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(ca) El Gobierno beneficia a los sindicatos (CCOO) y UGT

From sp-comunicacion@pangea.org
Date Thu, 11 Nov 2004 08:12:50 +0100 (CET)


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AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
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Assumpte: El Gobierno beneficia a los sindicatos amigos : Comisiones Obreras
(CCOO) y UGT han encontrado una nueva vía de financiación: las pensiones
de los trabajadores de la Administración del Estado
Martes 9 de noviembre de 2004

Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han encontrado una nueva vía de
financiación: las pensiones de los trabajadores de la Administración del
Estado. Ambos sindicatos son accionistas, con un 30 por ciento, de la
empresa que gestionará dicho plan de pensiones, que antes de noviembre
recibirá una primera aportación de dinero público de 55 millones de euros.
Además, ha existido una ‘autocontratación’ apoyada por el Gobierno, ya que
los sindicatos formaron parte de la comisión que adjudicó el contrato.

Texto: Manuel Rico

Comisiones Obreras y UGT son organizaciones que viven del dinero público.
Los ingresos que aportan las cuotas de sus afiliados equivalen a una mínima
parte del presupuesto de gastos, lo que les obliga a buscar fuentes de
financiación externas. El último recurso que han encontrado es el plan de
pensiones de la Administración del Estado, cuya gestión ha sido adjudicada a
una empresa de la que son accionistas ambos sindicatos. Si ya resulta
sorprendente que se dediquen a hacer negocio con las pensiones, aún lo es
más la forma en que se eligió a la gestora del plan: CCOO y UGT formaron
parte del órgano de contratación y, al mismo tiempo, son dueños del 30 por
ciento de la empresa contratada. Y todo con el apoyo del Gobierno
socialista, cuyos representantes votaron a favor de la autocontratación
sindical.

Este plan de pensiones es el mayor de toda España por número de partícipes,
530.000 trabajadores de la Administración, cifra que incluye a altos cargos,
funcionarios de carrera e interinos y personal contratado. La única
condición es que tengan una antigüedad de dos años. Para tener una idea de
la magnitud de este fondo, basta indicar que a finales del pasado año no
llegaba a 700.000 el número de españoles que contaban con un plan similar.

El Gobierno deberá realizar una aportación inicial de 55 millones de euros
antes de noviembre y, a partir de 2005, contribuirá con una cantidad anual
que se fijará en los Presupuestos Generales del Estado. Los trabajadores
podrán, por su parte, efectuar ingresos individuales.

El origen de este plan de pensiones privado está en un acuerdo alcanzado, en
noviembre de 2002, por el Gobierno del PP y los sindicatos. La adjudicación
del plan se le encomendó a una Comisión Promotora, que estaba formada por 22
miembros, 11 representantes de la Administración y 11 de los trabajadores.
De estos últimos, 4 eran de CCOO, 4 de UGT y 3 de CSI-CSIF.

El 5 de abril de 2004, se publicó en el BOE el anuncio del concurso de
adjudicación. En total, se presentaron siete ofertas lideradas por las
principales entidades financieras: BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Banco
Popular, Banesto, Banco Sabadell y la Confederación Española de Cajas de
Ahorro (CECA).

El interés de los grandes bancos del país es más que comprensible, ya que
los planes de pensiones de los funcionarios son los que cuentan con mayor
patrimonio en todo el mundo. Así que el asunto olía claramente a negocio.
Las entidades financieras actúan como depositarias del dinero y para el
concurso iban acompañadas de una gestora de fondos, en todos los casos
controlada por el banco respectivo. Esta gestora obtiene sus beneficios de
las comisiones que cobra.

En una primera selección quedaron eliminadas las ofertas de Caja Madrid,
Banco Popular y Banco Sabadell. Finalmente, el pasado 6 de julio, la
Comisión Promotora adjudicó el concurso a la empresa Gestión de Previsión y
Pensiones, cuyo accionariado está formado de la siguiente forma: 70 por
ciento BBVA, 15 por ciento CCOO y 15 por ciento UGT. Ambos sindicatos son
también accionistas de Fonditel, otra gestora que quedó finalista.

Gestión de Previsión y Pensiones es una empresa que genera importantes
ganancias anuales. De acuerdo con las últimas cuentas presentadas en el
Registro Mercantil de Madrid, en 2002 obtuvo unos beneficios de 1,3 millones
de euros. El 70 por ciento de esta cantidad se destinó a reparto de
dividendos. O sea que, al menos en este caso, Comisiones y UGT actúan como
empresarios que cumplen con la máxima de la acumulación de capital.

La versión de Sevilla
De acuerdo con la legislación sobre régimen jurídico de las administraciones
y sobre contratos públicos, la adjudicación del plan de pensiones podría ser
ilegal, ya que están obligados a abstenerse en el proceso de contratación
quienes tengan intereses en las empresas adjudicatarias. Por tanto, los ocho
miembros de CCOO y UGT en la Comisión Promotora no podrían haber participado
en la decisión.

Sin embargo, el Ministerio de Administraciones Públicas mantiene que la
adjudicación es “absolutamente legal”, ya que el contrato firmado “tiene
naturaleza privada”. Es más, el portavoz del ministerio que dirige Jordi
Sevilla consideró de “sentido común” que los sindicatos estén en el
accionariado de la empresa adjudicataria, “ya que es una forma de controlar
y defender los intereses de los trabajadores”. Una afirmación que, como sabe
cualquier persona que tenga conocimientos mínimos sobre la economía de
mercado, resulta incorrecta: el control de la gestión corresponde a los
miembros del consejo de administración, mientras que los accionistas son los
dueños de la empresa que se reparten los beneficios obtenidos. Para
controlar la gestión, por tanto, no es necesario ser accionista.

En defensa de que el contrato no tiene naturaleza pública, el ministerio se
apoya en un informe elaborado por la Abogacía del Estado. En dicho informe,
que obra en poder de interviú, se concluye que la Comisión Promotora del
plan de pensiones “no es un órgano de la Administración Pública”. En
consecuencia, los contratos que firme dicha Comisión Promotora deben
someterse a la normativa privada, en este caso la Ley Reguladora de los
Planes y Fondos de Pensiones. El informe fue firmado por el anterior abogado
general del Estado, Arturo García-Tizón, el pasado 31 de marzo.

Hay que destacar que, en el mismo informe de Tizón, se señala textualmente
que los miembros de la Comisión Promotora “adoptaron voluntariamente la
opción de someter la adjudicación del contrato a las previsiones de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), como garantía de
objetividad y transparencia del proceso”. El ministerio de Sevilla mantiene
que esta decisión “se cumplió”, aunque parece claro que la LCAP prohíbe la
autocontratación practicada por los sindicatos.

La adjudicación ha sido recurrida por dos organizaciones sindicales que la
consideran ilegal. Un portavoz de CSIT-UP, que cuenta sobre todo con
representación en Madrid, anunció el pasado mes de julio en el diario El
Mundo su decisión de pedir que se anulase el contrato. Además, la Federación
de Sindicatos de la Administración Pública ha presentado otro recurso en el
mismo sentido. Esta federación, que ha logrado entrar a formar parte de la
Mesa General de la Función Pública tras las últimas elecciones, ha enviado
una carta al ministro Jordi Sevilla explicándole las supuestas
irregularidades.

´La mejor oferta´
Miguel Ángel Crespo, representante de CCOO en la Comisión Promotora,
defendió en declaraciones a esta revista la limpieza del proceso de
adjudicación. Crespo admitió que, en el momento de elegir entre las ofertas,
sabía que la ganadora estaba participada por su sindicato. Pero consideró
que su actuación no había sido sólo legal, sino también ética: “La propuesta
de Gestión de Previsión y Pensiones era con diferencia la mejor. Si hubiese
votado a otra, estaría actuando en contra de los intereses de los
trabajadores. Nuestra obligación era elegir a la gestora que reuniese las
mejores condiciones, y las diferencias eran tan grandes que no existió
ninguna duda. De hecho, la decisión se adoptó por unanimidad”. El dirigente
de Comisiones aseguró que el sindicato no ha realizado ningún cálculo de los
beneficios económicos que obtendrá, gracias al capital que tiene en la
empresa que gestionará el plan de pensiones. “Pero supongo que beneficios sí
habrá”, indicó.

Aurelio Palomares, dirigente de UGT, también se declara muy satisfecho con
el trabajo de la Comisión Promotora: “Hemos dado un ejemplo en todo el
proceso de adjudicación. Los documentos, que se pueden consultar, muestran
que se actuó con pulcritud”. Además, Palomares coincide con el Gobierno en
destacar que el contrato no tiene naturaleza pública.

Por su parte, un portavoz del BBVA recordó que la empresa adjudicataria es
líder en el sector y destacó la “limpieza y transparencia” del concurso.

El Gobierno deberá decidir ahora si anula el proceso. Salvo intervención de
la superioridad, Administraciones Públicas parece decidida a avalar la
adjudicación. Una postura que sentaría un curioso precedente: la
autocontratación, apoyada por los representantes del Gobierno y pagada con
dinero público.




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