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(ca) Publicado en Rojo y Negro imprenso: LEYENDO LA CONSTITUCION EUROPEA

From a-infos-ca@ainfos.ca
Date Fri, 28 Jan 2005 20:18:17 +0100 (CET)


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AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
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http://ainfos.ca/index24.html
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Esta mañana mi madre me ha dicho que me lea la Constitución europea. Decía
que si no está informada no piensa votar en el referéndum de febrero. Yo
le respondí que según los políticos basta con leerse las primeras cien
páginas que son las importantes. El resultado es que me ha encargado que
me las lea yo, y le haga un resumen. Y así ha quedado.
Nada más empezar me encuentro con que no es una Constitución. En el título
pone “tratado por el que se instituye una Constitución para Europa”. Es un
tratado, o sea, un acuerdo firmado entre los gobiernos de varios países. Y
esos países acuerdan -ellos- una Constitución para Europa. En mis libros
de historia a esto, a los textos elaborados por los poderosos y entregados
al pueblo para que los obedezcan, se le llamaba “Carta otorgada”. No puede
ser, me habré equivocado. Antes de leerlo al detalle busco y rebusco por
el texto cualquier alusión al “pueblo europeo”. O a la soberanía popular.
En fin, cualquier alusión que permita pensar que esta es la carta magna
que se da un pueblo para constituirse políticamente como sociedad. No
aparecen. Esto no es una Constitución. Desilusión inicial.

En los primeros capítulos, cuando se definen los valores de Europa, las
únicas referencias concretas que he encontrado aluden al libre mercado. El
resto son invocaciones muy vagas y sin ningún valor a principios bonitos,
pero inaplicables de tan inconcretos. O sea, cuando se habla en el tratado
de valores como la paz o la igualdad, no se concreta nada. Cuando se habla
de mercado y competencia se detalla toda la estructura necesaria.
Así, nada más empezar el texto, el artículo 3, titulado “Objetivos de la
Unión”, comienza con una llamamiento inocente a la paz y el bienestar de
los puebloes, e inmediatamente entra en materia: “La Unión ofrecerá a sus
ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras
interiores y un mercado interior en el que la competencia sea libre y no
esté falseada”.
O sea, paz, bienestar y... libre competencia. Junto a valores universales
abstractos se cuela un principio concreto muy discutible y muy discutido.
Ya entrado en materia, la Constitución se explaya en lo que es lo suyo, el
modelo económico. Sigue el artículo: “...economía social de mercado
altamente competitiva...”
Ahí, la Constitución no da puntada sin hilo. Cuando se habla de los
valores que la Unión fomentará en sus relaciones con el resto del mundo,
junto a la solidaridad y el respeto mutuo, se mete, como sin quererlo “el
comercio libre”. Todo esto aún en el artículo que habla de los objetivos
de Europa.
Porque cuando pasa, en el siguiente, a definir lo que llama “libertades
fundamentales”, dice exclusivamente:
1.- La Unión garantizará en su interior la libre circulación de personas,
servicios, mercancías y capitales y la libertad de establecimiento, de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución.
¡Y nada más! Ahí acaba. Para la Constitución, la libertad fundamental es
el libre intercambio. En especial de mercancías y capitales. Hasta ahora
no se ha dicho nada, absolutamente nada, concreto que no sea garantizar
que Europa no pondrá trabas ni requisitos a las grandes empresas que
comercian en ella.
Eso -y unas pocas alusiones a principios intangibles y sin eficacia alguna
destinadas a legitimar el texto- es lo único que ha llenado los primeros
artículos.
A continuación, el tratado constitucional aborda la cuestión del valor de
las normas comunitarias -indicando que se sitúan jerárquicamente por
encima de todas las normas nacionales, incluidas las Constituciones de los
Estados miembro- y los órganos de decisión europeo. Sobre estos, sólo
señalar el poquísimo poder que tiene el Parlamento europeo. Aunque es el
único órgano de elección directa por los ciudadanos sólo tiene facultades
de control y veto de nombramientos. No participa en la elaboración de las
normas europeas.
Entre las políticas exteriores de la Unión, el tratado dedica cierto
espacio a la política militar y de defensa. La sensación que transmite su
lectura es la de que se quiere que Europa sea una gran potencia militar.
En todo caso, un buen ejemplo de la impronta que caracteriza a todo el
texto surge cuando el lector examina el artículo 41. Allí, disimulada
entre otras normas se dice que “los Estados miembros se comprometen a
mejorar progresivamente sus capacidades militares”. No merece la pena
hacer ningún comentario.
Un buen puñado de páginas más adelante, después de haber obviado ninguna
referencia al pueblo europeo o a sus ciudadanos -expresamente se ha
evitado reconocer que la soberanía reside en el pueblo- parece que por fin
la Constitución intenta preocuparse por los ciudadanos, y se incluye,
íntegra, la Carta de Derechos de la Unión Europea. En los más avanzados
países de Europa -y en esto el nuestro está incluido entre ellos- los
derechos representan el espacio propio de libertad de los ciudadanos que
debe ser respetado por el poder público. Por eso, en nuestras
Constituciones se especifica expresamente que los derechos tienen que ser
respetados por el legislador, que es el poder supremo dentro del Estado.
En cambio, en el tratado constitucional sorprende que a la enumeración
confusa de casi todos los derechos se suma siempre una cláusula para
asegurar que los legisladores puedan modular a su antojo los derechos;
algo que en Alemania, España o Italia se consideraría una absoluta
barbaridad jurídica y un atentado contra la democracia. Se dice que los
derechos se ejercen dentro de los límites establecidos por las normas de
desarrollo. De esa manera los derechos dejan de ser derechos y se
convierten, todo lo más, en principios genéricos sin eficacia jurídica
directa. Así por ejemplo:
Art II-9: Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a
fundar una familia según las leyes nacionales que regulen sus ejercicio.
Art. II-30: Todo trabajador tiene derecho a una protección en caso de
despido injustificado, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las
legislaciones nacionales.
Art. II-35: Toda persona tiene derecho a prevención sanitaria y a
beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por
las legislaciones y practicas nacionales.
Tratándose de derechos de nueva generación, este sistema no supone
necesariamente una disminución de las garantías que tienen los derechos en
nuestro país (estos derechos no aparecen en su mayoría garantizados en la
Constitución española). Sin embargo, hay un pequeño detalle técnico que
hace que la práctica jurisprudencial de la Unión sí pueda suponer una
merma en el nivel de garantías de los derechos fundamentales españoles. Y
es que a la indefinición de los derechos se une la cláusula del art.
II-52.5: Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios
podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos (...) Sólo
podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la
interpretación y control de legalidad de dichos actos.
Lo que esto significa, dicho claramente, es que para la mayoría de los
derechos sólo puede reclamarse protección judicial de acuerdo con lo que
digan las leyes que los aplican. O sea, que frente a las leyes que
vulneren derechos fundamentales no siempre será posible defenderse en un
tribunal.
Nos dicen que esta disminución de garantías no nos afectará en España,
porque la Constitución sigue en vigor. Pero es falso. En la medida en que
el tratado dispone que todo el derecho comunitario (no sólo el tratado,
sino también las normas derivadas que se vayan dictando) está
jerárquicamente por encima de la Constitución española pronto podremos
encontrar, por ejemplo, normas europeas que vulneren el derecho a la
privacidad del domicilio o a la libertad de prensa tal y como aparecen en
nuestra Constitución y que no podrán ser impugnadas por nadie puesto que
en Europa estos derechos tienen menores garantías jurídicas.
Estoy acabando esas cien primeras páginas y cada vez estoy más
desilusionado. Por ahora lo que he descubierto es:
No es una verdadera Constitución sino un texto firmado por países en el
que no se alude al pueblo como base del poder y que nos entregan para su
obediencia.
Los objetivos de Europa como unidad son la libertad... de mercancía y
capitales; la palabra libre se utiliza esencialmente para aludir al
mercado y la competencia. Los valores europeos tradicionales (la
igualdad, la solidaridad, la participación democrática, el respeto a los
derechos) sólo aparecen de manera vaga, quitándole toda fuerza jurídica.
Los derechos fundamentales quedan reducidos a principios orientativos.
En este tratado no son normas que imponen un espacio de libertad propia
del ciudadano frente al poder, sino principios sin sanción, que éste
puede obedecer o no a su antojo.
Este tratado, y las normas que dicten los organismos europeos (en los
que la democracia brilla por su ausencia ya que ni se eligen
popularmente ni tienen una responsabilidad directa ante la gente para
revocarlos si hacen mal su tarea) se imponen sobre los derechos y
mecanismos de la Constitución española, que pasa a ser una norma más,
supeditada al antojo de la burocracia europea. En fin, que le he dicho a
mi madre que la lea ella misma. Se va a llevar un disgusto, pero eso
tiene que verlo por sus propios ojos. Merece la pena... y en la tele
dicen que por fin nace la Europa que soñamos. Será una pesadilla, si
acaso.
Joaquin Urias





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