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(ca) Carlos Taibo - La Constitución de la Unión Europea: una glosa impertinente

From a-infos-ca@ainfos.ca
Date Tue, 3 Feb 2004 12:17:55 +0100 (CET)


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AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
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[de http://www.rojoynegro.info/2004 ]
Aunque, conforme a lo prometido, lo suyo es que la Constitución de la
Unión Europea (UE) sea objeto de un referéndum entre nosotros, no cabe
esperar que al amparo de aquél cobre cuerpo un debate franco. Lo que ya
sabemos del orden que padecemos invita a concluir, antes bien, que se
impondrá, con el beneplácito de las dos principales fuerzas políticas de
ámbito estatal, una formidable maquinaria de propaganda, manipulación y
ocultamiento. Pese a ello, o tal vez por ello, tiene su sentido escarbar
en algunos de los muchos elementos conflictivos que acarrea la
Constitución objeto de nuestro interés.
- 1. La literatura especializada ha formulado ya un buen puñado de
preguntas en relación con la futura Constitución de la UE. Todas ellas
remiten a cuestiones importantes de las que sería saludable pudiese
ocuparse nuestra opinión pública. A buen seguro, y sin embargo, no es esto
lo que ocurrirá. Dejemos aquí constancia, con todo, de algunas de esas
preguntas: ¿nos hallamos ante una genuina Constitución? ¿Qué suerte de
texto político-legal es éste que nace sin un pueblo, una nación y un
Estado que aporten sentido y fundamento? Aunque, vistas las cosas desde
otra perspectiva, y como quiera que disponemos ya de una moneda sin
Estado, ¿por qué no se habría de crear una Constitución sin un pueblo? ¿No
nos encontramos, en otro terreno, ante un ejemplo palmario de fría
ingeniería legal, que da rienda suelta a un maximalismo jurídico que
esconde un minimalismo político? ¿Cuál está llamado a ser, en suma, el
producto final del proceso en que la Constitución se inserta: una
confederación, una federación, un Estado con vocación unitaria, una
fórmula de gobierno transnacional...?
- 2. Como no podía ser de otra manera, la Constitución que nos ocupa es
portadora de un sinfín de normas que no son ni buenas ni malas por sí
solas. Aunque es obligado reconocer que para arribar a alguna conclusión
firme al respecto será menester dejar que el tiempo pase, lo suyo es
convenir que los antecedentes invitan, como poco, al recelo. Y es que cada
vez se antoja más urgente rescatar una discusión relativa a lo que es,
antes que la Constitución, la propia Unión Europea. En las palabras de
Pietro Barcellona, "cuando el poder está claramente en manos de los
potentes lobbies de los negocios y de las finanzas, de los círculos
mediáticos y de la manipulación de las informaciones, los juristas se
abandonan al cosmopolitismo humanitario y se apuntan al ’gran partido’ de
las buenas intenciones y de las buenas maneras". Todo aconseja colegir, en
otras palabras, que como quiera que existe una enorme distancia entre la
letra y la práctica real, lo más razonable es concluir que la primera ha
visto la luz para ser esquivada o, más aún, violentada.
- 3. Es esperable que en su preámbulo una Constitución se entregue al
manido ejercicio de la autoadulación. Limitémonos a reseñar que aquélla
entiende, sin pestañear, que "Europa" es una realidad vinculada con "la
igualdad de las personas, la libertad y el respeto a la razón", que ha
permitido el arraigo del "lugar primordial de la persona y de sus derechos
inviolables e inalienables, así como el respeto del derecho", y que está
llamada a avanzar "por la senda de la civilización, el progreso y la
prosperidad" (art. 5). A buen seguro que al lector sagaz, y también al
desinformado, no le faltan conocimientos para poner en duda que todo lo
anterior se ajuste puntillosamente a la realidad.
- 4. Nada invita a concluir que el eterno problema del déficit
democrático que la UE arrastra se apresta a entrar en vía de resolución de
la mano de la Constitución que glosamos. Y ello tanto más cuanto que ésta
--sin pueblo, sin nación y sin Estado subyacentes, recordémoslo una vez
más-- muestra un vacío de legitimación que es obligado colmar con el
concurso de medios --el derecho de los tratados, los derechos
fundamentales, la jurisprudencia, la administración, los expertos...-- que
poca relación guardan, en sí mismos, con la práctica vital de la
democracia. La dimensión de semejante tara en modo alguno se ve rebajada
por el hecho de que los trabajos de la Convención se hayan desarrollado
conforme a criterios formalmente abiertos y transparentes.
En otro orden de cosas, el fortalecimiento del papel del Consejo y de su
presidente, inserto en el núcleo de la Constitución, acarrea una
ratificación paralela de las capacidades de los gobiernos en detrimento de
otras instancias. La propia disputa sobre las mayorías, y las
posibilidades de veto, en la toma de decisiones en el Consejo de la UE
ilustra bien a las claras algo que no debe pasar inadvertido: en esa
instancia, de importancia difícilmente rebajable, no se aprecia el eco de
la elección popular en el ámbito propio de la UE. Habrán de ser, antes
bien, los gobiernos de los Estados los que detengan la totalidad de los
votos correspondientes a estos últimos, algo que, con toda certeza, y por
añadidura, reducirá significativamente la representación de las
ideologías. Agreguemos, en suma, que lo anterior seguirá siendo cierto por
mucho que las decisiones adoptadas hayan de ser refrendadas por un
Parlamento, el de la UE, que es obligado reconocer que gana atribuciones.
Pese a esta última circunstancia, lleva buena parte de razón Joseph Weiler
cuando afirma que lo que los ciudadanos europeos precisan es más poder, y
no más derechos.
- 5. En el terreno de los derechos sociales lo que despunta por doquier
en la Constitución de la UE es una inflación de retórica como la que se
columbra, por lo demás, en su homóloga española. Así, el art. II-31, 1,
tras rehuir expresamente la postulación del ontológico "derecho a un
trabajo", señala que "todo trabajador tiene derecho a trabajar en
condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad". La
Constitución recuerda, por lo demás, que las cartas suscritas por la UE en
1961 y 1989 comprometen a ésta en "el fomento del empleo, la mejora de las
condiciones de vida y trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la
vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el
desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo
elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones" (art. II-103).
Agreguemos que el texto legal que nos ocupa rezuma una curiosa laxitud e
indefinición en algunos enunciados, como el que señala que "los Estados
miembros evitarán déficits públicos excesivos" (art. III-76, 1)
En ausencia de garantías expresas para que los derechos enunciados,
convertidos en obligaciones, se hagan realidad, es obligado concluir que
los compromisos correspondientes tienen, como acabamos de anunciar, una
evidente carga retórica. ¿Alguien piensa en serio que fórmulas tan etéreas
están llamadas a servir de freno ante la irrupción de reglas del juego
salvajes como aquéllas de las que es portadora la globalización
capitalista en curso? Más sencillo es concluir que al amparo de la
Constitución de la UE los derechos sociales siguen teniendo un rango
inferior que predispone a su incumplimiento, a tono con anteriores textos
legales propios de la UE, que en buena medida dejaban aquéllos en manos de
las legislaciones propias de los Estados miembros. Para hacer las cosas
aún más ingratas, la Constitución no incorpora ningún proyecto serio de
convergencia social (y de garantías medioambientales): en la estela del
Tratado de Maastricht, los criterios de convergencia excluyen por
completo, antes bien, la dimensión social.
Agreguemos que la Constitución de la UE reclama "una economía social de
mercado altamente competitiva" (art. 9), en lo que se antoja la cuadratura
del círculo de la mano del designio de postular al tiempo una economía de
dimensión social y un mercado en el que la competitividad dicta todas las
reglas.
- 6. La impresión es que, a falta de apuestas de otro cariz que se
revelen de manera consistente en su articulado, la Constitución de la UE
se subordina sin rebozo al proyecto de una Europa fortaleza, cada vez más
cerrada. El art. III-166, 1 reclama, así, la instauración progresiva de
"un sistema integrado de gestión de las fronteras", compromiso que se
acompaña de la postulación de una política común que garantice "la gestión
eficaz de los flujos migratorios". Lo que el adjetivo eficaz esconde no
parece que pueda compensarse merced a la mención, que sigue a
continuación, de la necesidad de actuar "contra la inmigración ilegal y la
trata de seres humanos" (art. III-168, 1). En un terreno que a los ojos de
nuestros gobernantes se antoja muy próximo, el art. III-177 se refiere, en
suma, a la colaboración entre los Estados miembros en lo que respecta a la
lucha contra la delincuencia y el terrorismo. No se busque por lugar
alguno, en otras palabras, la huella de una visión abierta y concesiva en
lo que a la inmigración respecta.
- 7. En la Constitución de la UE los pueblos desaparecen como agentes
fundamentadores, en beneficio de los ciudadanos y de los Estados, al
tiempo que se rehuye el adjetivo federal para describir los criterios de
coordinación de las políticas y se formaliza un compromiso expreso con la
integridad territorial de los Estados (art. 1.11). En el marco de una
propuesta en virtud de la cual las querencias y los intereses de estos
últimos salen claramente bien parados, a duras penas puede sorprender que
dirigentes políticos como Rodríguez Zapatero echen mano de la Constitución
de la UE para subrayar que los proyectos de secesión no caben en aquélla.
El argumento no puede ser más mezquino: en un debate en el que la
racionalidad y el diálogo se sortean, es demasiado cómodo esgrimir la
Constitución que uno mismo ha venido a defender como si se tratase de un
arma legal neutra detrás de la cual no se barruntan los intereses propios.
La Constitución de la UE enuncia sin más, por otra parte, el propósito de
reducir "las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas
regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas" (art.
III-116), en lo que Cantaro ha descrito como una "solidaridad desarmada".
El llamado Comité de las Regiones no parece llamado a rebajar, en suma, el
descontento, tanto más cuanto que no está claro cómo se designarán o
elegirán sus integrantes (art. III-292).
- 8. La "estricta observancia y el desarrollo del Derecho Internacional,
y en particular el respeto a los principios de la Carta de las Naciones
Unidas" se mencionan como objetivos de la política exterior --se asume
constantemente, y sin rebozo, una terminología que emplaza la "seguridad"
junto a la "política exterior"-- de la UE en el art. 3.10. Significativo
es que semejante compromiso sea asumido por Estados --entre ellos el Reino
de España-- que hace bien poco han sorteado, digámoslo eufemísticamente,
la carta de Naciones Unidas en lo que a Iraq respecta.
Como era de esperar, también en este ámbito se revela una alarmante
distancia entre la práctica real de los Estados miembros y la retórica
enunciada. Ésta habla (art. III-193, 2) de "consolidar y apoyar la
democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios
del Derecho Internacional", de "mantener la paz, evitar los conflictos y
fortalecer la seguridad internacional, con arreglo a los principios de la
Carta de las Naciones Unidas", de "fomentar el desarrollo sostenible en
los planos económico, social y medioambiental de los países en vías de
desarrollo, con el objetivo principal de erradicar la pobreza", de
"elaborar medidas internacionales de protección y mejora de la calidad del
medio ambiente" o de "promover un sistema internacional basado en la
cooperación multilateral sólida y la buena gobernanza".
El lector avezado conoce bien cuál es la distancia que media entre las
políticas que la UE realmente existente abraza y los principios recién
enumerados. Habrá de extraer, también, las consecuencias pertinentes en lo
que atañe a la ausencia de medidas concretas que permitan garantizar que
los segundos se abren camino. Bastará con invocar al respecto, a título de
ejemplo, la liviandad extrema de los flujos de presunta ayuda a los países
más pobres que la UE genera; en relación con estos últimos, la
"erradicación de la pobreza" se invoca como objetivo, de nuevo sin mayores
precisiones, en el art. 3.10 de la Constitución. Ilustrativo es, por lo
demás, que el art. III-193, 2 reclame que se estimule "la integración de
todos los países en la economía mundial, inclusive mediante la abolición
progresiva de las restricciones al comercio internacional". Tiene su
gracia este cauteloso inclusive, que parece reflejar alguna cautela con
respecto al enunciado general, claramente inserto en la filosofía de la
globalización neoliberal.
Necesario es subrayar que la Constitución trasluce, en fin, significativas
dudas en lo que respecta a la posibilidad de desarrollar una política
exterior común. El art. III-195, 2 afirma que "los Estados miembros
apoyarán activamente y sin reservas la política exterior y de seguridad
común, con espíritu de lealtad y solidaridad mutua". ¿A qué viene
semejante recordatorio, que no se repite en relación con otras dimensiones
de la carta magna de la UE?
- 9. Las imprecisiones que acabamos de glosar contrastan poderosamente
con la claridad con que, en varios tramos de la Constitución de la UE, se
apuesta por una militarización de la política exterior de ésta. Recordemos
al respecto cuatro circunstancias. Por lo pronto, la Constitución postula
misiones militares fuera de la UE, con el presunto propósito --es el que
se enuncia-- de mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la
seguridad internacional (art. 40, 1; art. III-210, 1); esas misiones
podrán ser encomendadas por el Consejo de Ministros "a un grupo de Estados
miembros" (art. 40, 5). El art. III-210, 1 subraya, por otra parte, que
tales misiones "podrán contribuir a la lucha contra el terrorismo, incluso
mediante el apoyo prestado a terceros Estados para combatirlo en su
territorio".
Subrayemos, en segundo lugar, que la Constitución porta una referencia
expresa, a decir verdad no muy precisa, a la "prevención de conflictos
(...) con arreglo a los principios de la Carta de Naciones Unidas" (art.
40, 1); es menester recalcar que el término prevención, antaño portador de
respetables valores, tiene hoy, en virtud de circunstancias bien
conocidas, un significado que resulta inevitable relacionar con las
percepciones estratégicas de EEUU.
En tercer término, el texto político-legal que nos interesa se refiere de
manera significativamente prolija a la necesidad de crear una Agencia
Europea de Armamento, Investigación y Capacidades Militares, "para
determinar las necesidades operativas, fomentar medidas para
satisfacerlas, contribuir a determinar y, si procede, a aplicar cualquier
medida adecuada para reforzar la base industrial y tecnológica del sector
de la defensa, y participar en la definición de una política europea de
capacidades y de armamento" (art. 40, 3 y art. III-212, 1).
En varias oportunidades se menciona, en fin, el compromiso de respetar las
obligaciones que, contraídas por algunos miembros de la Unión, se derivan
del Tratado del Atlántico Norte (art. 40, 2, art. III-214, 4). Ninguna
vocación, pues, de ruptura con respecto a lo que ya sabemos que ha sido la
política militar de la UE realmente existente.
- 10. La Constitución no es muy explícita en lo que respecta a los
Estados que la UE puede acoger en el futuro en su seno. Señala que la
Unión "está abierta a todos los Estados europeos que respeten los valores
mencionados en el artículo 2 y se comprometan a promoverlos en común"
(art. 57, 1). No se clarifica, sin embargo, qué se entiende por Estados
europeos --la cuestión tiene más miga de la que parece--, aun cuando es
sencillo concluir que se cierra el horizonte de incorporación de países
que, conforme a una convención impregnada de una carga ideológica que se
esconde por detrás de un aparente rigorismo geográfico, se sobreentiende
que no son europeos.
Este texto fue publicado en El viejo topo en febrero de 2004.

NOTAS

. Antonio Cantaro, Europa sovrana (Dedalo, Bari, 2003), pág. 19.
. Ibidem, pág. 21.
. Prefacio a Cantaro, op. cit., pág. 7.
. Citamos sobre la base del texto Proyecto de Tratado por el que se
instituye una Constitución para Europa (Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 2003). Téngase en cuenta que, de
manera tan desafortunada como significativa, el texto mencionado confunde
la Constitución de la UE con una Constitución para Europa. Nunca se
subrayará lo suficiente, sin embargo, que la UE no es Europa.. Cantaro, op. cit., pág. 72.
. No deja de ser significativo que fuerzas políticas de corte
aparentemente dispar se empecinen en preservar cuotas de poder para sus
Estados, y desdeñen en paralelo la conveniencia de apuntalar, hasta donde
sea posible, sus opciones ideológicas. Pareciera como si para muchos
pesase más la perspectiva de que Francia o Italia conserven determinados
votos o escaños que la posibilidad de que la opción ideológica propia
--conservadora, socialista o lo que fuere-- disfrute de activos reales de
decisión en las diferentes instituciones europeas.. En Cantaro, op. cit., pág. 122.
. Ibidem, págs. 102-103.
. El País, 10 de diciembre de 2003.
. Cantaro, op. cit., pág. 125.



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