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(ca) [España] Delgado y Granados: CRIMENES DE ESTADO SIN REDIMIR

From a-infos-ca@ainfos.ca
Date Wed, 25 Aug 2004 09:44:19 +0200 (CEST)


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AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
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[de cgt.es]
El día 29 de julio de 1963 estallaron dos bombas en Madrid. Una en la
Dirección General de Seguridad, y la otra en la Delegación de Sindicatos.
No causaron ninguna víctima mortal aunque la primera, una carga de
plástico de 200 gramos de peso, provocó heridas leves a unas 20 personas.
A las 48 horas de los atentados dos jóvenes libertarios, Francisco
Granados y Joaquín Delgado, fueron detenidos en sus domicilios.
Un confidente de la policía, Jacinto Guerrero, infiltrado como otros
muchos en las filas de la CNT, les delató a sabiendas de que no eran los
causantes de los atentados. El aparato policial del franquismo --la
Brigada Político Social-- instruyó un atestado sin garantías en 24 horas,
tras las cuales los puso a disposición de la jurisdicción militar. Se
habían declarado autores de aquellos hechos como consecuencia de las
torturas que les fueron aplicadas, como más tarde se acreditó.
Sin embargo, los auténticos ejecutores de los atentados, temerosos de las
represalias de la policía, huyeron a Francia y, en París, conocedores de
la detención de Granados y Delgado, declararon ser los autores ante los
medios de comunicación. A fin de que sus declaraciones no traspasasen la
frontera española ni burlaran la censura de Francisco Franco, la
jurisdicción militar convocó en un plazo de 24 horas un consejo de guerra
sumarísimo para que aquellas dos víctimas propiciatorias fueran juzgadas y
ejecutadas. La única razón de aquel ensañamiento fue el hecho de que los
procesados pertenecían, según sus propias declaraciones, a la Federación
Ibérica de Juventudes Libertarias.
El juicio se celebró sin otras pruebas que las confesiones que prestaron
los acusados ante la Brigada Político Social, las cuales no fueron
contrastadas ante ningún juez ni en el acto de la vista. El defensor que
se les designó "de oficio" no tenía el título de abogado. Se les negó la
posibilidad de aportar pruebas testificales que acreditaran su inocencia.
El consejo de guerra apenas duró una hora. Muchos historiadores mantienen
que la condena de Granados y Delgado no fue un error judicial porque los
miembros del consejo los condenaron sabiendo que eran inocentes. Fue un
crimen más entre los muchos signos de terror con el que el franquismo
alimentó su sangrienta andadura. Los dos anarquistas fueron condenados a
morir "a garrote vil". El régimen debía dar un escarmiento público y
ejemplar a las nuevas generaciones libertarias que, al igual que el mítico
ave fénix, resurgían de entre las cenizas de los olvidados guerrilleros
anarquistas, desafiando a la dictadura. Se les ejecutó el mismo día en que
se publicó la sentencia. No obstante, sus familiares Raquel Vaquerizo
--viuda de Granados-- y Fran§ois Delgado interpusieron un recurso de
revisión ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. El proceso
transcurrió a paso de tortuga. Los magistrados dejaron pasar las horas
muertas para demorar una resolución que podía causar la repulsa de las
democracias del mundo occidental. Por fin, el 3 de marzo de 1999, se
publicó un auto denegando la admisión a trámite del recurso. Los jueces
consideraron que "la sentencia fue dictada con arreglo a la legalidad
vigente" --la del régimen franquista--, y que "durante todo el proceso se
practicaron pruebas suficientes". En conclusión, el Tribunal Supremo
valoró como "sólida estructura de legalidad" la del Juzgado Militar
Especial de Actividades Extremistas que les condenó a muerte, un "órgano
jurisdiccional colegiado, constituido legalmente".
Aquella resolución fue recurrida en amparo ante el Tribunal
Constitucional. Su Sala Primera, con sólo un voto en contra, ha estimado
el recurso. La sentencia, publicada en el BOE del pasado 11 de agosto,
declara nula la decisión de la Sala Militar del Tribunal Supremo,
presidida en aquel entonces por José María Ruiz Jarabo, un magistrado
afecto al régimen, designado por el propio Caudillo para garantizar la
ejecución de las medidas represivas impuestas por el sistema.
Sobre esta cuestión se ha emitido recientemente por la segunda cadena de
TVE un extraordinario documental de Lala Gom en el que aparecen los
auténticos autores de los atentados y algunos de los responsables de su
organización, pero no los policías autores del atestado, que habían sido
invitados por la periodista. Sólo uno de los militares que actuó como
miembro del consejo de guerra se prestó desde el anonimato a declarar. Su
testimonio es sobrecogedor. La sentencia del Tribunal Constitucional
supone un cambio de criterio en su propia doctrina. Hasta ahora el
tribunal de garantías había rechazado las revisiones de procesos de lesa
injusticia como consecuencia de la sinrazón y el totalitarismo del régimen
franquista. La sentencia es un antecedente --eso que los juristas llaman
jurisprudencia-- que permite la revisión de todos los procesos políticos
del franquismo con un único fin: esclarecer la verdad de los hechos en
aras de la justicia, y devolver el honor robado a los ajusticiados. En
este caso no se trata de recuperar la memoria histórica, sino de destruir
los cimientos del olvido, y retornar la dignidad perdida a las víctimas
del pasado.
JOSEP MARIA Loperena

*Jurista.

El Tribunal Constitucional anula la sentencia del Tribunal Supremo y
reabre la causa de Delgado y Granados
La sentencia de la sala primera del Tribunal Constitucional en el recurso
de amparo, interpuesto por el grupo “pro-revisión”, anula el auto del la
sala de lo Militar del Tribunal Supremo en el que inadmitía el Recurso de
Revisión de la condena y ejecución de Delgado y Granados.
La sentencia reconoce la indefensión de los demandantes por denegación de
pruebas y ordena devolver el caso a la sala de lo militar del Tribunal
Supremo y practicar todas las pruebas solicitadas, llamando a declarar a
todos los implicados.
Más información: www.rojoynegro.info

Nota: SE ADJUNTA SENTENCIA de el Tribunal Constitucional que anula la
sentencia del Tribunal Supremo y reabre la causa de Delgado y Granados



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