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(ca) La Campana #223: EDITORIAL

From a-infos-ca@ainfos.ca
Date Tue, 14 Oct 2003 22:45:32 +0200 (CEST)


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AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
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http://ainfos.ca/index24.html
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El mismo día que el pleno del Congreso español aprobaba la última
reforma de la Ley de Extranjería, estibadores del puerto de A Coruña
procedían a la descarga de semilla de algodón del buque chipriota Opal.
A la misma hora en que los señores diputados pronunciaban su infame SÍ a
la Ley, los estibadores coruñeses descubrían en las bodegas del buque
los cadáveres de dos polizones subsaharianos. Era el 2 de octubre de
2003. Dos días después -anteayer- los paseantes por el espigón de Bahía
Feliz, al sur de Gran Canaria, observaron dos cadáveres flotando sobre
el agua. Cuatro muertes habían sido previstas por la Ley y sus señorías para esa
semana, como otras cuatro -entre cadáveres y desaparecidos- lo habían
sido para cada una de las treinta y seis semanas que llevamos de 2003.
Al fin y al cabo, la nueva Ley es mera reforma, para endurecerla contra
los inmigrantes, de la Ley de Extranjería anterior. La nueva Ley de Extranjería se aprobó el 2 de octubre, con el aplauso de
la práctica totalidad de los congresistas, precedida de un pacto entre
el Partido Popular y el PSOE. En esta infamia están los dos partidos
mayoritarios pugnando por quien es más indigno y homicida en este
asunto. La fraternidad criminal de PP y PSOE continuará en las próximas
semanas, al mientras dure la negociación para redactar el nuevo
Reglamento de extranjería, que desarrollará la Ley, acentuando sus
aspectos xenófobos, racistas y de desprecio de los derechos humanos. La
oposición político-parlamentaria a la aprobación de la Ley fue ejercida
en solitario por Izquierda Unida y algunos partidos nacionalistas o
regionales integrados en el llamado grupo mixto. ¿Qué tétrica virtud de esta Ley provoca tantas muertes y culmina su
recorrido social en decenas de muertes por envenenamiento, por asfixia,
por hipotermia, por ahogamiento, ...? La misma virtud -cabe contestar-
que tiene como efecto mantener en el “subempleo” (en la explotación más
inhumana que se pueda imaginar) a más de medio millón de personas “sin
papeles”. Se trata de construir y mantener activa una inmensa bolsa de
trabajadores indocumentados, permanentemente amenazados y vigilados,
condenados a aceptar las dramáticas servidumbres que ciertos desalmados
les ofrecen como si de trabajos se tratara y no de esclavitudes. Es una
porción de la llamada “economía sumergida”, que supone casi la cuarta
parte del PIB español, unos 130.000 millones de euros. El siniestro juego parece casi perfecto, pues se trata de menospreciar,
humillar y maltratar desde la Ley y el Estado a los inmigrantes, para
así controlar la inmigración y someterla a los intereses de un
empresariado despreciable. Es decir, desprecio, opresión y
criminalización de aquél que se necesita, a condición de que quien
resulta ser imprescindible ignore que lo es, al menos personalmente. Es
exactamente el mismo mecanismo del que se valió históricamente el
capitalismo, auxiliado por el Estado y la política, y contra el que se
levantó el movimiento obrero internacional. Para mantener esta situación, ahora circunscrita al nuevo proletariado
inmigrante, es para lo que se dicta la reciente Ley de Extranjería en
los términos aprobados. Una Ley (a la que ha de seguir un Reglamento,
previsiblemente en vigor a partir de enero de 2004) con el sólo objetivo
de acentuar la impunidad y discrecionalidad del Ministerio del Interior
para hacer de todo España, respecto de los inmigrantes, un inmenso
apartheid en el que la policía y el sistema penal se erigen, al dictado
de Economía, como eficaces capataces de los grupos empresariales más
interesados. Para construir ese apartheid ha de controlarse -¡que no impedirse!- la
inmigración “irregular”, contando con que han de producirse un cierto
número de muertes, accidentes, detenciones masivas o expulsiones
dramáticas. Por ello, la nueva Ley, trata de impedir que los inmigrantes
puedan hablar, manifestarse, alzar la voz, unirse y organizarse,
negándoles la libertad de manifestación, asociación o sindicación. De
este modo, la nueva Ley resulta en realidad una norma doblemente
homicida. Material y éticamente homicida, pues siembra de cadáveres las
costas españolas y y mata en las personas todo aquello que las hace
propiamente humanas: la libertad, la palabra, la solidaridad. Cuando, como en este caso, una ley se dirige a conculcar los derechos
elementales de toda persona y colectividad y matar físicamente a
personas, se trata de pura violencia de estado; violencia que es
necesario contestar con todos los recursos a nuestro alcance, en
particular los de la desobediencia civil y el de los mecanismos que
puedan desbaratar su eficacia. Es esta una tarea en la que los
anarquistas estamos directamente implicados, pues, en definitiva, se
trata de la eterna lucha de la libertad y la solidaridad contra el
autoritarismo y la explotación.



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