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=?UNKNOWN?Q?=28ca=29_LA?= CAMPANA =?UNKNOWN?B?Tro=?= 231 - 31 deEnero: JORNADA DE LUCHA EUROPEA En defensa de los inmigrantes y la dignidadde los trabajadores

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Date Tue, 13 Jan 2004 23:37:59 +0100 (CET)
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El II Foro Social Europeo celebrado en París el pasado mes de noviembre
había previsto para este mes de enero de 2004 una movilización
internacional en el ámbito de la Unión Europea por la dignidad y la
libertad de los inmigrantes y, más concretamente, para exigir la
regularización y libre circulación de las personas, el cierre de los
centros de internamiento, el cese de las deportaciones y el reconocimiento
del derecho de asilo y refugio. En definitiva, una protesta masiva contra
la deriva racista y xenófoba de las políticas de inmigración en la UE. En consonancia con esta decisión, diversas organizaciones y colectivos
europeos -unos partícipes en el II Foro Social, pero otros muy críticos
con él, tras calificarlo de socialdemócrata- han confluido en la
convocatoria de una Jornada europea de lucha en favor de los inmigrantes,
que tendrá lugar el sábado 31 de enero. Las particulares circunstancias del estado español en materia de
inmigración hacen de esa Jornada de Lucha tanto una necesidad como una
obligación. Una necesidad imperiosa para los propios inmigrantes, en la
que deben participar activamente las asociaciones de inmigrantes y de
lucha contra el racismo y la xenofobia. Y una obligación inexcusable para
los trabajadores, por lo que debe ser asumida y protagonizada por las
organizaciones sindicales que no hayan abdicado de su condición de tales.
No podemos ignorar el cúmulo de desgracias y horrores en que vienen
traduciéndose las políticas de extranjería y control de fronteras en este
país: cientos de muertes en los pasos fronterizos, explotación laboral
desmedida, mísero hacinamiento en condiciones insalubres y angustiosas
para decenas de miles de personas, racismo, burla permanente de la
justicia y la dignidad humana, envilecimiento social en las
colectividades que toleran semejantes prácticas, etc, etc. Con ese criterio, el sindicato en el que militamos los abajo firmantes,
la CGT de Pontevedra, ha acordado impulsar la Jornada de lucha en su
ámbito. En este sentido, se ha dirigido a las organizaciones sindicales y
asociaciones de inmigrantes, emplazándolas a una próxima reunión, en la
que acordar alguna acción conjunta para el día 31 de enero. “Si en toda la Unión Europea la política de extranjería resulta
lamentable -dice el texto de los anarcosindicalistas pontevedreses-, en
el caso concreto del estado español, la reciente aprobación de una nueva
Ley de Extranjería, la tercera desde que gobierna el Partido Popular,
representa además un ataque inadmisible a decenas de miles de personas a
las que cínicamente se criminaliza y, al mismo tiempo, se niegan las
libertades de expresión, asociación, sindicación, etc. La CGT considera
que esta situación merece una respuesta contundente de todas las
organizaciones sindicales y asociaciones concernidas por esta
problemática”. Treinta días después de su publicación en el BOE, el 22 de diciembre, ha
entrado en vigor en España la última reforma de la Ley de Extranjería, la
tercera desde que gobierna el Partido Popular. Si bien el protagonismo de
esta infamia corresponde al gobierno de Aznar y a su partido político,
tanto el PSOE como Coalición Canaria. le dieron su voto y apoyo formal en
el Parlamento. La nueva Ley, al igual que las reformas anteriores, aunque acentuando sus
aspectos más negativos, tiene un solo objetivo: el control de los flujos
inmigratorios hacia España y Europa, en función de los intereses de
determinados empresarios y capitales. Con este fin, la nueva norma busca
consolidar “legalmente” la coexistencia de dos grupos de trabajadores
inmigrantes, aunque de fronteras difusas entre ellos. Por un lado, el colectivo de los inmigrantes “con papeles”, controlados
burocráticamente de modo riguroso, localizados de inmediato
-transparentes a los ministerios de Interior, Justicia y Trabajo, según
lo exijan las necesidades-, certera-mente vigilados y, antes que nada,
sometidos a normas legales que les dejan a disposición de las
conveniencias y arbitrariedades empresariales, eufemísticamente llamadas
“mercado de trabajo”. Por el otro, el importantísimo colectivo de los
“sin papeles” e “indocumentados”, hundidos en la economía sumergida y a
disposición de los grupos empresariales y sociales más brutales. Si los “inmigrantes legales”, juntamente con los jóvenes precarios y, en
cierta medida, una importante fracción de la mano de obra femenina,
servirán como válvula de escape y como primeras víctimas ante las
remodelaciones y ajustes del capitalismo de “orden y ley”, los
“inmigrantes ilegales” representarán la mano de obra muy barata,
reclamada como esclava al tiempo que brutalmente despreciada, excluida de
todo derecho salvo el de someterse, obligada a vivir en condiciones
inhumanas en guetos y campamentos de chabolas, directamente amenazada con
la expulsión si osa levantar la voz y, por último, utilizada como carne
de cañón para alimentar la organización carcelaria y represiva en que se
están convirtiendo las llamadas democracias capitalistas occidentales. De ningún modo la nueva Ley de Extranjería española aprobada por el PP y
PSOE pretende acabar con la “inmigración ilegal”, que afecta ya a más de
medio millón de trabajadores. Todo lo contrario. Trata de mantenerla en
ciertos límites, valiéndose para ello de normas que garanticen la
discrecionalidad y capacidad de abuso de la administración -policía,
inspectores de trabajo y sus superiores burocráticos respectivos- a la
hora de actuar o no sobre el grupo inmigrante, en función del interés
puntual de los sectores empresariales concernidos. Con el mismo
objetivo, se intenta desarmar a estos trabajadores e impedirles
defenderse negándoles, entre otros, los derechos de asociación,
manifestación, sindicación y huelga. Esto no lo podemos con-sentir los
trabajadores. Por pura sobrevivencia, de ningún modo lo podemos
consentir. Ni la Ley, ni el Estado, ni ningún Poder son quienes de
otorgar o instituir esos derechos, sino que han de someterse a ellos. Y
si no lo hacen, ha de ser la movilización de los trabajadores la que les
obligue. Las zancadillas administrativas a los inmigrantes irregulares
permanentemente amenazados de expulsión, garantizan al poder y al capital
disponer de cientos de miles de personas en condiciones de explotación
insufribles. Basten cuatro ejemplos para demostrar el carácter regresivo
y desgraciado de la nueva normativa: - Permite el acceso directo del Ministerio del Interior a los datos de
los padrones municipales. Facultad que solo usará cuando lo considere
conveniente, sin que nadie pueda exigirle cuentas por ello. La pérdida de
confidencialidad de los datos del padrón frente a la policía supone en la
práctica, entre otras cuestiones no menos graves, la negación de la
asistencia sanitaria básica a los inmigrantes “ilegales” (pues para
obtener la tarjeta sanitaria resulta imprescindible empadronarse) y una
dificultad añadida a la escolarización de los niños y niñas, pues antes
que otra cosa muchos inmigrantes optarán por ocultarse. - A partir de ahora la “autoridad” tiene también la capacidad para no
admitir a trámite o rechazar las solicitudes de residencia y de trabajo
presentadas por inmigrantes “ilegales”, incluso de aquellos que hubiesen
accedido a algún contrato de trabajo o estabilidad profesional, lo que le
cierra todos los caminos de la regularización. - También se amplían las situaciones por las que se un inmigrante
irregular puede ser expulsado. Se busca impedir el ejercicio práctico de
la solidaridad debida entre los trabajadores, amenazando con multas y
encarcelamientos a quienes apoyen de algún modo a los inmigrantes o no
colaboren activamente con la policía en la persecución de estos
trabajadores. - Incluso aquellas medidas que, en primera y apresurada lectura, parecen
ser positivas, finalmente resultan siniestras. Así, por ejemplo, se
podrán imponer sanciones por competencia desleal a aquellos empresarios
que contraten a inmigrantes irregulares en precarias condiciones
laborales y sin alta en la Seguridad Social y las denuncias podrán ser
interpuestas por quienes se sientan perjudicados, pero el procedimiento
abierto tras la denuncia no concluye con la regularización de los
trabajadores, sino probablemente con su expulsión. No pueden los sindicatos admitir divisiones artificiales entre los
trabajadores. Si alguno lo hace no es un sindicato, sino una banda
criminal que usurpa un nombre e incumple una función social libertadora.
Tolerarlo es cavar nuestra propia tumba, la de la lucha por la dignidad
humana y la libertad.
Colectivo Justo Fierro




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