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(ca) La Campana # 221: EDITORIAL

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Date Wed, 17 Sep 2003 10:35:32 +0200 (CEST)


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En esta fábula de triste moraleja no hablan los animales ni tampoco el
bosque bulle de vida, sino que agoniza. El relato es una mera descripción
de hechos y su lamentable conclusión la explican con desparpajo los Bush
y demás universales agentes de la destrucción. La conseja dice así: “Corre el buen ecologista a exigir al Estado o a la
instancia internacional correspondiente una nueva norma. La promulgan o
la rechazan. En un caso o en el otro, finalmente, el bosque agoniza, la
tierra se consume, el aire se emponzoña, el mar de Aral desaparece, el
Atlántico vuelca mareas negras sobre las costas de Galicia ... y un
monumental e insano artificio resulta ser el hábitat de la mayoría de la
población mundial.” En EE.UU. y en todos los Estados que están siendo en el mundo, se vienen
promulgando Leyes y normas, cada una de las cuales asegura dictarse para
solucionar algún grave problema ambiental. Sin embargo, con la garantía
de los Estados -¡que reclaman para sí el monopolio de la violencia y, por
tanto, el ejercicio de la Justicia y la Bondad!- y de la mano de tanta
Ley y norma, se va construyendo imparable el cataclismo ecológico
mundial. ¿Cómo es posible semejante resultado, sobre un presunto “mar de buenas
intenciones”? ¿Qué infernal maquinaria hace que cientos de leyes, miles
de decretos, decenas de miles de normas, millones de expedientes y
resoluciones, ... todos ellos dirigidos a la protección del medio
ambiente, terminen construyendo la catástrofe de múltiples nombres:
“Cambio climático”, “Imparable contaminación planetaria”, “Desastre
ecológico mundial”, “Creciente desertización y empobrecimiento biológico
de la Tierra”, “Aire, Mar y Tierra enfermos”, etc.? Ese mortífero mecanismo no es otra que la propia Ley del Estado, pues una
cosa es quien dice ser (protector, organizador, etc) y otra muy distinta
a quien sirve y para qué sirve. Este episodio ocurrió a finales de agosto. El presidente de EE UU, George
Bush, ordenó iniciar, por vía administrativa y al margen del propio
Congreso, los trámites para modificar la “Ley de Aire Limpio”, promulgada
hace unos 25 años, en 1977. Aquella Ley, en el momento de ser aprobada, representó el feliz broche a
una intensa campaña de varios grupos ecologistas y ambientalistas en
favor de una atmósfera sana, libre de venenos y otros contaminantes
químicos. Sin embargo, aunque la nueva ley lucía medianamente bien en el
conjunto de normas “de Protección Ambiental”, resultará a la postre tan
siniestra como las demás y tan inútil como pueda imaginarse. Por exigencia de los buenos ecologistas, la Ley del 77 establecía que
“toda industria que ampliase o modernizase sus instalaciones, debía
dedicar una parte de la inversión a instalar los más modernos sistemas
contra la contaminación ambiental, presentes en el mercado”. Muchas
empresas -¡las más grandes, las más contaminantes!- burlaron
descaradamente la Ley y continuaron envenenando la atmósfera como antes,
con solo hacer pasar como labores rutinarias de mantenimiento las obras
de ampliación y modernización. Sin embargo, la vigencia de la Ley dejaba
en manos de ciertos funcionarios, la posibilidad de incordiar a
determinadas empresas que, por alguna razón, cayesen en desgracia o bien
no sirviesen adecuadamente a la administración gobernante. La Ley,
inaplicable a todos los que la ignoraban, no tenía otra virtud que servir
como coartada a la Administración venal para poder perseguir legal y
selectivamente a quienes quería castigar, por alguna razón que nada tenía
que ver con la ecología. Por ejemplo, por no aportar la cantidad debida
al equipo electoral correcto o no tener los amigos adecuados. Han pasado 25 años, durante los cuales, contra toda evidencia, las buenas
gentes confiaron en que una virtuosa Ley protegía el aire que respiraban.
En agosto de 2003, el señor George Bush, que como presidente de EE.UU
tiene inteligencia corta, pero como empresario petrolero, tiene los
bolsillos hondos y la mano que roba elástica de tanto pedir y retener,
decidió liberar a las empresas energéticas y químicas (las más
contaminantes) del celo corrupto y vigilante de la Administración que él
mismo representa. Para ello, ordenó modificar el articulado de la Ley de
Aire Limpio en el sentido de que “quedarán exentas de instalar sistemas
anticontaminantes las plantas industriales que acometan una reforma cuyo
coste no supere el 20% del valor total de la factoría”. De nuevo los
grandes industriales, ignorarán las inversiones en medidas
anticontaminantes, con solo parcelar las grandes obras de modificación y
ampliación en varias etapas, cada una de las cuales no alcanzará el 20%
de la instalación actual. Los buenos ecologistas se quejan. Iniciarán pronto una nueva campaña,
para que una nueva Ley se promulgue, dure 25 años, perfeccione el
mecanismo de la complicidad y la creencia sociales en la virtud de las
normas de Estado y, sobre todo, continúe el crimen contra la naturaleza,
contra el ser humano y contra toda vida en el planeta.



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