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(ca) LA CAMPANA Nº 8 - EDITORIAL

From a-infos-ca@ainfos.ca
Date Wed, 1 Dec 2004 10:29:14 +0100 (CET)


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AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
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En Paraguay el 80% de las tierras está en manos del 1% de la población,
de modo que centenares de miles de personas en el campo solo conocen de
la tierra el dolor de trabajarla. Pues todo lo demás en ella -el fruto,
la fertilidad, la propiedad, el agua, el pájaro- les es ajeno, es del
amo. Además, los grandes latifundios, usurpados de antiguo o
recientemente a las colectividades que los habitan, se están volcando en
la “agricultura intensiva” para la exportación (modelo diseñada por las
multinacionales agroquímicas, como Monsanto) responsable del
envenenamiento de grandes áreas y la miserabilización de todo el entorno. En ese contexto, crece día a día la indignación de los campesinos pobres
y los jornaleros, que malviven, hartos de carencias, hambre, enfermedades
y fatigas. Desde el verano vienen sucediéndose las movilizaciones y
pronto se cumplirán quince días de un interminable Paro cívico y de la
represión sangrienta del poder. A finales de septiembre, las organizaciones sociales, sindicales y
campesinas de Paraguay, agrupadas en la coordinadora multisectorial
Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida (FNLSV), decidieron
romper, a partir del 1 de noviembre, la tregua que mantenían con el
gobierno de Nicanor Duarte. Éste, incumplía el acuerdo firmado en verano
pasado (tras las movilizaciones agrarias y ocupaciones de baldíos
efectuadas en julio y agosto) de entregar tierras a las familias
jornaleras y pobres. El gobierno contestó con la intervención de la policía y el ejército para
expulsar a los “SinTierras” de los predios ocupados, aunque en la gran
mayoría de esas enormes fincas los actuales propietarios ni siquiera
pueden acreditar el origen “legal” de su propiedad. De hecho, alrededor
de 11 millones de hectáreas fueron distribuidas de manera “ilegal, pero
efectiva” a personas cercanas a los últimos gobiernos, sin que las
autoridades actuales hayan revisado ni una sola de esas adjudicaciones
caciquiles. Al contrario, amenazan con los fusiles a quienes intenten
revisar los mojones o exijan la reversión a los campesinos de todos los
territorios de uso colectivo ancestral. La muerte del campesino Aureliano
Espínola en la localidad norteña de Naranjito, el desalojo violento de 41
de las 54 fincas ocupadas y la detención de más de un centenar de
activistas agrarios terminaron de sublevar a los campesinos y peones. La criminalización de la demanda social, el asesinato de campesinos
pobres por la militarada para defender los privilegios de los hacendados
y el recrudecimiento de la represión impusieron al FNLSV la convocatoria
para el 16 de noviembre de un Paro Cívico nacional, con el objetivo
inmediato de lograr la liberación de los dirigentes arrestados y la
retirada de los militares del campo. Así mismo, se mantienen todas las
reivindicaciones campesinas de demanda de tierras y obreras. Entre ellas,
el rechazo a las prácticas agrícolas fomentadas por las multinacionales
agroquímicas, entre ellas Monsanto, y, sobre todo, la ruptura de las
negociaciones con el FMI, que exige la aplicación en Paraguay de su archi
conocida y letal receta neoliberal, de más privatizaciones, mayores
favores a los grandes consorcios capitalistas, mayor usurpación del
patrimonio público y reducción, cuando no desmantelamiento, de los ya
escasos servicios públicos existentes. De los 2 millones de hectáreas de soja plantadas en el país, 90% son de
la variedad transgénica de Monsanto, que sólo se cultiva en asociación
con el veneno glifosfato (conocido como “mata todo”, por sus efectos
devastadores), el mismo usado en las fumigaciones de las plantaciones de
coca por el Plan Colombia. En estas circunstancias, la expansión de la
“agricultura capitalista”, con base en la usurpación territorial de
grandes áreas por los caciques de turno, trajo consigo que Paraguay, que
contaba con la segunda masa boscosa de América después de la Amazonia,
perdió el 90% de sus bosques, que equivale a la extinción de casi la
totalidad de los recursos forestales a causa de la deforestación. El gobierno respondió a la convocatoria del Paro Cívico intensificando
los registros y detenciones, así como las patrullas armadas en todo el
país. El presidente llegó a amenazar con “perseguir a los movilizados no
solamente a la vera de los caminos sino hasta en los bosques”. Ante la
violencia gubernamental, los convocantes decidieron continuar el paro
“por tiempo indefinido”. La jornada del día 16 transcurrió de muy distinto modo en la capital,
Asunción, que en las zonas rurales. Mientras en el campo la protesta
campesina fue masiva, en la capital, un fortísimo aguacero impidió la
concentración masiva de personas en el centro de la ciudad. Por otra
parte, los policías y militares detenían todos los camiones que se
acercaban a la ciudad. Los agentes obligaban a los viajeros, con golpes y
amenazas, a bajarse de los vehículos, produciéndose un número
indeterminado de detenciones. A día de hoy, dos semanas más, sigue el Paro Cívico, sin que las amenazas
lo dobleguen. Al contrario, se amplía y extiende a más sectores y
lugares. Las huelgas, manifestaciones, cortes de carretera, ocupaciones
de tierras, marchas, etc continúan. Hace cinco días, una operación
policial para desbloquear el paso en la localidad de General Resquín mató
a dos personas y dejó varios heridos. La escalada de la violencia
gubernamental no cesa. La protesta tampoco. Vaya entonces nuestra
solidaridad para quienes, desde abajo, luchan por sacudirse a los de
encima, salir de la miseria, recuperar la propiedad colectiva de la
tierra y disfrutar del bosque y del agua y del aire ... limpios.



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