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(ca) CNT de Cáceres: Al defensor del pueblo, en relación al esclarecimiento de la muerte de Francisco Ortíz Jimenez en el penal de Badajoz

From a-infos-ca@ainfos.ca
Date Wed, 25 Feb 2004 14:18:43 +0100 (CET)


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AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
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El Sindicato de Oficios Varios de la Confederación Nacional del
Trabajo(CNT) de Cáceres, a los efectos oportunos y como mejor proceda, en
virtud de las atribuciones al Defensor del Pueblo del art. 54 de la
Constitución Española de 1978, LODP, y demás normativa de aplicación,
MANIFIESTA:

En relación al expediente: Q0316195, hemos Acordado ampliar el Manifiesto
anteriormente referenciado.En relación al deseable esclarecimiento de la muerte del recluso Francisco
Ortíz Jimenez en el Centro Penitenciario de Badajoz; la delimitación de
responsabilidades a que hubiera lugar, así como cuantas acciones considere
oportunas de cara a garantizar la plena vigencia de los Derechos
Fundamentales del Título 1 de la C.E. de 1978. Como Alto Comisionado de la
Cortes Generales.Sabemos que a Francisco Ortíz ya nadie podrá devolverle la vida, así como
tampoco a las muchas personas a las que la pena a privación de libertad
les ha supuesto y supone su muerte social por desarraigo, o el desamparo
en lo que atañe a la prevención de enfermedades o protección de la salud.
Mas allá del sentido de la pena o la ley penitenciaria.Paco Ortiz, sufrió durante largos años el desarraigo y la exclusión
social, dentro de decenas de prisiones españolas, más allá de los
principios constitucionales, artículo 25.2. C.E. En un proceso sistemático
de deshumanización, paso previo para su muerte física.Dado que la persona, como ser social, que lo es por razón de naturaleza,
tiene la inherente necesidad y capacidad de relacionarse con los de su
especie. La imposibilidad de ejercer este Derecho Humano conduce a su
aniquilación de esta parte esencial de la persona humana y de la propia
vida, tal y como la entendemos.Sabe bien tanto la Administración Penitenciaria, como las Instituciones
Judiciales, que la permanencia en régimenes carcelarios de soledad
prolongada, ( Normativa FIES, control directo, régimen especial. art-93
R.P.) que supone un mínimo de 21 horas al día en completa soledad,
desayunando, comiendo y cenando en el interior de la propia celda de
Aislamiento, con cacheos diarios (mínimo de 4 por día), con violaciones
constantes a la intimidad personal, consistentes en desnudos integrales,
sin proporcionar bata, en muchas ocasiones obligado a realizar flexiones o
a pasar por rayos X, sin criterio de protección de la salud.Intervenciones, supresiones o limitaciones de todo tipo de comunicaciones,
ya sean telefónicas, escritas o presenciales.Unido a las propias ubicaciones de las actuales prisiones, situadas
geográficamente en lugares no poblados, con carencia total o casi total de
servicios pùblicos esenciales, que la Admón. penitenciaria no garantiza de
hecho.Ello dificulta o impide el acceso de familiares, allegados y de el
conjunto de la sociedad civil a las personas presas, lo que unido a la
falta de ayudas a las familias en situación de precariedad económica, para
poder desplazarse a mantener las comunicaciones reglamentarias.Sumado además la exclusiva potestad y uso que la Admón. penitenciaria hace
en cuanto a utilizar metódologicamente los traslados y conducciones como
forma de castigo, que afecta no sólo al condenado, sino a su entorno, y
éste es la propia Sociedad, por estas prácticas se hace imposible lo
establecido en el artículo 25.2. del Titulo 1 de la C.E.Pensamos que el suicidio inducido de Paco Ortíz es la consecuencia en
primer orden de su sistemático y programado desarraigo que vulnerando
derechos fundamentales, enunciados en el Título 1, ha causado su total
desamparo y su aniquilamiento social, paso previo a su posterior
fallecimiento.De sus 43 años vividos permaneció 17 años en régimen de aislamiento
penitenciario, en una programación de su vida, que entendemos degrada no
sólo la dignidad personal, privándola de su capacidad y su necesidad
de“Ser Social”, sufriendo limitaciones tales como la obligatoriedad de
permanecer firmes y al fondo de la celda ante la presencia del
funcionario, pese a la existencia de un mirador o chivato que permite el
control visual en el interior de la celda. La implantación de chapas
metálicas que impiden la luz natural en las ventanas, la existencia de los
cangrejos o puerta interior de barrotes que con un orificio inferior sirve
para introducir la bandeja del racionado, sin necesidad de abrir. El
control nocturno cada hora que impide conciliar el sueño, pero no ha
servido para salvar la vida del preso. Derecho enunciado en normas y
también transgredido de forma programada y un sinfín de limitaciones y
usos de un rigor innecesario, que incluyen insultos, amenazas, trato
despectivo o vejatorio en ocasiones, o agresiones físicos o el abandono y
desamparo de enfermos.HECHOS denunciados por Francisco en múltiples ocasiones tanto ante la
propia Administración, como ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
o Fiscalías, sin que ello haya significado la salvaguarda y protección de
los derechos fundamentales de toda persona presa o no.por razón de su
inherente condición humana
A ello, el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL en su Acuerdo nº 41 de las
Diligencias Informativas numero 522/97, a instancias de la Asociación
Proderechos Humanos de Andalucía, señala literalmente “cabe hacer otros
comentarios sobre los expedientes examinados, pues si es cierto que en
algunos casos se trata de asuntos que no exigen una mayor investigación
por parte del Juzgado, como la queja de productos lácteos cuando
únicamente se sustituye leche por yogur o los registros de cartas y
paquetes que parece necesario en una prisión, también hay que admitir que
al lado de estas existen otras denuncias ante el JVP que ponen de relieve
diversas cuestiones controvertidas como la situación de desigualdad de los
internos para acreditar sus versiones de los hechos frente a los múltiples
recursos del centro penitenciario, la conveniencia de que el mº fiscal
motive sus informes, la limitación de la actividad investigadora del
juzgado, que no suele exceder de la petición de un informe al c.p. o las
escasas visitas a dichos centros por los jueces de v.p. a que vienen
obligados por la ley genral penitenciaria”Es decir, que Francisco, al igual que el resto de personas presas están
indefensas frente a cualquier abuso o arbitrariedad de los funcionarios de
prisiones, dado que están en situación de desigualdad reconocida, lo cual
transgrede lo establecido en la Constitución, Título 1º.Por otra parte, tanto el Mº Fiscal, como garante de la legalidad, en
primer término de la constitucional, resulta que no motiva sus informes
limitándose a plagiar lo dicho por la propia Admón. penitenciaria.Que el JVP ni investiga como debiera, ni visita las prisiones ni las
personas presas como viene obligado por ley.Pensamos que de hecho la consecuencia de la desigualdad procura la
indefensión de las personas presas frente a un régimen que los
deshumaniza, desarraiga, desampara, en la aplicación penitenciaria,
procurando una total impunidad de los funcionarios y la Administración
penitenciaria, siendo ello causa directa en el fallecimiento de Francisco
Ortíz Jiménez.
Es responsabilidad de la Administración penitenciario, del Mº Fiscal y del
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el auspiciar las medidas oportunas,
dado los 6 antecedentes de suicidio conocidos, puesto que existen, al
parecer programas o protocolos anti-suicidios que garanticen la
salvaguarda y protección de la integridad física, psíquica y la vida de la
persona presa.
No es excusa saber que la situación sanitaria en las prisiones es caótica
y totalmente desbordada desde hace años, dado que ello en absoluto es
responsabilidad de las personas presas o sus entorno social o afectivo,
sino que es competencia de la Cortes Generales, que desde 1998, tienen
información sobre este problemática por boca de la Agrupación
Interdisciplinar de Sanidad Penitenciaria, órgano corporativo que agrupa a
más del 85% de los profesionales de la sanidad carcelaria.Este hecho conocido ha causado y causa múltiples víctimas entre la
población penitenciaria, como consecuencia de la sistemática conculcación
y transgresión de sus Derechos Fundamentales, enunciados en el Título 1 de
la C.E. de 1978.Sabido es la altísima proporción de enfermos diagnosticados y sin
diagnosticar, así como los altos niveles de contagios de enfermedades
crónicas (tuberculosis, hepatitis o SIDA entre ellas.) o la existencia de
millares de disminuidos psíquicos o enfermos mentales en situaciones de
desamparo y desatención clínica. La mayoría de ellos sin recursos sociales
y en una total precariedad económica, (indigencia), pese a reunir en
muchos casos, todos los requisitos exigidos para percibir una Pensión No
Contributiva, si es que se cumplieran los postulados sociales del Título 1
de la C.E. de 1978. Todo ello agrava las ya de por sí precarias
condiciones de vida en el interior de las prisiones.
Tampoco es excusa el que el conjunto de los ciudadanos desconozcan de la
realidad vivencial en las prisiones, dado la total opacidad de la
Administración o los partidos políticos o sindicatos mayoritarios u
organizaciones, (pocas) que tienen acceso a esta realidad para transmitir
estas problemáticas, puesto que es conocido, ( por boca de los últimos
Presidentes del Gobierno del Estado Español) que la política penitenciaria
es “medio” en las “luchas contra el terrorismo” y contra “la
delincuencia”, para alcanzar un “fin”. Con otras palabras: la salvaguarda,
protección y garantía de todos los derechos fundamentales, quedan
relegados a supuestos intereses de Estado consensuados, lo cual cuesta
hasta la vida a muchos de los que sólo han sido condenados a privación de
libertad. Siendo ello causa directa en la muerte violenta de D. Francisco
Javier Ortíz Jiménez el pasado mes de Julio de 2003 en un módulo de
Aislamiento con control directo en la prisión de Badajoz.
La agonía y muerte en un recorrido interminable por módulos de
aislamiento, castigo y control penitenciario de F. Ortíz por un sin fín de
centro penitenciarios, no es un “anécdota”, no sabemos a cuantos millares
de personas presas ha afectado, cuantas han sido contagiadas, humilladas,
maltratadas, desarraigadas, aniquiladas en su calidad social y en su vida,
o suicidadas por inducción o por acción.Pero exigimos que se tomen las iniciativas y medidas necesarias para la
efectiva garantía de los Derechos Fundamentales catalogados en el Título
Primero de la C.E. de 1978, de las personas presas. Puesto que su carencia
efectiva y la programada y sistemática conculcación por parte de los
Poderes Públicos afectados de esos mismos derechos es sin duda causa
directa de la muerte de F. Ortíz Jiménez y de otras muchas personas en
otras muchas cárceles.


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