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(ca) CNT-Córdoba: SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y LAS ONG COMO EMPRESAS

From a-infos-ca@ainfos.ca
Date Mon, 19 Apr 2004 23:39:15 +0200 (CEST)


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AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
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Con el fin de la II Guerra Mundial se gesta un nuevo modelo de estado de
intervención social ya auspiciado por las legislaciones sociales de
Bismark a finales del siglo XIX (implantación de la seguridad social,
invalidez, desempleo, enfermedad, jubilación...) y sustentado
ideológicamente por un lado por las teorías político-económicas
keynesianas, en base a las cuales el estado debía contribuir a las
regulaciones de las actividades económicas para garantizar la previsión y
superación de las crisis del capitalismo; y de otro lado sustentado por la
doctrina aportada por el "Informe Beveridge" que trataba de afrontar las
circunstancias de la guerra y suavizar las desigualdades sociales mediante
una doble redistribución de la renta que actuase sobre la seguridad social
y otras subvenciones estatales.A esta teoría intervencionista del estado denominada estado de bienestar
social, se apuntan los países capitalistas desarrollados, gestado desde
arriba, mediante consenso por los conservadores, liberales y los
socialistas como instrumento que posibilita la perpetuación del sistema
capitalista; combinando la iniciativa privada con el intervencionismo
estatal.
A través de una estrategia política de corporativismo, concertación social
o acuerdos tripartitos entre estado, sindicatos y organizaciones
empresariales se consigue la alianza y connivencia de diversos poderes
fácticos con un objetivo común: minimizar las causas de la desigualdad
social que genera el sistema capitalista.
A la par de este fenómeno de mediados del siglo XX, aparece el concepto de
ciudadanía mediante el cual las personas nos convertimos en objeto de
derecho civiles, políticos y sociales que garantizan unas cotas mínimas de
bienestar (vivienda, educación, sanidad...)
Con la creación del estado de bienestar social, los estados (mediante el
consenso de todas las tendencias políticas y la participación concertada
de estado, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales) se
convierten en reguladores de la producción, paliando los efectos negativos
del capitalismo interviniendo activamente en la articulación de políticas
sociales que reduzcan la conflictividad social y aseguren la integración
social.
Así, los principios del estado de bienestar social se basan en :

· Universalidad: garantía de acceso por parte de toda la población a los
derechos laborales y sociales· Nivel de subsistencia: garantía de renta mínima
· Espacio amplio para la iniciativa privada.

Actualmente priman los criterios neoliberales, que ponen un mayor énfasis
en el último principio:
· aumento de privatizaciones de servicios públicos
· desarticulación de las organizaciones sindicales mayoritarias
(burocratización, firma de sucesivas reformas laborales que suponen la
pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores, planes de regulación
de empleo...) que se convierten en un brazo más del aparato estatal· medidas que generan la paulatina precarización laboral y la indefensión
de l@s trabajaror@s· absorción de los movimientos sociales, abortando cualquier discurso que
disienta del establecido por los diversos partidos políticos (sistema
caciquil de prevendas a través subvenciones a organizaciones satélites, ya
sean asociaciaciones de vecinos, asociaciones de mujeres, de mayores, de
cooperación internacional...)

Las reformas laborales junto con la privatización de los servicios
públicos están propiciando una progresión en la precarización del empleo,
y por consiguiente, un aumento de las desigualdades sociales. Aparición de
nuevas bolsas de pobreza que los estados atienden articulando políticas
sociales paliativas y perpetuadoras del estado de cosas, que no atacan las
causas de la misma.
Los debates sobre la nueva pobreza expresan el miedo frente al daño que
pueden hacer l@s nuev@s pobres a las instituciones sociales. No preocupa
tanto el problema tanto de los pobres, cuanto el problema que l@s
desheredad@s pueden suponer al sistema. Por tanto se debe intregar a l@s
pobres para mantener la tranquilidad en tu barrio, tu ciudad..., así como
garantizar la seguridad interna del mismo.
Para ello se articula el Sistema de Servicios Sociales, respondiendo a los
principios de universalidad, proximidad, descentralización hasta el nivel
local, participación de los interesados y responsabilidad y financiación
pública.
Sobre este último punto es necesario hacer un análisis de la situación.
Miremos hacia donde miremos en los distintos niveles de la administración,
y por consiguiente su equipo de gobierno no dejamos de contemplar un
panorama de privatización soterrada de las políticas sociales, que se
encuentran descentralizadas en los niveles autonómico y local.
Si miramos hacia la Junta de Andalucía con su equipo de gobierno
socialista y progresista, no dejamos de asistir a la privatización de los
servicios sociales especializados (mujer, infancia, inmigración, juventud,
mayores....) por tres vías:
· una explícita y escasa a través de firmas de convenios o subcontratas
con empresas legalmente constituidas (por ejemplo gestión de las Casas de
Emergencia para Mujeres en situación de riesgo o Residencias para Mayores)
y de las cuales es conocido que el tipo de contrato frecuente es por Obras
o Servicios, que pasado un año de relación contractual suelen mantener un
mes sin contratar a trabajado@s para que con el tiempo su contrato jamás
se convierta en fijo...
· otra mediante la contratación de servicios de profesionales externos a
la administración que se constituyen en autónomos (Servicio de Información
al Voluntariado, Servicio de Infancia y Familia) y por lo tanto trabajan
en la administración pero no tienen relación laboral con la misma, no
disfrutan de los mismo derechos laborales de sus compañer@s y puede
extinguirse su relación con la administración en cualquier momento sin
ningún coste para la misma;
· y por último otra forma que abunda mucho en los últimos años es a través
de Organizaciones No Gubernamentales, sin ánimo de lucro, ya sea mediante
firma de convenios, subvenciones anuales (Centros de Reforma de Menores,
Casa de Acogida a Menores Inmigrantes, Servicios Jurídicos de Atención a
colectivos específicos, Centros de Atención a la Mujer, y un largo
etcétera).
En todas estas formas de precarización laboral, los trabajadores ni tan
siquiera tienen fuerza como colectivo para negociar la firma con la
empresa de Convenios Colectivos que al menos garanticen una serie de
derechos mejorables respecto del Estatuto de Trabajadores.
Volviendo la mirada a las actuaciones políticas respecto a la garantía de
la articulación y puesta en marcha de los derechos sociales de la
ciudadanía nos encontramos con el siguiente panorama. En el Ayuntamiento
de Córdoba con su equipo de gobierno de izquierdas, IU, vemos cómo el
Servicio de Ayuda a Domicilio que prestan los Servicios Sociales
Comunitarios están gestionados por una empresa privada a través de una
subcontrata, cómo distintos servicios de la Casa de la Juventud están
siendo prestados por trabajadores cuya relación laboral es con
Asociaciones Juveniles que han firmado convenios de gestión de
servicios... Respecto de la Junta de Andalucía gobernado por la izquierda
progresista, las Casas de Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia
son gestionadas por una empresa privada donde actualmente las trabajadoras
en Granada se están organizando para reivindicar sus derechos laborales.
Así, el panorama con el que nos encontramos muchos trabajadores del ámbito
de lo social es la oferta de nuestro trabajo a las empresas privadas,
también llamadas Organizaciones No Gubernamentales sin Animo de Lucro, que
prestan los servicios a la comunidad bajo un módico precio, siendo las
consecuencias directas, las que esbozamos a continuación:
· Situación laboral: inestabilidad en el empleo, contratos de duración
determinada, no reconocimiento de la categoría profesional, impago de
nóminas, inexistencia de convenios laborales y si existe en la Empresa sin
ánimo de lucro (ONG) suele ser el que menos derechos asisten al trabajador
(Oficinas y Despachos), y por supuesto imposibilidad de organización de
los trabajadores bajo la posible no renovación de contrato, impago de
nóminas· Calidad de los Servicios: las administraciones públicas tienden a dejar
de realizar ofertas públicas de empleo, privatizando sus servicios
mediante la concesión de los mismos a organizaciones que asumen el papel
de prestadoras de servicios de la administración. Y por supuesto, estos
servicios se abaratan sustancialmente a costa de los salarios de los
trabajadores, de lo cual es consciente la parte contratante.Por lo tanto el objetivo de las administraciones se traduce en que los
servicios se presten, pero a costa de quiénes y en qué condiciones en
calidad y cantidad no importa. Volvemos al planteamiento paliador.
· Discurso de las O.N.G.s: juegan con sus trabajadores con el doble juego
de que somos trabajadores, cuando interesa imponer criterios funcionales y
económicos, y somos "militantes" cuando nos exigen horas extras gratis,
retraso y/o impago de nóminas.
Las Asociaciones juegan de cara a los trabajadores y a la sociedad con un
discurso altruista y solidario en su filosofía, pareciendo las nuevas
hermanas de la caridad del siglo XXI, cuando la realidad es que son
montajes económicos de ciertos personajes que utilizan a la entidad como
medio de vida, y promoción personal, pudiendo tener bajo su poder toda una
empresa de servicios a la comunidad que no declara a hacienda porque está
exenta al ser sin ánimo de lucro, que tiene bajo su responsabilidad una
plantilla de personal nada desdeñable (desde 5 personas hasta 40), y que
de cara a la sociedad está muy bien vista porque se solidariza con los
desheredados, que son precisamente los que menos les suelen importar a las
juntas directivas de estas empresas.
La realidad laboral de l@s trabajador@s del ámbito social es que las
salidas profesionales pasan por trabajar para este tipo de entidades, que
nos explotan. Pero la intervención que realizamos ni es voluntaria, ni es
altruista, ya que uno de los requisitos para que se den estas
características es que no exista relación contractual, y se realice fuera
del horario laboral.
Por todo lo anterior desde la CNT abogamos porque se reconozcan a las
O.N.Gs, como nuevas formas empresariales que explotan a los trabajadores,
denunciando el proceso de privatización progresivo de todos los servicios
públicos, esté el partido político que esté en el poder, que están
afectando en la pérdida de derechos laborales y sindicales.
http://www.cnt.es/cordoba



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