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(ca) LA CAMPANA #232: ÉXODO EMPRESARIAL? ... ¡NO!, DESERCIÓN SINDICAL

From a-infos-ca@ainfos.ca
Date Sat, 24 Jan 2004 13:45:32 +0100 (CET)


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AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
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En los últimos meses más de diez mil trabajadores han perdido su puesto
de trabajo en grandes empresas -cerca de 5.000 solo en Cataluña-, a
consecuencia de la llamada “deslocalización industrial”, un término que
significa “llevarse las fábricas de un lugar a otro”. Phillips, Lear, Gates o Valeo y ahora la coreana Samsung son ejemplos de
esa situación, en la que el éxodo industrial se ha convertido en un
proceso estructural irreversible. Philips cierra la fábrica de La Garriga
aduciendo falta de competitividad. Samsung cerrará su planta barcelonesa
para llevarse la producción a Eslovaquia y China. Nissan Motor exige un
aumento de productividad del 31% y el despido de unos 600 trabajadores,
para “garantizar los puestos de trabajo que queden en la Zona Franca
barcelonesa tras el despido masivo”. La multinacional Sanmina S.C.L,
antigua Alcatel, presenta un ERE que afectará a un total de 130
trabajadores de su plantilla. ... y así, en cascada, se suceden las
amenazas sobre los trabajadores. Los en el fondo partidarios de este tipo de manejos aseguran que todo
ello es debido, de modo principal, a dos tipos de factores, tecnológico
el primero e ideológico el segundo, aunque no necesariamente en este
orden de importancia. Por un lado, la existencia de la tecnología de la
información y las telecomunicaciones que permite a los grupos económicos
más poderosos transmitir y controlar la actividad productiva y les
garantiza el libre trasiego del capital y las mercancías. Por el otro, al
consenso ideológico en torno a que toda gran empresa no tiene otro
objetivo más serio que incrementar el beneficio de sus accionistas. En
función de ese consenso, la decisión de construir o cerrar una fábrica en
este o aquél país la toman los consejos de administración atendiendo a
criterios muy conocidos: costes, acceso a los mercados y ayudas públicas. Los propagandistas más o menos disimulados del régimen capitalista,
aseguran estar convencidos de que este proceso de “deslocalización”
industrial es inevitable, además de beneficioso “a la larga” para el
conjunto social, especialmente de aquellas instalaciones industriales que
requieren abundante mano de obra, sea cualificada o no. El sindicalismo reformista, así como la totalidad del espectro político
institucional, actúan por completo de acuerdo con esta ideología, pese a
la falacia que la sostiene y su evidente carácter anti-social. Enfrentado a estas “deslocalizaciones” el sindicalista reformista propone
medidas que “desincentiven, eviten o retrasen el cierre en el propio país
de importantes fábricas propiedad de transnacionales”. Guiándose por el
mismo criterio resignado -¡aunque él mismo ignore que ya ha declinado las
armas de que disponen los trabajadores, al aceptar el discurso
capitalista!- el sindicalista reformista termina por proponer a los
partidos políticos institucionales que le ayuden o sustituyan en la
defensa de los trabajadores y, consecuentemente, elaboren una “política”
que convenza a las multinacionales de la inoportunidad de su decisión. En otras palabras, el sindicalista reformista propone que “la autoridad
política” ofrezca a las multinacionales aquellos elementos que están
detrás de su decisión de marchar y, en consecuencia, reconozca la
hegemonía absoluta del interés capitalista en todos los órdenes que haya
que decidir: presupuestos públicos (ayudas directas y subvenciones),
política económica, urbanismo, legislación laboral (flexibilidad,
precariedad, leyes de extranjería ...), movimientos sociales (reducción
por cualquier vía de los movimientos críticos, hasta lograr su inanidad),
etc, etc, en que, finalmente y de modo inexorable, resultará una política
antisocial, contra el interés público y, directamente, contra los
trabajadores. Toda esa negociación y “política” terminan en el mejor de los casos, en
un “cierre pactado”, que finalmente pueda divulgarse socialmente como una
imposición a la empresa, cuando en realidad representa una humillación
inadmisible. Esta es la voz, por ejemplo, del sindicalismo mayoritario en
Cataluña, de CC.OO y UGT, y de los políticos del gobierno tripartito en
la Generalitat: “Ningún gobernante puede evitar que un empresario cierre
si así lo quiere -dicen-; pero si en su momento se benefició de
subvenciones, como ha sido el caso de Samsung en Cataluña, está en su
pleno derecho de exigirle un cierre pactado de la factoría. No hacerlo
así supone una práctica intolerable que, además de los perjuicios que
causa al tejido industrial y laboral, sentaría un precedente peligroso
animando a otras factorías a apuntarse a la misma impunidad”. O, como
recoge un editorialista afamado, “la industria española vive una crisis
silenciosa, tapada por la obsesión oficial por la macroeconomía y por el
desinterés de los gobernantes hacia el tejido industrial. Sectores
enteros están desapareciendo absorbidos por empresas extranjeras que
manejan costes más competitivos. Mientras las manufacturas tradicionales
desaparecen, las empresas españolas carecen de la inversión en capital
tecnológico y humano necesaria para competir en mercados donde el coste
del factor trabajo no es el fundamental. Ésta es la consecuencia de la
incapacidad de los Gobiernos del PP para conseguir más inversión en
capital y tecnología, es decir, en un buen futuro”. Ningún trabajador comprende estos argumentos falaces del sindicalismo y
politicismo reformista, por más que sean los social y sin-dicalmente
vigentes y termine por someterse a ellos. Y no lo comprenden por una
razón tan sencilla como luminosa: ¿Acaso él trabajador y sus familias no
cuentan para nada en la actividad productiva? ¿Es esclavo del propietario
o es trabajador que con su esfuerzo cotidiano produce la riqueza social,
incluida la que se embolsarán los propietarios de la empresa? ¿Puede
alguien legítimamente imponerle el abandono de una actividad socialmente
útil y en nada dañina o gravosa, de la que él mismo vive? Más aún,
¿Pueden hacer esa expropiación aquellos que, en definitiva y
objetivamente, son parásitos de la actividad laboral: los accionistas? Veamos el caso de Samsung. Samsung Electronics Iberia, filial española de
la transnacional coreana Samsung, tiene beneficios decrecientes, pero que
en 2002 todavía ascendieron a 2,38 millones de euros. Ha recibido
subvenciones públicas por valor de 3,47 millones desde 1993 y ha
rechazado la oferta de nuevas ayudas para mantener abierta la fábrica,
situada en Palau de Plegamans (Barcelona), donde trabajan más de 500
personas. Junto con el cierre en Palau de Plegamans, han anunciado el
cierre también de sus factorías en Gran Bretaña y Hungría, para centrarse
en sus plantas en China. La única excusa de los ejecutivos de Samsung
para abandonar Barcelona es, por tanto, la expectativa de optimizar
beneficios para sus accionistas, que obtendrán mayores ganancias si la
fábrica está en China (menores salarios, ofrecimiento de energía a más
bajo coste, suelo industrial regalado, ayudas directas sustanciosas,
ventajas fiscales, ...). Algo que, según el manual del régimen
capitalista, es el principal deber de los ejecutivos frente al accionista
y frente a sí mismos. A lectores distraídos y oyentes despreocupados estos disparates pueden
parecer música conocida y bien trabada, pero nada más lejos de la
realidad. ¡¡La fábrica está en Barcelona y ahí están 500 personas
trabajando, a las que solo en el año 2002 les usurparon 2,38 millones de
euros. Usurpación de la que son autores los mismos que ahora aseguran,
con absoluta desfachatez, que repetirán la faena contra unos cientos de
trabajadores chinos!!. ¿No es esto un delirio de la razón y la lógica? Un sindicato está obligado a combatir ese delirio y los trabajadores lo
están a impedir que una fábrica rentable se cierre. Y no por el mecanismo
de mayores regalías al capital, sino por el de una mayor socialización y
reparto de la riqueza producida y mayor protagonismo de los trabajadores
en la toma de decisiones de la empresa, hasta el día en que las únicas
decisiones que se tomen lo sean por los propios trabajadores,
autogestionada y colectivamente, y desaparezcan de la organización social
quienes nada producen sino la desgracia ajena. Al anarcosindicalismo no le paraliza la imposibilidad de cambiar
radicalmente el mundo y abolir el capitalismo antes de que los ejecutivos
de Samsung quieran irse a China. Al contrario. Fía esa posibilidad de
cambio revolucionario a la lucha consecuente contra la sinrazón cotidiana
del capitalismo, al que ha de arrebatar en cada ocasión que pueda la
capacidad de decisión. Al pan, pan y al vino, vino. Si los señores de Samsung quieren irse, que
se vayan con lo puesto y, por timadores confesos, se les confisquen
materiales y cuentas, con las que garantizar la continuidad de la
producción. Nada impedirá que la rentable fábrica pueda continuar
funcionando, ya que al fin y al cabo sustituir a ejecutivos es fácil
asunto, pues en este mundo abundan los memos y los inútiles.
Colectivo Justo Fierro




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