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(ca) URBANIZACIÓN Y DEFENSA DEL TERRITORIO [Charla en la Acampada contra el TAV de Alonsotegui(Bizcaia)]

From owner-anarqlat@webmail.rect.ucv.ve
Date Tue, 3 Aug 2004 23:26:11 +0200 (CEST)


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AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
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"Digan ustedes lo que quieran, llámenlo tonto, infantil, lo que quieran,
pero ¿no les entran ganas de vomitar a veces de ver lo que estan
haciendo con Inglaterra, con sus estanques de cemento y sus enanitos de
yeso, con sus duendes y sus basuras en los lugares donde antes estaban
los hayedos? ... ¡Subir a por aire! Si no hay aire"
(George Orwell, Subir a por aire)

Toda sociedad, en la medida en que reposa sobre un hábitat, es una
apropiación del territorio. Éste, en el curso de los años, es modificado
lentamente por la actividad humana, y a su vez, debido a sus
peculiaridades geográficas, determina dicha actividad. No hace falta
recalcar el papel que los lugares han tenido en la formación de las
sociedades para afirmar que Historia y Geografía --o Sociedad y
Naturaleza-- se han condicionado mútuamente. La Revolución Industrial
alteró profundamente esa reciprocidad, liberando a la sociedad de los
condicionantes territoriales, pero a muy alto precio. Por un lado, la
ordenación territorial, gracias al urbanismo, se convirtió en un medio
de acumulación de capital; por el otro, la posesión del territorio por
el capital, es decir, su transformación en mercancía, acarreó su arrase.
Recuérdense por ejemplo el estado deplorable de las zonas industriales o
mineras de antaño. Bajo el dominio del capital, la liberación de la
sociedad de las constricciones impuestas por la naturaleza fue
terrorista. Sin embargo, el proceso no se desarrolló simultáneamente en
todas las direcciones. En sus inicios, el espacio del capital era
fundamentalmente territorio urbano. Las gentes que vivían en el campo,
no realizando sino ocasionalmente intercambios con dinero, quedaban en
gran parte fuera de las leyes de la economía. Pero en un periodo
relativamente corto de la Historia esto dejó de ser así, de forma que,
en la actualidad, todo el territorio sufre las consecuencias de la
mundialización de la economía y, por consiguiente, todo el territorio es
real o potencialmente urbano. Europa se convierte en una red de manchas
metropolitanas en expansión, tendiendo a formar una megalópolis
continental dispersa. En esas condiciones, la apropiación social del
territorio es inseparable de su degradación y de su destrucción.

El fin de la agricultura tradicional, la última barrera a la
descomposición territorial, significó la constitución de un mercado
global del territorio. Arrancado a su existencia casi extraeconómica
--como el agua o el aire--, el territorio será "clasificado" y entregado
al mercado. La motorización de la población y la apertura de accesos
posibilitaron que las ciudades perdieran sus límites y que las segundas
o terceras residencias, reflejo de la prosperidad de determinados
sectores, desplazaran a las actividades rurales. De este modo, irían
cayendo todos los obstáculos físicos, lingüísticos, culturales,
psicológicos, morales, etc., que definían la identidad territorial,
dando como resultado la desaparición del lugar, la muerte de su carácter
y de su singularidad. En un espacio integrado, el territorio no urbano
es, o bien, reserva "no programada" de lo urbano, o bien decorado
naturalista de lo urbano. Ello ha comportado tal dislocación en las
formas de vida, tal trivialización de lugares y gentes, tales amenazas a
la seguridad o a la salud, que el cuestionamiento de los responsables ha
sido inevitable. La voluntad de resistir al proceso de banalización
generalizada (a la proletarización del hábitat) y a sus consecuencias
nocivas subyace en cada contienda territorial, pero no obstante, esa
voluntad casi nunca llega a expresarse con claridad, ya que se halla
mediatizada por los intereses creados en las primeras fases del
conflicto, en el tránsito de una economía agrícola a una economía de
servicios. Estos intereses parciales redefinen una "identidad local" que
trata de presentarse como auténtica, tras la que se esconde un grupo
social concreto. En efecto, el cambio económico en el campo ha supuesto
a la vez que la desaparición del campesinado strictu sensu, la aparición
de una clase media neorrural formada a partir de la compraventa de
tierras y de la economía generada por los habitantes de las
urbanizaciones residenciales (los "domingueros"). No se trata de un
campesinado de nuevo cuño, ni tiene demasiado que ver con el
sindicalismo agrario, aunque sí con la política local. La componen tanto
pequeños productores como funcionarios,
estudiantes, comerciantes o trabajadores por cuenta propia. Esta nueva
clase es consciente de su origen, la terciarización de la economía, por
lo que no cuestiona el proceso que la hizo nacer, pero sí, en cambio,
cuestiona sus excesos. Ni siquiera desea volver atrás, a situaciones
menos ruinosas. La destrucción presente vale, la futura, ya no; sí a los
adosados, no a su proliferación más allá de un límite y así
sucesivamente. La dinámica uniformadora y destructora de los procesos
urbanísticos pone en peligro su prosperidad y la impulsa a la acción,
canalizada por un tipo de organización determinado llamado "plataforma
cívica".

De modo general, las plataformas consideran el territorio como
naturaleza y no como lugar donde vive gente. Por eso para ellas lo
importante es "conservar el paisaje como un elemento clave de la
identidad colectiva" (Declaración de Figueres, Primera Trobada
d'Entitats i Plataformes en Defensa del Territori, octubre 2003) y no
recrear las asambleas comunales y las formas de cooperación no
capitalistas, la verdadera base de la identidad perdida. La identidad
parece no ser un hecho histórico, sino un acontecimiento intemporal y
eterno. Sobre los espacios naturales reposa algo así como una
denominación de origen. Así pues, el territorio puede soportar cualquier
actividad económica extraña, a condición de ser planificada y
diversificada por un consejo asesor, amparándose en leyes
proteccionistas y financiándose con tributos verdes. Los
incumplimientos deberían ser perseguidos por una fiscalía específica y
castigados por un juzgado ambientalista. Según tal programa, no parece
que haya conflicto territorial, sino alteraciones sin demasiada
importancia de la buena marcha de la economía que pueden corregirse con
una burocracia juridicopolítica. Más concretamente, con la presencia de
las plataformas en los centros de decisión. No piden, por lo tanto,
éstas, el cese de las decisiones tomadas desde el exterior por la
administración y las empresas, y mucho menos la toma asamblearia
municipal de decisiones, sino "la participación ciudadana en la toma de
decisiones que afectan al territorio como elemento clave de un modelo
realmente democrático". Esta
democratización "completa", definida en las agendas 21, a la vez que
ahoga la posibilidad de una expresión directa legitima la destrucción
del territorio, evitando el planteamiento de la cuestión social en el
seno del conflicto, y, por lo tanto, evitando la formulación de una
estrategia defensiva. Las plataformas no aspiran a mediar en el
conflicto territorial, sino a sublimarlo. Y ya que no desean enfrentarse
a nadie, no van a fomentar la autoorganización de los afectados, cosa
que equivaldría a promover la revuelta territorial, sino a
institucionalizar un diálogo con los responsables de la destrucción. Se
trataría pues, de negociar los niveles de degradación "racionalizando"
la oferta territorial; en suma, de homologar la destrucción, determinar
el grado de la misma y garantizar el control. Retocar la forma, respetar
el fondo. Los mismos responsables del poder dominante han de corregir
las consecuencias de su desarrollismo urbanizador con paliativos
consensuados con los dirigentes de las plataformas, como por ejemplo
reservas naturales, turismo rural, auditorías y moratorias urbanísticas,
subvención de cultivos, plantas de reciclaje, revisión de planes, etc.,
pero sin afrontar las verdaderas causas, comenzando por el citado
desarrollismo, ni atacar a los verdaderos responsables, los promotores,
las inmobiliarias, la administración, los operadores turísticos y los
compradores de las ciudades. La defensa del territorio queda reducida a
simulacro merced a la desaparición de los enemigos, meros símbolos
abstractos (p. e. la contaminación, la especulación, el incivismo), y
merced a la evaporación del combate, sustituido por gestos afectados y
momentos teatralizados (p. e. los almuerzos, las claxonadas, la entrega
de firmas, etc.). La acción de las plataformas tiene más de campaña de
sensibilización comercial, mediática, que de lucha efectiva. Esa clase
de actuación transforma a los afectados en espectadores de su propia
causa el control de la cual está en manos de portavoces o de alcaldes,
en el redil asociativo o en el político. Sus verdaderos intereses,
esencialmente antieconómicos, no llegan a formularse. Desde el principio
la opinión plataformil acepta la mercantilización del territorio, pero
exige una gestión más eficaz a largo plazo (un nuevo modelo de
crecimiento, de movilidad, de urbanismo, etc.) y una reinversión de
parte de los beneficios producidos, por así decir, un reciclaje de las
plusvalías. La "nueva cultura del territorio", o nueva manera de uso y
consumo territorial, eslogan en boca tanto de los ecologistas como de
los ejecutivos, simplemente proclama que en la nueva economía global el
impacto medioambiental ha de incluirse en el precio.

El hecho de que políticos y empresarios sostengan un parecido
lenguaje
indica que el poder económico esta dispuesto a dirigir la defensa del
territorio, es decir, a controlar su destrucción, puesto que su
conservación paisajística es tan rentable como lo fue antes su
devastación. No es por casualidad que las mayores inversiones después de
las del AVE sean las destinadas a la energía eólica. El poder se crece
con las crisis. Si la destrucción del territorio mediante la
urbanización es el principal recurso para la formación del capital,
también lo está empezando a ser su reconstrucción ajardinada. Poder y
plataformas comparten un espacio común. Por eso las plataformas de La
Noguera (Lleida), que trabajan "por una nueva cultura de la energía, han
solicitado a los diferentes responsables de los departamentos de Medio
Ambiente y de Industria poder colaborar en una comisión conjunta, entre
empresas, municipios y Generalitat, que racionalice la oferta
energética" (Xavier Garcia, Catalunya es revolta). Las plataformas
ecologistas imploran un diálogo con el poder en el momento en que éste
se vuelve ecologista; forzoso es que se encuentren, primero en los
consistorios, después en la administración (p. e. en los gabinetes de
medio ambiente), finalmente, en las asesorías privadas y en consejos de
empresa. La destrucción, sin embargo, no se detiene, sólo que ahora se
la califica de "sostenible", y, en la medida en que los representantes
de las plataformas la fiscalizan, "gestión democrática". Es la nueva
cultura del territorio. Las plataformas se interesan en la democracia
cuando no es más que un espejismo. Porque si algún adjetivo merece el
actual régimen político de las sociedades donde reina el espectáculo, es
el de fascista. No vivimos en una sociedad de ciudadanos, sino en una de
masas, en las que los impulsos consumistas y la asistencia tecnológica
desempeñan el papel controlador y movilizador otrora atribuido al Estado
totalitario y al partido único. Esta nueva modalidad de fascismo no se
sostiene con un expansionismo bélico al servicio de un Estado
cualquiera, sino mediante un expansionismo económico en guerra contra el
territorio y sus habitantes, vigilado por un Estado policía. En estas
circunstancias, la formulación de un interés público desde instancias
estatales es pura falacia. Bajo el fascismo, todos los partidos son
piezas de un único partido, el del orden. Y todos los políticos
defienden el predominio de los intereses privados sobre el interés
público, o dicho de otra manera, la economía de mercado. En consecuencia
ni la política ni la administración pueden ser neutrales y mediar entre
dichos intereses. Ambas forman parte de la clase dirigente. Ambas
acostumbran a financiarse con la recalificación del suelo. El
capitalismo globalizador se basa en la gestión y no en la propiedad,
igual que los partidos, por lo que cuando nos paramos ante la política o
ante la administración, nos paramos ante empresas. Ahora mismo nos lo
podrían decir los trabajadores de Parques y Jardines de Barcelona,
puesto que el ayuntamiento va a privatizar la institución municipal de
la que dependen. Ante una realidad así, los habitantes no son dueños de
su territorio ni de sus ciudades: son clientes de quienes los gestionan.
Clientes sin opción a elegir, con un solo plato en el menú.

La administración no es parte de la solución, sino parte del
problema.
En la mayoría de los casos, esté en manos de la derecha o de la
izquierda política, es la principal valedora de las agresiones al
territorio, sean ya túneles, trazados para la alta velocidad, pistas de
esquí o megapuertos. Una defensa del territorio --una defensa de sus
habitantes-- ha de tener claro que la administración es el enemigo y
abandonar toda tentación política. Los temas que un movimiento en
defensa del territorio ha de plantearse, como la reapropiación de la
decisión por parte de los habitantes, el derecho a ser los únicos en
decidir sobre su hábitat, son abiertamente antipolíticos. La detención
de todos los planes generales de ordenación urbana, la
desclasificación del suelo como urbanizable o los proyectos
desurbanizadores, con demoliciones incluidas, están en flagrante
contradicción con los principios en los que se sustenta la política y
para asumir esos objetivos con eficacia se necesitará transitar la
mayoría de las veces lejos de la normativa y de las instituciones. Los
partidos y las instituciones administrativas no pueden representar el
interés público porque forman parte del sistema, porque ellos mismos
representan intereses privados, y porque son instrumentos contra la
formación de los mecanismos de decisión colectiva y las movilizaciones.
Aseguran el mango de la sartén. Con ellos nunca podrán afrontarse las
medidas necesarias para reducir severamente la movilidad de la población
o acabar con el despilfarro de agua y energía. Mucho menos se podrá
recuperar el mundo rural y se podrá poner límite a las ciudades. Tal
como están hoy los movimientos en defensa del territorio, contaminados
hasta las cejas de esporas políticas y
ciudadanistas, no tienen demasiado porvenir. Si aquéllas germinan y se
desarrollan, convertirán la defensa del territorio en un factor
subalterno de su destrucción más o menos encauzada. Pero si saben
sacudirse tales deshechos, si se convierten en polos de agrupación y
llegan a formular un interés general apoyado en las medidas antes
mencionadas, pueden ser un factor determinante de cambios
revolucionarios. Han de aprender de los fracasos del movimiento obrero y
no caer, ni en la trampa gestionista vecinal, ni en el sindicalismo
territorial. Nunca enajenar su voluntad en manos de representantes no
elegidos y ni revocables. No permitir la especialización política,
excluir a los dirigentes. En eso consiste la autoorganización. La
defensa ha de iluminar bien la lucha por el territorio, reflejar los
antagonismos, señalar con nombres y apellidos a los
adversarios, ensanchar los puntos de ruptura. No ceder al acoso ni a la
seducción. Su irrenunciable objetivo ha de ser la liberación del
territorio de las determinaciones mercantiles, y eso significa acabar
con el territorio como territorio de la economía. A fin de cuentas, ha
de establecer una relación respetuosa entre el hombre y la naturaleza,
sin intermediarios. En definitiva, se trata de reconstruir el territorio
y no administrar su destrucción. Esa tarea compete a los que viven en
él, no a los que invierten en él y el único marco donde esto es posible
es el que proporciona la autogestión territorial generalizada.

Miguel Amorós
30 de julio de 2004. Charla en la Acampada contra el TAV de Alonsotegui
(Bizcaia).




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