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(ca) [cspcl_l] Oaxaca carcel y represion

From cspcl_l@samizdat.net
Date Mon, 21 Feb 2005 16:53:42 +0200 (IST)


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AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
http://www.ainfos.org/
http://ainfos.org/index24.html
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LA JORNADA Lunes 21 de febrero de 2005
Se corre el riesgo de desestabilización, advierte Jacqueline
López, presa en Ixcotel
Denuncian embestida de Ulises Ruiz contra organizaciones
sociales en Oaxaca
Se planea encarcelar a todo opositor al gobierno local, estima
Raúl Gatica, del CIPO
ROSA ROJAS ENVIADA

Oaxaca, Oax., 20 de febrero. Hay una "clara embestida" del
gobernador Ulises Ruiz Ortiz contra todas las organizaciones sociales que
no se pliegan a sus designios, coincidieron Jacqueline López Almazán
-entrevistada en la cárcel de Ixcotel, donde está preso también
su esposo, Samuel Hernández, ambos dirigentes de la Coordinadora
Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA)- y Raúl Gatica, líder
del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM),
"exiliado" en la ciudad de México porque pesa sobre él una nueva orden de
aprehensión.

López Almazán, quien se considera "presa política", afirmó que
en la entidad se está "en la antesala de un gobierno dictatorial como en
los tiempos de Porfirio Díaz, de la ley del garrote y la mordaza (...)
este estado se puede ir a la desestabilización (...) la embestida de
Ulises (Ruiz) es una estrategia para legitimarse en el poder de forma
autoritaria, porque en el estado hubo abstencionismo de 60 por ciento y
él ganó apenas con poco más de 300 votos; hubo muchas irregularidades en
las elecciones, pero a este paso este estado se va a incendiar porque no
hay canales de solución política de los problemas.

"Ulises siempre habla de resolver las cosas mediante diálogo,
pero nunca llega a él", agregó, refiriéndose al hecho de que ella y otros
dos dirigentes de COMPA fueron detenidos precisamente cuando se
suponía que se iban a entrevistar con Ruiz Ortiz en una cita concertada
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); lo mismo ocurrió con
lamayoría de los miembros del cabildo popular de San Juan Lalana, quienes
se dirigían a la capital del estado a una cita con el gobernador para
dialogar sobre el problema electoral municipal, cuando la policía
interceptó el autobús en el que viajaban y los detuvo.

Luego de la megamarcha contra la represión realizada en esta
ciudad el pasado viernes 18 de febrero por varias organizaciones, como el
Frente de Organizaciones Sociales de Oaxaca (Fsodo) y COMPA, el gobierno
estatal se comprometió a liberar a López Almazán y a 11 presos indígenas
del Cabildo Popular de San Juan Lalana el próximo miércoles. En total son
22 dirigentes sociales que han sido encarcelados en meses recientes,
acusados de diferentes delitos del orden común, desde homicidio,
secuestro,privación ilegal de la libertad, lesiones, robo, ataques a las
vías de comunicación, entre otros. Se preguntó a López Almazán si temía
que después de estas declaraciones el gobernador incumpliera el
compromiso deliberarla.

"Yo soy presa política, no tengo nada que ver con los delitos de
los que me acusan. Estoy en la cárcel por denunciar que en Oaxaca se
están cancelando las garantías constitucionales, el derecho a la libertad
de expresión, los derechos humanos y los usos y costumbres de las
comunidades indígenas (...)
Ulises (Ruiz) no se comprometió conmigo, se comprometió con un
movimiento social en el que unas 85 mil personas se manifestaron contra
esta situación clamando por la libertad de todos los detenidos y la
restitución de las garantías constitucionales."
La también secretaria general de la delegación D-II-149 de la
sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
informó que hay dos expedientes integrados en su contra: el 25/2001 y el
246/2002. En el primero se le acusa de secuestro y plagio; en el segundo
de robo específico, robo calificado, ataques a vías de comunicación y
privación ilegal de la libertad.

"De esas acusaciones me enteré cuando me las leyeron ya presa en
Ixcotel", comentó luego de relatar que cuando la detuvieron, el 3 de
febrero pasado, los policías entraron violentamente en las oficinas del
Centro Regional Indígena de Derechos Humanos, sin orden de cateo ni
deaprehensión; de esto fue testigo y víctima uno de los tres comisionados
de la CNDH que los iba a acompañar a la plática con el gobernador por el
caso de sus tres compañeros detenidos en Santiago Xanica, acusados de la
muerte de un policía preventivo, "cuando ellos habían sido heridos por la
policía a 3 kilómetros de donde ocurrió la muerte del uniformado, donde
unas 80personas que estaban realizando un tequio (del náhuatl téquitl,
trabajo o tributo)fueron atacadas por policías.

"Nosotros decimos que se detuvo de manera ilegal y dolosa a los
compañeros y empezamos a denunciar la forma arbitraria en que se están
llevando los procesos y se está torciendo la ley, por eso fuimos al DF, a
la CNDH, a denunciar esta situación, que incluso era anunciada
porqueUlises (Ruiz) desde su campaña dijo que no iba a haber marchas y
plantones que estuvieran por encima de un supuesto estado de derecho que
él decide cuál es."
Comentó además que esperan que la CNDH emita una recomendación,
porque "de hecho agarraron (los policías) a un visitador sin orden de
cateo ni de aprehensión, no es posible que el doctor (José Luis)
Soberanes, siendo el máximo representante de los derechos humanos, nos
haya entregado en manos de Ulises (Ruiz); él debe deslindarse, el
visitador debe haber dado un informe de cómo lo detuvieron".

López Almazán mencionó que en Ixcotel también están presos
-además de su esposo- Alejandro Cruz López, de la Organización Indígena
de Defensa de Derechos Humanos de Oaxaca (OIDDHO), y Agustín Sosa, del
Frente Huautleco, al que detuvieron por un proceso. "Les tumban ése y le
meten otro y otro, ya lleva nueve expedientes. También está Mario
Lorenzana, presidente municipal de Mazatlán Villa de Flores, y un preso
del CIPO. El camino jurídico que está tomando el gobierno de Ulises es
acumular procesos a los opositores que no alcanzan fianza.

"Otra prueba de este hostigamiento, de querer acabar con toda
oposición son los hechos contra el periódico Noticias, porque no se ha
supeditado al gobernador, y se le ha atacado de manera brutal, tan es así
que en enero quemaron cinco casetas de distribución y son tomadas sus
bodegas y le siembran un muerto", afirmó López Almazán.
Gatica, por su parte, afirmó que "el clima de persecución
política que hay en Oaxaca no permite que se cumplan las medidas
cautelares" que solicitó para la protección de su vida e integridad
física la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); inclusive
hanempezado a reabrir procesos que ya estaban "agotados", como el 107/98,
en el cual se le acusa de privación ilegal de la libertad, proceso, dijo,
por el que estuvo detenido más de cuatro meses en 1998 y salió absuelto,
tanto de ése como de otros tres del fuero común y uno del fuero federal
que había en su contra.
"Es indiscutible que esto tiene que ver con hostigamiento de
carácter político, que la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca está
planteando encarcelar a todo aquel que represente oposición, que no
comparta la forma de gobernar del actual mandatario", subrayó Gatica.

Mencionó que el secretario general de Gobierno "de manera muy
precisa durante la reunión para la aplicación de las medidas cautelares
hizo una especie de señalamiento, en el cual se indicaba que yo iba a ser
detenido; lo hizo saber de forma velada al expresar que no iba a respetar
las medidas cautelares dictadas por la CIDH; eso fue el 3 de febrero,
curiosamente ese mismo día fueron detenidos Alejandro Cruz López,
Jacqueline López y Samuel Hernández Morales, de COMPA", apuntó.
Se le mencionó que en las comunidades donde ha habido detenidos
los conflictos han sido tras las elecciones. Gatica se refirió a que en
todos, como en Xanica, San Martín Itunyoso, San Blas Atempa y otros, hay
movimientos sociales que han promovido la toma de conciencia de las
comunidades, "luego entonces el gobierno identifica claramente que la
parte que estimula la participación ciudadana tiene que ver con las
organizaciones sociales y entonces las ataca de fondo, porque
está en la lógica de que agrediéndolas va a desarticular los movimientos
de protesta, ya sea en una comunidad, en una región o en el estado".

Mencionó además que al buscar desactivar los movimientos sociales
mediante la represión "se busca crear el clima necesario para poder
implementar los proyectos del Plan Puebla-Panamá ya sin la oposición
organizada de las comunidades".

http://www.jornada.unam.mx/imprimir.php?fecha=20050221¬a=033n1est.php




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