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(ca) periódico EN LA CALLE Nº53, Buenos Aires, septiembre de 2004

From a-infos-ca@ainfos.ca
Date Wed, 8 Sep 2004 22:32:17 +0200 (CEST)


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AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
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http://ainfos.ca/index24.html
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16 de julio. Unas 800 personas manifiestan contra la reforma del Código
Contravencional en la puerta de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cinco horas de refriega en pleno centro de la modernísima
Buenos Aires, que sonríe porque tiene visitas. 21 detenidas y detenidos,
cinco menores, trasladados a Madariaga y General Paz, lejos del centro de
la ciudad. La Legislatura muestra cantidad de pintadas y hay vidrios y
puertas rotas.¿Cómo se llegó a esto? ¿En qué consiste la reforma del ahora famoso Código
de Convivencia o Contravencional?UN CODIGO CLASISTA, RACISTA Y REPRESOR.
En 1998, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires derogó los infames edictos
policiales y los reemplazó por un Código de Convivencia Urbana, la Ley
10 de la ciudad. El código tenía sus aspectos negativos y positivos,
pero en líneas generales reflejaba el clima de época de la ciudad: la
euforia de la autonomía, la pátina “progre” de buena parte de los
estatuyentes (quienes redactaron el Estatuto o Constitución de la
ciudad) y de la primera legislatura, la intención de tener una ciudad
relativamente abierta e inclusiva. Esto se plasmaba tanto en el
contenido referido a qué cosas eran consideradas infracción, en el
lenguaje empleado en su redacción y en los procedimientos para habilitar
la intervención policial. La Ley 10 prohibía que la policía pudiera
detener a las personas directamente, a la primera contravención se daba
un apercibimiento y había un sistema de labrado de actas y posterior
comparecencia frente a tribunales contravencionales. No se podía detener
en una comisaría por una contravención y no había ningún artículo que
aumentara las penas por reincidencia. Las penas no eran sólo de arresto
sino que había una amplia variedad de acciones reparadoras o
comunitarias como medida compensatoria, basándose en que las
contravenciones no son delitos sino “faltas a la convivencia” y que por
lo tanto había que tomar medidas que estimularan o despertaran cierta
conciencia de conducta responsable y respetuosa dentro de la comunidad.
Desde el momento de su sanción, la Ley 10 fue atacada por la derecha y
boicoteada por la policía. La Legislatura actual tiene mayoría de
legisladores del partido del empresario Mauricio Macri, a quienes se suman
los del partido de la ex ministra de trabajo del gobierno de Fernando de
la Rua, Patricia Bullrich.
Algo mas que un nuevo patrón de conducta.

En la discusión del nuevo código contravencional hay un artículo que pena
el corte de calles y rutas, a menos que se pida permiso previo. Otro pena
la obstrucción de entrada y salida de edificios públicos (como el episodio
en el que el ministro de trabajo Carlos Tomada encontró la salida del
ministerio obstruida por una organización piquetera). Está el que penaliza
la permanencia en lugares públicos (sentadas); la "portación de arma
impropia" (los palos); el que pena ensuciar o pintar lugares públicos (de
pintadas a escraches); el cambio de señales de tránsito (cambiar "Ramón
Falcón" por "Simón Radowitsky" o "Pte. Julio Roca" por "Pueblos
Originarios"). Hay otro ambiguo y multifunción que pena "la simulación
maliciosa de apariencia" que en su texto abarca tanto a cualquiera que se
tape la cara en una manifestación para no ser identificada como a las
travestis, que una vez más son perseguidas por su identidad.
Sin embargo lo que ocupó los espacios centrales de la discusión fueron los
artículos referidos a la oferta y demanda de sexo en la vía pública, la
edad de imputabilidad, la venta ambulante y la actividad de los cuida
coches.
Estos temas fueron planteados, desde los impulsores de la reforma, como
cuestiones relativas a distintos aspectos de la moralidad pública. Lo
cierto es que hay una pelea feroz por el espacio público, por su uso, por
quiénes tienen derecho a usarlo y para qué. La derecha considera que todas
las actividades de subsistencia (a la mayoría no se las puede llamar
trabajo en el sentido real de la palabra) deben ser erradicadas del
espacio publico. Ocultan bajo el discurso de la responsabilidad ciudadana
una legislación de contenido clasista.
Una de las actividades contra la que más cargó fue la prostitución
callejera. La prostitución ha sido desde siempre el último recurso que le
quedó a muchos -mujeres, hombres y travestis- para sobrevivir en
situaciones económicas y sociales críticas. Hay una prostitución de clase
alta, que funciona en departamentos privados, en empresas llamadas de
acompañantes, paga anuncios en diarios como Clarín o Infobae, donde los
clientes –los prostituyentes- pagan caro. Y hay otra prostitución de clase
baja, la prostitución de las y los pobres, de la calle, la que se ve, la
de mujeres que se pasan horas en noches de invierno paradas en una esquina
esperando un cliente que les va a dar unos pocos pesos. Una prostitución
de las travestis que tuvieron que dejar la escuela porque las echaron o
porque no pudieron soportar las agresiones a su identidad, que se inyectan
las siliconas entre ellas y pasan por infecciones tremendas, que se mueren
de SIDA porque el sexo sin preservativo se cobra más caro. Una
prostitución donde hay fiolos, tipos que viven de explotar la prostitución
de las mujeres, violentos. Una prostitución donde hay que pagar coimas a
la policía todas las noches, también violenta, que detiene arbitrariamente
a mujeres y travestis en estado de prostitución, las golpea, las tortura,
las viola.
Hay también prostitución de explotación total, de esclavización sexual. De
mujeres, muchas veces extranjeras traídas por engaño como a principios del
siglo XX traían a las muchachas europeas del este, mantenidas en encierros
casi perpetuos por bandas de traficantes de personas.
La casi totalidad de los y las legisladores de la ciudad, el jefe de
gobierno Aníbal Ibarra, Mauricio Macri y muchos periodistas hablan de la
prostitución callejera como un tema de moral pública. Dicen que no se
puede permitir el descontrol y la ofensa al pudor que significa que se vea
eso; que las ciudades civilizadas tienen zonas rojas, donde todo es
ordenado. Mienten. No están contra la prostitución, están contra las
mujeres y travestis que viven de prostituirse en la calle. No reglamentan
la prostitución en abstracto, sino que prohíben la prostitución de las
pobres. No les importa la esclavitud sexual, desmantelar los prostíbulos
caros del centro de la ciudad. No están contra la explotación sexual.
Muchos de ellos no podrían estarlo, son clientes-prostituyentes. Las zonas
rojas son territorios liberados a la acción brutal de fiolos y policías,
sitios de desamparo de las mujeres y travestis, ghettos de aniquilación.
El nuevo código pretende que no se puede ofrecer sexo a menos de 300
metros de casas, escuelas y templos. En una ciudad como Buenos Aires la
costanera es uno de los pocos lugares que tiene esas características.
Desde hace meses, la policía levanta en la calle a mujeres y travestis que
están ejerciendo la prostitución, las carga en autos o celulares y las
lleva a la costanera diciéndoles que es para que se vayan acostumbrando a
su nuevo lugar de trabajo. ¿Van a esperar a encontrar nuevos cadáveres en
el río para comprender de qué se trata lo que están legislando?
La constitución nacional es abolicionista: esto quiere decir que considera
a la prostitución como una forma de explotación, que no se persigue a las
personas que se prostituyen a sí mismas para sobrevivir pero se penaliza a
quienes prostituyen a otras personas (los fiolos, rufianes, proxenetas).
No se la reglamenta porque no se la considera trabajo, no se la considera
una actividad que las personas eligen y en la que puedan garantizarse
condiciones mínimas laborales. Es la posición que distingue a Argentina de
los países prohibicionistas y aún de los reglamentaristas. Los
legisladores de la ciudad van contra la constitución y los tratados
internacionales pero no parece importar demasiado. Tampoco le importa a
Ibarra que pretende que nadie note hasta dónde usa la chapa de progre para
implementar políticas de derecha. En la década del ’90 la posición de la
prostitución como trabajo era sostenida por la Organización Internacional
del Trabajo, motorizada por quienes se beneficiaron de las recetas
neoliberales del FMI, porque los índices de desempleo de los países más
castigados por esos regímenes económicos descendían. Una movida parecida a
la de bajar los índices de desempleo con el truco de contar como ocupados
a quienes reciben planes sociales.
En el caso de los vendedores ambulantes, los comerciantes van contra la
boliviana que vende ropa interior o especias en la vereda, el tipo que
vende cosas en el colectivo o en Retiro pero no dicen nada de la
competencia desleal de los grandes hipermercados de las cadenas
internacionales. Siempre es más fácil pisar al de abajo que enfrentar al
de arriba. Macri, que no pagaba el canon de la concesión del Correo
Argentino, dió instrucciones a sus legisladores para eliminar de la calle
a los inmorales vendedores ambulantes que no pagan sus impuestos,
especialmente a los que venden “merchandising” de Boca sin pagarle
regalías.
A Ibarra y Macri les preocupa que la clase media no sea molestada por esos
individuos que la acosan pidiéndole monedas por cuidarles el auto cuando
lo estacionan para ir a un espectáculo, a un restaurant o a un partido de
fútbol, ni que la agobien esas nubes de pibes que en los semáforos se
largan a limpiar vidrios, quieren los votos de los propietarios.
Los legisladores y los medios masivos de comunicación pretenden que no
veamos una cuestión de clase (ni de racismo) en la baja de edad de
imputabilidad. Alguien de 16 años, que no es considerado lo
suficientemente maduro como para tener derecho a votar en las elecciones
burguesas, podía ser juzgado como un adulto plenamente responsable de sus
actos.
Hay un artículo del nuevo código que penaliza la “permanencia
injustificada” en o cerca de bancos, financieras y otros sitios de
adoración del capital.
Uno de los hechos que más revela el carácter represivo, de clase y racista
del código es que reaparecieron lo que los abogados llaman “figuras
abiertas”, esas donde en realidad no está claro cuál es la contravención y
que sirven para que la policía las use cuando quiera. Esas figuras son las
de acecho y merodeo, escritas de forma más elegante, la de permanencia
injustificada, la de importunación. Las mismas funciones cumple la
introducción de la figura de reincidencia.
En diciembre de 2003 asumió la nueva legislatura de la ciudad con mayoría
del partido Compromiso para el Cambio, de Macri. Sin embargo, todos los
bloques de la legislatura porteña eran meros rejuntados electorales, donde
se mezclaban tendencias diversas, trayectorias que sólo convergieron para
la disputa de los puestos en la elección y pensamientos políticos con
compromisos ideológicos distintos.
En enero de este año, se filtró que en la legislatura se estaba armando un
proyecto de reforma del código y que se lo pretendía tratar en sesión el
19 de febrero. Insólito encontrar funcionarios públicos trabajando en
verano. Trataban de sacar la reforma antes que terminara la temporada pero
se supo lo que se venía y la resistencia empezó a organizarse. Hubo
documentos, volanteadas, pintadas, presión sobre los legisladores.
Quedó claro en ese comienzo del intento de imposición del nuevo código que
había un pacto entre Macri y los sectores que apoyaban a Ibarra, quedando
un pequeño número de legisladores más o menos indefinidos. Los
legisladores de ambos sectores presentaron proyectos de reforma del código
contravencional que diferían en detalles pequeños, en el lenguaje. La
propuesta del macrismo fue presentada por Enríquez, casi un cruzado:
estatuyente por el delarruismo, legislador de la ciudad por el mismo
sector, luego bulrichista, ahora macrista, siempre operador de la derecha
más conservadora y de la iglesia. Su proyecto, en los fundamentos, decía
que había que perseguir la “pequeña criminalidad”, que había que terminar
con los “absurdos garantismos para minorías” y se negaba a usar lenguaje
de género inclusivo, al que calificaba de moda tonta que se impuso en la
legislatura. Toda una declaración de principios de un fascista. Desde el
ibarrismo, se cuidaba el lenguaje de género y un artículo prohibía
discriminar en las discos por orientación sexual. Fuera de esto, los
proyectos de uno y otro sector eran casi idénticos.
Luego de una segunda postergación, viendo que la resistencia crecía,
Ibarra montó una audiencia pública para debatir la reforma del código. La
audiencia pretendía ser una instancia de validación de la reforma, que
quedaría como inapelable una vez que se hubiera pasado por ese mecanismo
de discusión democrática y participación ciudadana, participación de un
solo día y horario. Pero el grueso de las intervenciones en la audiencia
se pronunció contra la reforma.
Durante este tiempo, los bloques con fines puramente electoralistas, al
tratar un proyecto que exigía definiciones políticas y de principio,
empezaron a fisurarse y reacomodarse. Macristas se negaron a penar a los
menores o se opusieron a restringir derechos políticos, ibarristas que
corren por derecha y emigran del bloque, definición más clara de un bloque
kirchenerista, bullrichistas que van al macrismo, otros al ibarrismo, el
bloque de Autodeterminación y Libertad (el partido de Luis Zamora) que se
parte, con los hermanos Devoto que conforman el Movimiento por un Pueblo
Libre... Sin embargo, nadie se hace cargo del contenido represivo, de
explotación de clase y conservador que tienen los proyectos de reforma.
Todos dicen hablar en nombre de y servir a los vecinos, el pueblo de la
ciudad, la población, la gente, la mayoría, los trabajadores, según qué
legislador o funcionario del ejecutivo de la ciudad tome la palabra, pero
nadie propicia una verdadera discusión sobre una legislación que afectará
la vida de quienes viven en la ciudad de Buenos Aires y también de todos
los que la transitan por trabajo, estudio o porque es el centro de los
poderes políticos y económicos.
Seis veces la movilización popular y las acciones sostenidas lograron que
las sesiones se levanten sin tratar la reforma. El ibarrismo decide
cambiar de estrategia: armar un nuevo proyecto que incluyera en una única
ley, el código contravencional, el de procedimientos de la Ciudad y la
implementación de la justicia vecinal. El macrismo se adelantó, consiguió
quórum propio y el 8 de julio impuso en sesión extraordinaria y de forma
sorpresiva la aprobación en general de su proyecto de Código
Contravencional, que ya no era el de Enríquez pero que en lo esencial era
la misma cosa. Faltaba la aprobación discutiendo y votando artículo por
artículo. Eso se haría en la sesión extraordinaria del viernes 16 de
julio. Pero dos días antes De Estrada, presidente de la Legislatura,
promulgó un decreto reglamentario para limitar el número de personas
habilitadas para entrar a dos por legislador/a. El 16 de julio la sesión
iba a ocurrir a puertas cerradas.






Las detenidas en la Legislatura.

Publicado por la agencia La Vaca.

Crónica de la injusticia

Carmen Ifrain, Margarita Meira y Marcela Sanagua están presas en el penal
de Ezeiza desde hace casi dos meses, en condiciones deplorables y sin
comprender aún de qué se las acusa. Marcela está con su beba, Araceli, de
18 meses. El relato de aquel 16 de julio en el que Margarita estuvo
incluso en el Ministerio de Justicia presentando una denuncia por los
apremios ilegales cometidos por policías de civil contra manifestantes,
antes de caer en una detención televisada.
Las tres mujeres detenidas por participar en una movilización de protesta
contra el Código Contravencional del 16 de julio son, en realidad, cuatro.
Comparten el mismo destino de rehenes, en el mismo penal de Ezeiza, pero
en diferentes pabellones. Carmen Ifrain, en el 11. Margarita Meira, en el
17. Y Marcela Sanagua, en el 15, donde también está prisionera Araceli, su
pequeña hija de 18 meses.
Carmen es quien recibe en primer lugar a la delegación, formada por sus
compañeras de Ammar Capital, una integrante del equipo de Educación
Popular y otra de lavaca. Recibe los abrazos y el aliento, con lágrimas
contenidas y esa mezcla de indignación y sabiduría que crió en los casi
cincuenta días que lleva entre las rejas. Es otra Carmen, dicen sus
compañeras. Y el cambio es una de las tantas cicatrices que ya le dejó
esta experiencia que puso al límite sus convicciones y sus fuerzas. El
resultado son esas frases contundentes con que Carmen describe sus días en
prisión.-Aquí somos un número y una bolsa de nylon negra.

El número es la identificación que las autoridades penitenciarias le
otorgaron luego de recibirla, a las tres de la mañana, maloliente,
hambrienta y temerosa, tras los primeros días de incomunicación en
dependencias policiales. Desnuda, exhibiendo con pudor sus intimidades más
profundas ("porque seré una prostituta, pero tengo mi dignidad") Carmen
recibió su número y su bolsa de nylon negra.
-Desde entonces, la bolsa fue mi colchón, mi mantel, mi ropero, todo.
Carmen duerme y come en el piso de un pabellón con sesenta internas. Allí
la bautizaron "la piquetera" y hasta ella se sorprendió con el apodo con
que la distinguieron esas mujeres difíciles, curtidas, desconfiadas y,
muchas veces, violentas. Es que a Carmen no le destinaron cualquier
pabellón, sino el más salvaje. Y desde entonces está intentando
interpretar las delicadas reglas de ese juego que jamás pensó jugar y que
ya juega.

Un tubo, Mickey Mouse y el rostro borrado

El momento de mayor tensión fue hace poco días, cuando el penal se quedó
sin agua -es decir, sin baños, duchas, cocina, limpieza ni bebidas-
durante más de 36 horas. El incipiente motín convocó al pabellón de Carmen
a las autoridades, que amenazaron con lo peor: llevarlas al "tubo". El
tubo es esa zanja de oscuridad pestilente a la que llaman celda de
castigo, por la que tienen que pasar 24 horas desnudas, sin luz y sin
baño. Cuenta Carmen que las sesenta mujeres estaban en fila en el pasillo,
escuchando la amenaza, cuando a ella se le ocurrió que la única manera de
obtener algo era ofrecer algo. Entonces fue cuando en voz alta dijo:
-Nosotras tenemos sed de agua y ustedes, sed de tubo, Dennos el agua y yo
voy al tubo.No hizo falta. Al agua la trajeron los bomberos y a Carmen la dejaron así,
en ese estado en el que está hoy, preocupada por las consecuencias de
haberse plantado de ese modo, y extrañada por las cosas que debe enfrentar
desde aquel día en que la tomaron por la espalda, le taparon la boca y la
tiraron adentro de un camión celular. Varias horas después, le dijeron
porqué: averiguación de antecedentes.Mucho más tarde, en Tribunales, le cambiaron la explicación: alteración
del orden público, resistencia a la autoridad, daños y coacción agravada.
Delitos que, se encargaron de remarcarle, la podían retener en la cárcel
entre 5 y 8 años.
Durante los casi tres días que pasó en la comisaría, solo recibió un atado
de cigarrillos, una gaseosa y un poncho marrón. Recién comió al quinto
día, cuando unas compañeras del pabellón le prestaron un plato descartable
y una porción de arroz. También le hablaron por primera vez de Mickey
Mouse, el apodo tumbero con que las mujeres refieren a las ratas gigantes
que les hacen frente. Carmen sonríe con la anécdota y abre las manos para
dar la idea de la medida de esos bichos con nombre propio. El hueco entre
sus manos es de medio metro.-A veces a la noche cierro los ojos y trato de acordarme. Pero no siempre
puedo. Se me está borrando la cara de mi hijo.

Contra todo eso lucha Carmen desde hacer cincuenta días, mientras intenta
llenar los agujeros, jugando ese juego imposible que la desgasta y
fortalece al mismo tiempo.

Parte de la locura

Otro edificio, otra oficina impersonal y otras guardias traen a Margarita,
Marcela y su beba Araceli, de 18 meses, aferrada a su mamá como desde hace
quince días, cuando a Marcela le permitieron tenerla con ella. Araceli
todavía toma teta y todavía llora si no la ve, producto de ese largo mes
en que estuvieron por la fuerza separadas. Marcela tiene otro hijo de
nueve años que viene a visitarla todas las semanas.
Tiene, también, intactas las preguntas que le surgieron en el mismo minuto
de la detención, cuando creyó que la mujer de civil que le doblaba el
brazo estaba confundida:-Yo pagué el chicle y los caramelos. Podés preguntarle a la chica del
kiosco- dice que le dijo cuando la agarró.
Marcela es delgada, bonita, expresiva. Aún pálida y ojerosa, se la ve
vital. Todavía no logró que su hija despeje los fantasmas del miedo y
acepté pasar unas horas en el jardín del penal para poder concurrir a
algún taller que le permita sacarse de la cabeza esa pregunta incisiva que
se le pegó aquel día:
-¿Me querés decir qué clase de justicia es esta? ¿Me querés decir cómo nos
tienen acá sin haber hecho nada? Nosotras estuvimos todo el tiempo en el
mástil, lejos del quilombo porque teníamos miedo de que nos peguen. La
jueza no tiene uno, sino trece videos y yo sé, yo sí que sé, que no puede
tener una sola prueba en nuestra contra. ¿Me querés decir entonces cómo es
que nos tiene acá desde hace casi dos meses? ¿De qué justicia me hablan?

La única que responde es Margarita:

-Creo que la vida nos trajo hasta acá para hacernos ver una realidad que
ni nos imaginábamos. El 25 por ciento de la población de este penal tiene
causas armadas por la policía. Nunca ni soñé una locura así. Y de esa
locura ahora nosotras somos parte.

La televisión y la policía

Margarita es vendedora ambulante, presidente del Grupo Madres de
Constitución y alma mater del comedor comunitario de ese barrio. Tiene 54
años, un corazón demasiado grande (anatómicamente hablando) y los pulmones
operados por un cáncer. Esos males fueron los que la llevaron a sentarse
en el bar de la esquina de la Legislatura el día de la protesta. Junto al
mozo y el dueño del local, miraron por televisión los desbandes, mientras
ella tomaba un café y, cada tanto, se asomaba por la puertita de la
persiana baja del bar, para ver si llegaba un viejo amigo de su familia,
el abogado Jorge Samudio. Lo ubicó cerca de las dos de la tarde y
decidieron ir para su casa, porque Margarita no estaba para corridas ni
gases.
-Caminamos por Diagonal Sur y cuando llegamos a Bolívar, vimos cómo un
hombre mayor, bastante gordito, era atacado a patadas y palos por unos
hombres de civil. Le pegaron tan salvajemente que cuando quisieron
llevárselo, el hombre estaba medio desmayado y arrastraba las patas. Los
seguimos, a los gritos, para qué lo larguen y cuando lo metieron adentro
de un patrullero nos dimos cuenta que quienes le pegaban eran policías. A
esa altura estábamos casi en la esquina del Colegio Nacional Buenos Aires
y había tres chicos jovencitos mirando, con nosotros, todo lo que pasaba.
Ahí nomás llegaron otros agentes de civil y le gritaron a los pibes que
pusieran las manos en alto, los empujaron contra la pared y a los tirones,
también se los llevaron. Con el abogado decidimos que había qué hacer algo
y nos fuimos a presentar una denuncia por apremios ilegales en la
Comisaría 2º. Estuvimos sentados en el pasillo de la comisaría, esperando
más de una hora que nos recibieran la denuncia y ni bola nos daban. Así
que decidimos presentarla en el Ministerio de Justicia, que ya estaba casi
cerrado. Nos recibieron en la oficina de Derechos Humanos del Ministerio.
La denuncia está firmada por el doctor Samudio y yo, como testigo. Cuando
terminamos, nos tomamos un taxi y volvimos a Plaza de Mayo, para buscar a
mi marido y ver qué había pasado con los muchachos del sindicato. Los
encontramos en la boca del subte y nos contaron que se habían llevado
detenidos a varios a la Brigada de Investigaciones, cerca de la General
Paz. Decidimos ir hasta allá para ver qué pasaba. Eramos unos quince,
algunos de los muchachos tenían bombos, nos metimos en el subte... Cuando
estábamos cruzando los molinetes, vimos que bajaba una cronista de Canal
9, que conocemos de memoria porque siempre viene a hacer las notas cuando
hacemos una movilización o una protesta. La chica no termina de bajar las
escaleras, que vuelve a subirlas. Al segundo, bajan unos cincuenta
policías, con ella atrás. Todos estaban de civil, pero a muchos los
conocemos de la calle, así que pensamos que nos iban a pedir los
documentos y por eso los sacamos. La chica de Canal 9 me pone el micrófono
y me pregunta: "¿Le parece bien lo que provocaron?". Yo le contesté que
esto lo habían provocado los legisladores que habían querido sesionar a
nuestras espaldas, a puertas cerradas. Mientras hablaba, la policía me
empujaba para que subiera las escaleras y cuando estoy arriba, con un
empujón, me meten adentro de un camión celular. Todavía no sé qué pasó con
la denuncia por apremios que presentamos. Y acá me ve. En toda mi vida,
debo de haber participado de unas cuarenta marchas y nunca me pasó algo
como esto. Sé que lo hicieron para que no salgamos más a la calle y,
también sé, que cuando salga de acá, voy a participar en todas las que
pueda. Porque tengo tres hijos de 25, 20 y 12 años y no me pueden ver,
después de esto, bajar los brazos. Sino ¿qué les estoy enseñando?
Las mujeres preguntan por los otros detenidos, una docena de hombres que
están en Devoto, tosiendo la humedad del penal, algunos con sarna. Alguien
contesta que están bien y ellas preguntan qué pensamos que va a pasar con
la causa. En la misma semana en que otros cien manifestantes fueron
detenidos durante una protesta contra el FMI en Plaza de Mayo, no es fácil
darles lo que necesitan: algo de esperanza.

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