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(ca) Quebracho, Corach y La "Justicia de la Servilleta"

From "CORREPI" <correpi@fibertelcom.ar>
Date Sun, 16 Mar 2003 00:35:08 +0100 (CET)


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AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
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El próximo martes 18 de marzo el Tribunal Oral Federal n° 4
deberá finalmente dictar sentencia en la causa “Quebracho” y decidir si
Fernando Esteche, Guillermo Caviasca, Leonardo del Grosso y Carlos Franca
serán o no condenados por el delito de “incitación a la violencia
colectiva” en las marchas 100 y 150 de los jubilados y la que se realizó
contra la Ley Federal de Educación, en los años 1994 y 1995. El fiscal de
juicio, Dr. Huarte Petite solicitó al tribunal que condene a los cuatro a
la pena de tres años de prisión en suspenso. Tres fueron los ejes por los
que transitó la actividad de la defensa.

En primer lugar cuestionamos la figura penal empleada por el
fiscal. Los hechos juzgados –en algunos casos ni siquiera se produjeron
incidentes- están muy lejos de configurar un delito que tiene como pena
mínima los tres años de prisión. No es casual que, como pudieron
escuchar los jueces por boca de los defensores, “sería la primera vez que
se condena a alguien por este delito en la Argentina”. Es que
estamos ante un delito eminentemente político por el que, como se dijo en
el alegato de la defensa, “nadie condenará a Barrionuevo por el desastre
que hizo en Catamarca” pero que sí ha llevado al fiscal a pedir una
condena. Delito político, dijimos, porque no se aplica a los que mandan
pero sí a los que resisten.

Por otra parte desde la defensa dejamos en claro que se
pretendía condenar a los imputados sin pruebas suficientes. La fiscalía
al alegar interpretó videos por demás confusos –no queda claro que en las
sucesos estén los imputados, no queda claro que hace allí cada persona-
desde una perspectiva prejuiciosa: si en un contexto de
escaramuzas y pedreas el fiscal cree identificar a uno de los acusados,
luego le atribuye el papel de “incitador” por su sola pertenencia a
Quebracho. Para que quede más claro: centenares tiran piedras o vallas,
pero el Dr. Huarte arriba a la conclusión –no sabemos por qué camino- de
que hay decenas de “incitados”, mientras que el militante traído a juicio
pasa a ser, mágicamente, el “incitador”.

Por último, los defensores solicitamos al tribunal que
declare nulo todo lo actuado desde el día en que el ministro menemista
Carlos Corach inició esta causa. La mano derecha “judicial” de Menem
denunció en agosto de 1995 a “activistas de Quebracho y Patria Libre”,
acompañando un video y “dos carpetas conteniendo información de
inteligencia” (sic). El video acusador contiene un conjunto de imágenes
editadas, confusamente mezcladas, subtituladas y ¡musicalizadas! en las
que se observan rostros de dirigentes de las agrupaciones denunciadas en
marchas y protestas. Basta mirarlo para concluir que el mismo fue
confeccionado para “demonizar” –ante los ojos del espectador- a las
personas (obviamente, dirigentes opositores) que aparecen en el mismo. El
caso de las carpetas es aún más grave: las mismas contienen
información sobre actividades de más de 250 personas –entre ellas
miembros de las agrupaciones denunciadas- ordenadas por organización:
Quebracho, Patria Libre, Partido de la Liberación, Descamisados, PTS,
etc. Las más de 500 fotocopias –no presentó Corach ningún original-
carecen de todo tipo de sellos, firmas y signo alguno que pudiera
identificar al “servicio” que recabó la información. Pero aún más
alarmante es que buena parte de la información que aparece se obtuvo
“pinchando” ilegalmente teléfonos, introduciendo clandestinamente
micrófonos o mediante agentes encubiertos infiltrados en las
agrupaciones. En posteriores investigaciones judiciales tanto la Policía
Federal como la SIDE y el Ministerio del Interior negaron tajantemente
haber confeccionado esas carpetas, lo que motivó que desde 1997 el
investigado judicialmente por la posible comisión de delitos mediante
esas “tareas de inteligencia” sea el porpio Corach. A lo largo de toda la
instrucción de la causa “Quebracho” –que dirigió el ex juez
ultramenemista Liporace- fue esa “inteligencia” ilegal, obtenida
mediante violación de elementales garantías constitucionales, el único
sustento que se utilizó para allanar domicilios, detener personas,
pinchar nuevos teléfonos y procesar a los militantes. Como esa violación
flagrante de la privacidad y el derecho de defensa fue cabalmente
demostrada en el juicio por la defensa, al alegar señalamos al tribunal
que se acusaba a Quebracho con herramientas similares a las que usó la
dictadura para perpetrar el genocidio. Con ese argumento (y otras
consideraciones) solicitamos a los jueces la nulidad de todo el proceso y
la absolución de los acusados.

No es poco lo que decidirá el TOCF n° 4 el próximo martes.
Decidirá si Esteche, Del Grosso, Caviasca y Franca deben ser condenados.
Decidirá, además, si la actividad ilegal de los “servicios” puede ser
reconocida como prueba válida en un proceso penal. Decidirá, finalmente,
si una instancia judicial superior puede o no torcer el rumbo de una
causa modelada por la “justicia de la servilleta” menemista y resolver
con independencia, aunque acusen (y presionen) los poderosos y se
defiendan los más débiles.


GABRIEL LERNER
(militante de CORREPI e integrante de la defensa de los imputados)
14-03-03






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