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(ca) [MEDIA] Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ejecución en 1963 de los anarquistas españoles

From "SP-COMUNICACION" <sp-comunicacion@cgt.es>
Date Fri, 17 Sep 2004 10:36:25 +0200 (CEST)


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AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
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El 17 de agosto de 1963, la dictadura de Franco ejecutaba a los
anarquistas Francisco Granado Gata y Joaquín Delgado Martínez, miembros
de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Tras ser salvajemente
torturados durante seis días, se les aplicó la pena de muerte por un
delito de terrorismo, consistente en "provocar explosiones para atentar
contra la seguridad pública y perturbar la tranquilidad, el orden y los
servicios públicos, empleando medios y artificios capaces de ocasionar
grandes estragos". A pesar de las condiciones de la detención, en todo
momento afirmaron su inocencia. En 1996, en un programa de la televisión
franco-alemana Arte, y tras una previa declaración ante notario, Antonio
Martín Bellido y Sergio Hernández declararon que eran ellos los
verdaderos autores de la instalación de los explosivos en 1963. Esta
revelación se reprodujo en otros medios de comunicación españoles y
también en un programa de TVE en 1997.

Todo ello consta en los antecedentes de la sentencia de la Sala Primera
del Tribunal Constitucional 123/2004, de 13 julio, pronunciada con el
acuerdo de la mayoría de sus miembros, tras su reciente renovación, que
estima el recurso de amparo presentado por familiares de uno de los dos
anarquistas ejecutados en el sentido siguiente: se reconoce a los
demandantes el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para
su defensa, de acuerdo con lo que establece el artículo 24.2 de la
Constitución; se declara la nulidad del auto de la Sala de lo Militar del
Tribunal Supremo de 1999, por el que el máximo órgano de la jurisdicción
ordinaria denegó a los demandantes la autorización para interponer
recurso de revisión contra la sentencia de 13 de agosto de 1963 del
consejo de guerra, dictada en un procedimiento sumarísimo que llevó a la
muerte a los dos anarquistas; y, finalmente, dado que se reconoce que los
familiares recurrentes no pudieron utilizar todos los medios de prueba
pertinentes para sustentar sus pretensiones, el Tribunal Constitucional
ordena al Tribunal Supremo retrotraer las actuaciones al momento procesal
inmediatamente anterior a aquél en el que la Sala de lo Militar debió
resolver en relación con las diligencias probatorias solicitadas por los
recurrentes, para continuar la tramitación del procedimiento de revisión
de la sentencia de 1963, de conformidad con el derecho a utilizar todos
los medios de prueba que procedan.

Es decir, lo que jurídicamente pretendían los familiares, a la luz de
las
declaraciones de los también anarquistas Martín Bellido y Hernández -y en
aplicación de lo establecido por la vigente Ley Orgánica 2/1989 Procesal
Militar- era que se revisase una sentencia que contenía un error en el
fallo. Un error que supuso la ejecución de dos penas de muerte. No hay
duda de que la cuestión que plantea esta sentencia del Tribunal
Constitucional es de una gran relevancia, más allá de las muy legítimas
pretensiones de los familiares de los anarquistas ejecutados, destinadas
a reparar su memoria y, probablemente, también a poner de manifiesto cómo
se aplicaba la justicia contra el opositor político en aquella infame
dictadura. Porque la estimación de este recurso de amparo, que obliga al
Tribunal Supremo a reconocer en toda su integridad el derecho a utilizar
los medios de prueba pertinentes, también constituye un peldaño más en la
recuperación de la memoria histórica de aquellos ciudadanos que se
opusieron a la dictadura. Y permite arrojar más luz al conocimiento de
las instituciones
jurisdiccionales franquistas como los consejos de guerra, sus integrantes
y las resoluciones que dictaban, así como del arsenal de normas e
instituciones de las que se dotó el régimen de Franco para la represión
y, en su caso, la aniquilación de la oposición.

Por supuesto, el caso de estos dos anarquistas no era desconocido antes
del recurso de revisión. En los antecedentes de la sentencia constan las
referencias a diversos medios de comunicación que en España y fuera de
ella han abordado el asunto. E incluso ha sido publicado un libro sobre
el caso. Y ello a pesar del tiempo transcurrido, circunstancia que aquí
resultó inevitable hasta el fin de la dictadura y sus coletazos. En este
mismo sentido, alguna televisión autonómica se hizo eco en época todavía
reciente de las declaraciones al respecto de un alto cargo de la
seguridad del Estado franquista en aquellos tiempos, en las que no tenía
empacho en afirmar que si bien no había certeza sobre la autoría de los
atentados imputada a los anarquistas, la ejecución de las penas de muerte
tenía un valor ejemplarizador y, en todo caso, una función disuasoria. No
se olvide que eran unos tiempos -los inicios de la década de los sesenta-
en los que tras las huelgas de Asturias de 1962 y la aparición en escena
de las clandestinas Comisiones Obreras, el régimen respondía con la
dureza habitual, ejecutando si era preciso a los opositores como mejor
método disuasorio.Así, entre otros casos, en abril de 1963 ejecutaban al
dirigente comunista Julián Grimau; en 1967 moría en las dependencias
policiales Rafael Guijarro, y en 1969, el estudiante madrileño Enrique
Ruano perecía al ser defenestrado tras un registro policial domiciliario.
Mientras, en 1964, la dictadura celebraba los XXV años de su paz.

Pues bien, y volviendo al caso de los anarquistas, a pesar de los
elementos de prueba citados, en 1999 la Sala de lo Militar del Tribunal
Supremo consideró que las pruebas aportadas sobre la autoría real del
delito fueron escasas y débiles, por su carácter testifical, por el
momento en que se propusieron y por la carencia de todo apoyo objetivo.
Razón por la cual se consideró que no era posible evidenciar un error
patente y manifiesto en el fallo de la sentencia del consejo de guerra de
1963. Pero hay que hacer notar que el Tribunal Supremo hizo abstracción
de una parte de las pruebas testificales aportadas y, además, rechazó sin
motivación explícita la solicitud de una comisión rogatoria para tomar
declaración en Francia a uno de los dos inculpados, Sergio Hernández,
residente en París, quien se negaba a hacerlo aquí -a pesar del tiempo
transcurrido- por temor -según él- a la justicia española (sic).
Secuelas, sin duda -por excesivo que pueda parecer- de los efectos
colaterales de la larga noche franquista.

Ahora, el Tribunal Constitucional considera que la valoración por la
jurisdicción ordinaria de las pruebas propuestas por los familiares de
estos anarquistas no fue respetuosa con el derecho a la tutela judicial,
en la medida en que vulneró el derecho de los demandantes a utilizar los
medios de prueba pertinentes para su defensa. Porque, en efecto, la
denegación sin mayor justificación de las pruebas relativas a las
declaraciones de los diversos testigos acerca de la no autoría en la
comisión de un delito por el que nada menos que fueron ejecutados Delgado
y Granado, impidió a sus familiares fundamentar en toda su integridad la
procedencia del recurso de revisión de la sentencia del consejo de guerra
de 1963. A este respecto, el canon interpretativo empleado por el
tribunal, ya reiterado en su jurisprudencia, resulta de todas formas de
especial interés para el caso, a saber: la revisión de sentencias firmes
constituye una derogación del principio de cosa juzgada, que es una
exigencia del principio constitucional de la seguridad jurídica, esto es,
de la
previsibilidad que ha de caracterizar al derecho. Por esta razón, la
revisión es un recurso de carácter excepcional, que ha de ser objeto de
una interpretación estricta.

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que
la
revisión de sentencias penales está sometida, tanto en el ordenamiento
jurídico español como en el derecho comparado, a una serie de cautelas,
cuyo objeto no es otro que el de mantener un necesario equilibrio entre
las exigencias de la justicia y de la seguridad jurídica. En el caso de
estos anarquistas, la cuestión debatida se centra en procurar una
decisión justa, que habría de pasar, eventualmente, por una revisión de
la sentencia del consejo de guerra de 1963, pero de acuerdo a criterios
con base
constitucional. Y para ello es preciso que la revisión se fundamente en
pruebas que muestren el error en la decisión judicial.

Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que, hasta el momento,
ello no ha sido posible, porque la falta de motivación por parte del
Tribunal Supremo a su negativa a practicar determinadas pruebas ha
impedido a los demandantes hacer uso de todos los medios de prueba
pertinentes. A este respecto, resulta de especial relevancia la posición
jurídica adoptada por la jurisdicción constitucional, según la cual la
revisión de sentencias no es tanto un recurso como una vía de impugnación
autónoma que se aproxima al derecho del recurrente a acceder a la
jurisdicción ordinaria, en este caso, al Tribunal Supremo. Por tanto, con
la presentación de un recurso de revisión no se trata de apreciar, prima
facie, desde ese primer momento procesal, si existen pruebas indubitadas
suficientes para evidenciar el error en el fallo, sino de valorar si hay
una base bastante para dar curso a la revisión.

En el caso planteado por los familiares de los anarquistas ejecutados,
el
Tribunal Constitucional ha considerado que siendo las pruebas propuestas
pertinentes por su relación con los hechos, y resultando clara su
relevancia, no puede entenderse razonable su denegación por la Sala de lo
Militar del Tribunal Supremo. Por esta razón, éste ha violado el derecho
a la tutela judicial. Y sin que en defensa de su posición pueda argüirse
que la Constitución no se aplica retroactivamente.

Por tanto, esas pruebas deberán tramitarse por el Tribunal Supremo y
del
resultado de las mismas habrá que deducir -entonces sí- si hay base
suficiente para el recurso de revisión de la sentencia del consejo de
guerra. Sólo por eso, que ya es importante, la sentencia de la Sala
Primera del Tribunal Constitucional es una referencia para el lento
proceso de recuperación de la memoria histórica de la represión.
MARC CARRILLO
(de EL PAÍS - Opinión - 27-08-2004)




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