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(ca) DE LA AUTONOMÍA OBRERA A LAS RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES

From a-infos-ca@ainfos.ca
Date Thu, 10 Mar 2005 22:05:30 +0100 (CET)


______________________________________
AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
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http://ainfos.ca/index24.html
_______________________________________

1
INDICE
PRÓLOGO 2
DE LA AUTONOMÍA OBRERA A LAS RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES 2
I. Introducción. 2
II. Pactos sociales y construcción del consenso democrático. 3
III. Los años noventa y el paradigma de la precariedad laboral. 6 IV.
Capitalismo neoliberal y globalización. 10
Bibliografía Utilizada.- 12
EL CAPITAL SÓLO TIENE UN LEMA: “HAY QUE DESMANTELAR EL ESTADO DE
BIENESTAR Y HACERLO CUANTO ANTES” 13
El Estado de Bienestar. Origen. Crisis del modelo. 13
El orden social que representan los estados de bienestar 14
Crisis del modelo keynesiano. Crisis del estado de bienestar 15
EL DESMANTELAMIENTO DE LOS ESTADOS DE BIENESTAR 15

2
PRÓLOGO
Con la firma el pasado día 8 de julio de 2004 de un nuevo pacto social
entre el gobierno UGT, CCOO y la patronal se inicia un nuevo proceso del
que ya sabemos lo que se pretende: una nueva reforma laboral. Dando
forma a un pacto global de estado que permita la apertura de un proceso
de reformas legales sostenido en el tiempo para profundizar en la
aplicación de los criterios neoliberales asumidos por el gobierno, la
patronal y como ya sabemos también asumidos por UGT y CCOO. Las
consecuencias de este proceso son de todos conocidas: incremento de la
productividad y de la flexibilidad, abaratamiento del despido, extensión
de la contratación temporal, consolidación de la precariedad laboral,
...
No es la primera vez que se inicia un proceso de estas características y
como siempre intentaremos enfrentarnos a él. Desde el anarcosindicalismo
hemos mantenido una dura pelea contra todos los retrocesos sufridos por
los trabajadores. Podemos incluso retrotraernos en el tiempo recordando
cada una de las luchas desarrolladas contra las reformas laborales, los
pactos sociales, los decretazos, ... Aunque pueda parecer lejano no está
de más que recordemos las movilizaciones impulsadas por nuestra
organización (en aquel momento bajo las siglas CNT) en el año 1978 contra
los pactos de la Moncloa: manifestaciones, asambleas en empresas, actos
públicos,... una extensa movilización que consiguió cuestionar los
razonamientos de todos los poderes públicos, políticos y económicos. La
debacle organizativa interna, la ruptura del anarcosindicalismo, y algún
que otro montaje orquestado desde las cloacas del estado (caso
Scala,...) dieron al traste con el enorme potencial militante y
movilizador que en aquel momento fuimos capaces de aglutinar.
Ahora este nuevo pacto de estado nos coloca ante la tesitura de un nuevo
compromiso con la defensa de los derechos laborales y sociales
(pensiones, desempleo, ley de extranjería... no olvidemos que todo va a
ir en el mismo paquete) de los más desfavorecidos.
Por primera vez en muchos años el anarcosindicalismo organizado (ahora
como CGT) la capacidad de enfrentarse con posibilidades reales de
influir y aglutinar una oposición activa a este nuevo ciclo de
retrocesos consensuado por el gobierno y la patronal, con UGT y CCOO.
Por primera vez en muchos años volveremos a tener la responsabilidad de
estructurar una oposición activa que nos permita modificar la realidad
que se nos pretende imponer desde el pacto social. En estos momentos en
que nuevamente disponemos de una organización y de credibilidad
suficiente, debemos por lo tanto afrontar la tarea de combatir los
dictados del capital con la disposición necesaria, asumiendo desde la
prudencia de la experiencia acumulada, tanto la responsabilidad como los
riesgos que conlleva. Eladio Villanueva

DE LA AUTONOMÍA OBRERA A LAS RELACIONES
LABORALES INDIVIDUALES
I. Introducción.
El presente texto tiene como finalidad analizar la evolución legislativa
producida en el mundo del “trabajo asalariado”, en el mundo de las
relaciones salariales y que regula el conflicto existente entre
trabajadores/as y empresarios/as.
Pese a la mitología existente, que acompaña dicha conceptualización,
puramente contingente, histórica y en función de la relación de fuerzas
existente en cada momento, la constitución y regulación de unas normas
para dicha relación y el conflicto que genera, no cabe duda que
constituye el derecho laboral1 como un derecho mestizo, pues si bien
pretende proteger a la parte 1 Idea tomada de Lillo Pérez, Enrique, que
a su vez cita a De la Villa, Luis Enrique.

3
más débil de la relación, y en consecuencia es un derecho tuitivo, en
cambio, no se puede olvidar que también protege los derechos del
empresario, proscribe las huelgas políticas, permite la modificación
sustancial de las condiciones de trabajo y la movilidad geográfica así
como las demás manifestaciones del “ius variandi” empresarial, permite
vigilar y controlar las actividades del trabajador en la empresa,
permite romper los compromisos adquiridos convencionalmente2 ante
situaciones del mercado, permitir el prestamismo laboral mediante las
ETT’s que convierten a los trabajadores en pura mercancía, o los
fenómenos denominados de descentralización, deslocalización y
externalización empresariales, por citar algunos.
No obstante, el presente texto, pese a las limitaciones propias de la
brevedad requerida al mismo, pretende no ser un mero recorrido por las
modificaciones legislativas producidas sino analizar el contexto en que
se producen, las causas y consecuencias de las mismas y el fundamento
sociopolítico que las sustenta.
Así, hemos de tener en cuenta diferentes hechos que muestran lo que
estaba ocurriendo social y políticamente en esas mismas fechas. El
capitalismo no tiene su anclaje exclusivo en la fábrica sino que se
reproduce como una relación que permea la totalidad de la estructura
económico – social, así, el proceso de reestructuración del capital se
puede leer en un proceso de desestructuración de la clase obrera3.
Se trata de un ataque desarrollado de forma concéntrica, que se inicia en
los sectores más periféricos y culmina en los sectores centrales de la
economía. A medida que progresa este ataque concéntrico se irá
produciendo tanto el debilitamiento político organizativo de la clase
obrera como el desarrollo de profundas divisiones en su interior.
II. Pactos sociales y construcción del consenso democrático.
En Noviembre de 1975 se produce la muerte de Franco y se nombra a Juan
Carlos I como Rey de España.Podemos definir este período de los años
1977-1979 como los años en los que se construye el consenso democrático.

En Abril de 1977 se produce la legalización del Partido Comunista de
España (PCE) con la asunción por parte de éste de determinados aspectos,
y se legisla la Ley de Asociación Sindical que legalizaba los sindicatos
libres.
Es en este período en el cual pierde la vigencia la Ley de Relaciones
Laborales, que tan sólo dura unos meses. La intervención legislativa del
gobierno estaba clara, al aprobar el decreto ley de medidas económicas y
suspender el artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales. Debemos
citar, por la gran importancia que tiene, que en su artículo 35 se
regulaba respecto de los despidos sin causa la consecuencia de la
readmisión. Esto conlleva que ante despidos sin causa queda en manos del
trabajador el poder reanudar la relación laboral, lo que impide la libre
resolución del contrato de trabajo para la gerencia empresarial sin
causa alguna y la posible resolución mediante el despido del conflicto
laboral.
Las Comisiones Obreras que hasta entonces habían sido el referente del
movimiento obrero se institucionalizan como sindicato, con influencia
comunista y una importante presencia del PCE, pero también de otras
organizaciones como la ORT. Esto redimensiona su actuar como movimiento
atónomo. En Octubre de 1977 se dicta la Ley de Amnistía General Política.
En es mismo período se 2 Como ejemplo, citar las denominadas cláusulas
de descuelgue en los convenios colectivos, o las posibilidades de
aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, es decir, aplicar
cuestiones distintas a las pactadas por haber cambiado las
circunstancias y el supuesto de hecho.
3 Idea tomada de Bilbao, Andrés, “Obreros y Ciudadanos”, Ed. Trotta, 2ª
edición, Madrid, 1995, páginas 48 y siguientes.

4
producen los Pactos de la Moncloa, firmados el día 25 y aprobados
parlamentariamente el día 27. En estos Pactos se produce una especie de
compromiso histórico con el objetivo básico de reducir la inflación, y
lograr este objetivo mediante la moderación salarial. Además se llegaron
a diferentes acuerdos de carácter estructural dirigidos a preparar la
intervención sobre sectores que se consideraban menos competitivos y que
eran referentes en cuanto a la potencia política como movimiento obrero,
así el sector textil, naval, siderúrgico y el metalúrgico. También quedó
establecido con carácter general el paradigma de racionalizar los
presupuesto generales y reducir el gasto público, lo que algunos
analistas definen como establecer la política redistributiva del estado,
pero en este caso, con un sentido inverso, de los trabajadores y
trabajadoras a los sectores empresariales, vía inversiones y subvenciones
en sectores estratégicos, así como eliminando los obstáculos existentes
para la reproducción del capital. En Diciembre de 1978 se aprueba la
Constitución española. Pese a que se establece entre los derechos y
deberes el derecho al trabajo, para ese momento la no inclusión como
derecho fundamental es una solución transaccionada y la
constitucionalización de la economía de mercado vía artículo 38 de la
Constitución española, una más de las soluciones de consenso realizadas
en dicho texto, y que suponía haber asumido la reforma frente a la
ruptura con lo que se heredaba como situación la creada tras el
alzamiento fascista y los 40 años de dictadura franquista. Hemos de
interpretar en el mismo sentido la resolución de las cuestiones de los
derechos económicos y sociales, los derechos territoriales y el derecho
de autodeterminación de los pueblos, una de las cuestiones más
conflictivas, conjuntamente con la fijación como garante de la misma a
las Fuerzas Armadas.
En 1979 se aprueba el Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) y en Enero de
1980 se suscribe el Acuerdo Marco Interconfederal (que inicialmente
suscribieron CEOE y UGT y más tarde se adhirió USO). Debemos comentar
que el ABI contenía fundamentalmente acuerdos políticos que más tarde
serían plasmados en el nuevo Estatuto de los Trabajadores, y entre otras
cuestiones se trasladaba el peso de la negociación colectiva de los
comités de empresa hacia las secciones sindicales. Tanto el AMI como el
Estatuto participaban del compromiso social de reducción salarial bajo el
argumento de intervenir reduciendo el paro y la crisis económica,
compromiso que cerraba un ciclo de asalto por parte del movimiento
obrero a las tasas de ganancia del capital que se venían reduciendo, e
igualmente se venían estableciendo las reglas de juego que posteriormente
llevarían a la situación actual.
Finalmente se aprobó la Ley 8/1980, de 10 de Marzo, Estatuto de los
Trabajadores (basado en la propuesta realizada por la UCD). Pese a que
terminológicamente se hizo una concesión a la propuestas obreras que
entendía era más garantista fijar un estatuto del trabajador que
cualquier otra norma con otra definición4, pero pese a la nomenclatura
utilizada la apertura de la reestructuración de la fuerza de trabajo era
ya una realidad. El ET leído aisladamente parece contemplar la
precariedad laboral de forma residual, al establecer salvo prueba en
contrario la indefinición de los contratos de trabajo, si bien, regula
con carácter excepcional los contratos en prácticas, el trabajo a tiempo
parcial, los contratos temporales de obra y servicio, eventual y por
circunstancias de la producción. Si bien la contratación no indefinida
estaba limitada a grupos de individuos, limitada en función del volumen
de plantilla, y delimitados los supuestos de tales contrataciones, en
realidad se abría la vía de extensión de la temporalidad, cuyo
desarrollo ha sido normalizar y extender lo presuntamente excepcional,
tal y como se podrá seguir en estas líneas. Igual que se flexibiliza el
mercado de trabajo, se refuerza el poder de las gerencias empresariales
en el proceso de trabajo y pérdida del control sobre el mismo por la
organización de los trabajadores. 4 Esta es una clara influencia de la
legislación y luchas obreras producidas en Italia tras la Segunda Guerra
Mundial.

5
Pese a la no articulación de una oposición real y contraria a dicho
proyecto, por CCOO-PCE, en aras a toda la línea de reordenación de las
relaciones salariales, M. Camacho5 dice sobre dicha norma
“(...)Reforzaba el intervencionismo exacerbado de la Administración,
favorecía el despido y, por lo tanto, aumentaba el paro, establecía la
mayor jornada de trabajo de toda Europa con cuarenta y tres horas
semanales, mantenía el salario mínimo por debajo del coste de la vida,
anulaba muchos derechos de acción sindical en la empresa, reducía los
ámbitos de negociación de convenios y, en general, daba más facilidades
a la contratación temporal”6.
Este crecimiento salarial inferior a la inflación, con la consiguiente
pérdida de poder adquisitivo real conllevó ampliar la distancia salarial
y profundizar la división interna entre trabajadores estables y
precarizados, así como generó fórmulas individuales de recuperar salario
mediante la alargación de la jornada y el fenómeno de las horas
extraordinarias. Más tarde, se aprueba la Ley Básica de Empleo, 51/1980
de 8 de Octubre, que redujo las prestaciones.
En Junio de 1981 se suscribe el Acuerdo Nacional de Empleo, el cual lo
firman los dos grandes sindicatos, la patronal y el Gobierno,
aceptándose incrementos salariales por debajo de la inflación con el
compromiso de creación de empleo.
Debemos tener en cuenta que conjuntamente con el problema del paro se
comienza a utilizar a determinados colectivos como jóvenes, mujeres,..
etc.. como coartada de la flexibilización del mercado de trabajo para
quebrar cualquier estabilidad y seguridad del mercado de trabajo que,
como rigideces, impedían el desenvolvimiento natural del mismo y la
resolución en su seno de las disfunciones.
En Octubre de 1982 se producen las segundas elecciones generales al
Parlamento tras la aprobación de la Constitución española, en las que
vence el PSOE. Un nuevo acuerdo de consenso, el Acuerdo Interconfederal
de 1983 es suscrito por CCOO, UGT y CEOE.
Más tarde se aprueba el RD 2317/1983, por el cual se regulan los
contratos en prácticas, de aprendizaje, y los contratos a tiempo
parcial. Finalmente se firmará el Acuerdo Económico y Social 1984-1986,
cuya línea básica es moderación salarial a cambio de creación de empleo.
Fue suscrito por UGT y CEOE
Paralelamente a todo este proceso se debe tener en cuenta la estrategia
empresarial basada en la descentralización de la producción y el cambio
en las estructuras de la plantillas, con las consecuencias de fragmentar
el mercado de trabajo, desestructurando la clase obrera e iniciando el
enfrentamiento entre víctimas y, generando diferentes efectos tales como
la reducción de costes de trabajo, la externalización de los costes
sociales, la adecuación de una plantilla flexible adaptable a las
fluctuaciones de la demanda productiva, facilitar el incremento de la
productividad y generando una estratificación jurídica de los
trabajadores.
Todos estos acuerdos construyen una tendencia a la socialización de los
costes salariales. De ahí que privatización, subvención estatal del
coste salarial y liberalización del modelo de fijación salarial son
secuencias de un mismo proceso7.
El debilitamiento actuado sobre la fuerza de trabajo, especialmente sobre
la estabilidad en el empleo y, en consecuencia, la capacidad de
construcción de sujeto antagónico al mando capitalista y la
desintegración como sujeto social se realiza fundamentalmente mediante
tres vías8, la vía judicial, los expedientes de crisis y los procesos de
reconversión. La vía judicial (incluyendo en la misma las 5 En aquel
momento secretario general de CCOO y diputado parlamentario por el PCE,
participante en la Comisión de Trabajo del mismo.
6 Camacho, M., “Confieso que he luchado”, Ed. Temas de Hoy, 1990,
pág.422. 7 Idea tomada de Bilbao, Andrés, “Obreros y Ciudadanos”, ob.
cit. 8 Bilbao, A, Ob. cit, págs. 68 y siguientes.

6
conciliaciones tanto administrativas como colectivas) constituyendo una
vía de resolución de conflicto la cual supone la disolución de la
dimensión colectiva del conflicto, así trabajadores y empresarios
diferentes en la relación salarial, presuntamente tratados de modo
desigual por el derecho del trabajo se ven transformados en ciudadanos
que de igual a igual acuden a una misma norma para la resolución de un
conflicto de intereses, la norma pues, queda fuera de la discusión. La
vía de los expedientes de crisis supuso la regulación empresarial,
especialmente en algunos sectores productivos, mediante fondos públicos.
Las reducciones de plantilla consolidan fenómenos de incrementos de
capacidad productiva (no resueltos mediante el intercambio entre aumentos
de productividad a cambio de incremento salarial), fenómenos de
descentralización productiva y sólo en algunos supuestos, ante casos
causados por contracciones del mercado. Las reconversiones industriales
tuvieron una gran importancia pues intervinieron sobre los núcleos más
organizados de la clase obrera. Esta propia composición conllevó que
fuera en estos lugares donde se produjeran los episodios más importantes
de conflicto político, basados en el resistencialismo, pero que
consiguieron una gran agregación en torno a los valores comunitarios de
la clase obrera y que requirieron la imposición mediante el uso de la
fuerza, así lugares emblemáticos del imaginario colectivo obrero tales
como Sagunto, Reinosa, Euskalduna, etc... Cuando la reconversión
industrial afecta a dichos núcleos, las otras vías habían ya
desestabilizado el empleo estable, en consecuencia, habían roto el
sujeto político clase obrera. En palabras de Bilbao “(...)La
transformación del marco de regulación laboral del período anterior se
traduce en la ruptura de la uniformidad de las condiciones de trabajo.
En la medida en que la unificación políticoorganizativa de la clase
obrera se había basado en esta uniformidad, se produce la quiebra de esta
unificación”.
Esta práctica empresarial y de desarrollo legislativo generó una
estratificación del mercado de trabajo, entre trabajadores estables y
trabajadores relacionados de modo temporal con la empresa, generalmente
en una rotación por diferentes contratos pero sin ninguna perspectiva de
estabilización. Esto resitúa el escenario entre la distribución de la
riqueza entre rentas del trabajo y del capital a la gestión del empleo
convertido en un bien escaso. Pero ni las distintas vías se aplicaron al
mismo tiempo, ni afectaron al mismo número de trabajadores. La vía
judicial comienza su aplicación a partir de 1974, adquiriendo tres años
más tarde un volumen importante, que se duplicará a partir de 1980. Más
tarde y coincidiendo con el carácter masivo de la anterior se
extendieron los expedientes de crisis que al afectar a empresas enteras
generaban una mayor conflictividad pero en las cuales finalmente fueron
impuestos los puntos de vista empresariales, condicionando la
negociación con la recuperación económica y el empleo. Finalmente es
cuando la reconversión afecta a los núcleos más organizados de la clase
obrera
La Ley 26/1985, de 31 de Julio, que reforma el sistema de pensiones. En
1986 se amplia la CEE a doce miembros, produciéndose la adhesión de
España y Portugal. El 14 de Diciembre de 1988 se produce la primera
Huelga general a nivel de todo el estado, fundamentalmente articulada en
contra del Plan de Empleo Juvenil. III. Los años noventa y el paradigma
de la precariedad laboral.
En este período se flexibiliza y precariza la relación laboral en tres
momentos tanto en el acceso al mercado de trabajo, en el contenido de la
relación laboral durante la misma y en la salida del mercado de trabajo.

Las posteriores reformas las podemos agrupar en las siguientes normas,
RDL 1/1992, de 3 de Abril y Ley 22/1992, de 30 de Julio, el decretazo de
1992, medidas urgentes sobre fomento del empleo y para reforma de la
protección por desempleo. Las reformas realizadas en los años 1992 y 1993

7
(Real Decreto Ley 1/1992 de 3 de Abril, Ley 22/1992 de 30 de Julio y Ley
22/1993) iniciaban este proceso de progresiva eliminación de la
protección por desempleo, los recortes más importantes de estas reformas
fueron principalmente la ampliación del período mínimo de cotización
exigido para generar derecho a la prestación (de 6 a 12 meses), y el
establecimiento de períodos más amplios de cotización en relación con
los períodos de percepción de las prestaciones. También se redujo la
cuantía de las prestaciones contributivas del 80% de la base de
cotización al 70% en los primeros seis meses y del 70% al 60% durante el
resto de la prestación hasta su extinción. Se estableció la obligación
de aportar por el/la desempleado/a el 65% de las cotizaciones a la
Seguridad Social, y que antes correspondían al INEM. Se redujeron los
topes mínimos de la prestación contributiva, que pasa del 100% al 75%
del Salario Mínimo Interprofesional. Se suprimió la exención fiscal que
disfrutaban las prestaciones por desempleo, pasando éstas a ser
consideradas rendimientos del trabajo a efectos tributarios. Se
ampliaron de los mecanismos de extinción del derecho a la prestación,
así como endurecimiento de las infracciones y sanciones y se
establecieron mayores exigencias para acceder al subsidio por desempleo,
así como se modificaron diferentes conceptos con el propósito de
dificultar aún más el acceso a éste.
Más tarde se aprobó la Ley 11/1994, de 19 de Mayo reforma del Estatuto de
los Trabajadores. La reforma del ET realizada en el año 1994 tan sólo
recibió una respuesta parcial, sólo se opuso limitadamente teniendo la
sensación de la inevitabilidad para entrar en la “modernidad” de las
relaciones salariales. Así, algo que no parecía de gran importancia como
eliminar los mínimos necesarios establecidos en la legislación
estatutaria respecto a diferentes aspectos tales como el abono de las
horas nocturnas, el abono de las horas extraordinarias, diferentes
pluses, etc.. se ha traducido con el tiempo en un recorte de derechos
pactado colectivamente entre las representaciones sindicales y las
gerencias empresariales.
Se abría la puerta a que una vez eliminado el sujeto colectivo, una vez
fragmentada, atomizada e individualizada la fuerza de trabajo el
trasvase de la regulación de determinados aspectos a la negociación
colectiva no era otorgar contrapoder o dar más fuerza a trabajadores y
trabajadoras sino precísamente la asunción de la propia derrota y
debilidad al no poder enfrentarse colectivamente. Al mismo tiempo, al no
existir unos valores colectivos distintos9 a los establecidos con
carácter dominante en las sociedades de capitalismo avanzado, se produce
una situación en la que no hay posibilidad de enfrentamiento ni de
construir contrapoder, si hay que asumir competitividad, flexibilidad y
generación de empleo por los empresarios, es evidente el sometimiento de
las materias que se trasvasan a la negociación colectiva a dichos
criterios, lo que conlleva la reducción de derechos y del valor de la
fuerza de trabajo en términos parciales y globales. El origen de la
actual regulación salarial proviene de la reforma laboral de 1994, en la
cual como línea general se abrían determinados aspectos de la regulación
salarial a la negociación colectiva eliminando la intervención estatal.
Esto que en principio podía verse como un favorecimiento de la autonomía
de las partes, trabajadores y empresarios, en la que la fuerza
negociadora de los trabajadores pudiera arrancar determinadas mejoras,
mantenía la línea general de desregulación del mercado de trabajo en uno
de los elementos básicos de la regulación social y es el de la
contraprestación salarial en una sociedad donde el acceso a la riqueza se
produce a través de la relación salarial, de la cual se retiran los
poderes públicos y se deja a la autoregulación del mercado. Se produce
así un repliegue de la intervención estatal tanto a nivel cuantitativo
haciendo desaparecer diferentes normas reglamentarias como
cualitativamente al eliminar la imperatividad de numerosos aspectos de
la regulación salarial, que ahora sí, podían ser empeorados según la
relación de fuerzas entre trabajadores y empresarios.
9 Pese a lo que indique la producción literaria revolucionaria que
adscribe valores tales, per sé, como la solidaridad, el apoyo mutuo, la
generosidad, etc...

8
Del análisis de los convenios suscritos en los años 2000 y 2001 podemos
destacar como ejemplo respecto de la nocturnidad, que el 50% de los
convenios no contienen una cláusula que reconozca una retribución
específica por el trabajo nocturno. Respecto de las horas extraordinarias
decir que algo menos del 50% de los convenios fijan para la hora
extraordinaria un valor superior al de la hora ordinaria. Tras la
desaparición de la cuantía mínima del complemento por nocturnidad que se
fijaba en el precedente art. 34.6 ET en un 25% sobre el salario base y
del recargo mínimo de la hora extraordinaria, fijado en el anterior art.
35.1 ET en un 75% sobre el valor de la hora ordinaria, se produce en
definitiva, un recorte de salarios y un reforzamiento de los poderes
empresariales. No podemos obviar igualmente la posibilidad de
negociación individual sobre la generalidad de la estructura salarial.
En primer lugar, en ausencia de negociación colectiva quedando abierto el
espacio a la negociación en la empresa (primera individualización) y
dentro de esta negociación, a la negociación directa e individual entre
empresa y trabajadores (segunda individualización). Más aún, y para
identificar totalmente esta reforma, hay que indicar así mismo, que pese
a dichas reformas operadas, sin embargo, pervivieron las normas
favorables al empresario en materia salarial, tales como la regulación
de los complementos salariales, la modificación de los sistemas de
retribución y el descuelgue salarial.
No puede obviarse la situación de explosión y disolución del sujeto clase
obrera en dicho momento, la existencia de unos sindicatos mayoritarios
comprometidos con los fines de la competitividad y el sometimiento a la
obtención de beneficios empresariales como premisa de actuación, lo que
supuso, a grandes rasgos, que lo que estaba regulado como mínimo
necesario siempre mejorable mediante la negociación colectiva pasó a
convertirse en el máximo techo que alcanzar por parte de la negociación
colectiva.10
En el año 1994 se aprueba Ley 14/1994, de 1 de Junio, que legaliza las
Empresas de Trabajo Temporal. Hemos de destacar que dichas empresas ya
existían de facto en la economía española, realizando la legislación una
adaptación a la lógica impuesta empresarialmente, cuando y a modo
interpretativo debemos indicar que todavía se mantiene la cesión ilícita
(fuera de los casos permitidos a las ett’s) como infracción laboral muy
grave en la LISOS. El art. 43.1 ET prohibe la contratación de
trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas salvo por la
Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regula las Empresas de Trabajo
Temporal, por la cual se autorizan las ETT y se legaliza la cesión de
mano de obra que, hasta ese momento, nuestro ordenamiento laboral
prohibía. Dicha diferenciación de trato tiene un marcado carácter
ideológico; se necesita que el mercado laboral se flexibilice para
adaptarlo a la lógica de la economía. La versatilidad de este tipo de
contrataciones, responde no sólo a un precio más barato (menores costes
por unidad de tiempo de trabajo), sino, también, a la gran movilidad y
oportunidad que tiene para el capital disponer de cualquier fuerza de
trabajo, sin las mínimas garantías de los puestos fijos, estables y con
derechos, así como externalizar los costes sociales de dicha gestión de
esa mano de obra, permitiendo disciplinar dicha fuerza de trabajo. Más
tarde esta norma fue modificada por otra posterior, la Ley 29/1999, de
16 de julio, de Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la
que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal. Se realizan ciertas
correcciones, así como se establecen limitaciones, siendo la principal
la de establecer las mismas retribuciones a los trabajadores cedidos que
las que corresponderían al trabajador de la empresa principal en el mismo
puesto de trabajo, y ciertas exigencias administrativas que contraen el
mercado de las empresas de trabajo temporal dejando sólo en el mismo a
las principales empresas (generalmente multinacionales) del sector,
aunque el fenómeno desarrollado por las ETT’s antes de su regulación, 10
Las ideas que sobre la reforma laboral del año 1994 y la regulación
salarial, y los estudios de los concretos aspectos salariales en la
negociación colectiva que se exponen en este texto están realizadas a
partir de la ponencia realizada por Carlos L. Alfonso Mellado, “Salarios
y Negociación Colectiva”, presentada en las Jornadas de estudio
organizadas por el Gabinete de Estudios de Comisiones Obreras en
Albacete en mayo de 2003, independientemente de que el autor pueda no
coincidir con las opiniones aquí vertidas.

9
es ahora representado por las denominadas como empresa de outsourcing o
subcontratación que externalizan costes sociales y reducen los costes
económicos.
En la misma línea se aprueba el RD 735/1995 que regula las agencias de
colocación sin fines lucrativos y los servicios integrados para el
empleo.
También en el año 1994 se aprueba el Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social. Más tarde, y continuando con la labor
reunificadora de aunar las normas sometidas a una reforma permanente, se
publica el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En Marzo de 1996 se producen las sextas elecciones generales al
Parlamento, con el triunfo del Partido Popular, nombrándose como
Presidente de Gobierno a José María Aznar. Se suscribe el Acuerdo para
la Racionalización y Consolidación del Sistema de Pensiones, 9 de
Octubre de 1996, en relación con el Pacto de Toledo y la denominada como
racionalización de las pensiones.
Avanzando en la práctica sindical de responsabilidad y de fijar las
mejores condiciones posibles al capital, los límites y los controles en
la gestión del conflicto, se suscribe por parte de las centrales
sindicales mayoritarias el Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de
Conflictos Laborales que se promulga en Febrero de 1997.
El Acuerdo Interconfederal de Empleo, firmado el 7 de Abril de 1997
avanza en este nuevo período de paz social, de compromiso sindical con
la paz social, la estabilidad y la competitividad a favor de una
presunta creación de empleo.
En el mismo sentido se suscribe el Acuerdo Interconfederal sobre
Negociación Colectiva, firmado el 28 de Abril de 1997
Este consenso conlleva la reforma laboral del año 1997, basada en dos
RDL, el RDL 8/1997, de 16 de Mayo, medidas urgentes para la mejora del
mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida y el RDL
9/1997, de 16 de Mayo, que recoge la regulación sobre beneficios fiscales
y subvenciones y bonificaciones en materia de Seguridad Social de la
contratación indefinida en fomento de la estabilidad en el empleo. Se
establece una dinámica que aún continúa, de subvencionar y bonificar las
cotizaciones empresariales, transfiriendo rentas y costes sociales, con
el argumento de favorecer la contratación, el empleo y la estabilidad en
el empleo mediante la contratación indefinida y el fomento de
determinados sectores para su contratación, el problema es el empleo y
quienes lo pueden solucionar son los empresarios. Cuando el problema
central pasa de ser el acceso a la renta o la distribución de la riqueza
a ser el empleo, gestionado como bien escaso, se cambian los objetivos,
los actores y las normas; así, nuevas opciones pasan a ser centrales, el
favorecimiento del mercado, presunto actor que resolverá dicho problema,
tomando la centralidad elementos tales como la estabilidad o la
competitividad.
Más tarde se promulgan las Leyes de convalidación de los anteriores RDL
8/97 y 9/97, Ley 63/1997, de 26 de Diciembre, de medidas urgentes para
la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación
indefinida y la 64/1997 que regula los beneficios, incentivos y
subvenciones para el fomento de la contratación indefinida y la
estabilidad en el empleo. Es importante indicar el Tratado de Amsterdam,
firmado en Octubre de 1997, en vigor el día 1 de Mayo de 1999, y que
refuerza el marco político económico europeo iniciado en Maastricht, de
gran importancia en estos momentos en los cuales se acaba de aprobar la
Constitución Europea de la cual se harán unas breves notas.
Se aprueba más tarde la Ley 39/1999, de 5 de Noviembre, Ley de
conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras.

10
Hemos de reseñar que en el presente trabajo no se ha realizado una
perspectiva transversal de género, es más, hemos de tener en cuenta que
el sujeto colectivo analizado, y que ha sido desestructurado perdiendo
su cualidad de tal sujeto político, “clase obrera”, participa de la
división sexual del reparto de tareas y trabajos, así en los diferentes
documentos analizados, en especial en las fuentes orales directas, se
aprecia cómo la mujer sufre la discriminación que se produce en el mundo
salarial y del trabajo, del mismo modo o con contornos muy similares en
el sujeto antagónico que lucha contra dichas relaciones sociales
establecidas entre capital y trabajo. No aparecen, por tanto, los
trabajos no salarizados, aquellos trabajos que están ligados a las tareas
de cuidados y que permiten no sólo la reproducción del trabajo y su
mantenimiento sino incluso el soporte para las diferentes luchas.
Esto no debe conllevar a una idea de no participación de las mujeres en
las luchas obreras, pues como reflejan numerosos estudios, pese a la
discriminación y relegación realizada la mujer emerge con fuerza como
sujeto antagónico, tanto en las propias luchas obreras como con
contenidos propios ligados al mundo del trabajo o en relación con el
mundo de la reproducción de la fuerza de trabajo.
IV. Capitalismo neoliberal y globalización.
Se suscribe el Acuerdo de pensiones, en Abril de 2001, manteniendo la
línea de lo ya pactado en el denominado Pacto de Toledo sobre pensiones.

La reforma del año 2001, realizada mediante la Ley 12/2001 (inicialmente
mediante el RDL 5/2001, de 2 de Marzo, medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su
calidad), modificó aspectos que están muy relacionados con diferentes
cuestiones que aparecerán en las posteriores reformas. Entre ellas
podemos destacar la creación de los contratos de inserción, el aumento
de los sujetos destinatarios del contrato de formación, la ampliación de
los supuestos de contratos cuyo de despido será indemnizado por 33 días
por cada año trabajado y con un límite de 24 mensualidades, la reforma
de la regulación de los contratos de trabajo fijos-discontinuos, del
art. 15.8 del E.T. pasando los fijos discontinuos no sujetos a
llamamiento a formar parte de la calificación de trabajadores a tiempo
parcial periódico. Así, en el año 2002, se publican las normas RDL
5/2002, y la posterior Ley de convalidación 45/2002. En realidad la
gravedad de las reformas del año 2002, se basan en lo que supuso romper
las reformas pactadas o más o menos consentidas y consensuadas, a
realizar una ofensiva frontal (al margen incluso de los gestores del
conflicto), aprovechando un momento de presunta paz social de contexto
favorable interno y europeo y que obligó a las direcciones sindicales a
convocar una huelga general para volver a aparecer como actores
políticos en un momento en el cual la movilización social11 se
constituía contra dicha reforma al margen de los cauces institucionales
habitualmente establecidos y utilizados. Las reformas se basaron en la
reducción de costes en el despido (mediante la eliminación de los
salarios de tramitación), el recorte en las prestaciones sociales y el
reforzamiento de la coactividad a la aceptación de cualquier empleo en
cualesquiera situación y condición, así como la eliminación de un
colchón social de desarrollo geográfico localizado como era la
eliminación del subsidio de desempleo agrario. Tras la convocatoria de la
huelga general, la ley de convalidación supuso la eliminación de algunos
de los aspectos más restrictivos pero mantuvo la linea general sin
volver las cosas al estado anterior, reduciendo 11 Debe tenerse en
cuenta con carácter global la masiva convocatoria antagonista en
Barcelona contra la cumbre de Jefes de estado de la UE en Marzo, las
manifestaciones masivas y expresiones de todo tipo contrarias a la
reforma laboral, la movilización social también masiva en Sevilla frente
al cierre del semestre de presidencia española de la UE, con el encierro
de inmigrantes que había combinado la oposición a las reformas en materia
de extranjería con los múltiples encierros y movilizaciones de todo tipo
reclamando papeles y derechos de ciudadanía con carácter universal.

11
drásticamente los salarios de tramitación, restringiendo fuertemente y
eliminando para el futuro el subsidio agrario y manteniendo nuevos
requisitos y restricciones en las prestaciones sociales. De lo enunciado
anteriormente en ésta y en pasadas reformas, se ha producido una
regresión hacía una visión atomista de la sociedad, como una mera
colección serial de individuos guiados por su propio interés y por la
lógica del beneficio.
Así, se explica de modo individual un hecho social (desempleo, capacidad
de ingresos,...), considerando las causas colectivas rebajadas al rango
de meras excusas que tratan de eludir la responsabilidad, construida
como algo exclusivamente individual.
Se ha establecido la imposición del trabajo asalariado precario como
obligación ciudadana, y el total y definitivo sometimiento a las lógicas
del capital y del beneficio de cualquier aspecto de la vida.
En el momento de redacción del presente texto se ha suscrito el texto del
Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, con la
importancia que tiene en el sentido de lo analizado en este texto, pues
constitucionaliza la economía de mercado y la competencia, fijando el
sistema de mercado como de “(...)economía social de mercado altamente
competitiva” , las políticas monetaristas y de estabilidad monetaria
como elemento central, la independencia del Banco Central del control
político como si fuera una institución técnica que aplica la racionalidad
económica, única posible. Realiza un tratamiento devaluado de los
derechos fundamentales cuando en cambio se privilegian la libertad de
empresa y el derecho de propiedad fija elementos básicos de la
configuración neoliberal trasnacional actual de la economía, sin sujetos
antagónicos que se enfrenten con incidencia social, que habrá que
reconstruir de cara a la oposición al referido texto europeo, se fijan
unas condiciones de absoluta falta de restricciones en la consecución de
beneficios y de reproducción del capital dejando sólo la posibilidad de
intervención posterior mitigadora de dichos efectos.
Al comienzo de esta nueva legislatura de gobierno por parte del PSOE nos
encontramos bajo este contexto, en el cual fuera de la ruptura con el
actual marco de reglas de juego, sólo queda el papel asumido sin ninguna
objeción por los sindicatos UGT y CCOO, de gestión de la crisis, en la
cual no existe capacidad de enfrentamiento a la estrategia empresarial
con prácticas como la deslocalización o el funcionamiento de empresa en
red sin casi estructura propia y con una total externalización de la
organización productiva que desencadena contratación y subcontratación
que reducen los costes laborales y eliminan o traspasan los costes
sociales.
En este marco se ha suscrito un documento programático sin contenidos
desarrollados, pero del cual ya podemos anunciar que va a configurarse
sobre el parámetro de la competitividad que pasa a ser objetivo central,
pues el título ya es significativo, “Competitividad, Empleo estable y
Cohesión Social”.
Se configura por todos los agentes sociales al Estado –o al conjunto de
los poderes públicos-, como gestor de la generación de un espacio que
permita el despliegue de la lógica del beneficio, estando de acuerdo las
organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales en
“favorecer la Competitividad, el Empleo estable y la Cohesión Social”
(I. Preámbulo de la Declaración para el Diálogo Social 2004, de 8 de
julio).
Se fija el crecimiento económico en la base de la lógica de la obtención
del beneficio que genera de por sí bienestar social, que además se
presupone es para toda la sociedad. Se basará en la discusión sobre
trece temas, la temporalidad en el empleo, los colectivos de jóvenes y
mujeres, el colectivo de inmigrantes, la formación, la reforma del INEM o
Servicio de Empleo, la Inspección de Trabajo, la política industrial, el
salario mínimo, la participación de los trabajadores, la siniestralidad
laboral, la negociación colectiva, el papel de los agentes sociales y las
pensiones.

12
Concluir señalando que una vez establecidas las bases para el libre
desenvolvimiento del capital y el despliegue sin obstáculos de la lógica
del beneficio sólo cabe plantear una ruptura radical con la racionalidad
económica o lamentarnos y gestionar las consecuencias que genera para
trabajadores y trabajadoras, sin poder oponernos a la destrucción de
empleo, a las deslocalizaciones, a la externalización, a la ausencia de
críticas globales, a la competitividad,..... más que de modo parcial y
resistencialista.
Raúl Maíllo, abogado del Gabinete Jurídico Confederal de CGT y miembro de
la Comisión Confederal contra la Precariedad.
Bibliografía Utilizada.-
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AAVV; “Escuela de Militantes. Las Ponencias”, Ed. Libre Pensamiento,
Málaga, Verano 1999. AAVV, “Reinosa Contra el Miedo”, Ed. Revolución, 2ª
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AAVV, “La Ilusión constitucional. Una crítica del proyecto de la
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1999, Madrid. Bilbao, Andrés, “Obreros y ciudadanos”, Ed. Trotta, 2ª
edición, 1995, Madrid. CAES, “Las Empresas de Trabajo Temporal.
Prestamismo Laboral Legalizado”, CAES, Noviembre, 1998.
Calderón Fochs, Rafael y González-Palencia Lagunilla, Luis, “La
obligación de readmisión en los supuestos de despido injustificado: La
situación en España”, inédito, aportado a la Jornada Europea de la AED,
celebrada en Roma, en Mayo de 2003, sobre las consecuencias jurídicas de
los despidos sin causa.
Camacho, Marcelino, “Confieso que he luchado; memorias”, Ed. Temas de
Hoy, 1990, Madrid. Confederación General del Trabajo, (CGT), Boletín
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Martín Artiles, Antonio, “Flexibilidad y relaciones laborales”, Ed. CES,
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Rodríguez, Enmanuel, “Autonomía y capital. Recomposición y crisis del
obrero como sujeto político (España- la última mitad del siglo XX)”,
texto no definitivo de tesis doctoral cedida por el autor, inédito.

13
EL CAPITAL SÓLO TIENE UN LEMA: “HAY QUE
DESMANTELAR EL ESTADO DE BIENESTAR Y
HACERLO CUANTO ANTES”
(Alfredo Sáenz Vicepresidente del Banco Santander Central Hispano y alto
representante del sistema económico y financiero y, en consecuencia un
creador del orden social actual) ¿Esta lógica social política, mostrada
de forma descarnada por este alto representante del sistema, sólo es
patrimonio de “los ricos y los poderosos” o se sustenta en un
consentimiento social amplio?.
Para responder a esta pregunta desde el mundo de la política, -más allá
de la crítica “fácil” cristiana moralizante del PSOE (“Este sr. Que gana
miles de millones, tiene un estado de bienestar superblindado...es
inmoral lo que plantea...” –Borrel, Caldera-)-, debemos investigar las
lógicas donde se constituyeron los Estados de Bienestar y hacer ese
recorrido necesario por las mismas, para interpretar y analizar, y saber
a qué nos enfrentamos.
EL ESTADO DE BIENESTAR. Origen. Razones que lo explican: económicas –
políticas sociales. El orden social que representa. Crisis del modelo.
Orígenes: Históricamente no se puede llegar a la conclusión de la
existencia de un modelo único. Han existido diferentes modelos de Estado
de Bienestar en países donde una combinación de factores como: sistema
capitalista estable, clase obrera con sindicatos fuertes y cierta
identidad nacional, posibilitan la consolidación de lo que se entiende
por Estado de Bienestar (empleo, sanidad, educación, vivienda,
protección social).
En otros países, de capitalismo o industrialización tardía, más que
hablar de Estado de Bienestar, hay que hablar de Estado social.
Desde la concepción política, su origen se da en estados Autoritarios. En
el caso alemán, fue Bismarck quién pone en marcha los sistemas de seguro
social, de accidente, vejez, protección a la familia. El régimen duro
autoritario alemán, trataba de integrar a la socialdemocracia alemana en
la lógica del sistema, en un momento histórico donde ésta tenía
posibilidades de obtener el poder. La combinación entre capitalismo y
democracia, es un fenómeno tardío, siendo a partir de la II Guerra
Mundial cuando se consolida el modelo de Estado de Bienestar, pero
solamente en los países industrializados y occidentales.
Su surgimiento se produce en un contexto histórico de un nuevo modelo de
regulación del ciclo de la economía y obedece tanto a razones políticas
como económicas.
Desde el lado económico: Las nuevas formas de organización del trabajo y
las transformaciones técnico-productivas que se producen desde las
primeras décadas del siglo XX (fordismo y taylorismo), crean las
condiciones para la producción en masa. La crisis del 29/30, plantea los
límites del capitalismo liberal: ante las crisis económica se demuestran
insuficientes los mecanismos del propio mercado (diferentes capitalistas
privados en competencia) y se plantea la necesidad de una mayor
intervención estatal en la regulación de la economía, fomentando una
política basada en la expansión de la demanda y corrección de los excesos
del capitalismo salvaje. Las nuevas transformaciones técnico-productivas
(avances tecnológicos), conjuntamente con la implementación de nuevas
formas de gestión de la mano de obra (taylorismo – fordismo) consiguen

14
un alto grado de productividad; la utilización masiva y barata de
materias primas y recursos naturales; la explotación y dependencia del
tercer Mundo y la explotación de las mujeres las cuales “en el conjunto
del mundo occidental” son obligadas a sustentar el modelo que supone la
“existencia de un hombre cabeza de familia, trabajador asalariado con
disponibilidad total para el mercado laboral y único proveedor de
ingresos monetarios”. Estos factores permiten un gran aumento de los
beneficios y aumento de los salarios reales y el bienestar social en los
países capitalistas occidentales más desarrollados.
Desde el lado político-social: El modelo soviético presiona de tal forma
al sistema de economía de mercado que dejaba al descubierto la
apariencia de “supuesto predominio de la sociedad de ciudadanos libres e
iguales, mostrando que la clase obrera constituida como una realidad
política (triunfo de la revolución bolchevique) podía encarnar un
principio diferente de organizar la sociedad”. Además, el auge de la
izquierda en la lucha contra el fascismo, refuerza la presencia política
de la clase obrera, y en consecuencia su posibilidad política de
constituir la sociedad de manera alternativa al capitalismo. Su
integración es la condición de la estabilidad política del sistema
democrático de mercado. La clase obrera (constituida por hombres con
empleo estable), los sindicatos como elementos funcionales y
reguladores, son reconocidos políticamente, a la vez que se eliminan las
políticas antiobreras y todos salen beneficiados. El papel del estado,
es de legitimador del sistema capitalista ya que su intervención corrige
los excesos y efectos negativos del mercado. Se muestra un capitalismo
con rostro humano y desde el punto de vista económico se convierte en el
elemento central del proceso de acumulación. En los años 50 se
constituyen los Estados Sociales de derecho los cuales constitucionalizan
determinados aspectos de las relaciones sociales que hasta ese momento
eran competencia del mercado. Asistimos a un cambio en la concepción del
Estado.
En los 60, esta nueva organización política y económica del estado se
convierte en el modelo constituido para el desarrollo económico.
Conservadores y socialdemócratas no tienen mayores diferencias políticas
más allá del alcance y extensión del propio modelo. Ambos coinciden en
que el motor del desarrollo se encuentra en el lado de la demanda, para
lo cual, el sistema de redistribución de la renta (igualación de los
niveles más extremos), se convierte en el estímulo imprescindible de la
demanda.
Expresado sintéticamente, tres son los objetivos que se cubren:
v Expansión económica
v Integración social
v Estabilidad política
EL ORDEN SOCIAL QUE REPRESENTAN LOS ESTADOS DE BIENESTAR
En el orden que preside el modelo de Estado de Bienestar, los enunciados
económicos giran alrededor de la intensificación de la demanda. Por lo
tanto, todos los factores económicos que la impulsan, -incremento de
salarios, empleo12, seguros asistenciales, el estado interventor en la
economía, etc.-, son necesarios para el desarrollo económico.
Y.M. Keynes, plantea los límites del capitalismo liberal. La concepción
keynesiana de la organización social se centra en la crítica a la
ortodoxia liberal que hasta esos momentos regía las relaciones sociales.
Keynes plantea que esta ortodoxia no sirve para esos momentos de crisis
al contraer la demanda, con lo que se está impidiendo la expansión
económica. Hace de la teoría de la igualdad (redistribución de la renta)
el punto de partida del desarrollo. 12 Es falsa la idea de existencia de
pleno empleo en esta época. Siempre el capitalismo ha mantenido y
mantiene un ejército de reserva como elemento de presión sobre la mano
de obra y además se está hablando del “pleno empleo masculino”.

15
La teoría keynesiana (socialdemócrata en sus distintas variantes), pone
de manifiesto que sin la intervención del Estado el mercado produce una
situación de desequilibrio, donde el desempleo se hace crónico, es
decir, se convierte en desempleo estructural.
La lógica en la que se desenvuelve este modelo, pone de manifiesto que
son las condiciones exteriores (el libre mercado, el “laisser faire”) lo
que determina la desigualdad, entendiendo que existe un origen objetivo
en la posición social de los individuos dentro de la estructura social.
En consecuencia, “el orden social que se desprende de esta lógica, remite
a la utopía de la regulación colectiva igualitaria de este orden”
(Bilbao, A. – 1998). Es precisamente aquí, en esa peculiar condición
ideológica donde se encuentra la explicación política tan tramposa e
injusta en que se sustenta la lógica keynesiana porque la misma solo
puede ser aplicada en un núcleo muy reducido de países
(industrializados, occidentales), en una determinada etapa histórica (un
tiempo) de expansión económica, manteniendo inalterable la estructura de
las relaciones sociales (consenso social y condición de la democracia) y
a costa del Tercer Mundo y la explotación de las mujeres, con un modelo
desarrollista – consumista, depredador y agresor.
CRISIS DEL MODELO KEYNESIANO. CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR
La crisis económica de mediados de los 70, muestra inviable este modelo
para la resolución de la misma. Esta crisis, debida fundamentalmente a
los límites del aumento de la productividad, hace que el capital se
replantee el modelo de organización social. Se cuestiona radicalmente la
“sociedad del pleno empleo”, de la estabilidad, del consenso social, de
la regulación del Estado en la economía, de las políticas sociales que
tienden a corregir las desigualdades y emerge una nueva organización
social donde el binomio mercado y democracia parlamentaria, identifican
al “mundo libre.”
La caída de los sistemas de planificación (países del Este), otorga la
victoria al “mercado libre”. Las políticas neoliberales monetaristas
conllevan desregulación, flexibilidad y precarización de los mercados,
en especial del mercado de trabajo. La competitividad se convierte en la
condición del beneficio privado y la expansión de la economía. Estas son
posibles de aplicar porque la correlación de fuerzas ha variado
sustancialmente (derrota de las clases populares y las organizaciones de
izquierda).
Los años 80 con las políticas tacherianas y reganianas como pioneras,
lanzan la gran ofensiva contra los fundamentos del Estado de Bienestar.
La década de los 90 suponen una generalización de esta ofensiva
ideológica, política y cultural del neo-liberalismo: la economía se
autonomiza y se independiza de la política y es el mercado quien
constituye el nuevo orden social.
EL DESMANTELAMIENTO DE LOS ESTADOS DE BIENESTAR de forma drástica, es
una aplicación técnica ante el nuevo modelo de organizar la sociedad en
la economía globalizada.
Si en el origen de estos Estados se encontraban las respuestas a los
problemas sociales existentes en esos momentos, como era el riesgo de
pérdida de la estabilidad social, la alta inflación genera inestabilidad
monetaria y da paso a la ruptura de la organización de las relaciones
sociales, apareciendo factores de crisis. Ahora, en modelos de economía
globalizads (nuevas formas organizativas políticas que adopta el
capitalismo), se hace necesario romper con ese modelo inflacionista e
introducir cambios en las políticas monetarias, redefinir el papel del
Estado, reformar el mercado de trabajo y de bienes y servicios y así,
nos encontramos que “si en los años sesenta las medidas legislativas en
casi toda Europa, iban encaminadas a proteger las necesidades sociales
(empleo, salud, pensiones, sanidad, etc.) y los derechos de los
trabajadores, en los años ochenta la

16
tendencia se invierte: se reforma el mercado de trabajo, se flexibiliza
su permanencia y se desprotege o descausaliza la salida de éste, al
mismo tiempo que las disposiciones legislativas se orientan al ingreso y
no al gasto”
Las razones de este giro son económicas, es decir inevitables,
necesarias, pues si los salarios y el gasto del estado aumentan, la
inflación se dispara, producido este hecho, se desajustan los precios y
se crea inestabilidad en la moneda, dando paso a la desestabilización de
las relaciones sociales. A partir de ahora se entiende que sólo dejando
actuar al mercado libre, sin regulación, sin intervención, las
magnitudes económicas, precios y moneda, se estabilizarán. La
flexibilidad tiene un contenido preciso: la regulación es patrimonio del
mercado.
La realidad es que las políticas económicas y sociales –Estados de
Bienestar-, que vienen desplegando los gobiernos
(europeos-occidentales), contradicen los mandatos de quien ostenta el
verdadero gobierno político mundial –transnacionales, capital
financiero-, que consideran que solamente trasladando al mercado la
solución de las necesidades sociales y sus demandas, puede garantizarse
el orden y la estabilidad social del sistema.
Las políticas de desregulación del mercado laboral, la precarización de
estos mercados monetarizados; la ausencia de vivienda para todos y
todas; las pensiones insuficientes para situaciones de jubilación,
desempleo, etc. La política de cuidados (necesaria e imprescindible para
la sustentabilidad de la vida) que se resuelven fuera del mercado
monetarizado; la educación mercantilizada, la exclusión social, la
pobreza… es la consecuencia lógica de la consigna “volver al puro
mercado como regulador de las relaciones económicas y sociales de acuerdo
con las leyes de la oferta y la demanda”.
Esto se muestra coherente con esta lógica macabra, deshumanizada y
autista en que se ha convertido el sistema de mercado, y que además
intenta aparecer como la única posible para solventar la situación a la
cual se ha conducido a las sociedades europeas: 14,3 millones de personas
paradas en la UE; el 13% de la población ocupada en situación precaria;
el 15% de la población por debajo de los umbrales de pobreza13 ;
millones de inmigrantes,- mano de obra barata, esclava-, a los cuales se
les niega cualquier derecho de ciudadanía y se les utiliza como ejército
de reserva, fomentando el racismo y la xenofobia en las sociedades de
acogida; sociedades cada vez más desestructuradas con regresión y
desarraigo social; deterioro ecológico y medio ambiental, posiblemente
irreversible…
Tenemos que interpelar la lógica que ordena la sociedad, pues tanto desde
el liberalismo económico como desde la socialdemocracia, se propugna el
mercado, el beneficio privado, como la garantía del Estado Social. Y el
Estado Social no persigue la eliminación de las causas que causan la
pobreza, la exclusión y la desigualdad social y económica de las
personas. Este Estado Social es meramente Asistencial pues sólo actúa
sobre las consecuencias de esa desigualdad para mantener las mismas
(conflictos, tensiones, revueltas, cuestionamiento del orden social,
etc.), dentro de las fronteras incuestionables del régimen.
Si el mercado no es la solución, no se puede mantener el crecimiento por
el crecimiento. Hay que plantearse las preguntas de crecer para qué,
para quiénes y porqué tres cuartas partes de la humanidad, son
mantenidas en el subdesarrollo.
El progreso sin límites y sin fines, la competencia como condición del
mercado, el consumo individual como acumulación de mercancías, la gran
mentira de que sólo los mercados 13 El concepto de pobreza tiene que ser
ampliado más allá de la capacidad adquisitiva o niveles de renta de las
personas. Su capacidad de elección, de participación en la sociedad, de
posibilidad de acceso a derechos fundamentales, son conceptos que pueden
o deben englobarse a la hora de definir a una persona como pobre o
precaria.
La mayoría de las personas consideradas como pobres en Europa son
mujeres. Razones, son las más afectadas por la discriminación en materia
de empleo, salarios y salud.

17
monetarizados garantizan la vida…, han conformado las sociedades
desiguales –intercambio injusto, robo y esquilmación de sus recursos-;
la desestructuración de las sociedades del primer mundo (cada vez más
minorizado en número de personas que gozan de estándares de bienestar);
la negación de los derechos universales para la inmensa mayoría de la
población mundial –alimentación, hábitat, libertad-.
Tenemos que entrar a la esencia del conflicto, es decir, interpelar la
lógica del beneficio, la misma que creó los Estados de Bienestar como
garantía del orden social y la que ahora exige su desmantelamiento.
Interpelar significa intervenir y, solamente cambiando nuestras maneras
de intervenir, modificando nuestras prioridades, podremos llegar a
trabajar teniendo como referencia la lógica de la vida o bien nos vemos
organizando y gestionando las exigencias de los tiempos actuales de la
producción/reproducción capitalista. Y, así las cosas, los Alfredo Sáenz
de este mundo se encontrarán legitimados y sustentandos por otro largo
tiempo.

Desiderio Martín




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