 4 en el estomago y 3 en la piernas,
Onofre MANZANO YESCAS con una bala en la pierna, Noe
RAMOS HERRERA, con dos impactos de bala en el pie,
Octavia YESCAS FLORES con un balazo en la rodilla,
Asiel RAMOS con un balazo en la rodilla, Anselmo PÉREZ
con un Balazo en el Brazo. Eliseo MARQUEZ quien tiene
un impacto de bala a la altura de la Rodilla, Simón
YESCAS MANZANO con un balazo en el hombro y en la
pierna y Arnulfo MARQUEZ con un balazo en el hombro y
otro en el brazo. Todas las heridas fueron ocasionadas
con balas calibre 16 , dos de gravedad.
La gente de la comunidad logro reconocer e incluso
fotografió a los agresores entre ellos a César
TOIMIL, líder de la organización CROCUT, HERNAN
CHAVEZ MARTINEZ, ERICK CHAVEZ MARTINEZ, LINO FILIBERTO
YESCAS, EQUIDEL RUIZ CRUZ, HECTOR CHAVEZ MARTINEZ,
ELIAS CHAVEZ YESCAS, VICTORINO SALAS, entre otros
integrantes del CROCUT.
Bartolomé Chávez Salas, quien trataba de llegar a su
casa por un atajo, pues temía por la vida de su
esposa. Ahí mismo recibió un escopetazo en una pierna
y ya tirado, recibió varios golpes de machete de manos
de Lino Filiberto Yescas, de los cuales moriría antes
de ser encontrado.
A los heridos les fueron negados los primeros
auxilios, en las unidades Médicas de Ixtlán de Juárez,
en el hospital Civil de Oaxaca y en el de San Pablo
Hustepec, por lo que fueron atendidos en una clínica
privada "Clínica 2002?.
Alrededor de las 6:00pm llegaron elementos de la
policía preventiva del estado. Los dos detenidos
fueron entregados al agente del Ministerio Público de
Ixtlán de Juárez, quien se presentó para el
levantamiento del cadáver poco antes que la policía.
Ambos sujetos fueron acusados por el MP como presuntos
responsables de amenazas en agravio del agente
municipal. Para el MP, los demás hechos no
existieron, a pesar de que el mismo agente municipal y
otros testigos los acusaron de ser autores
intelectuales de la agresión. El hijo de Bartolomé
Chávez, Aurelio Chávez, dice haber reconocido a Jacobo
Chávez entre los atacantes.
Además de lo anterior, la CEDH emite la recomendación
16/2003 en respuesta a la queja interpuesta por la
esposa de Leobardo Chávez y madre de Héctor Chávez,
Matilde Martínez, en la cual la CEDH responsabiliza al
agente municipal de Yaviche por las acciones
realizadas en contra de Leobardo. Esto sin considerar
que Leobardo fue suspendido en sus derechos comunales,
por lo que la autoridad responsable (si la hubiera)
sería el comisariado de bienes comunales y no el
agente municipal.
A 9 días de sucedidos los hechos la Caravana de
Observación visito la comunidad encontrando un
ambiente de tensión en los niños, ancianos y mujeres y
la presencia de tres cuerpos de policía (municipal,
protección municipal), quienes en su mayoría estaban
ubicados en el centro de Santa María, especialmente en
la escuela, la iglesia y en el panteón. El clima que
prevalece es de miedo y zozobra pues los paramilitares
continúan disparando a las casas y aproximadamente 50
paramilitares tienen bloqueadas las entradas de la
población. La gente se pudo percatar que de la
comunidad de Tanertze de Zaragoza se escuchaba
anuncios por aparato de sonido de voces en zapoteco,
anunciaban: que volverían a entrar la gente del CROCUT
para matarlos a todos, lo que generaba mucho temor en
la población.
Según testimonios recogidos, la gente manifestó que
hubo presencia de efectivos del Ejército Mexicano
enseguida del hecho, que no entraron a la comunidad,
sino que permanecieron afuera, rodeándola.

3.- PREOCUPACIONES:

Existen pruebas contundentes de que la agresión a la
comunidad de Santa María Yaviche y al CIPO-RFM podía
prevenirse como lo demuestran los oficios:
- de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de fecha
16 de octubre del 2003 dirigido a Abel Trejo
Secretario de Protección Ciudadana. También tuvo
conocimiento el Procurador de Justicia Sergio
Santibáñez y el Gobernador José Murat.

Después de los hechos hubo muchas irregularidades para
la integración de la averiguación previa, por parte
del agente del ministerio público, los peritos, de la
policía ministerial, de los médicos, de la dirección
de averiguaciones previas y de la subprocuraduria de
averiguaciones previas.

A pesar de la integración de la averiguación previa
146/2003, ratificada en la Agencia del Ministerio
Publico adscrita a la Dirección de Averiguaciones
Previas y Consignaciones de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Oaxaca, donde se señalan a los
responsables de la muerte y de las lesiones de
gravedad a los heridos, se tardaron un mes para
consignar la averiguación, quince días para librar las
ordenes de aprehensión y a casi dos meses después de
la agresión, nadie ha sido detenido. Además no se
libraron órdenes de aprehensión contra los
responsables principales identificados plenamente por
los pobladores de Sta. Ma. Yaviche. Por el contrario,
continúan en Tanetze generando un clima de temor en la
población y demostrando la impunidad de que gozan .

Es preocupante la actuación del Director de
averiguaciones Previas Víctor Alonso de bloquear todo
trámite en relación a este y otros casos, además de
que insiste en que no puede consignar hasta que reciba
indicaciones superiores, y por el contrario le da
facilidades a Jacobo CHAVEZ quien es señalado como el
principal responsable de la agresión, para que en su
calidad de indiciado en la averiguación previa
146/2003 se defienda. A pesar de que el delito se
homicidio se persigue de oficio.

La Caravana de Observación constató en la comunidad,
con los testimonios de las víctimas de los hechos
represivos del 16 de octubre del 2003; que se están
violentando los derechos de Igualdad ante la ley,
respeto a la vida, a la integridad personal, a la
seguridad jurídica, la libertad de pensamiento y
expresión, libertad de reunión y asociación, los
derechos políticos, el derecho a la salud, el derecho
de propiedad y el de petición protegidos por los
artículos:1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 35 y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
3, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 25, 26 y 27 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos; 4, 5, 8, 9,
10, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 25, de la Convención
Americana de Derechos Humanos; I, II, IV, V, VI, VII,
XI, XII, XIII, XV, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, y
XXX de la Declaración Americana de los Derechos
Humanos; 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26
Y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 2, 3, 10, 12, 13 Y 15 del Pacto de Derechos
Económicos, sociales y culturales; 1, 4, 5, 7, 9, 18,
24 y 26 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo.

4- RECOMENDACIONES

i. El Respeto social y jurídico a la autonomía de la
comunidad y a su régimen por usos y costumbres,
estableciendo los mecanismos con la jurisdicción
municipal y federal, así como la desprendida dentro
del marco del derecho internacional, a través de los
convenios, tratados y convenciones firmados y
ratificados por el Estado Mexicano, incluyendo el
Convenio 169 de la OIT.
ii. Que los gobiernos del Estado y Municipal busquen
las medidas necesarias para el respeto a la autonomía
de Santa María Yaviche, y les sean respetados de
manera fundamental, sus derechos humanos inscritos en
la Declaración Universal, en el Convenio 169 de la
OIT, así como lo que está inscrito en todos los
tratados, convenios y convenciones que México ha
firmado y ratificado, así como a las libertades que
otorga la Constitución Mexicana de los Estados Unidos
Mexicanos, tomando en cuanta especialmente el artículo
4 , y 9 .
iii. Que el Gobernador José Murat establezca
mecanismos verificables para que:
a) El Procurador Sergio Santibáñez, el Director de
Averiguaciones Previas Víctor Alonso Altamirano y el
Subprocurador de Averiguaciones Previas Erik Heras
ejecuten las ordenes de aprehensión del expediente
38/2003 radicado en el juzgado mixto de primera
instancia de Ixtlan por los delitos de homicidio
calificado y lesiones calificadas contra de: HERNAN
CHAVEZ MARTINEZ, ERICK CHAVEZ MARTINEZ, LINO FILIBERTO
YESCAS, EQUIDEL RUIZ CRUZ, HECTOR CHAVEZ MARTINEZ,
ELIAS CHAVEZ YESCAS.
b) Se libren de inmediato las órdenes de aprehensión
contra los responsables señalados directamente en la
averiguación Previa 146/2003 y que hasta hoy no se han
tocado: JACOBO CHÁVEZ, CESAR TOIMIL, VICTORINO SALAS,
LEOBARDO CHAVEZ Y EUSTORGIO RUIZ.
c) Se desmantelen los grupos paramilitares que operan
en la Sierra Norte, conocido como CROCUT bajo el mando
de Cesar TOIMIL y Jacobo CHÁVEZ; responsables de la
Muerte de Bartolomé CHÁVEZ SALAS y de 9 heridos de
Sta. Ma. Yaviche.
iv. Que la Procuraduría de a conocer el resultado del
procedimiento administrativo seguido contra Erick
HERAS por su participación en el secuestro y tortura
de los 46 indígenas documentada en la Recomendación
Estatal de Derechos Humanos 15/2002
v. Que El Gobernador instruya a la procuraduría de
justicia del estado para que se aplique cabalmente la
recomendación 15/2002 contra las autoridades
involucradas en los delitos de secuestro y tortura
planteados en la recomendación de la CEDHO 15/2002.
vi. Que el Gobernador José Murat renuncie a la fuerza
como forma de solución a los problemas sociales y de
muestras de voluntad para resolver los conflictos
mediante el diálogo y establezca una mesa con el
CIPO-RFM para convenir los mecanismos que resuelvan
la problemática de las comunidades que integran la
organización.
vii. La presencia de personal policiaco para
resguardar la seguridad de los ciudadanos de Sta. Ma.
Yaviche deberá ser en los alrededores y no en el
centro de la población, ni deberá impedir a los
pobladores el libre uso de sus instalaciones
educativas, deportivas, o de cualquier otra índole y
en todos los casos los gastos de alimentación de la
policía deben ser cubiertos por el gobierno del estado
y no la comunidad como ahora se hace.
viii. Se debe solicitar a las autoridades de salud del
estado de Oaxaca una explicación sobre los motivos y
circunstancias por las que se atrasó la atención a los
heridos de Yaviche
ix. Los funcionarios públicos, deben contribuir a
distender el clima interno de la comunidad, cumpliendo
con las recomendaciones anteriores, especialmente en
lo referente a los procedimientos legales hacia los
responsables de la agresión del día 16 de octubre de
este año, y buscar las medidas necesarias para que la
comunidad en base a sus Usos y costumbres pueda vivir
pacíficamente y logren su desarrollo.
x. Se reconozcan las aspiraciones de esos pueblos a
asumir el control de sus propias instituciones y
formas de vida y de su desarrollo económico y a
mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y
religiones, dentro del marco de los Estados en que
viven;
xi. Se tomen en cuenta las normas internacionales
enunciadas en el Convenio 169 de la OIT, la
Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales
de 1957; recordando los términos de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y
de los numerosos instrumentos internacionales sobre
prevención de la discriminación así como las
disposiciones establecidas por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura, la Alimentación,
la Educación, la Salud, la Ciencia y la Cultura, así
como las establecidas por el Instituto Indigenista
Interamericano a fin de promover y asegurar la
aplicación de estas disposiciones.




LIBERTAD A LOS/AS PRESOS/AS INDIGENAS DEL CIPO-RFM
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LA ROSA NEGRA / contra-información...
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